Los indígenas exigieron a las autoridades gubernamentales parar la persecución y el amedrentamiento contra el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), después que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) congeló de manera sorpresiva sin notificación sus cuentas bancarias.
Las organizaciones indígenas y colectivos urbanos emitieron un pronunciamiento de respaldo al Cedib, en el marco del Encuentro de comunidades impactadas por el extractivismo energético y el Cambio Climático” que se realizó el 7 y 8 de este año.
“Rechazamos las acciones de amedrentamiento y criminalización perpetrado por el Gobierno contra el Cedib, institución defensora de derechos humanos, que acompaña en las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas y altas”, dice el documento.
“Exigimos al Gobierno el cese inmediato de toda acción de persecución en contra de del Cedib y sus trabajadores garantizando la vigencia de los derechos humanos y laborales en nuestro país, dejando de lado la vulneración de derechos y el autoritarismo”, añaden.
El pasado jueves, el director ejecutivo del Cedib, Marco Antonio Gandarillas, informó a ANF que el día martes 28 de noviembre esta institución fue ingratamente sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias.
“Al consultar al respecto a nuestro banco, éste nos informó que nuestras cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de ASFI”, dijo. La ASFI reconoció que procedió a la retención de cuentas del Cedib pero en mérito a una orden judicial.
Para la organización sin fines de lucro que tiene su sede en la ciudad de Cochabamba existe un sistemático ataque el Órgano Ejecutivo, por diferentes mecanismos para afectar el funcionamiento del centro de documentación y en su esencia que es la organización defensora de los derechos humanos.
Los representantes de las comunidades indígenas también señalan que todo hostigamiento o criminalización de las organizaciones es contraria al Estado de Derecho, porque vulnera derechos fundamentales.
El Cedib, el año pasado, fue desalojado de los predios de la Universidad Mayor de San Simón, y se vio obligado a trasladar todo su centro de documentación de miles y miles de archivos, hemeroteca y libros.
De la misma forma, Amnistía Internacional lanzó la acción urgente en favor de esta institución, a fin de garantizar su labor de investigación y de defensa de los derechos humanos y recursos naturales.
A través de la acción urgente, Amnistía Internacional pide a la sociedad civil escribir al Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, para que proteja la integridad del personal y los activos financieros de Cedib y se asegure de que las organizaciones de la sociedad civil disfruten de un entorno seguro y propicio para desarrollar sus actividades.
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