El exministro de Gobierno Sacha Llorenti ordenó la intervención policial el 25 de septiembre contra la marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), dice el informe titulado “Violación de los Derechos Humanos en la Marcha Indígena”, presentado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
“En el caso que ocupa al presente informe, según la información recabada, la mañana del 24 de septiembre del año en curso, el titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorenti, decide que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena. A tal efecto, instruye al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, constituirse en el lugar y coordinar con el mando policial el citado operativo”.
Asimismo, las conclusiones del reporte dan cuenta de que la intervención policial en San Lorenzo se caracterizó por la represión violenta e indiscriminada a los marchistas. “La Policía Boliviana realizó una represión violenta e indiscriminada contra bebés, niñas, niños, familias, mujeres gestantes y madres, así como a personas adultas mayores. De esta manera, (hubo) actos de coacción brutales contra seres humanos indefensos”.
Los participantes. En la parte de las conclusiones del informe se menciona que la marcha del TIPNIS era legítima, pero ésta fue intervenida en cumplimiento de la orden impartida por Llorenti y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien se desplazó hasta Yucumo, donde lo esperaba el director de Régimen Interior, Boris Villegas, ambos se reunieron con la plana mayor policial, integrada por el general Edwin Foronda, el coronel Óscar Chávez, además de otros nueve oficiales.
Según la descripción, en la cita, Farfán dijo a los jefes y oficiales policiales que se tramitó un requerimiento fiscal por secuestro y tentativa de homicidio contra el Canciller y un policía herido, y que, en cumplimiento de ese requerimiento, existía la orden superior de intervenir la marcha al amanecer del día siguiente.
Los indígenas y la fiscalía. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que no se puede liberar al presidente Evo Morales, porque no puede haber funcionarios intermedios que sobrepasen su autoridad.
Entretanto, según la gubernamental ABI, el fiscal José Ángel Ponce, quien investiga los hechos, expresó que no se descarta convocar al exministro Sacha Llorenti y a las autoridades policiales, con el fin de que ofrezcan declaraciones sobre los hechos ocurridos el 25 de septiembre.
La frase
“Un juez es el que tiene que ver las pruebas para determinar si realmente el Presidente tiene o no responsabilidad. El Defensor se adelantó a definir un criterio, no debió opinar”.
Fernando Vargas / DIRIGENTE INDÍGENA
EL INFORME SEÑALA QUE EL COMANDANTE DE la FUERZA AÉREA, BOLIVIANA, general Róger Tito Gandarillas, dispuso de bienes del Estado, como aeronaves y combustible, además de personal para trasladar a los marchistas arrestados ilegalmente. El Defensor del Pueblo afirmó que el oficial militar se prestó para asumir una acción de cooperación directa en un hecho antijurídico que implica la violación de los derechos humanos.
FUNCIONARIOS del MINISTERIO de gobierno participaron, según la Defensoría del Pueblo, en la violación de los derechos humanos. Citó a Ramiro Delgado, jefe de Gabinete; Karolina Vértiz, consultora en línea; Edwin Contreras, responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, auxiliar; los miembros del equipo de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro.
LOS DETALLES DE LA INTERVENCIÓN A LA MARCHA
LA INTERVENCIÓN
Los policías usaron términos discriminatorios y estigmatizantes en contra de los movilizados.
NO COLABORARON
Las instituciones que no colaboraron en el informe son: el Ministerio Público y la Policía, por su informe parcial. LA INVESTIGACIÓN
El Defensor pidió que la Fiscalía amplíe la investigación de la represión, e incluso la profundice.
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