La exministra de Defensa Cecilia Chacón develó en sus declaciones una serie de hechos que desvirtúan que las autoridades del Ejecutivo no conocían de la represión a la marcha indígena en Chaparina el 25 de septiembre de 2011 y que hubo una ruptura de mando en la orden que se dio para la intervención.
Respecto a estas declaraciones de Chacón, difundidas ayer por la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Aida Camacho, el vicepresidente Álvaro García Linera confirmó que el 25 de septiembre de 2011 (día de la represión) hubo a las 20:00 una reunión habitual de Gabinete en la casa presidencial y que cuatro horas antes (a las 16:00) él se entero de la represión por un periodista, que lo llamó para preguntarle sobre la represión a los indígenas.
El Vicepresidente rechazó las declaraciones de Camacho, en sentido de que omitió información en sus respuestas a la Fiscalía, al aseverar que no conocía nada sobre la represión y de quién dio la orden.
“Me gustaría decirles que el día sábado (24 de septiembre) hubo una reunión a la que no fui convocada, para hacer una evaluación sobre la detención del Canciller (David Choquehuanca), desconozco el lugar donde se llevó a cabo esa reunión, pues el Ministro de Comunicación (Iván Canelas) me comentó sobre la reunión y me preguntó si me dirigía allá y le dije que desconocía de esa reunión y, como no fui convocada, no asistí”, señala Chacón en una parte de la declaración que prestó en la Fiscalía el 6 de marzo pasado.
Chacón agregó que no conoce sobre quiénes asistieron a esa reunión efectuada día antes de la represión; sin embargo, supone que estuvo el entonces ministro Canelas, porque fue la persona que le comentó del encuentro.
“Entiendo que el Canciller iba a informar sobre todo lo acontecido en Chaparina el 24 de septiembre de 2011, posteriormente el domingo (día de la represión), después de que me enteré de la acción, intenté comunicarme con el representante de Naciones Unidas. Posteriormente hubo reunión ordinaria de gabinete político en la residencia, yo llegué tarde y en momento en que el (entonces) Ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) hablaba por teléfono y daba algunos detalles sobre el traslado de las personas a Chaparina, esa reunión era el domingo y yo llegué alrededor de las 20:00 a 21:00”, relata.
Explica que Llorenti recibía llamadas telefónicas por las que le informaban sobre los acontecimientos, como el traslado de personas (indígenas) y que en ese transcurso se habían bloqueado los caminos, por lo que iban a llevar a los marchistas a otro lado.
“Él decía que las personas habían sido subidas en buses y que iban a ser trasladadas a otro lugar, no recuerdo a qué lugar en este momento, (pero) decían que la marcha se había desarticulado y que se iban a ver los medios para trasladarlos hasta sus domicilios, comunidades”, afirma la exministra en su declaración.
Acción popular
El Tribunal de Garantías Constitucionales de la Sala Penal Segunda de La Paz resolvió ayer denegar la acción popular planteada en octubre de 2012 por 10 ciudadanos en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Félix Peralta, presidente del Tribunal, dijo que el grupo de activistas en favor del medio ambiente no pudo demostrar la denuncia de supuesta violación del Artículo 135 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Dicho artículo establece que la acción popular se presenta contra actos u omisiones de autoridades que amenazan con violar intereses y derechos colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio y medio ambiente, entre otros.
“La prueba que se ha producido en la audiencia es que el contrato con la (constructora brasileña) OAS ha sido rescindido. No existe un trazo, no existe financiamiento, en otras palabras, no existe una amenaza ni lesión de los derechos medioambientales de los pueblos indígenas”, agregó Peralta a Erbol.
Según la organización Somos Sur, la acción popular denunciaba que las autoridades accionadas incurrieron “en actos y omisiones que amenazan con lesionar derechos e intereses colectivos, como el derecho a la consulta”.
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