“En un balance de los niveles de efectividad y capacidad de respuesta a la violencia sexual en el ámbito de la justicia comunal, las evidencias recogidas en este estudio apuntan a que la mayoría de las niñas y mujeres guaraníes están privadas de un efectivo acceso a la justicia, ya sea en el ámbito de la justicia comunal (indígena) o en el de la justicia ordinaria”, señala como una de las conclusiones principales.
Mariel Paz Ramírez, abogada y activista de los derechos de las mujeres e investigadora principal, explicó que se colectó varios testimonios en el que se evidenciaron que la justicia indígena y ordinaria abren paso a la impunidad, por el mismo hecho que la primera es patriarcal y la segunda es burocrática y muy distante de las poblaciones guaraníes.
Según la experta, se identificó como una de las raíces sobre las que se produce la violencia sexual hacia mujeres, niñas y jóvenes guaraníes en el escenario del trabajo doméstico, y existe una relación entre el trabajo doméstico, la colonialidad, el género y la violencia sexual.
“Pero también la pobreza está ligada con la violencia sexual, el abuso y la discriminación en la esfera del trabajo doméstico: mientras más aguda es la pobreza, más expuestas suelen estar las jóvenes y niñas guaraníes a la violencia sexual”, afirmó la investigadora. La investigación, proporcionada al diario OPPINION, contempló dos áreas geográficas de indagación, ambas ubicadas en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia, la población guaraní ubicada en la provincia O’Connor y la población guaraní que se encuentra en la provincia Gran Chaco.
La
ausencia del sistema de justicia, la pobreza y el miedo obligan a
muchas niñas y mujeres adultas a no denunciar y buscar justicia.
Fondo Emancipación Conexión
TERRITORIO - COLONIAL Por su parte, René Antezana, educador popular y miembro del grupo de investigadores de este estudio, manifestó que uno de los factores que inciden en el sometimiento y abuso sexual de las mujeres guaraníes es la carencia de territorio.
El estudio determinó que la problemática del despojo del territorio ancestral guaraní es otro de los elementos importantes que condicionaron las sujeciones de las mujeres y las niñas al poder.
“Para las mujeres guaraníes, esta carencia, junto con otros factores, las colocó en condiciones y situaciones extremas de relaciones desiguales y de sujeciones, afectando las posibilidades de ejercer soberanía sobre sus cuerpos, negándoles opciones diferentes que impliquen la posibilidad de encaminar un propio proyecto de vida, no condicionado, no sujeto”, explicó.
Dijo que para comprender las formas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres guaraníes es ineludible rescatar las raíces coloniales del poder y sus consecuencias en las formas y mecanismos de dominación social y sexual en el presente.
La investigación determinó que el dominio señorial de la tierra se extiende y enlaza al control sobre la sexualidad de las mujeres. Ese dominio se manifiesta en la violación sexual , en la violencia material y simbólica, forja los cimientos de la colonialidad sobre el ser, naturaliza en las mujeres elservicio doméstico y la discriminación que avala y autoriza la subordinación, la deshumanización y cosificación de los cuerpos.
Según la experta Paz Ramírez, hay una ecuación perversa entre pobreza, violencia y discriminación.
“Las condiciones de vulnerabilidad, desprotección y sometimiento se agudizan cuando de niñas indígenas son víctimas de trata, ya que al ingresar éstas al servicio doméstico encuentran un escenario adicional de exposición a la violencia sexual, a diferencia de las niñas que, por su condición económica y social, no tienen necesidad de trabajar”, explicó.
El dramático caso de una niña
Como muestra de algunos casos de impunidad ante la justicia se tiene el caso de una niña violada por su padrastro desde los siete hasta los diez años. Después la menor fue entregada, como empleada doméstica, a una enfermera de la ciudad de Tarija que visitó la comunidad, refleja la investigación de un caso en la Defensoría de la Niñez de Entre Ríos.El caso señala que el marido de la enfermera también violó a la niña en dos oportunidades. Luego la niña fue expulsada de la casa.
La Defensoría de la Niñez de Cercado interpuso ante la Fiscalía denuncia de violación en contra del marido de la empleadora de la niña. Luego se practicó la prueba de ADN para determinar la paternidad de un bebé.
Además del padrastro y del marido de la empleadora, un vecino de la comunidad de la niña fue convocado para someterse a exámenes de ADN. Los resultados dieron como padre del bebé a este tercer hombre, también acusado de violación.
La Defensoría de la Niñez de Entre Ríos inició acciones legales y logró la detención preventiva del padrastro de la niña; sin embargo, luego de los resultados de ADN, éste fue liberado. Hasta el momento no se conoce el resultado final de la denuncia, ya que ni en dependencias de la Fiscalía de Distrito, ni en la Defensoría de la Niñez de Cercado, se logra ubicar el cuaderno de investigación.
La violación pasa a un segundo plano, pues se liberó al padrastro de la niña y al marido de su contratante. Ello confirmó que testimonios de niñas indígenas violentadas no tienen relevancia en el proceso y campea la impunidad.
Adolescentes y niñas las más vulnerables en la comunidad
La violencia sexual afecta con mayor rigor a las niñas y las adolescentes, en medio de la impunidad, de manera diferenciada en razón de que la edad marca condiciones de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia, explica el estudio “Relatos de la frontera de mujeres guaraníes, violencia y búsqueda de justicia” del Fondo Emancipación Conexión.El experto René Antezana dijo que el colonialismo trajo consigo la jerarquización en la sociedad que implica haber definido a las mujeres como inferiores y a los hombres como superiores.
“En la actualidad, las bases coloniales y cristianas de concepción del matrimonio y supremacía masculina dentro de la familia perviven entre los indígenas guaraníes, y manifiestan su extrema dimensión en la violencia sexual ejercida por el padre o padrastro como poseedor de las mujeres y niñas, su cuerpo y su destino”, dijo.
Es decir que la violencia sexual hacia las menores guaraníes se constituye en una de las expresiones de la estructura familiar jerárquica y postcolonial de la sociedad boliviana.
Se determinó que en algunos casos presentados en el estudio, la alianza de la madre de la niña víctima de violencia sexual, con el agresor jefe de familia.
“El encubrimiento de esta violencia por algunas madres se basa en la necesidad de preservar los recursos económicos para la manutención de los hijos, aunque existen casos en los que la figura del padre de familia proveedor es meramente simbólica”, señala una de las conclusiones del documento.
De esta manera, según Antezana, a la hora de poner en la balanza las prioridades familiares, la preservación de la integridad de la niña queda desplazada frente a una necesidad familiar considerada como más importante.
El estudio señala que de 15 denuncias de violencia sexual entre 2008 y 2011 registradas en instituciones de la justicia del Estado en la región del Chaco tarijeño, en seis casos las víctimas quedaron embarazadas. Además se corroboró que la mayoría de los agresores sexuales de las niñas y adolescentes son personas conocidas por ellas y sus familias.
Ahora se muestra los casos denunciados y no así de los que por temor y otros factores no se llegaron a conocer. Los datos registrados en este estudio muestran que las niñas y adolescentes están expuestas, y de hecho sufren violencia por parte de las personas que están encargadas de su educación en la escuela, en los lugares de trabajo, en la familia y también en los sistemas de protección y de justicia del Estado.
Hay muchos obstáculos para acudir a la Justicia
La
opresión y la discriminación sobre la base de la etnicidad, clase,
género y edad establecen los obstáculos para las mujeres indígenas
guaraníes al momento de acceder a la justicia, señala una de las
conclusiones de la investigación.La investigadora Mariel Paz Ramírez explicó que la violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes indígenas colocada en el escenario de la justicia del Estado opera como elemento catalizador de las creencias, visiones, percepciones, juicios y valores sobre la infancia, la diferencia cultural, la desigualdad genérica y las formas de entender a la justicia y el derecho.
Dijo que se evidenció que en el proceso penal se evidencia la carencia de conocimiento sobre la esencia y el contexto de la violencia sexual, la vigencia de la política patriarcal y la presencia del monismo jurídico liberal a ultranza.
La ruta que sigue la denuncia de violencia sexual desde la Defensoría de la Niñez, pasando por la Fiscalía y la Policía hasta llegar a los estrados judiciales, está cargada de obstáculos de diferente índole que contribuyen a la impunidad o la dificultad para denunciar abusos sexuales.
El estudio evidenció de parte de la justicia un trato displicente a las víctimas, asociado a la condición de clase, género, edad y origen étnico-cultural.
El sistema de la justicia ordinaria tiene que enfrentar como desafío el cambiar las prácticas de muchos de sus operadores, que actúan sobre la base de las arbitrariedades, la deficiente formación profesional, la ausencia de una cultura de protección a la niñez y la carencia de un contenido ético y humanizado.
“Los fiscales, en su calidad de conductores de la investigación, quieren operar en la parte penal y defensa de los intereses de las víctimas, desconociendo referencias fundamentales del contexto social, económico y cultural en el que ellas (guaraníes) viven su cotidianidad y sufren la violencia”, afirmó.
En suma, según el estudio, la justicia ordinaria para los guaraníes opera muchas veces como filtro de lo que puede y no puede ser denunciado, que la mayoría de los casos queda en la impunidad y las mujeres indígenas continúan siendo víctimas de violaciones sexuales y todo tipo de agresiones graves.
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