Exodo Weenhayek

A pesar de ser considerado un pueblo nómada, la comunidad indígena Weenhayek, vocablo que en la lengua del mismo nombre significa “diferente”, nunca se imaginó que tendría que emigrar a otros países como Argentina por la enfermedad del río Pilcomayo, que ha sido depredado en sus riquezas piscícolas y contaminado por los residuos minerales.

Se calcula que el pueblo Weenhayek está constituido por 5.670 familias, de las cuales en los últimos años emigraron 150 a la República Argentina, donde como indígenas reciben cada mes una canasta familiar además de contar con una pensión, según el Capitán Grande Moisés Sapiranda.

Contrario a sus creencias en “ajats” o dioses de la naturaleza, nadie respetó a la Madre Tierra en la región villamontina donde aparecieron “dueños” del río y de los peces del Pilcomayo. Algunos incluso de alto rango militar, que se enriquecieron obligando a trabajar ilegalmente a los cons- criptos utilizando métodos de pesca prohibidos, como trampas, ante la mirada pasiva de las autoridades. El antropólogo alemán Volker von Bremen, quien trabajaba como asesor de la institución Misereor en la región del Chaco, afirma que “el mayor problema es la contaminación del Pilcomayo, que tiene efectos a largo plazo e incluso puede llevar al nacimiento de niños con deformaciones”.

Contaminación minera

Los problemas comenzaron a escucharse hace algunos años luego de los estudios realizados por diversos científicos sobre la contaminación minera que sufrían las aguas del río, causada según ellos por toneladas de minerales que depositan en las aguas diariamente las minas de Oruro y Potosí, donde nace el torrente.

Pero luego de que se confirmara el colapso de un dique de colas de la Empresa Minera Santiago Apóstol (EMSA) el 11 de julio pasado, en Potosí, la amenaza empezó a hacerse una cruda realidad.

El biólogo y presidente de la Fundación Amigos del Pilcomayo, Maximiliano Vandeven, explica que si la contaminación en el río es muy alta puede causar la muerte inmediata de los peces y animales que estén en contacto con el agua, y esto sería una gran pérdida para las personas que subsisten de la pesca.

La actividad pesquera movía 15 millones de bolivianos anuales por venta directa en el río. Y aunque las autoridades tomaron algunas medidas preventivas como la suspensión de concesiones pesqueras a los militares, todo se hizo demasiado tarde. Tan tarde que ahora ni a ellos mismos les interesa la pesca en ese afluente, pues ya dejó de ser un negocio.

Un análisis realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) menciona los elevados índices de contaminación. “Los ríos potosinos de Tarapaya y La Ribera que sirven de afluentes del Pilcomayo tenían una concentración de arsénico mil veces más que el valor señalado por la Ley del Medio Ambiente, y 5.000 veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Se encontraron 99 miligra- mos de plomo en cada litro de agua y lo permisible es tan sólo de 0,05 mg/l”. Según esta investigación, un total de 20 ingenios mineros botaban cada día más de 1.200 toneladas de desechos contaminantes a los ríos Tarapaya y La Ribera.

Asimismo, otro estudio realizado por las universidades Juan Misael Saracho (Bolivia) y Nijmegen (Holanda), publicado en 2001, evidenció que las concentraciones de zinc y cobre en el hígado de los peces del río Pilcomayo eran de tres a cuatro veces más altas que en los del río Bermejo. “Si los niveles de contaminación son bajos, los peces transportarían el plomo al organismo del ser humano, que causaría problemas en el sistema nervioso, estomacal y a largo plazo puede ocasionar cáncer y una muerte silenciosa”, dice Vandeven.

La concesión a los militares duró cerca de cuarenta años, tiempo en el que cobraban 50 bolivianos a cada comerciante que quería ingresar a la zona del Kilómetro Nueve (lugar sumamente angosto del río donde se usaban trampas), que se sumaban a las ganancias por la venta de pescado. Al menos 30 conscriptos realizaban estas actividades diarias de la Tercera División y de otras divisiones del Grupo Pisagua y del Regimiento Campero, actividades que fueron denunciadas por representantes de Derechos Humanos en la ciudad de Tarija.

Teófilo Cuéllar, líder weenhayek, cuenta que pidió que se suprima el uso no autorizado de trampas o chalanas. “Los comerciantes ganaban abasteciendo los mercados con pescados que compraban en dos y cinco bolivianos la unidad y los vendían hasta en 40”, añade.

Los diques de colas de las empresas mineras, del departamento de Potosí, son un peligro para la biodiversidad y los seres humanos y el Gobierno reconoce que no hay control. Según declaraciones del Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, no se hace un control a esas instalaciones en el país y se cometió el error de no exigir medidas ambientales.

Ni los municipios, ni las empresas petroleras, ni las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han podido ayudar al pueblo Weenhayek. La pesca fue su principal ingreso económico, su fuente de vida e incluso la base de su identidad en siglos. Al parecer, ya no podrán transmitir sus prácticas a sus descendientes y se verán obligados a dejar la tierra que habitaron durante 500 años.