La dirigencia indígena exigió hoy la libertad de 26 guaraníes detenidos en el operativo policial de desbloqueo en Takovo Mora y anunció la masificación de la protesta con la participación de sus similares de Argentina en demanda de una consulta para la exploración petrolera. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) consideró que se criminaliza la protesta.
El dirigente indígena Celso Padilla denunció que los policías ingresaron a las diferentes viviendas de la capitanía con violencia como parte del operativo para el desbloqueo de la carretera que va hacia Argentina. Añadió que tiene conocimiento de que fueron detenidos 26 indígenas en medio de la acción policial que utilizó gases lacrimógenos.
El Ministerio de Gobierno confirmó, a través de un comunicado, la detención de 26 personas, que serán puestas a disposición del Ministerio Público. Aseguró que el operativo fue disuasivo y negó que haya manifestantes desaparecidos. El Gobierno considera que no se aplica la consulta en este caso porque las zonas de operaciones petroleras están en predios privados.
Padilla explicó que la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) planteó la reversión de esos predios privados porque no cumplen la Función Económica Social (FES), pero además, señaló en una entrevista con la red Erbol, para ingresar a operar en esos previos se debe pasar por tierras indígenas por lo que es necesaria una consulta.
“Los hermanos (guaraníes) de Argentina…van a sumarse a la movilización”, aseguró y exigió la liberación de los detenidos y el cumplimiento constitucional de la consulta previa para las labores de exploración petrolera a cargo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)-Chaco.
La presidenta de la APDB, Yolanda Herrera, anunció en Erbol que viajará una comisión a la zona de conflicto para recoger testimonios y elaborar un informe, aunque lamentó se criminalice la protesta indígena.
"Estamos sumamente alarmandos (por lo ocurrido)...que no se criminalice la protesta de los pueblos indígenas, porque la persucución e ingresar a las viviendas no tiene ningún respaldo legal", afirmó respecto al conflicto que lleva más de 15 días.
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