El exrepresentante de las marchas indígenas en defensa del Tipnis, Rafael Quispe, dio a conocer que buscará un acercamiento con el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, para conocer los trabajos de seguridad que realizaba en determinados casos, como ser el de la represión en Chaparina.
En días pasados, Villegas, a través de una carta enviada a los medios de comunicación, reveló una supuesta manipulación judicial que fueron objeto los denominados casos de "Seguridad de Estado" en contra de los que "piensan diferente", por parte del gabinete jurídico del Órgano Ejecutivo y los ministros de Gobierno desde hace seis años.
Entre estos casos, mencionó, se encontraba el caso Chaparina, del cual, junto a los otros, tiene audios y documentación sobre los trabajos que le ordenaron cumplir las autoridades estatales desde la gestión 2007.
"Lo que se trata aquí es que ese señor declare nuevamente en la comisión de fiscales, porque la anterior vez se ha acogido al silencio, ese tal vez es su error, su delito de él, entonces voy a buscar los mecanismos de acercarme a Boris Villegas y que entregue la documentación que ha manifestado, los audios, los documentos que han sido notariados para presentar a la justicia", dijo el también exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Recordó que cuando se procedió a la intervención policial a la VIII marcha indígena, en septiembre de 2011, una de las autoridades que estaba presente en el lugar era Boris Villegas, de quien, dijo, obedecía órdenes del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Actualmente Villegas guarda detención en la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz. En la misma condición se encuentran los exabogados del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera, todos acusados de conformar la denominada red de extorsión que operaba al interior del Órgano Ejecutivo.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), señaló que las investigaciones de este caso están a cargo del Ministerio Público y pidió respetar esa facultad, pues la Asamblea Legislativa no tiene en mente conformar una comisión para indagar este caso, como lo pidió la oposición.
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