El defensor del Pueblo Rolando Villena, afirmó en el encuentro latinoamericano de sus pares, que la consulta en el TIPNIS no fue previa libre ni informada, porque se la realizó cuando ya existía un proyecto carretero en marcha, además que se hizo sin el consenso de todas las comunidades que habitan el territorio indígena.
Doce Defensores del Pueblo de países latinoamericanos reunidos en Lima, luego de dos días de reflexión sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, aprobaron una resolución en la que acuerdan supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación de este derecho, e incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales.
"En el caso específico del derecho a la consulta por la carretera dentro del TIPNIS, que debió tener las características de ser libre, previa e informada, a nuestro criterio fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados y desde la planificación y ejecución directa del Gobierno, para lo cual recurrió al trámite de involucrar a los pueblos indígenas adyacentes al parque predispuestos a la aprobación de la carretera", manifestó Villena.
El acuerdo firmado por los defensores del pueblo establece que el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Del mismo modo establece la necesidad de "incrementar esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa y reformar los canales de comunicación con los pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades".
Al encuentro asistieron los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos coincidieron que aún persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a esos derechos.
La Resolución de Lima, fue suscrita por los defensores de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, además del Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
ANF
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