Estado colombiano cumple una Sentencia Constitucional que le ordena preservar los derechos de las mujeres indígenas amazónicas

Defender y garantizar la vida en todas sus manifestaciones fue el mensaje reflexivo y enfático de más de 100 mujeres indígenas de la Amazonía colombiana, reunidas en su primera Asamblea que se realiza en Bogotá hasta este 25 de octubre; le piden al gobierno no atropellar más con sus programas la vida de sus comunidades y pueblos.
Unas y otras recordaron que desde el origen del tiempo ellas han sido portadoras de un saber milenario fundamentado en la palabra dulce y la trasmisión cultural de generación en generación, como baluarte de los 56 pueblos indígenas que sobrevivieron al brutal exterminio dado desde la mal llamada “conquista”, el genocidio cauchero y las sucesivas bonanzas que han intentado a toda costa destruir estos pueblos milenarios y que hoy garantizan la existencia misma de la humanidad.
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Sin duda la presencia de 120 líderes, sabias y abuelas indígenas amazónicas es uno de los actos y eventos que históricamente ocurren para despertar la sociedad de la soporífera rutina que mecaniza la conciencia de estas masas que rara vez se percatan de magnos acontecimientos como este; 120 mujeres hablando de vida, trasmitiendo su saber y su historia para que la paz y la equidad sean posibles; 120 voces dulces pero firmes unidas contra la violencia, 120 miradas y pensamientos distintos construyendo estrategias para consolidar la unidad de los pueblos indígenas amazónicos y fortalecer su pilar cultural y espiritual tan diverso y sólido; 120 mujeres, abuelas sabias en su mayoría, jóvenes y con miles de sueños otras, haciendo memoria de nuestros viejos y rindiendo homenaje a sus víctimas, pero a su vez aportando a la construcción de este país y enseñándonos el mensaje ancestral de la vida y la historia, merece toda nuestra admiración y atención.

Cumpliendo un precepto constitucional

La primera Asamblea de Mujeres Indígenas Amazónicas, organizada por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, apoyada por el Ministerio de Interior y agencias de cooperación internacional como GIZ, se realiza del 23 al 25 de octubre en el hotel Dann del centro de Bogotá, en el marco de la formulación del Programa de Protección del Auto 092 expedido en 2008 por la Honorable Corte Constitucional, el cual ordena al gobierno garantizar los derechos de las mujeres indígenas víctimas del desplazamiento y de las que estén en riesgo, también formular e implementar programas de prevención y protección al respecto.
En este sentido se desarrolla la Asamblea y desde hoy son ricos y diversos los planteamientos y aportes de las mujeres reunidas con este propósito; “para nosotros es mucha la alegría que sentimos de compartir con ustedes y poder aportar un granito de arena en este propósito que emprendimos (hace unos 4 años). Es muy importante contar con las mujeres de nuestra Amazonia para construir y desarrollar un programa que cubra y que sea adecuado a las necesidades de nuestro territorio”, manifestó Lorena Guitó del departamento del Vaupés.
Lorena resaltó el trabajo de muchas otras mujeres que si bien no acudieron a esta Asamblea, han estado en el proceso enriqueciendo el Programa. Agregó que “es responsabilidad nuestra trabajar en pro del desarrollo y la protección de nuestras mujeres para procurar el bienestar colectivo; si nosotras como mujeres estamos bien, también estarán bien nuestros hijos, nuestra familia y nuestras comunidades”.
En el mismo sentido se pronunció Gilma Román de la OPIAC y una de las coordinadoras de la formulación del Programa, quien resaltó que si bien se ha avanzado en algunos aspectos, no obstante “las mujeres indígenas seguimos caminando desde nuestra misma realidad, por ello el proceso de construcción de este programa es una exigencia de nuestros derechos y esta orden de la Corte que ampara nuestros derechos, si bien no podrá resolver todas nuestras necesidades, si es una herramienta de exigibilidad de garantía de nuestros derechos”.

Memoria histórica y derechos adquiridos

Miriam Peñuela, lidereza indígena de la amazonia colombiana.

Por su parte Johana Parra, de la Asociación Regional Indígena del Guainía, destacó que las mujeres Amazónicas, acompañadas de sus organizaciones, sus autoridades y hombres, hayan avanzado en la exigibilidad de sus derechos y el fortalecimiento de su cultura y su memoria histórica: “nos reunimos (como representantes de los 4 pueblos Yeral, Curripaco, Muiname y Piapoco) para exigir nuestros derechos como mujeres desplazadas”. Sin embargo lamentó que otras mujeres indígenas de este departamento como las de las comunidades Barranco Minas y San Felipe no hayan podido asistir, pues son ellas las más afectadas por el conflicto y quienes más padecen el abandono estatal del gobierno colombiano tanto ahora, como históricamente.
Contra la exclusión social también se pronunció Olga Fernández, delegada del Pueblo Ticuna del departamento del Amazonas, quien resaltó el acompañamiento de la OPIAC en el proceso. Resaltó que “es importante que se garanticen nuestras propuestas de parte del gobierno. Espero que sigamos complementando el Programa como lo indica el Auto 092 y que los resultados sean garantizados de verdad”.
Fernández también pidió que en el Programa de protección queden incluidos “nuestros niños y jóvenes, pues si bien en algunas partes del Amazonas no somos víctimas del conflicto armado o del desplazamiento forzado, somos víctimas de los programas que establece el gobierno nacional y que se convierten en atropellos contra nuestras comunidades, las cuales no se benefician de los recursos que se destinan para nuestros niños y nuestros jóvenes. Por ello pedimos que el gobierno se acuerde de los pueblos indígenas del Amazonas, necesitamos territorios y necesitamos que se nos permita cuidar el ambiente desde nuestra tradición; somos nosotros los que cuidamos el ambiente, los bosques y nuestros recursos naturales, pero necesitamos que el gobierno tenga ese sentido de pertenencia y de respeto hacia los pueblos amazónicos, hacia las mujeres, jóvenes y niños indígenas para que este programa nos beneficie a todos. Es necesario que este Programa se construya teniendo en cuenta la dispersión geográfica de la Amazonia para que llegue a todas las comunidades indígenas, por su puesto a las más remotas que habitan en el fondo de la selva”.

Indígenas víctimas de la violencia política

Ninfa Herrera del Caquetá, por su parte, destacó el trabajo de las mujeres líderes y pidió más inversión y programas que garanticen un mejor nivel de vida de las mujeres amazónicas, quienes fortalecen la cultura y la organizaciones en regiones como el Caquetá, donde el conflicto armado, el desplazamiento y la estigmatización social afecta profundamente a las comunidades y vulnera sus derechos fundamentales y colectivos.
Hoy a comparación de muchas otras regiones como Cauca, Nariño y Antioquia también la violencia que genera el conflicto armado se ha ensañado contra algunos pueblos amazónicos como el caso del Putumayo, donde las mujeres del pueblo Kofán denuncian graves agresiones contra su integridad, contra su vida, su dignidad y contra su cultura como pueblos. Lo mismo ocurre, como ya vimos, en Guainía y Vaupés respectivamente. El caso del Guaviare no es la excepción como lo manifestaron Miriam Peñuela y José Perafan, autoridad tradicional, del Pueblo Desano, quienes reiteraron la difícil situación que atraviesan los indígenas a causa del conflicto y la lejanía de sus comunidades en la selva. Miriam indicó que las más afectadas son las mujeres pues el conflicto les arrebata sus hijos. “Por ello invito a socializar este Programa con todas las mujeres de las comunidades y a fortalecer la organización como mecanismo de defensa y exigibilidad en la garantía de nuestros derechos fundamentales”.
A ello se suma la memoria histórica de aniquilamiento que han padecido los pueblos indígenas del país y a la cual no son ajenos los pueblos de la Amazonía colombiana como ratificó Henry Cabria, presidente de la OPIAC, quien recordó la memoria latente del holocausto cauchero que dejo unos 80 mil indígenas masacrados y/o desparecidos y todo un compendio de ignominia generado por la empresa cauchera Casa Arana, y que sucedió a vista del gobierno y la sociedad de entonces, hace 100 años, sin que éstos hicieran nada para evitarlo. Cabría manifestó que por consiguiente en esa memoria viva reposa hoy la destrucción, el no reconocimiento de la mujer indígena, y por ello “creemos que el Auto 092 sea la puerta para garantizar esos derechos…”.
Con dolor también evocó esta época el dirigente Curripaco Divino Da Silva, vicepresidente del Consejo Regional Indígena del Guainía, quien rememoró las víctimas del genocidio Cauchero y también a los miles de ancestros mártires de la mal llamada “guerra Justa” o religiosa emprendida por la Corona española especialmente contra líderes espirituales del Alto Orinoco, Río Negro y de otros lugares de la Amazonia, “que si bien intentaron exterminarnos, logramos pervivir hasta hoy, pese a la brutal invasión europea, claro que esta invasión no ha concluido, sigue en nuestro camino con otras formas de invasión y despojo”, señaló al referirse a los megaproyectos, a la minería y la colonización como nuevas formas de acabar física y culturalmente con estos pueblos milenarios.

El buen discurso estatal

Autoridades estatales y líderes comunitarios confluyen en el interés común de potenciar la Amazonia colombiana.

En este sentido Benhur Teteye, Secretario general de la OPIAC, alentó con una reflexión que recoge la misión de los ancestros amazónicos de garantizar la existencia humana en su totalidad e integralidad como la permanencia cultural y espiritual de los pueblos; “Más allá de las órdenes judiciales que se emitan para amparar nuestros pueblos amazónicos, nuestro valor está en la palabra y nuestra apuesta es la defensa de la vida misma para seguir garantizando la existencia de nuestros pueblos y de toda la humanidad. Por ello promovemos ante el Estado y el gobierno una política realmente diferente para la Amazonía colombiana”, concluyó.
Ante esta evidente realidad el delegado del gobierno Harley Charry -Ministerio Interior-, reconoció que aún hoy no cesa la tragedia los pueblos indígenas y que hay hechos de los cuales debemos avergonzarnos como colombianos por haber maltratado o discriminado a los pueblos indígenas.
Agregó que se han violado muchos derechos de estos pueblos empezando por el derecho a la vida y que el reto de la institucionalidad colombiana es garantizarles hoy a los pueblos indígenas todos sus derechos y evitar que haya más violaciones a la vida y destrucción de su cultura como pueblos.
Cabe destacar, para concluir este relato, que durante el Acto de instalación de la Asamblea y con un ritual de armonización se rindió homenaje a todas las víctimas de los pueblos amazónicos, tanto del reciente conflicto, como a los mártires del genocidio histórico, como los del holocausto cauchero. Así mismos las mujeres en varios actos del desarrollo de la Asamblea, guardaron silencio por todas las mujeres masacradas en estas lides producidas por la infamia humana de occidente.