Indígenas de la etnia mayangna libran una batalla en defensa de su ancestral asentamiento en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, en el norte de Nicaragua, amenazada por la depredación de colonos invasores. El presidente de la nación indígena mayangna, Aricio Genaro, narró a Tierramérica que la lucha de los autóctonos por la selva más grande de América Central se intensificó a desde 2010 ante el incremento de la presencia de campesinos del este y centro del país.
Los mayangnas viven de la caza y de la pesca, la crianza de animales para consumo doméstico, la recolección de frutas y de granos y tubérculos. Esta forma de vida ha sido trastocada por los campesinos invasores.
“El danto (tapir) ya no se mira, los pumas y los tigrillos han huido de la zona y ya no se oye cantar a los miles de pájaros que nos daban señales de lluvia. Ni los peces grandes se ven en los ríos; todo está desapareciendo”, detalló Genaro.
Según el ecólogo Kamilo Lara, de la red de organizaciones ambientalistas del Foro Nacional de Reciclaje, ya se destruyeron más de 96.500 hectáreas dentro del núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas.
El asesor presidencial para temas ambientales, Jaime Incer Barquero, dijo a Tierramérica que las autoridades nacionales deberían acelerar las medidas de protección “antes que la reserva pierda el estatus (de patrimonio de la humanidad) y el mundo, la reserva”.
Ante la denuncia de los indígenas y las observaciones de los ambientalistas, el Gobierno de Ortega comenzó a implementar medidas contra la depredación.
Autorizó el uso de la fuerza mediante el envío de 700 militares del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y otro tanto de policías, para controlar la violencia entre colonos e indígenas. También creó una comisión para coordinar acciones y aplicar una política de “mano dura” contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.
Tras visitar la zona a comienzos de este mes y constatar in situ el daño, las autoridades emitieron un decreto que creó la Comisión Interinstitucional como un órgano de carácter permanente para la “Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe”.
También se anunció el inicio de una serie de juicios penales, administrativos y acciones civiles contra todas aquellas personas acusadas de destruir y atentar contra el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.
El Gobierno expuso el problema y solicitó ayuda a la directora general de la Unesco, Irina Bokova, mientras el país trata de detener la destrucción del último gran pulmón de América Central.
No hay comentarios:
Publicar un comentario