El Informe 2012 de la organización internacional revela que América Latina todavía tiene mucho qué hacer para garantizar la protección de los derechos humanos. Piden más acción del Estado.
Los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los periodistas siguen en riesgo en América Latina pese a los avances registrados en las últimas décadas.
La situación se agrava por la acción de organizaciones criminales y de Estados que siguen reprimiendo las diversas libertades y demandas sociales en la región. Así concluye el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
En su documento titulado El estado de los derechos humanos en el mundo, AI afirma que los procesos judiciales en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay por violaciones cometidas durante los pasados regímenes militares han supuesto un importante avance. No obstante, la organización pro derechos humanos, con sede en Londres, afirma que en algunos países la situación es difícil y pone el ejemplo de Haití, donde aún está estancado el proceso judicial contra el expresidente Jean-Claude Duvalier.
La directora del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, explicó a EFE que en la región persisten "problemas crónicos", pues siguen los ataques a "periodistas, hay violencia contra mujeres y niñas, además de la discriminación hacia los más vulnerables, sobre todo a personas con pocos recursos o los indígenas". "La tortura y el maltrato siguen siendo una problemática y no hay una voluntad política de atacar esa problemática", añadió.
Caso por caso
Entre otras cosas, AI afirma que hay poblaciones indígenas que aún siguen luchando por sus derechos sobre la tierra, aunque recuerda que en junio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictámen a favor de los indígenas Sarayaku en Ecuador.
Para AI, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un problema y en muchas naciones se les niega el aborto.
En países como Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, mujeres y niñas que quedaron embarazadas tras ser violadas no tuvieron acceso al aborto, aun en casos en los que sus vidas corrían peligro si continuaban con la gestación.
El impacto por denegarles el aborto ha sido particularmente grave entre niñas y mujeres de grupos desfavorecidos, señala Amnistía.
Por otro lado, la organización denuncia que los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos continúan en algunos países de la región, y recuerda que muchos periodistas sufren un coste personal muy alto por denunciar abusos. Las situaciones más críticas están en México, Colombia, Venezuela y Ecuador
EL CASO MÁS GRAVE EN EL MUNDO ESTÁ EN SIRIA
El conflicto civil que vive Siria se cobró miles de víctimas civiles en 2012, cuando se intensificaron los abusos y los crímenes de guerra por parte de las fuerzas del Gobierno, pero también de la oposición, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
Los ataques aéreos y de artillería, los atentados con explosivos, las ejecuciones sumarias, las amenazas y los secuestros se generalizaron, mientras fracasaban los esfuerzos internacionales por lograr una solución política a una guerra que ha causado hasta la fecha más de 70.000 muertos, según la ONU.
Las fuerzas del régimen de Bachar al Asad, responsable de la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos, lanzaron ataques indiscriminados contra zonas residenciales con aviones, proyectiles de artillería, morteros, armas incendiarias y bombas de racimo.
Represión en el tipnis, lo peor en Bolivia
Amnistía Internacional (AI) denunció el uso excesivo de la fuerza de la Policía boliviana para reprimir algunas de las protestas en apoyo de reivindicaciones económicas y sociales de los pueblos indígenas y sus derechos.
El informe de AI, referente a 2012 y publicado en Londres, indica que el relator especial de la ONU sobre racismo visitó en septiembre Bolivia y expresó su preocupación por la persistente discriminación contra los indígenas y otras comunidades, aunque reconoció ciertos avances.
El documento señala que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectan siguió sin respetarse.
Explica que en febrero se aprobó una ley para celebrar una consulta con los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) sobre los planes del Gobierno para construir una carretera a través de esa zona.
En abril, las comunidades contrarias a la carretera iniciaron una marcha hacia La Paz, ya que para ellas la consulta era contraria a la legislación que protege el Tipnis, a las normas internacionales y a la Constitución.
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