El Gobierno plantea que consulta a indígenas dure hasta 120 días

El anteproyecto de Ley Marco de Consulta establece que la consulta previa a los pueblos indígenas para actividades hidrocarburíferas se realice en un plazo de hasta 120 días: 90 días para firmar un acuerdo y un adicional de hasta 30 días cuando no se alcance un acuerdo final.

El actual Reglamento de Consulta y Participación del 16 de febrero de 2007 para actividades hidrocarburíferas no establece tiempos determinados o topes para realizar consultas.

La nueva propuesta, a la que tuvo acceso La Razón, fue elaborada por el Ministerio de Gobierno y coordinada en principio con organizaciones indígenas, originarias y campesinas para elaborar esquemas básicos y contenidos del anteproyecto que ahora están en fase de socialización. El trabajo se inició el 9 de febrero de 2012 y terminó en abril de 2013.

La propuesta actual del Órgano Ejecutivo, en su artículo 47, indica que “la consulta previa se realizará en el plazo de 90 días calendario, a partir de la notificación o convocatoria efectuada por la Autoridad Sectorial Competente (ASC) y recibida por las comunidades y sus representantes”. El proceso finalizará con la firma del acuerdo común entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y los sujetos consultados.

Si cumplidos los 90 días no se llega a acuerdos, se amplía el plazo en 30 días más, en cuyo tiempo se buscará la mediación de la Dirección General de Consulta (DGC) y las organizaciones matrices nacionales o regionales de las naciones y pueblos indígenas, las que garantizarán la firma del convenio respecto a la consulta. Cuando los sujetos de consulta y la ASC lleguen a un acuerdo común antes del plazo establecido a los 90 días, tendrán el reconocimiento y la validez correspondientes.

La competencia para estas consultas es del Ministerio de Hidrocarburos y Energía con la DGC. En la consulta de tipo pública el responsable de esta tarea será el representante legal de la obra o proyecto y se efectuará también en el plazo que establece el artículo 47.

A diferencia de esta propuesta, el actual Reglamento de Consulta y participación establece en su artículo 12 que la ejecución de esta tarea deberá cumplirse en los plazos establecidos en el acta de entendimiento, respondiendo a la naturaleza de la actividad hidrocarburífera.

Este artículo añade que una vez cumplidos los plazos, en el acta de entendimiento se establece un plazo perentorio adicional de hasta tres meses para cumplir con el procedimiento de consulta, llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de validación correspondiente.

El 24 de mayo, en la clausura del III Congreso de Gas & Petróleo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció que una de las tres medidas para incrementar las reservas hidrocarburíferas en el corto y mediano plazo será “reducir los tiempos en la obtención de licencias ambientales” para agilizar los proyectos exploratorios en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y territorios indígenas donde se tienen que realizar las consultas previas y públicas.

El 15 de diciembre de 2012, en el inicio de la perforación del pozo Ingre X-2, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó que los procesos de consulta tienen retraso y dificultan los proyectos hidrocarburíferos.

Demoras en la entrega de licencias

Proceso

En el sector petrolero, la licencia ambiental requiere el acuerdo de las compañías con las comunidades. El proceso de consulta es responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Una vez completado este proceso con resultados positivos, el trámite “va al Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba la licencia”.

Retraso

El 15 de diciembre de 2012 se informó que en el campo Sábalo hace tres años que no pueden lograr acuerdos con los indígenas por excesivas demandas.

Guaraníes proponen dos tipos de proceso

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) propone dos tipos de consulta para facilitar y agilizar los proyectos de exploración y de explotación en el rubro de hidrocarburos. Advierte de que si no se toma en cuenta su planteamiento, el Gobierno tendrá dificultades en estas tareas.

El presidente de la APG, Faustino Flores, informó ayer a La Razón que la propuesta de su sector habla de una consulta previa libre e informada para los indígenas que habitan en un territorio colectivo, y que la realización de esta tarea se efectúe respetando el orden jerárquico de las organizaciones. Asimismo, el dirigente indicó que la consulta debe hacerse para cada tipo de proyecto y no por una sola vez.

“Con nuestra propuesta estamos ayudando al Gobierno a que en el momento de aplicación de su proyecto no tenga más problemas, porque nosotros en muchos años de exploración, explotación que hemos visto en el Chaco, hemos vivido estos procesos”, aseguró la autoridad. La APG también plantea que la consulta de tipo pública sea para aquellos pueblos que no tienen territorio comunal, donde tienen tierra parcelada y no colectiva.

Flores indicó que si bien el anteproyecto de Ley Marco de Consulta fue consensuada en un principio con el Gobierno, en lo posterior presentaron algunas observaciones y modificaron su propuesta.

La APG observa el inciso c) del artículo 44 del referido anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, porque establece que “la consulta previa se realizará en un único momento de las actividades hidrocaburíferas de explotación, transporte e industrialización, así las mismas involucren más de una fase de ejecución”. Los indígenas dicen que debe haber varias consultas.