Los pueblos indígenas de la Subcentral Tipnis se declararon en alerta por la posible construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que se prevé atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, y alistan un pronunciamiento en rechazo al proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para anular la ley 180 de Intangibilidad. Esa norma vetó el camino después del conflicto con el Gobierno.
El proyecto denominado “Ley de Protección y Desarrollo Integral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-Tipnis” pretende habilitar la construcción de una “carretera ecológica” en el tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“En nosotros nunca hubo bajón, se mantiene la resistencia en las comunidades por la defensa del territorio de los pueblos indígenas y la defensa de la Constitución Política del Estado”, afirmó el expresidente de Subcentral Tipnis, Emilio Noza, a tiempo de advertir que hay comunidades que darán su vida por defender su territorio si buscan abrogar la Ley 180 de Intangibilidad.
El jueves, la comunidad del Tipnis tuvo una reunión en la que definió rechazar totalmente el proyecto que pretende abrogar la Ley 180 de Intangibilidad y todas las disposiciones contrarias a la propuesta que se hará conocer oficialmente mediante un pronunciamiento el lunes.
Esta propuesta de Ley tiene por objeto “regular la protección y el desarrollo integral del Tipnis, en el marco de la consulta previa e informada a los pueblos indígenas” con un alcance a los pueblos mojeño-trinitario, chimán y yuracaré.
El investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia (Cedib), Pablo Villegas, observó que el proyecto de ley nacional dispone la construcción de una carretera “ecológica” sin que se defina previamente una evaluación de impacto ambiental; no menciona que es territorio indígena; no hay libre determinación con el territorio indígena y hay enunciados propios de la Ley 222 que pretende dar los mismos derechos a los indígenas que están ahí y los que no.
La presidente de la Organización del Tipnis, Marqueza Seco, dijo que si se aprobara esta normativa, se dañaría el principal pulmón del país, afectando drásticamente al medio ambiente; por lo que pidió la cooperación de todos los activistas para movilizarse nuevamente.
Noza lamentó que antes de la anulación de la Ley 180 ya existan proyectos para impulsar el turismo en Oromomo y Asunta con licencia de funcionamiento, los proyectos de centros de salud, educación y canchas deportivas en San Bernardo.
“La Ley 180 sólo está prohibiendo megaproyectos como la carretera por el Tipnis, pero ya proyectos que beneficien a los comunidades están funcionando”, denunció Noza.
Por su parte, el analista de temas socioambientales, Miguel Crespo, alertó que se reactivó la intención de construcción de la carretera en el Tipnis, de manera coincidente con el proyecto de Ley de la Coca para su ampliación como frontera agrícola. “Están esperando el momento oportuno para amarrar lo de la coca para desempolvar lo del Tipnis”, señaló.
El jueves, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba aprobó una declaratoria en la que pide al Ejecutivo “pronunciarse a favor del cumplimiento integral de todos los acuerdos logrados en la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas originario campesino Mojeño-Trinitario, Chimané y Yuracaré de Cochabamba en el marco de la Ley 222 del 10 de febrero de 2012”.
Uno de los miembros de la Directiva de la Asamblea, Freddy Gonzales, dijo que la aprobación de esta declaración departamental será, en realidad, un sustento para justificar el proyecto de ley que pretende anular la Ley 180 de Intangibilidad, por lo que exigió el respeto a las áreas protegidas según la Constitución Política del Estado e instó a la movilización social.
SOBRE LAS NORMAS
La Ley 180 fue aprobada en el año 2011 producto de una negociación entre los indígenas del Tipnis y el Gobierno después de una marcha realizada hasta La Paz.
Esta normativa ratifica el carácter de territorio del pueblo indígena, define que no se va a construir ninguna carretera en la zona y rechaza los asentamientos ilegales que son pasibles al uso de medidas de fuerza.
Después de una lucha de los pueblos indígenas por defender su territorio ante el pedido de otro grupo de tener “desarrollo” con la construcción de la carretera, el conflicto se vuelve a reactivar con posibles consecuencias sociales y medioambientales drásticas para el país.
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