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lunes, 29 de julio de 2013
Richter cree que conflicto en Tipnis se intensificará más ante falta de diálogo
Proponen al Gobierno promover mecanismos de diálogo y prevenir enfrentamientos; solucionar las demandas en la región del Tipnis.
El exdiputado Guillermo Richter (MNR), afirmó que los conflictos que surgen en el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), tienden a intensificarse aún más, ante la existencia de dos grupos de indígenas que están en constante pugna, por la construcción de la carretera, pese a la elaboración de la consulta previa. En su opinión astas diferencias provocaron el último conflicto en San Pablo. Sugirió al Gobierno promover mecanismos de diálogo para solucionar las demandas de la región.
El 20 de junio, en la comunidad de San Pablo, surgió un conflicto entre los principales líderes indígenas del Tipnis. Los dirigentes Fernando Vargas, Pedro Nuny y Adolfo Chávez, supuestamente agredieron físicamente a Gumersindo Pradel, quien apoya la construcción de la carretera por ese territorio, y a su compañera María Flores.
Pradel denunció legalmente a los tres dirigentes por supuesto intento de homicidio y feminicidio, por lo que el 10 de julio el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión. Desde entonces los dirigentes acusados se encuentran en permanente vigilia y los indígenas de la comunidad en estado de emergencia, en rechazo a la instrucción judicial.
A tiempo de expresar su preocupación por esta situación, Richter señaló que los conflictos en las comunidades de las tierras bajas no ceden, tras el anuncio del Gobierno en 2008 de realizar la obra asfaltada dentro del núcleo del Tipnis.
En 2011 se realizó la octava marcha indígena en defensa de ese territorio, logrando la aprobación de la Ley 180 de protección; luego la contramarcha del Consejo Indígena del Sur, conformada por colonizadores afines al gobierno de Evo Morales, produjo la Ley 222 de consulta previa.
En el último hecho ocurrido en San Pablo que desató una serie de medidas de presión y movilizaciones para que se anule la orden de aprehensión, en el que los indígenas exigen que el conflicto se resuelva por la justicia comunitaria y no por la vía ordinaria, el exparlamentario, señaló que el Gobierno debe basarse en lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) para no dilatar el conflicto.
“En este caso no se ha cumplido lo que establece la Constitución Política del Estado, sobre un tema de trascendencia para el MAS, que en la Asamblea constituyente fue total y absolutamente impulsor del reconocimiento de los derechos directivos de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del texto constitucional. Estos derechos están en la Constitución y están transversalizados desde el primer al último artículo”, resaltó.
También cuestionó la Consulta Previa que se realizó en 2012, cuyos resultados fueron entregados enero de este año, del que posteriormente se entregó un informe a la Asamblea Legislativa para su tratamiento en la abrogación de la Ley 180 de Intangibilidad.
“No haber hecho la consulta en el momento preciso, lamentablemente, nos está llevando a esta situación de conflicto permanente, no hay una respuesta, no se ha planteado una alternativa de solución, que no puede ser otra diferente al dialogo”, dijo.
Por otra parte la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marielena Paco, afirmó que el proceso de consulta dentro el mismo marco de derecho es un mecanismo de diálogo, lo que no fue asumido por un grupo de indígenas.
“El asunto es que los sujetos no lo han reconocido ni lo han asumido, dentro de ese mecanismo de diálogo hubo muchos resultados que se los ha resaltado en su informe final, con el proceso de consulta no solo salió una agenda de desarrollo de cada uno de estos pueblos que están en este territorio, sino también salieron aprendizajes como el reconocerse mutuamente y ver que es posible el diálogo intercultural”, dijo.
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