No hay tregua y el conflicto amenaza con extenderse. El bloqueo de Yucumo ha sido reforzado por colonizadores de Caranavi, Palos Blancos, Alto Beni e Ixiamas, para impedir el tránsito de la marcha indígena que se moviliza hacia La Paz en rechazo al plan del Gobierno para construir una carretera que parte en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Un ampliado nacional de la Confederación Sindical de Colonizadores Interculturales se organizó a unos metros del corte de ruta situado en el puente San Lorenzo de Yucumo. Allí se debate a puertas cerradas sobre la postura de los campesinos frente a las demandas que los originarios han hecho al Gobierno.
A 22 kilómetros del bloqueo descansa la columna de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que ayer dejó San Borja y se asentó en la comunidad de La Embocada, durante el día 27 de marcha. Cuatro horas y media de caminata permitieron que los marchistas avanzaran 24 kilómetros hacia el oeste, cada vez más cerca de la ‘zona caliente’ dominada por colonizadores. Los indígenas han definido no llegar hoy hasta el bloqueo en Yucumo, a la espera de garantías de parte del Estado.
Los bloqueadores, de acuerdo con Eber Choquehuanca, titular de la Federación Departamental de Colonos de La Paz, mantendrán el cerco a la marcha indígena hasta que la dirigencia de esa movilización escuche al Gobierno y acepte alguna de las alternativas que el Poder Ejecutivo plantea para construir el tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El diseño de este tramo originó el conflicto dado que los pobladores del Tipnis se oponen a que una carretera divida su territorio, que a la vez tiene estatus de área protegida.
Hay algo más de 200 campesinos asentados sobre el corte de ruta, donde se ha cavado una zanja para dilatar el paso de los marchistas. Han llegado delegaciones de La Paz para fortalecer el cerco al movimiento originario. Del otro lado, se ha visto una disminución en número de la columna indígena y se calcula que ahora hay algo de 1.500 manifestantes.
Los colonizadores acusan a los originarios de servir a los intereses económicos y políticos de ONG y oponerse de forma mezquina al desarrollo económico que traerá la vinculación carretera entre Cochabamba y Beni.
Los oficiales del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos de Naciones Unidas llegaron hasta Yucumo en busca de un encuentro con el jefe policial a cargo del operativo que, asegura el Gobierno, tiene el propósito de evitar la ‘colisión’ entre colonizadores e indígenas. Esta gestión tiene el propósito de velar por la integridad física tanto de los marchistas como de los campesinos, pero no logró abrir el diálogo.
La Fiscalía requisa a los indígenas
Celso Padilla, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), denunció la parcialización del Ministerio Público y de la Policía hacia los campesinos que bloquean la ruta, pues, dijo, que la Fiscalía del Distrito de Beni ha realizado requisas en sus campamentos en busca de armas y no así entre los colonizadores. Mientras que la Policía, sigue Padilla, no ha tomado contacto para informarles cómo van a actuar los uniformados cuando los marchistas lleguen a Yucumo.
El líder guaraní traslada la responsabilidad de cualquier hecho de violencia en el corte de ruta hacia el ministro de Gobierno, Sacha Llorentti, y al senador del MAS y dirigente campesino de Caranavi, Fidel Surco. De este último, los indígenas aseguran que es el responsable del cerco en Yucumo.
En el ampliado nacional de los colonizadores se ha podido escuchar que los dirigentes campesinos quieren que el diálogo indígenas-Gobierno se reanude en Yucumo, en presencia de la base campesina que reclama por carreteras en Beni, La Paz y Cochabamba. Algo que los marchistas no aceptan de ninguna manera porque, aseguran, sus reclamos se dirigen a autoridades de Estado que no han cumplido con la consulta previa, informada y de buena fe que manda la Carta Magna.
Perjudicados
Bloqueo. El tránsito por el puente San Lorenzo, a la salida de Yucumo, fue irregular e intermitente. Los bloqueadores permitieron el paso de vehículos por minutos cuando había mucha congestión.
Seguridad. La presencia de 450 efectivos de la Policía Nacional no evitó el perjuicio para los conductores y pasajeros que debieron esperar una, dos y hasta tres horas para poder cruzar la zona.
Molestia. “Tengo calaminas que debo llevar a San Borja, no puede ser que me perjudiquen así, esto es inadmisible”, reprochó acalorado un vecino de San Borja a los integrantes de la denominada ‘Policía sindical’ de los bloqueadores.
Tensión. El Gobierno volvió a llamar a las partes al diálogo, aunque esta vez ningún funcionario apareció para frenar el conflicto.
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