Cuando se viaja por carretera, es muy normal detenerse en los surtidores de gasolina que hay en diferentes lugares, cada cierta distancia. Esta es la forma más común de viajar para nosotros. Para las y los indígenas de pueblos amazónicos, lo normal es viajar por rio, y cada viaje para ellos es convivir, es compartir en familia, intercambiar productos, conocer lugares, interactuar con la ciudad; el rio es parte de sus vidas.
Algunos aún viajan remando, pero muchos ya lo hacen con motores fuera de borda de diferentes tamaños, en unas embarcaciones que pueden tardar horas u otras más grandes que demoran días. Hasta hacen pocos meses lo hacían de forma regular, pacífica y sin ningún tipo de problema ni restricción; el problema es que para desplazarse por su propio territorio en botes, chatas, deslizadores o cualquier tipo de embarcación, deben llevar en bidones o turriles todo el combustible que necesitarán para el viaje de ida y el de vuelta, pero ahora, sólo previa autorización de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), que extiende un permiso especial para transportar legalmente combustible, porque es un precursor para la fabricación de pasta base de cocaína, aunque ésta no es una zona cocalera.
Este mecanismo de control de combustible se ha convertido, además, en el pretexto perfecto para limitar el derecho de libre locomoción de quienes viven en las comunidades del TIPNIS, de los que quieran visitarlas, de periodistas y de gente comprometida con su causa.
Y esta causa es la defensa de su territorio, de sus costumbres, de sus derechos, de la forma de vida que quieren legar a sus descendientes, de acuerdo a su cultura y libre determinación. Además, es también nuestra causa, es nuestro derecho a un medio ambiente saludable, equilibrado y protegido, es nuestra opción de contar con un ecosistema y biodiversidad que garantice agua y vida a nuestras futuras generaciones.
En un Estado plurinacional, comunitario, democrático e intercultural como es el nuestro, es inadmisible que se plantee siquiera un proceso de consulta, para buscar la aprobación de una acción completamente ilegal en un área protegida, como es la construcción de una carretera que tendrá un impacto negativo en la forma de vida de sus habitantes, en el medio ambiente, en el ecosistema y en la biodiversidad y por tanto en las vidas de todos quienes vivimos en el territorio nacional.
Pero peor aún es que el gobierno esté tomando ventaja y aprovechando las necesidades de estas comunidades, a las que nunca llegó, ni antes ni ahora, para llevar educación, salud, electricidad, comunicaciones, un transporte fluido y adecuado a su forma de vida; ahora llega sólo para chantajearlas, ofreciéndoles aquello que es su obligación proveer y garantizar sin ningún tipo de discriminación ni condición, exigiendo a cambio algo que todos sabemos que no significará ningún beneficio para ellos ni para nosotros. Sólo para el gobierno y sus protegidos, los cocaleros.
En este marco, el control que ejerce el gobierno en los ríos a través de la restricción del combustible, se ha convertido en el mecanismo más autoritario y poco democrático de impedir que las comunidades del TIPNIS se organicen según sus formas propias y tradicionales, tomen decisiones colectivas, intercambien información y actúen en ejercicio de su libre autodeterminación. Todo ello porque el gobierno sabe que lo que les quiere preguntar es ilegal, de mala fe, extemporáneo y contrario a sus intereses y a sus derechos.
LA CONSULTA QUE SE ESPERA
Una consulta legítima y adecuada a las exigencias que imponen los instrumentos internacionales, debería referirse a lo que estas comunidades necesitan, consultar cómo el Estado puede contribuir a su bienestar, cómo el río puede integrarse a sus vidas de mejor manera, facilitándoles con los medios más idóneos su desplazamiento, por tanto su contacto y acceso a los servicios que requieren.
Pero esta consulta no es tal. Bajo este pretexto el gobierno está dividiendo a estos pueblos, está corrompiendo a algunos, aislando a otros; está amenazando su forma de vida, está condicionando el ejercicio de sus derechos, a cambio de renunciar a su identidad, sus costumbres, su sistema de vida, su sobrevivencia cultural. En resumen, está coartando su derecho a decidir cómo quieren vivir, su derecho a la autodeterminación.
En Gundonovia no sorprendió encontrar dos tanques de YPFB de 8.000 litros de gasolina cada uno, a los cuales la comunidad no tiene acceso. Preguntamos quién se beneficia de ese combustible. La respuesta fue vaga; no saben para quién es, lo único que quedó claro es que no es para ellos. Por qué entonces no toman los tanques y usan la gasolina? …¡está en medio de su comunidad!!! “Somos gente pacífica, tenemos dignidad”, fue la respuesta.
Y es que lo que encontramos fue un pueblo desconcertado, sorprendido por verse en una situación ante la que no saben cómo actuar, porque nunca antes habían sido confrontados, mucho menos de esta forma. No están acostumbrados a acciones perversas, que les restringe su capacidad de desplazarse, ellos que siempre fueron libres, que vivieron en su territorio de forma pacífica, sin depredarlo, sin pedir ni esperar nada de éste ni de ningún gobierno. El primer desconcierto fue años atrás, al darse cuenta que necesitaban tener un título que legitime su permanencia en su territorio, porque caso contrario éste sería ocupado, avasallado, invadido por extraños para depredarlo, para sacar sus árboles, horadar la tierra para extraer petróleo, vender sus riquezas, hasta que no quede nada.
Ahora vuelven a sorprenderse, ante la noticia de que una carretera a la que no tendrán acceso, significará el progreso, el acceso a un desarrollo que no desean, porque lo único que les ofrece es su incorporación en condiciones de desventaja, discriminados, maltratados y sometidos.
Los jóvenes del TIPNIS quieren vivir de acuerdo a su cultura, su tradición, quieren hablar su idioma, escuchar a los abuelos, pero también quieren tener acceso a una computadora, a internet, a la tecnología. Merecen la oportunidad de intentarlo.
“LA MARCHA CONTÍNUA, GUNDONOVIA PRESENTE”
Estamos de viaje por dos ríos, primero por el Mamore y despues por el Isiboro, para llegar a Gundonovia, la comunidad de entrada al TIPNIS, donde viven indígenas de los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño Trinitario. Es uno de los principales territorios desde donde se organiza la Resistencia a la Consulta del Gobierno. Consulta que miente, que es de mala fé, que desinforma, que compra conciencias de los más pobres, los más vulnerables, los menos formados; los compra a cambio de baratijas, de motores gastados y viejos para sus canoas, a nombre de proyectos y programas que dicen les va a traer “progreso” y les hacen creer que son producto de un diálogo de iguales, de una escucha activa, responsable y verdadera.
Esto es mentir, no hablan de la construcción de “la Carretera”, sólo de la implementación de programas y proyectos, de manera general. Como si garantizar el acceso a la salud, educación, trabajo y los bonos no fuera una responsabilidad del Estado para todos los bolivianos sin diferencias de raza, género, etnia o ideología. Dicen ser “socialistas”, “el gobierno de los pobres”, “que gobiernan obedeciendo al pueblo”, “que se deben al pueblo”, pero muestran todo lo contrario, todos los días y cada día… prepotencia, impostura, abuso, extorsión y violencia, además de no tener compasión con nadie; no escuchan al pueblo, solo se escuchan a si mismos, no son “para” ni “por” el pueblo, ni para los más olvidados; se deben y responden a otros intereses y acuerdos, no les importa a qué costa, en este caso, a costa de los pueblos indígenas más vulnerables de Bolivia, los indígenas de tierras bajas.
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