Todo coincide. La revelación de que en 2011, durante la octava marcha indígena, se infiltró una agente de la Policía en Chaparina sucede al mismo tiempo en que la justicia de Beni ha activado y revalidado una orden de aprehensión en contra de los tres líderes del movimiento originario, Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, acusados por el conflicto de San Pablo del Isiboro del 20 de junio, que se han parapetado en las oficinas de la subcentral Tipnis de Trinidad bajo custodia de la guardia indígena y a la espera de su arresto. Mientras que originarios y cívicos amenazan con medidas de presión.
Ayer, el juzgado segundo de Instrucción Cautelar rechazó el segundo intento de apelación de los tres dirigentes, quienes argumentan a su favor que las acusaciones en su contra deberían tratarse en el marco de la justicia por usos y costumbres indígenas y que ellos ni siquiera estuvieron en San Pablo (Tipnis) cuando sucedió el conflicto en el que resultó castigado y expulsado el dirigente de Conisur Gumercindo Pradel.
Frente a eso, la amenaza más dura viene de Beni. El presidente cívico, David Coca, y los titulares de la COD dieron el toque de alerta. “Beni no va a dejar solos a sus indígenas, estamos en la posición clara de que si ejecutan esa orden de aprehensión, inmediatamente convocaremos un paro cívico”, advirtió, tras ver a Vargas.
“Es un tema que está en manos de la justicia, el Gobierno no se involucra, no se inmiscuye en esta temática”, respondió el vicepresidente Álvaro Gracía Linera, desde Santa Cruz, en un foro con empresarios en la Cainco.
En Trinidad
“Activistas de Cochabamba y La Paz me están confirmando que arrancan en movilizaciones”, dijo Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, que reclama a la Fiscalía por la disparidad con la actuó entre los casos Chaparina, que lleva dos años sin avances, y el castigo a Pradel.
Los tres dirigentes con orden de arresto son acusados bajo cargos de tentativa de feminicidio, esterilización forzosa y organización criminal debido al incidente ocurrido el 20 de junio en San Pablo del Isiboro (Tipnis), donde un grupo de originarios castigó y expulsó a Pradel. Según Melva Hurtado, dirigente de la Cidob afín al Gobierno, dos personas más resultaron afectadas, entre ellas una mujer que dice haber perdido un hijo en gestación. Pero una versión médica recabada en la clínica donde fueron atendidas ambas personas dice que los daños sufridos son anteriores a San Pablo.
En Santa Cruz, un grupo de originarios se ha declarado en emergencia y hasta el cierre de esta edición (22:00) planeaban organizar una huelga de hambre para exigir a la Fiscalía beniana que retire la orden de arresto. “Se tomarán acciones mañana (hoy)”, aseguró José Parapaino
Se desencadena un lío
1 La Defensoría del Pueblo pidió que la justicia actúe conforme a la CPE, que estable la justicia consuetudinaria.
2 Una escuadra de guardias indígenas custodia desde ayer las oficinas de la subcentral Tipnis, en Trinidad.
3 En Santa Cruz se alista una movilización que incluye a juventudes de Cidob y universitarios en rechazo al arresto.
4 La dirigente guaraní Nelly Romero responsabiliza al Gobierno por cualquier incidente que ocurra en Beni.
Hay una escalada del conflicto del Gobierno hacia los indígenas
Róger Cortes | ANALISTA POLÍTICO
Hay una escalada de tensiones de parte del Gobierno hacia el movimiento indígena. Tras revelarse que hubo una infiltración policial en la octava marcha indígena, se agiliza un proceso judicial contra tres dirigentes originarios. No es para nada casual.
Lo que se ha visto es que el camino ahora viene del lado judicial y se prevé que Vargas, Chávez y Nuni sean tratados con la misma dureza con la que fueron tratados los rivales políticos del MAS en anteriores ocasiones, como ocurrió en 2008 y 2009. No por nada el viceministro de Cooordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, ha comparado la movilización del Tipnis con un brazo operativo del bloque cívico-prefectural del oriente, de la ‘medialuna’.
Lo que ahora sucede es un periodo de evaluación de cómo va a impactar la medida de un arresto contra los tres dirigentes, si provocará reacciones de protesta en el país.
Sobre la defensa de los tres indígenas, el argumento más sólido que hay es que ninguno de ellos estuvo presente en el lugar de los hechos que se les acusa, por ende se presume que no tienen responsabilidades. Llama la atención cómo el Gobierno no dijo nada por el flagelo al que sometieron a Marcial Fabricano (2009) y ahora monta un drama
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