La abogada querellante del caso Chaparina y del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, afirma que la represión a los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS comenzó desde el momento en que se inició la caminata desde Trinidad, porque la Policía hizo seguimiento a los marchistas.
Página Siete.- ¿Cuál es la hipótesis que tiene como parte querellante sobre la represión en Chaparina?
Primero que nada, es menester hacer referencia a que los hechos del 25 de septiembre de 2011 no son aislados, que no obedezcan a una planificación de parte del Gobierno; esta planificación se ha realizado desde el momento mismo en que los indígenas hicieron conocer que iban a marchar si es que el Gobierno no desistía de la construcción de la carretera a través del TIPNIS.
A partir de ese momento los indígenas fueron objeto de una serie de difamaciones, adjetivaciones, se los insultó, se les hizo una serie de abusos. El Gobierno hizo intervención a sus llamadas telefónicas y se propició un verdadero acoso con los policías, les rodearon, no les dejaron entrar a algunas comunidades. En San Borja se les prohibió el paso; es decir, se realizó una cantidad de acciones que tenían como objetivo que la marcha se quedara sin efecto.
A partir de esto, durante la marcha también hubo varios incidentes, no se les permitió usar agua, no se les permitió pasar de un lugar a otro, aparecieron los interculturales que, según las versiones que hemos podido recoger, pagados por el Gobierno no dejaban que pasen de un lugar a otro, específicamente el puente de Yucumo, y la intervención como tal es el clímax de la marcha. Entonces, no fue una situación definitivamente aislada, sino fueron un conjunto de hechos.
Para que la Policía intervenga tiene que partir de un concepto inicial. Ese concepto nace de las autoridades de mayor jerarquía, ese concepto inicial precisamente fue el de la represión, el de llevar a los indígenas a sus lugares de origen a través de la fuerza policial. Esta idea inicial es transmitida al Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia (entonces a cargo de Carlos Romero) transmite al Ministerio de Gobierno (Sacha Llorenti), el Ministerio de Gobierno (transmite) al comandante general de la Policía y éste al Alto Mando policial y a Inteligencia; Inteligencia coordina con Inteligencia de las Fuerzas Armadas e Inteligencia del Ministerio de Gobierno y se hace un plan.
Ese plan no solamente indica cuál es el objetivo, sino cuáles serán las conductas, los operativos escalonados que se van a tomar y para eso se tiene que proveer de recursos humanos, se tiene que establecer en qué número van a participar los recursos humanos, de qué unidades policiales y de las Fuerzas Armadas, se tiene que prever alimentación, se tiene que prever transporte, logística, comunicaciones...
Es decir, se tiene que prever una serie de aspectos que requieren de un financiamiento económico y todo ese financiamiento económico ha sido previsto y ha sido determinado a partir de los fondos del Ministerio de Gobierno, que han sido desembolsados paulatinamente.
Si usted recuerda, durante toda la marcha existían contingentes policiales que estaban resguardando supuestamente la marcha y todo eso tuvo un costo y ese costo fue erogado precisamente por el Ministerio de Gobierno, de acuerdo al plan que se había realizado. Entonces, qué es lo que estamos diciendo; en otras palabras, esta represión no tuvo lugar el 25 de septiembre, la represión tuvo lugar a partir del momento mismo que parte la marcha.
Página Siete.- La represión como tal, según algunas versiones, estaba prevista para antes del 25 de septiembre.
Sí, estaba preparada para el 24 (de septiembre), el 24 no pudo ser por diferentes circunstancias porque tuvo lugar el incidente con el señor canciller del Estado, lo cual hizo que no se ejecutara en ese momento, por lo que se retrasó en la medida en que se precipitaron algunas situaciones. Como estaban muy nerviosos los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), magnificaron lo que estaba sucediendo y realizaron de una manera torpe, inusitadamente violenta, la represión a los indígenas del TIPNIS.
Página Siete.- El 26 de septiembre, autoridades del Gobierno justificaron el operativo, dijeron que la marcha se había tornado violenta, que se había secuestrado al canciller, pero después de dos o tres días cambiaron de versión, ¿por qué cree que cambiaron de versión?
Recuerdo con bastante claridad que la primera declaración del ministro Llorenti fue que la acción la tomó el Gobierno porque la marcha se había vuelto violenta, por el supuesto acto de secuestro al señor Canciller, porque se había desbordado la marcha y dijo que ésa fue una decisión de Gobierno, lo mismo que dijo el viceministro César Navarro, quien señaló: “nosotros somos responsables”.
Entonces, cuando se inicia exactamente la represión a las cinco menos diez (de la tarde) ya se contaban con todas las autorizaciones. Es más, la orden de los funcionarios que en ese momento estaban a cargo de la represión fue el traslado a Yucumo de (Marcos) Farfán (ex viceministro de Régimen Interior) un día antes, el 24 de septiembre, y un vuelo al que deberían subir también Óscar Muñoz Colodro (ex subcomandante de la Policía) y el general Modesto Palacios (jefe policial que estuvo en el operativo).
El ex viceministro fue enviado por el ministro Llorenti y a Muñoz Colodro y a Palacios les fue ordenado que vayan a Chaparina a realizar la represión, orden que dio el comandante general; es decir, no hay posibilidades de ruptura de cadena de mando. El hecho de que los momentos hubieran variado no significa que no hubiese existido la planificación, de que la intencionalidad era cierta y concreta. Para eso tenían en ese momento 350 efectivos policiales, 60 o 50 fueron a reforzar a los demás el mismo día 25.
Página Siete.- Respecto al cambio de versión del Gobierno sobre su responsabilidad en este hecho, ¿a qué se debe según su criterio?
El menoscabo a los derechos humanos, la cruel represión, el pisoteo de la dignidad de los bolivianos ha sido tan flagrante, ha ofendido a la dignidad colectiva de los bolivianos, ha ofendido al orgullo colectivo de los bolivianos y ha herido fuertemente la vocación democrática de los bolivianos que creemos en las libertades democráticas.
La opinión de la ciudadanía tan terriblemente adversa que se había generado, pero además el desafío de la población en varias ciudades, generó una situación de incertidumbre y hasta de cierta inestabilidad en los funcionarios de Gobierno, por lo que inmediatamente cambiaron las versiones y trataron de suavizar lo que habían hecho, tanto así que nuestro Presidente pidió perdón, pero pidió perdón por algo que él jamás había hecho, supuestamente, que él jamás conoció supuestamente.
Pero claro, si él no conocía, si no fue parte de esto, primero ¿por qué pidió perdón?; segundo, ¿por qué ratificó al Alto Mando policial y a su general (Jorge) Santiesteban; tercero, ¿por qué premió al coronel Víctor Maldonado, en ese momento director nacional de Inteligencia, como comandante general de la Policía sabiendo que no cumplía ningún requisito para eso? ¿Por qué ofrecieron honores y distinciones a los policías si éstos intervinieron en el TIPNIS?
Es decir, hubo una condena colectiva que hizo que ellos retrocedieran en esa primera versión de asumir la responsabilidad, fue mucho más fácil decir más adelante: “no, no fue nuestra responsabilidad, hubo una ruptura de mando”.
“Durante la marcha también hubo varios incidentes (contra los indígenas), no se les permitió usar agua”.
“(En Chaparina), el menoscabo a los derechos humanos, la cruel represión han sido flagrantes”.
“Vamos a tener toda la paciencia del mundo para que el caso no sea enterrado”
Aida Camacho, la abogada querellante contra el Gobierno por el caso Chaparina, promovido por el MSM, considera que la Fiscalía que realiza la investigación ya tiene los elementos suficientes como para dictar un fallo. Sin embargo, cree que éste se basará en la hipótesis del Gobierno, es decir que hubo una supuesta “ruptura de mando” dentro de la Policía y que ésta ordenó la represión a los marchistas del TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011 sin una orden superior.
“(Excepto una contradicción entre el ex viceministro Marcos Farfán y un jefe policial), todas las declaraciones mantienen una misma línea y es cuestión de revisar el cuaderno de investigación para establecer que en ningún momento hubo la ruptura de la cadena de mando”, dijo la abogada.
Explicó que hasta la fecha existen suficientes indicios, pero con lo que ya ha obtenido la Fiscalía “ha generado una convicción a priori: ‘se rompió la cadena de mando’, lo cual es falso. Ésta es la intencionalidad del Gobierno de dejar en la impunidad y encubrir a todos quienes fueron responsables del caso Chaparina y a eso se está prestando el Ministerio Público, a encubrir”.
Pero la jurista expresó su confianza en que “algún día” habrá justicia, sobre todo si se considera que “los delitos de lesa humanidad no prescriben”.
“Vamos a tener toda la paciencia del mundo para que este caso no sea enterrado y se pueda determinar quiénes fueron los responsables”, dijo.
Camacho aprovechó la oportunidad para comentar las fuertes declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera contra su investigación. “El Vicepresidente es la segunda autoridad de Estado y si él cree que descalificándome o diciendo lo que quiera decir de mi persona cambia los hechos que se han suscitado en Chaparina, que lo haga. Pero ninguna descalificación cambia los hechos”, opinó.
HOJA DE VIDA
Inicios Abogada con especialidad en derecho penal.
Tareas Fue la abogada defensora del ex alcalde de La Paz Juan del Granado, jefe nacional del MSM.
Carrera Es la cabeza de la parte querellante del caso Chaparina, emprendido por el MSM contra el Gobierno.
Impacto Hace poco divulgó la declaración de la ex ministra Cecilia Chacón a la Fiscalía, en la que reveló que una reunión de ministros supervisó desde La Paz el operativo policial en Chaparina.
Retruque En el MAS la acusan de actuar políticamente.
La primera declaración de Llorenti fue que la acción la tomó el Gobierno por- que la marcha se había vuelto violenta.
La opinión de la ciudadanía, tan terriblemente adversa, (provocó que las autoridades) in- mediatamente cambiaran las versiones.
(La represión) no fue una situación definitivamente aislada, sino fueron un conjunto de hechos (preparados).
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