Una juez otorgó libertad irrestricta a Chávez

La juez cautelar Romy Peredo otorgó libertad irrestricta al líder de la Cidob opositora, Adolfo Chávez.
Peredo se basó en los argumentos de Otto Ritter, uno de los abogados defensores del líder indígena, de que por su condición de originario debía ser sometido a la justicia comunitaria de la etnia Tacana, a la cual pertenece.

La argumentación magistral de la defensa es que el Ministerio Público violó sus derechos constitucionales porque no se respetó su idioma materno.

Ante esto, los juristas representantes de Chávez presentaron el incidente de nulidad de su declaración en la Fiscalía, situación que es declarada como procedente por la administradora de justicia. Terminada la audiencia, Chávez fue trasladado nuevamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde sus abogados hicieron los trámites correspondientes para la ejecución inmediata de su libertad.

Pagando los platos rotos de otros. El titular de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo que le estaban queriendo hacer "pagar los platos rotos de los que se llevaron los millones". "Hay una responsabilidad de los técnicos y administrativos de la Cidob, yo firmaba los cheques administrativos a solicitud de la Shirley Villegas y Pedro Ágreda, que tienen secuestrada la información", remarcó Chávez.

Como se recordará, el líder originario fue acusado de supuesta malversación de Bs 902 mil del Fondo Indígena en la ejecución de la planificación de la Escuela de Proyectos.

Plan calificado por el representante del Ministerio Público como proyecto fantasma. Sin embargo, Chávez y sus abogados: Otto Ritter, Freddy Olvea, Rubén Darío Ardaya y Miguel Coya, coinciden en que es una acusación falsa, ya que el proyecto se ejecutó.

Sostienen que el primer desembolso se hizo a la cuenta de la Cidob, de Bs 451 mil, mismo que se hizo los descargos correspondientes. Sin embargo, cuando hubo el segundo desembolso por la misma suma, Chávez fue destituido y los técnicos Villegas y Ágreda se quedaron trabajando con Melva Hurtado y no hicieron los descargos. Por otro lado, tanto la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes como el fiscal Pablo Guzmán dijeron que apelarán al fallo de la juez cautelar.