Con el fin de mejorar las condiciones de vida y aumentar las oportunidades de trabajo del pueblo Ayoreo, se inició el ciclo de crianzas de abejas nativas para la producción de miel, informó el responsable de proyectos de Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Gonzalo Rocha.
Indicó que los indígenas de la comunidad ayorea Suegay, ubicada en el municipio de Cuatro Cañadas, recibieron un lote de 20 cajas de producción de abejas con sus respectivos nidos.
"Desde el año pasado estamos trabajando con el proyecto de crianzas de abejas nativas para la producción de miel, queremos que los ayoreos mejoren sus condiciones de vida", señaló.
viernes, 31 de mayo de 2013
Muere un indígena en desalojo de hacienda en Brasil
Un muerto y cuatro heridos fue el saldo de un enfrentamiento de indígenas con la policía cuando eran desalojados de una hacienda invadida en el sur de Brasil, generando pánico entre los ocupantes de las obras de la represa Belo Monte, en la Amazonía (norte).
Centenas de indígenas de la tribu Terena ocupaban desde el 15 de mayo una hacienda ubicada en la población de Sidrolandia, a 72 km de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul (sur).
La justicia ordenó la desocupación y el jueves efectivos de la Policía Federal y del estado entraron para sacar a la fuerza a los ocupantes.
La única víctima, un indígena de 36 años, murió en el hospital producto de una herida de bala en el abdomen. De los cuatro heridos tres eran policías.
La Policía Federal abrió una investigación para determinar de dónde vino el disparo.
Los indios "estarían armados, dispararon contra los policías", dijo el superintendente de la PF en Mato Grosso do Sul, Edgar Paulo Marcon.
"No hay cómo saber de dónde vino el disparo, por eso estamos investigando", añadió.
Los indios, que reivindicaban esas tierras como parte de su reserva, también se defendieron con arcos, flechas y varas de madera, según el diario O Globo.
Al final de la tarde, los invasores abandonaron la propiedad. Diecisiete indios fueron detenidos.
Al otro extremo del país, en el corazón de la Amazonía brasileña (norte), los 170 indios que ocupan desde el lunes y por octava vez en el año las obras de la usina de Belo Monte, exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona para evitar un desenlace similar.
"Mientras haya policías de la Fuerza Nacional no podemos dialogar", afirmaron en un comunicado divulgado por la ONG Xingú Vivo.
Belo Monte, la mayor represa en construcción en Brasil y la tercera del mundo, no se encuentra directamente en tierras indígenas, pero las comunidades aborígenes aseguran que sufrirán con el impacto que tendrá en la selva y el rio.
Los invasores exigen a las autoridades ser consultados para decisiones concernientes a los trabajos de la represa.
"Estamos esperando la llegada de representantes del gobierno para que ellos nos oigan, pero después recibimos estas noticias. ¿Será que después que un juez derramó sangre en Mato Grosso do Sul, el juez de aquí va a decidir hacer lo mismo?", cuestionó el líder indígena, Valdenir Munduruku.
Fuente: AFP
Centenas de indígenas de la tribu Terena ocupaban desde el 15 de mayo una hacienda ubicada en la población de Sidrolandia, a 72 km de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul (sur).
La justicia ordenó la desocupación y el jueves efectivos de la Policía Federal y del estado entraron para sacar a la fuerza a los ocupantes.
La única víctima, un indígena de 36 años, murió en el hospital producto de una herida de bala en el abdomen. De los cuatro heridos tres eran policías.
La Policía Federal abrió una investigación para determinar de dónde vino el disparo.
Los indios "estarían armados, dispararon contra los policías", dijo el superintendente de la PF en Mato Grosso do Sul, Edgar Paulo Marcon.
"No hay cómo saber de dónde vino el disparo, por eso estamos investigando", añadió.
Los indios, que reivindicaban esas tierras como parte de su reserva, también se defendieron con arcos, flechas y varas de madera, según el diario O Globo.
Al final de la tarde, los invasores abandonaron la propiedad. Diecisiete indios fueron detenidos.
Al otro extremo del país, en el corazón de la Amazonía brasileña (norte), los 170 indios que ocupan desde el lunes y por octava vez en el año las obras de la usina de Belo Monte, exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona para evitar un desenlace similar.
"Mientras haya policías de la Fuerza Nacional no podemos dialogar", afirmaron en un comunicado divulgado por la ONG Xingú Vivo.
Belo Monte, la mayor represa en construcción en Brasil y la tercera del mundo, no se encuentra directamente en tierras indígenas, pero las comunidades aborígenes aseguran que sufrirán con el impacto que tendrá en la selva y el rio.
Los invasores exigen a las autoridades ser consultados para decisiones concernientes a los trabajos de la represa.
"Estamos esperando la llegada de representantes del gobierno para que ellos nos oigan, pero después recibimos estas noticias. ¿Será que después que un juez derramó sangre en Mato Grosso do Sul, el juez de aquí va a decidir hacer lo mismo?", cuestionó el líder indígena, Valdenir Munduruku.
Fuente: AFP
Nación Quechua se reúne para modificar Estatuto
Con el propósito de adecuar y modificar el Estatuto Orgánico de la Nación Quechua se desarrolla en Sucre el Congreso nacional con la presencia de más de 300 representantes del país.
Uno de los dirigentes, Ángel Vallejos, informó que llegaron delegaciones de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Norte de La Paz, algunos de Oruro y hoy se incorporan quechuas de Santa Cruz.
Vallejos explicó que la modificación del Estatuto se centra en el aspecto educativo en cómo van a implementar sus saberes y conocimientos en los currículos nacional y regionalizado.
El encuentro inició ayer, en el coliseo de la Tercera fase del Estadio Patria y luego se trasladó a la Gobernación de Chuquisaca, donde las comisiones trabajaron en diferentes ambientes. La plenaria comenzará a las 8:00 de hoy, en el Salón de Convenciones.
Uno de los dirigentes, Ángel Vallejos, informó que llegaron delegaciones de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Norte de La Paz, algunos de Oruro y hoy se incorporan quechuas de Santa Cruz.
Vallejos explicó que la modificación del Estatuto se centra en el aspecto educativo en cómo van a implementar sus saberes y conocimientos en los currículos nacional y regionalizado.
El encuentro inició ayer, en el coliseo de la Tercera fase del Estadio Patria y luego se trasladó a la Gobernación de Chuquisaca, donde las comisiones trabajaron en diferentes ambientes. La plenaria comenzará a las 8:00 de hoy, en el Salón de Convenciones.
Weenhayek sufren por falta de agua apta para consumo
El pueblo Weenhayek, que constituye una de las 36 naciones indígenas reconocidas por la Constitución Política del Estado, pide agua para el consumo humano porque al momento no tiene otra alternativa que compartir el líquido elemento que beben sus animales de algunos pozos y otros lugares debido a la sequía que existe en la región del Chaco.
Beben la misma agua que los animales. "Sufrimos de la sequía que nos ha atacado bastante fuerte. Yo hablo como weenhayek, todo este año ha sido una lucha por el agua en nuestras comunidades. Hay cisternas que reparten agua, pero hay días que fallan, entonces tenemos que utilizar el agua que beben nuestros animales”, señaló José López, miembro del pueblo Weenhayek.
El comunario dijo que pese a los pedidos que les han hecho a las autoridades locales y nacionales, nadie hasta el momento ha solucionado el problema que tienen por la falta de agua.
En su momento, el capitán grande del pueblo Weenhayek, Lucas Cortez, le envió una carta al presidente Evo Morales, parte de esta misiva decía: “...No conocemos cómo es el agua potable, tomamos agua salada de pozos que compartimos con nuestras cabras y chanchos, por eso las enfermedades del estómago nos atacan a niños y viejos…”.
La sequía afecta a gran parte de la producción agrícola. Rubén Castro, representante de la Gobernación cruceña en la provincia Cordillera, informó que el 60 por ciento de la producción agrícola de esta región del país fue destruida por la sequía.
Según el reporte de la radio Parapetí, Castro afirmó que en un recorrido realizado por los siete municipios de la provincia Cordillera se observó que la producción agrícola, principalmente la de maíz, fue destruida por los largos períodos de sequía.
Apuntó que por esta razón la provincia se encuentra en emergencia y se buscan acciones para mitigar los impactos negativos por la pérdida de cultivos agrícolas.
Yacimientos
Adelantan que no van a permitir explorar en zonas protegidas
El asambleísta por la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, Bernardo Suárez Andrade, señaló ayer que no permitirá que en ninguna reserva -menos aún en un parque nacional- se proceda a la exploración hidrocarburífera porque ello significaría “eliminar a la Madre Tierra, contaminarla y no respetar la biodiversidad existente”.
“Yo creo que lastimosamente esa es una mala política y decisión del Gobierno porque va a perjudicar a las áreas protegidas que hacen mucha falta para la oxigenación de los habitantes que viven en esos medios, aquí lo importante es proteger el medio ambiente", sostuvo./ABI
Beben la misma agua que los animales. "Sufrimos de la sequía que nos ha atacado bastante fuerte. Yo hablo como weenhayek, todo este año ha sido una lucha por el agua en nuestras comunidades. Hay cisternas que reparten agua, pero hay días que fallan, entonces tenemos que utilizar el agua que beben nuestros animales”, señaló José López, miembro del pueblo Weenhayek.
El comunario dijo que pese a los pedidos que les han hecho a las autoridades locales y nacionales, nadie hasta el momento ha solucionado el problema que tienen por la falta de agua.
En su momento, el capitán grande del pueblo Weenhayek, Lucas Cortez, le envió una carta al presidente Evo Morales, parte de esta misiva decía: “...No conocemos cómo es el agua potable, tomamos agua salada de pozos que compartimos con nuestras cabras y chanchos, por eso las enfermedades del estómago nos atacan a niños y viejos…”.
La sequía afecta a gran parte de la producción agrícola. Rubén Castro, representante de la Gobernación cruceña en la provincia Cordillera, informó que el 60 por ciento de la producción agrícola de esta región del país fue destruida por la sequía.
Según el reporte de la radio Parapetí, Castro afirmó que en un recorrido realizado por los siete municipios de la provincia Cordillera se observó que la producción agrícola, principalmente la de maíz, fue destruida por los largos períodos de sequía.
Apuntó que por esta razón la provincia se encuentra en emergencia y se buscan acciones para mitigar los impactos negativos por la pérdida de cultivos agrícolas.
Yacimientos
Adelantan que no van a permitir explorar en zonas protegidas
El asambleísta por la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, Bernardo Suárez Andrade, señaló ayer que no permitirá que en ninguna reserva -menos aún en un parque nacional- se proceda a la exploración hidrocarburífera porque ello significaría “eliminar a la Madre Tierra, contaminarla y no respetar la biodiversidad existente”.
“Yo creo que lastimosamente esa es una mala política y decisión del Gobierno porque va a perjudicar a las áreas protegidas que hacen mucha falta para la oxigenación de los habitantes que viven en esos medios, aquí lo importante es proteger el medio ambiente", sostuvo./ABI
jueves, 30 de mayo de 2013
Mapuches acusan a Chile de violentar sus derechos
Dos indígenas mapuches acusaron ayer a Chile, en una audiencia ante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de violar sus derechos humanos al haberlos procesado por terrorismo.
Los jueces de la CorteIDH escucharon ayer el testimonio de los mapuches Víctor Ancalaf y Florencio Jaime Marileo, quienes fueron condenados a diez años de cárcel por terrorismo en 2002 y 2004, respectivamente, bajo una ley antiterrorista que, según la demanda contra Chile, criminalizó la protesta social y discrimina al pueblo indígena.
"La lucha social de nuestro pueblo es histórica en la cual se enmarcan los derechos del pueblo Mapuche, que es un pueblo respetuoso. El pueblo Mapuche no es un pueblo terrorista, no tiene nada que ver con eso", expresó Ancalaf ante los jueces.
Ancalaf relató que fue detenido en 2002 cuando se desempeñaba como huequén (portavoz o mensajero) de 32 comunidades mapuches, cargo en el que afirma se logró un acuerdo con entidades gubernamentales para la compra y devolución de tierras. EFE
Los jueces de la CorteIDH escucharon ayer el testimonio de los mapuches Víctor Ancalaf y Florencio Jaime Marileo, quienes fueron condenados a diez años de cárcel por terrorismo en 2002 y 2004, respectivamente, bajo una ley antiterrorista que, según la demanda contra Chile, criminalizó la protesta social y discrimina al pueblo indígena.
"La lucha social de nuestro pueblo es histórica en la cual se enmarcan los derechos del pueblo Mapuche, que es un pueblo respetuoso. El pueblo Mapuche no es un pueblo terrorista, no tiene nada que ver con eso", expresó Ancalaf ante los jueces.
Ancalaf relató que fue detenido en 2002 cuando se desempeñaba como huequén (portavoz o mensajero) de 32 comunidades mapuches, cargo en el que afirma se logró un acuerdo con entidades gubernamentales para la compra y devolución de tierras. EFE
El Gobierno plantea que consulta a indígenas dure hasta 120 días
El anteproyecto de Ley Marco de Consulta establece que la consulta previa a los pueblos indígenas para actividades hidrocarburíferas se realice en un plazo de hasta 120 días: 90 días para firmar un acuerdo y un adicional de hasta 30 días cuando no se alcance un acuerdo final.
El actual Reglamento de Consulta y Participación del 16 de febrero de 2007 para actividades hidrocarburíferas no establece tiempos determinados o topes para realizar consultas.
La nueva propuesta, a la que tuvo acceso La Razón, fue elaborada por el Ministerio de Gobierno y coordinada en principio con organizaciones indígenas, originarias y campesinas para elaborar esquemas básicos y contenidos del anteproyecto que ahora están en fase de socialización. El trabajo se inició el 9 de febrero de 2012 y terminó en abril de 2013.
La propuesta actual del Órgano Ejecutivo, en su artículo 47, indica que “la consulta previa se realizará en el plazo de 90 días calendario, a partir de la notificación o convocatoria efectuada por la Autoridad Sectorial Competente (ASC) y recibida por las comunidades y sus representantes”. El proceso finalizará con la firma del acuerdo común entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y los sujetos consultados.
Si cumplidos los 90 días no se llega a acuerdos, se amplía el plazo en 30 días más, en cuyo tiempo se buscará la mediación de la Dirección General de Consulta (DGC) y las organizaciones matrices nacionales o regionales de las naciones y pueblos indígenas, las que garantizarán la firma del convenio respecto a la consulta. Cuando los sujetos de consulta y la ASC lleguen a un acuerdo común antes del plazo establecido a los 90 días, tendrán el reconocimiento y la validez correspondientes.
La competencia para estas consultas es del Ministerio de Hidrocarburos y Energía con la DGC. En la consulta de tipo pública el responsable de esta tarea será el representante legal de la obra o proyecto y se efectuará también en el plazo que establece el artículo 47.
A diferencia de esta propuesta, el actual Reglamento de Consulta y participación establece en su artículo 12 que la ejecución de esta tarea deberá cumplirse en los plazos establecidos en el acta de entendimiento, respondiendo a la naturaleza de la actividad hidrocarburífera.
Este artículo añade que una vez cumplidos los plazos, en el acta de entendimiento se establece un plazo perentorio adicional de hasta tres meses para cumplir con el procedimiento de consulta, llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de validación correspondiente.
El 24 de mayo, en la clausura del III Congreso de Gas & Petróleo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció que una de las tres medidas para incrementar las reservas hidrocarburíferas en el corto y mediano plazo será “reducir los tiempos en la obtención de licencias ambientales” para agilizar los proyectos exploratorios en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y territorios indígenas donde se tienen que realizar las consultas previas y públicas.
El 15 de diciembre de 2012, en el inicio de la perforación del pozo Ingre X-2, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó que los procesos de consulta tienen retraso y dificultan los proyectos hidrocarburíferos.
Demoras en la entrega de licencias
Proceso
En el sector petrolero, la licencia ambiental requiere el acuerdo de las compañías con las comunidades. El proceso de consulta es responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Una vez completado este proceso con resultados positivos, el trámite “va al Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba la licencia”.
Retraso
El 15 de diciembre de 2012 se informó que en el campo Sábalo hace tres años que no pueden lograr acuerdos con los indígenas por excesivas demandas.
Guaraníes proponen dos tipos de proceso
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) propone dos tipos de consulta para facilitar y agilizar los proyectos de exploración y de explotación en el rubro de hidrocarburos. Advierte de que si no se toma en cuenta su planteamiento, el Gobierno tendrá dificultades en estas tareas.
El presidente de la APG, Faustino Flores, informó ayer a La Razón que la propuesta de su sector habla de una consulta previa libre e informada para los indígenas que habitan en un territorio colectivo, y que la realización de esta tarea se efectúe respetando el orden jerárquico de las organizaciones. Asimismo, el dirigente indicó que la consulta debe hacerse para cada tipo de proyecto y no por una sola vez.
“Con nuestra propuesta estamos ayudando al Gobierno a que en el momento de aplicación de su proyecto no tenga más problemas, porque nosotros en muchos años de exploración, explotación que hemos visto en el Chaco, hemos vivido estos procesos”, aseguró la autoridad. La APG también plantea que la consulta de tipo pública sea para aquellos pueblos que no tienen territorio comunal, donde tienen tierra parcelada y no colectiva.
Flores indicó que si bien el anteproyecto de Ley Marco de Consulta fue consensuada en un principio con el Gobierno, en lo posterior presentaron algunas observaciones y modificaron su propuesta.
La APG observa el inciso c) del artículo 44 del referido anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, porque establece que “la consulta previa se realizará en un único momento de las actividades hidrocaburíferas de explotación, transporte e industrialización, así las mismas involucren más de una fase de ejecución”. Los indígenas dicen que debe haber varias consultas.
miércoles, 29 de mayo de 2013
La sísmica 3D de Huacaya aprobada por pueblos originarios
La sísmica 3D de Huacaya ya está aprobada por los pueblos originarios, pues, el Gobierno firmó el "convenio de validación de acuerdos", informó el director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Xavier Barriga.
El levantamiento de los datos permitirá "definir el reservorio" con el "fin de localizar pozos de desarrollo". ANF
El levantamiento de los datos permitirá "definir el reservorio" con el "fin de localizar pozos de desarrollo". ANF
Un yuracaré mandará en la Asamblea Legislativa por un año
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Torrez, informó ayer que decidieron que el asambleísta indígena yuracaré Juan Carlos Noe sea el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental durante la gestión 2013-2014.
La gestión 2012-2013 concluye este mes de mayo y la elección oficial de la nueva directiva se realizará el próximo viernes.
El MAS tiene 29 de los 34 asambleístas. Como bancada mayoritaria tienen la potestad de definir los cargos de la presidencia, primera vicepresidencia y la primera secretaría. Ayer 24 de los 29 oficialistas sostuvieron una reunión con el gobernador Edmundo Novillo para tomar las decisiones.
Noe es abogado de profesión y representa a unos siete mil indígenas, tres mil de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracaré, 2.500 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y 1.500 de la TCO Yuquisiri.
El futuro presidente dijo que su principal desafío esconcluir Estatuto Autonómico Departamental, hasta septiembre.
Torrez informó que en una primera ronda de votación se dio un empate, 12 a 12, entre Noe y el asambleísta del Valle Alto, Milton Zerna. En una segunda vuelta un voto permitió la elección de Noe, quedando 13 a 11.
Durante las dos anteriores gestiones, el presidente Evo Morales intervino en las reuniones. Para Torrez fue una especie de orientación y dijo que ahora “ya maduraron” por lo que ellos tomaron las decisiones. Se conoció que en los años pasados, el Jefe de Estado intervenía porque los asambleístas no se ponían de acuerdo y el Primer Mandatario daba la última palabra.
Torrez anunció que la primera vicepresidencia, “por equidad de género”, estará en manos de Soledad Delgadillo. Ella postuló en una terna junto a Pascualina Vinchaca y Karla Villarroel. Y para la primera secretaría ganó en la elección interna el asambleísta del Valle Bajo, Adolfo Arispe, que disputó en votación con Leucadio Mamani y Marco Carrillo.
Zerna manifestó que se trató de un acto democrático y garantizó su voto para el representante yuracaré. El tradicional voto orgánico del MAS garantizó siempre la presidencia y demás cargos que le corresponden a la mayoría.
OPOSICIÓN Según el Reglamento, por correlación de fuerzas los cargos de la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría son para la bancada minoritaria.
Para la gestión que concluye, los cuatro asambleístas de Todos Por Cochabamba (TPC) y el del Movimiento Sin Miedo, Mario Orellana, no pudieron ponerse de acuerdo y no ocuparon los cargos.
Para esta nueva gestión expresaron que sostendrán reuniones. Roxana Neri de TPC dijo que el tema está pendiente.
La gestión 2012-2013 concluye este mes de mayo y la elección oficial de la nueva directiva se realizará el próximo viernes.
El MAS tiene 29 de los 34 asambleístas. Como bancada mayoritaria tienen la potestad de definir los cargos de la presidencia, primera vicepresidencia y la primera secretaría. Ayer 24 de los 29 oficialistas sostuvieron una reunión con el gobernador Edmundo Novillo para tomar las decisiones.
Noe es abogado de profesión y representa a unos siete mil indígenas, tres mil de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracaré, 2.500 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y 1.500 de la TCO Yuquisiri.
El futuro presidente dijo que su principal desafío esconcluir Estatuto Autonómico Departamental, hasta septiembre.
Torrez informó que en una primera ronda de votación se dio un empate, 12 a 12, entre Noe y el asambleísta del Valle Alto, Milton Zerna. En una segunda vuelta un voto permitió la elección de Noe, quedando 13 a 11.
Durante las dos anteriores gestiones, el presidente Evo Morales intervino en las reuniones. Para Torrez fue una especie de orientación y dijo que ahora “ya maduraron” por lo que ellos tomaron las decisiones. Se conoció que en los años pasados, el Jefe de Estado intervenía porque los asambleístas no se ponían de acuerdo y el Primer Mandatario daba la última palabra.
Torrez anunció que la primera vicepresidencia, “por equidad de género”, estará en manos de Soledad Delgadillo. Ella postuló en una terna junto a Pascualina Vinchaca y Karla Villarroel. Y para la primera secretaría ganó en la elección interna el asambleísta del Valle Bajo, Adolfo Arispe, que disputó en votación con Leucadio Mamani y Marco Carrillo.
Zerna manifestó que se trató de un acto democrático y garantizó su voto para el representante yuracaré. El tradicional voto orgánico del MAS garantizó siempre la presidencia y demás cargos que le corresponden a la mayoría.
OPOSICIÓN Según el Reglamento, por correlación de fuerzas los cargos de la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría son para la bancada minoritaria.
Para la gestión que concluye, los cuatro asambleístas de Todos Por Cochabamba (TPC) y el del Movimiento Sin Miedo, Mario Orellana, no pudieron ponerse de acuerdo y no ocuparon los cargos.
Para esta nueva gestión expresaron que sostendrán reuniones. Roxana Neri de TPC dijo que el tema está pendiente.
martes, 28 de mayo de 2013
Luna expone investigación sobre autoridades aymaras
Ayer, en la Biblioteca Pública Gunnar Mendoza, como parte de los “Lunes Antropológicos” de ASUR, el sociólogo Héctor Luna expuso el tema “Transformación de la legitimidad política de autoridades aymaras en el municipio de Turco (Oruro)”
Tomando como estudio de caso el mencionado municipio, el académico explicó que pudo corroborar los cambios que sufren las autoridades aymaras respecto a su organización tradicional, debido a las reformas primero del Estado neoliberal y el actual Plurinacional. "Estos cambios influyen en la percepción que tiene la comunidad de sus autoridades que se vuelven en una especie de interloculocutores entre la sociedad rural y el Estado"
Así estas autoridades se convirtieron en canalizadores de proyectos en sus respectivas comunidades, por lo que su legitimidad ahora se mediría en su función de su capacidad de gestión.
Tomando como estudio de caso el mencionado municipio, el académico explicó que pudo corroborar los cambios que sufren las autoridades aymaras respecto a su organización tradicional, debido a las reformas primero del Estado neoliberal y el actual Plurinacional. "Estos cambios influyen en la percepción que tiene la comunidad de sus autoridades que se vuelven en una especie de interloculocutores entre la sociedad rural y el Estado"
Así estas autoridades se convirtieron en canalizadores de proyectos en sus respectivas comunidades, por lo que su legitimidad ahora se mediría en su función de su capacidad de gestión.
Los guaraníes se articulan para frenar exploración en reservas
La denominada Nación Guaraní de Bolivia resolvió declararse en estado de emergencia y vigilia permanente tras el anuncio del Gobierno de ingresar a las áreas protegidas para efectuar trabajos de exploración de petróleo y gas.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) exigió ayer validar y aprobar la propuesta de Ley Marco de Consulta antes de cualquier actividad petrolera en las reservas naturales.
El presidente de la paralela Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, advirtió que la estructura orgánica nacional, los consejos departamentales y las capitanías zonales iniciarán un proceso de alianzas e incidencia política con las naciones indígenas originarias para garantizar la aprobación de su propuesta.
Según el dirigente, el parque Aguaragüe va a ser la punta de lanza de la exploración porque es el mayor reservorio de gas y petróleo que hay en el país.
“Aquí se va a dar la primera explosión de conflicto; en Madidi y Pilón Lajas, las comunidades de Reyes, parte de San Borja, Santa Rosa de Yacuma, San Buenaventura e Ixiamas, más de 80.000 personas viven del turismo. ¿Estará dispuesto el Gobierno a pagar mensualmente a todos los hermanos que viven de esta actividad?, cuestionó.
Chávez sugirió al Gobierno ni mencionar al parque Isiboro Sécure (Tipnis) para evitar más conflictos. Denunció que YPFB ya tiene contrato con Petroandina para explotar el área.
Cabe recordar que a fines del 2012 Bolivia cuantificó sus reservas de gas en 11,2 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), que suponen un incremento de 1,3 millones respecto a las cuantificadas en diciembre de 2009. El Gobierno autorizó a YPFB trabajar en 21 áreas que se sobreponen a las áreas protegidas.
Cambio de estatus
El exdirector nacional de Tierras Alejandro Almaraz aclaró que el Gobierno puede cambiar vía decreto supremo el estatus del área y levantar el régimen de protección que la convierte en parque nacional.
Trabajan en incentivos
Fuentes gubernamentales señalaron que los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de YPFB trabajan en los incentivos con el objeto de mejorar el retorno de las inversiones en exploración, pero sin afectar el sistema impositivo que determina el pago de 18% por regalías hidrocarburíferas y el 32% como Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Se pudo conocer que este miércoles el presidente Evo Morales invitó a trabajadores petroleros de Santa Cruz y a la COD para hablar del tema.
En la actualidad, Bolivia cuenta con 21 parques y áreas protegidas. Tiene 66 de los 112 ecosistemas existentes en el mundo y está entre los 8 países con mayor biodiversidad
Las normas
LEY DE MEDIOAMBIENTE
El art. 32 de la ley medioambiental establece que, de manera excepcional, se permitirá la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas, siempre que no se ponga en riesgo los objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos y respetando la categoría y zonificación del área protegida y siempre que el Estudio Ambiental Estratégico lo apruebe.
La constitución
La Constitución Política del Estado en su artículo 385 establece: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.
Otorgar más renta a los inversionistas
Álvaro Ríos / Analista Energético
La ecuación económica no cierra. Los que no conocen la industria no pensaron en todo el circuito de exploración y explotación y cambiaron las reglas de juego en un afán político y de conseguir votos.
Ahora se dan cuenta de que para generar nueva exploración y reponer moléculas hay que volver al pasado que tanto se criticó y generar un esquema de renta petrolera que permita remunerar no solo la explotación sino también la exploración. Este riesgo está en función del conocimiento geológico. Hace 15 años cuando se descubrieron los megacampos, los precios del petróleo estaban en $us 20 por barril y ahora están en 90; el gas estaba entre $us 1 y 2 el millón de BTU y ahora está entre 9 y 10. Aún con este nuevo escenario espectacular de precios es necesario otorgar incentivos y mayor renta a los que que apuestan capital. Los megacampos llegan a tributar más del 65% en el tiempo y los pequeños un 50%, esto funciona por la economía de escala
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) exigió ayer validar y aprobar la propuesta de Ley Marco de Consulta antes de cualquier actividad petrolera en las reservas naturales.
El presidente de la paralela Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, advirtió que la estructura orgánica nacional, los consejos departamentales y las capitanías zonales iniciarán un proceso de alianzas e incidencia política con las naciones indígenas originarias para garantizar la aprobación de su propuesta.
Según el dirigente, el parque Aguaragüe va a ser la punta de lanza de la exploración porque es el mayor reservorio de gas y petróleo que hay en el país.
“Aquí se va a dar la primera explosión de conflicto; en Madidi y Pilón Lajas, las comunidades de Reyes, parte de San Borja, Santa Rosa de Yacuma, San Buenaventura e Ixiamas, más de 80.000 personas viven del turismo. ¿Estará dispuesto el Gobierno a pagar mensualmente a todos los hermanos que viven de esta actividad?, cuestionó.
Chávez sugirió al Gobierno ni mencionar al parque Isiboro Sécure (Tipnis) para evitar más conflictos. Denunció que YPFB ya tiene contrato con Petroandina para explotar el área.
Cabe recordar que a fines del 2012 Bolivia cuantificó sus reservas de gas en 11,2 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), que suponen un incremento de 1,3 millones respecto a las cuantificadas en diciembre de 2009. El Gobierno autorizó a YPFB trabajar en 21 áreas que se sobreponen a las áreas protegidas.
Cambio de estatus
El exdirector nacional de Tierras Alejandro Almaraz aclaró que el Gobierno puede cambiar vía decreto supremo el estatus del área y levantar el régimen de protección que la convierte en parque nacional.
Trabajan en incentivos
Fuentes gubernamentales señalaron que los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de YPFB trabajan en los incentivos con el objeto de mejorar el retorno de las inversiones en exploración, pero sin afectar el sistema impositivo que determina el pago de 18% por regalías hidrocarburíferas y el 32% como Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Se pudo conocer que este miércoles el presidente Evo Morales invitó a trabajadores petroleros de Santa Cruz y a la COD para hablar del tema.
En la actualidad, Bolivia cuenta con 21 parques y áreas protegidas. Tiene 66 de los 112 ecosistemas existentes en el mundo y está entre los 8 países con mayor biodiversidad
Las normas
LEY DE MEDIOAMBIENTE
El art. 32 de la ley medioambiental establece que, de manera excepcional, se permitirá la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas, siempre que no se ponga en riesgo los objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos y respetando la categoría y zonificación del área protegida y siempre que el Estudio Ambiental Estratégico lo apruebe.
La constitución
La Constitución Política del Estado en su artículo 385 establece: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.
Otorgar más renta a los inversionistas
Álvaro Ríos / Analista Energético
La ecuación económica no cierra. Los que no conocen la industria no pensaron en todo el circuito de exploración y explotación y cambiaron las reglas de juego en un afán político y de conseguir votos.
Ahora se dan cuenta de que para generar nueva exploración y reponer moléculas hay que volver al pasado que tanto se criticó y generar un esquema de renta petrolera que permita remunerar no solo la explotación sino también la exploración. Este riesgo está en función del conocimiento geológico. Hace 15 años cuando se descubrieron los megacampos, los precios del petróleo estaban en $us 20 por barril y ahora están en 90; el gas estaba entre $us 1 y 2 el millón de BTU y ahora está entre 9 y 10. Aún con este nuevo escenario espectacular de precios es necesario otorgar incentivos y mayor renta a los que que apuestan capital. Los megacampos llegan a tributar más del 65% en el tiempo y los pequeños un 50%, esto funciona por la economía de escala
Fondo Indígena entrega alambre de púas y medicamentos para el ganado camélido
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas entregó a los productores de ganado camélido de Choquecota Marka alambre de púas para el cerco de sus terrenos y medicamentos para la sanidad animal del ganado camélido.
La entrega se realizó el domingo 26 de mayo a los beneficiarios de Choquecota por parte de representantes del Fondo de Desarrollo Indígena y del proyecto "Mejoramiento y Conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción de camélidos en los ayllus de Choquecota".
El representante legal del proyecto, Máximo Reynaga indicó que el proyecto al principio contemplaba a un número determinado de productores de camélidos, pero por un criterio de igualdad se amplió los beneficios para los 9 ayllus.
"Hermanos les pido que trabajemos en el cercado de nuestros terrenos, les estamos entregando los materiales para este propósito, estén seguros que vamos a seguir trabajando por los productores de camélidos", señaló.
Explicó que el proyecto contempla tres fases, en la primera se entrega alambre de púas para cercar los terrenos, medicamentos para la sanidad animal y el roturado de tierras para garantizar el cultivo de forraje.
Reynaga indicó que durante este tiempo se realizó el roturado de tierras en los ayllus de Choquecota Marka, como también la capacitación en sanidad animal a los ganaderos de camélidos.
De acuerdo al detalle proporcionado se entregó 1.248 rollos de alambre de púas (cada uno de 500 metros); 172 frascos de Paramec-20 L.A. que es para la desparasitación interna y externa de las llamas.
Se construyeron zanjas de infiltración para beneficiar a 105 familias, a cada familia en 2 hectáreas, todo este trabajo tiene un costo de 2.7 millones de bolivianos.
Máximo Reynaga indicó que la ejecución del proyecto tiene el acompañamiento de la comisión administrativa a cargo de Dolores Mamani, la comisión de ejecución a cargo de Ascencio Flores y la comisión de Control Social a cargo de Alejandro Chocata, además de 8 autoridades originarias de Urinsaya y Aransaya
Indicó que el equipo técnico del proyecto está integrado por los profesionales René Terán, Enrique Flores, Elvis Espejo y Jenny Magne, además del cooperante Celedonio Fernández.
Por su parte el director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, Daniel Zapata, manifestó: "Esta es la segunda vez que nos encontramos en Choquecota Marka, pero ahora estamos entregando material para los cercos, es importante que ustedes comiencen a trabajar y este proyecto sea verdaderamente productivo".
La entrega se realizó el domingo 26 de mayo a los beneficiarios de Choquecota por parte de representantes del Fondo de Desarrollo Indígena y del proyecto "Mejoramiento y Conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción de camélidos en los ayllus de Choquecota".
El representante legal del proyecto, Máximo Reynaga indicó que el proyecto al principio contemplaba a un número determinado de productores de camélidos, pero por un criterio de igualdad se amplió los beneficios para los 9 ayllus.
"Hermanos les pido que trabajemos en el cercado de nuestros terrenos, les estamos entregando los materiales para este propósito, estén seguros que vamos a seguir trabajando por los productores de camélidos", señaló.
Explicó que el proyecto contempla tres fases, en la primera se entrega alambre de púas para cercar los terrenos, medicamentos para la sanidad animal y el roturado de tierras para garantizar el cultivo de forraje.
Reynaga indicó que durante este tiempo se realizó el roturado de tierras en los ayllus de Choquecota Marka, como también la capacitación en sanidad animal a los ganaderos de camélidos.
De acuerdo al detalle proporcionado se entregó 1.248 rollos de alambre de púas (cada uno de 500 metros); 172 frascos de Paramec-20 L.A. que es para la desparasitación interna y externa de las llamas.
Se construyeron zanjas de infiltración para beneficiar a 105 familias, a cada familia en 2 hectáreas, todo este trabajo tiene un costo de 2.7 millones de bolivianos.
Máximo Reynaga indicó que la ejecución del proyecto tiene el acompañamiento de la comisión administrativa a cargo de Dolores Mamani, la comisión de ejecución a cargo de Ascencio Flores y la comisión de Control Social a cargo de Alejandro Chocata, además de 8 autoridades originarias de Urinsaya y Aransaya
Indicó que el equipo técnico del proyecto está integrado por los profesionales René Terán, Enrique Flores, Elvis Espejo y Jenny Magne, además del cooperante Celedonio Fernández.
Por su parte el director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, Daniel Zapata, manifestó: "Esta es la segunda vez que nos encontramos en Choquecota Marka, pero ahora estamos entregando material para los cercos, es importante que ustedes comiencen a trabajar y este proyecto sea verdaderamente productivo".
Indígenas prevén graves conflictos por anuncio de perforar reservas naturales
Indígenas cruzan en balsa el río Sécure.
Representantes indígenas han solicitado al Órgano Legislativo apresurar la aprobación de la Ley Marco de Consulta Previa para tener el panorama exacto antes de que las empresas petroleras de Bolivia, Venezuela y Brasil ingresen a hacer las tareas exploratorias en las reservas naturales del país. El Gobierno confirmó a través de foros y reuniones bilaterales que próximamente los parques ecológicos como el Isiboro Sécure o el Madidi serán perforados por su alto valor en hidrocarburos.
El presidente de una de las facciones de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, lamentó los anuncios de las autoridades del Ejecutivo sobre la premura asumida para la otorgación de licencias ambientales para garantizar a las estatales petroleras el paso a las reservas naturales del país, y exigió a la Cámara de Senadores avanzar en la Ley de Consulta para evitar que el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se repita en otras comunidades y naciones originarias.
Chávez dijo que en caso de volver a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, se confirmará el carácter confrontador y autoritario del Gobierno de Evo Morales, implicando ahora a las comunidades aledañas a la amazonía y el Norte de La Paz, cercanos al parque nacional Madidi.
La octava marcha en defensa del Tipnis, encabezada por Chávez y Fernando Vargas, precisamente abordó la temática y pidió parar las operaciones en el parque Aguarague donde habita gran parte del pueblo guaraní. El Gobierno, entonces, sostuvo que no daría vuelta atrás y calificó como inaceptable la petición de los indígenas, pues ese reservorio sería estratégico para los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN).
El acta de acuerdo tras la marcha, que incluyó la promulgación de la Ley 180 de intangibilidad del Tipnis, dejó el tema del Aguarague a beneficio del Estado, pero con la condición de asumir las medidas de mitigación del impacto ambiental y la compensación a los habitantes de ese territorio.
Sobre el tema, el analista progubernamental Hugo Moldis dijo que será ese mecanismo el que se utilizará para garantizar el cumplimiento constitucional del aprovechamiento de los recursos naturales en “armonía” con los pueblos originarios.
“El trabajo se coordina como el caso de los guaraníes de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Bolivia es el único signatario a través de la ratificación que hizo la Asamblea Legislativa y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y se aplica la compensación además de generar políticas que mitiguen el impacto”, dijo.
Asimismo, aseguró que actualmente no existe ningún tipo de trabajo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la región del Tipnis, por el carácter de zonas inexploradas y parques naturales protegidos.
La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas y se encuentra dentro de la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 30, punto 15, además de la Ley de Régimen Electoral en el marco interno y en los artículos 18 y 19 de la Declaración de NNUU: “Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Desde el mes de abril el Ejecutivo sociabiliza la Ley de Consulta Previa con los sectores sociales y dirigencias afines al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). Tanto la Cidob como el Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) aceptaron participar de esta norma, pero sin retornar al Pacto de Unidad, según confirmó el jilliri Apu Mallku, Félix Becerra.
LICENCIAS
AMBIENTALES
El sábado, tras la Segunda Reunión de la Comisión de Integración Conjunta Bolivia - Venezuela desarrollada en Tiquipaya, Cochabamba, entre los mandatarios Evo Morales y Nicolás Maduro, se dio lectura a las conclusiones sobre acuerdos energéticos.
Uno de los puntos, leído por el canciller David Choquehuanca cita: "Suspensión de actividades de exploración por falta de licencias ambientales e intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el bloque Sécure, Madidi y Chispani. Al ser un tema interno de Bolivia YPFB PetroAndina deberá continuar las gestiones ante las instituciones estatales para la solución del mismo para obtener las licencias ambientales".
Es decir, el Gobierno de Bolivia a petición de Venezuela exhorta a la empresa petrolera a hacer las diligencias ante el propio Estado boliviano, llámese Ministerio de Hidrocarburos y Asamblea Legislativa, para viabilizar las licencias de impacto ambiental y así poder comenzar o en su caso proseguir con los estudios de exploración, explotación y comercialización de los recursos naturales dentro del Tipnis y el Madidi.
El vicepresidente Álvaro García también se refirió al tema en la inauguración del tercer Congreso Internacional de Gas y Petróleo, donde aseguró que Bolivia se convertirá en el corto plazo en una potencia energética para la región gracias a esos reservorios altos en petróleo y gas.
Finalmente, la nueva Ley de Hidrocarburos establecerá acelerar los procesos administrativos para la obtención de las licencias ambientales, primer requisito para que las empresas petroleras puedan realizar operaciones dentro del territorio nacional, más aún cuando existen áreas naturales de por medio.
Indios vuelven a ocupar represa
Un numeroso grupo de indios ocupó ayer uno de los tres canteros de obra de la polémica represa de Belo Monte, que se construye en la Amazonía brasileña pese a protestas de ecologistas y campesinos de la zona, informaron fuentes oficiales.
El consorcio empresarial responsable de la construcción del proyecto informó a la Agencia Brasil (oficial) que los ocupantes son cerca de un centenar y que se han instalado en las oficinas de la empresa y en uno de los tres canteros de obra.
Según la misma fuente, la ocupación ha sido realizada en forma pacífica y obligado a detener la construcción en ese único cantero, pero no en los otros dos, en los cuales los trabajos continuaban sin contratiempos.
Paralización de construcción. Como en ocasiones anteriores en que han ocupado las obras, los indios exigen la paralización inmediata de la construcción y que se abra un diálogo con las autoridades del Gobierno para discutir la situación de los habitantes de la zona que serán desplazados por la represa.
La última manifestación similar a ésta se realizó a inicios de este mes, cuando también un grupo de indios ocupó y paralizó las obras durante una semana.
Sin embargo, se vieron obligados a poner fin a la protesta debido a una orden judicial que la consideró ilegal.
El proyecto supone la iniciativa energética de más envergadura del Gobierno de Dilma Rousseff, que lo considera clave para poder garantizar la demanda de electricidad del país en los próximos años. Según el Gobierno, la represa de Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, y la china de Tres Gargantas.
El consorcio empresarial responsable de la construcción del proyecto informó a la Agencia Brasil (oficial) que los ocupantes son cerca de un centenar y que se han instalado en las oficinas de la empresa y en uno de los tres canteros de obra.
Según la misma fuente, la ocupación ha sido realizada en forma pacífica y obligado a detener la construcción en ese único cantero, pero no en los otros dos, en los cuales los trabajos continuaban sin contratiempos.
Paralización de construcción. Como en ocasiones anteriores en que han ocupado las obras, los indios exigen la paralización inmediata de la construcción y que se abra un diálogo con las autoridades del Gobierno para discutir la situación de los habitantes de la zona que serán desplazados por la represa.
La última manifestación similar a ésta se realizó a inicios de este mes, cuando también un grupo de indios ocupó y paralizó las obras durante una semana.
Sin embargo, se vieron obligados a poner fin a la protesta debido a una orden judicial que la consideró ilegal.
El proyecto supone la iniciativa energética de más envergadura del Gobierno de Dilma Rousseff, que lo considera clave para poder garantizar la demanda de electricidad del país en los próximos años. Según el Gobierno, la represa de Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, y la china de Tres Gargantas.
sábado, 25 de mayo de 2013
Presencia parlamentaria de indígenas en el país es mayor
Los pueblos indígenas de América Latina han tenido una movilización política sin precedentes en las últimas dos décadas, pero su representación parlamentaria, en particular entre las mujeres, es aún baja, según un estudio difundido por la ONU.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abarca a “los seis países de la región que tienen mayor porcentaje de población de origen indígena y que presentaron mayores avances en su participación política: Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú”.
“América Latina ha pasado por una inédita movilización de los pueblos indígenas en los últimos 20 años, pero su participación política, especialmente de las mujeres indígenas, todavía es muy baja”, indicó el PNUD en un comunicado. Según la ONU, en América Latina y el Caribe los pueblos indígenas suman unos 50 millones de personas (cerca del 10% del total de la población).
Región. Mientras en Perú y Guatemala los indígenas son casi la mitad de la población y en Bolivia superan el 60%, es México el que tiene la mayor cantidad en la región, en términos absolutos, con 11 millones de personas (10% de su total).
Con estos números, el balance de su representación parlamentaria deja en claro siempre un saldo negativo para los pueblos originarios, especialmente de las mujeres.
Sólo Bolivia muestra cifras más acordes a la composición de su población, ya que tiene 41 indígenas (nueve mujeres) entre sus 130 diputados.
En México, de los 500 miembros de la Cámara de Diputados para el periodo 2012-2015, apenas 14 son indígenas, entre los cuales hay cuatro mujeres.Guatemala cuenta con 19 indígenas (tres mujeres) sobre un total de 158 bancas para 2012-2016. En Ecuador la representación es aún menor: siete indígenas, de los cuales dos son mujeres, sobre 124 asambleístas durante el periodo 2009-2013.
El estudio “Ciudadanía Intercultural-Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica” fue presentado durante el 12º Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se celebra actualmente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Parlatino venezolano impulsa Ley de Consulta Previa para indígenas
PACTO Promueve Bolivia firmó un acuerdo con dos centros de Canadá, que generará encuentros de negocios entre empresarios de ambos países.
Redacción central / Cambio
Empresarios destacan que la mejor quinua está en Bolivia.
El mercado demanda más del cereal andino.
El Director General de Promueve Bolivia, Iván Cahuaya, informó ayer que seis empresarios canadienses llegaron al país para conocer la oferta de productos de quinua desarrollados por emprendedores nacionales y visitaron varias fábricas paceñas.
El recorrido por los centros productivos se efectuó en el marco del acuerdo que esa oficina estatal suscribió con el Centro de Facilitación de Negocios de Canadá (Trade Facilitation Office, TFO Canada) y la Organización Canadiense de Servicios Ejecutivos (Canadian Executive Service Organization, CESO).
Luis Lopera, representante de la compañía Export Packers, manifestó que la tendencia es importar productos sanos y orgánicos con valor nutritivo para que brinden una opción saludable al consumidor.
Afirmó que “a nivel mundial se reconoce que la calidad del producto boliviano es la mejor”, y el cliente final sabe que la quinua real sólo se produce en la zona del intersalar.
A su vez, el empresario Said Chergui, representante de Zinda, refirió que la mejor quinua está en Bolivia debido a las propiedades que posee y al mayor tamaño del grano.
Destacó el desarrollo de artículos con valor agregado y manifestó su interés por adquirir productos mezclados con quinua, como los mueslis y otros de carácter instantáneo, que pueden ser introducidos en el mercado de Quebec.
Los empresarios canadienses están deseosos de conocer la oferta de productos derivados de la quinua que desarrollan los productores bolivianos, manifestó a su vez Adriana Michael, consultora del Centro de Facilitación de Negocios de Canadá (Trade Facilitation Office, TFO Canada).
“Hay mucha demanda y la oferta no alcanza”, añadió Michael, quien es a su vez directora del periódico Organic & Wellness News, que difunde noticias sobre productos con certificación orgánica y otros símbolos de desarrollo sustentable por medio de ferias internacionales.
Redacción central / Cambio
Empresarios destacan que la mejor quinua está en Bolivia.
El mercado demanda más del cereal andino.
El Director General de Promueve Bolivia, Iván Cahuaya, informó ayer que seis empresarios canadienses llegaron al país para conocer la oferta de productos de quinua desarrollados por emprendedores nacionales y visitaron varias fábricas paceñas.
El recorrido por los centros productivos se efectuó en el marco del acuerdo que esa oficina estatal suscribió con el Centro de Facilitación de Negocios de Canadá (Trade Facilitation Office, TFO Canada) y la Organización Canadiense de Servicios Ejecutivos (Canadian Executive Service Organization, CESO).
Luis Lopera, representante de la compañía Export Packers, manifestó que la tendencia es importar productos sanos y orgánicos con valor nutritivo para que brinden una opción saludable al consumidor.
Afirmó que “a nivel mundial se reconoce que la calidad del producto boliviano es la mejor”, y el cliente final sabe que la quinua real sólo se produce en la zona del intersalar.
A su vez, el empresario Said Chergui, representante de Zinda, refirió que la mejor quinua está en Bolivia debido a las propiedades que posee y al mayor tamaño del grano.
Destacó el desarrollo de artículos con valor agregado y manifestó su interés por adquirir productos mezclados con quinua, como los mueslis y otros de carácter instantáneo, que pueden ser introducidos en el mercado de Quebec.
Los empresarios canadienses están deseosos de conocer la oferta de productos derivados de la quinua que desarrollan los productores bolivianos, manifestó a su vez Adriana Michael, consultora del Centro de Facilitación de Negocios de Canadá (Trade Facilitation Office, TFO Canada).
“Hay mucha demanda y la oferta no alcanza”, añadió Michael, quien es a su vez directora del periódico Organic & Wellness News, que difunde noticias sobre productos con certificación orgánica y otros símbolos de desarrollo sustentable por medio de ferias internacionales.
jueves, 23 de mayo de 2013
Amnistía alerta por abusos contra mujeres e indígenas
El Informe 2012 de la organización internacional revela que América Latina todavía tiene mucho qué hacer para garantizar la protección de los derechos humanos. Piden más acción del Estado.
Los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los periodistas siguen en riesgo en América Latina pese a los avances registrados en las últimas décadas.
La situación se agrava por la acción de organizaciones criminales y de Estados que siguen reprimiendo las diversas libertades y demandas sociales en la región. Así concluye el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
En su documento titulado El estado de los derechos humanos en el mundo, AI afirma que los procesos judiciales en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay por violaciones cometidas durante los pasados regímenes militares han supuesto un importante avance. No obstante, la organización pro derechos humanos, con sede en Londres, afirma que en algunos países la situación es difícil y pone el ejemplo de Haití, donde aún está estancado el proceso judicial contra el expresidente Jean-Claude Duvalier.
La directora del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, explicó a EFE que en la región persisten "problemas crónicos", pues siguen los ataques a "periodistas, hay violencia contra mujeres y niñas, además de la discriminación hacia los más vulnerables, sobre todo a personas con pocos recursos o los indígenas". "La tortura y el maltrato siguen siendo una problemática y no hay una voluntad política de atacar esa problemática", añadió.
Caso por caso
Entre otras cosas, AI afirma que hay poblaciones indígenas que aún siguen luchando por sus derechos sobre la tierra, aunque recuerda que en junio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictámen a favor de los indígenas Sarayaku en Ecuador.
Para AI, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un problema y en muchas naciones se les niega el aborto.
En países como Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, mujeres y niñas que quedaron embarazadas tras ser violadas no tuvieron acceso al aborto, aun en casos en los que sus vidas corrían peligro si continuaban con la gestación.
El impacto por denegarles el aborto ha sido particularmente grave entre niñas y mujeres de grupos desfavorecidos, señala Amnistía.
Por otro lado, la organización denuncia que los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos continúan en algunos países de la región, y recuerda que muchos periodistas sufren un coste personal muy alto por denunciar abusos. Las situaciones más críticas están en México, Colombia, Venezuela y Ecuador
EL CASO MÁS GRAVE EN EL MUNDO ESTÁ EN SIRIA
El conflicto civil que vive Siria se cobró miles de víctimas civiles en 2012, cuando se intensificaron los abusos y los crímenes de guerra por parte de las fuerzas del Gobierno, pero también de la oposición, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
Los ataques aéreos y de artillería, los atentados con explosivos, las ejecuciones sumarias, las amenazas y los secuestros se generalizaron, mientras fracasaban los esfuerzos internacionales por lograr una solución política a una guerra que ha causado hasta la fecha más de 70.000 muertos, según la ONU.
Las fuerzas del régimen de Bachar al Asad, responsable de la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos, lanzaron ataques indiscriminados contra zonas residenciales con aviones, proyectiles de artillería, morteros, armas incendiarias y bombas de racimo.
Represión en el tipnis, lo peor en Bolivia
Amnistía Internacional (AI) denunció el uso excesivo de la fuerza de la Policía boliviana para reprimir algunas de las protestas en apoyo de reivindicaciones económicas y sociales de los pueblos indígenas y sus derechos.
El informe de AI, referente a 2012 y publicado en Londres, indica que el relator especial de la ONU sobre racismo visitó en septiembre Bolivia y expresó su preocupación por la persistente discriminación contra los indígenas y otras comunidades, aunque reconoció ciertos avances.
El documento señala que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectan siguió sin respetarse.
Explica que en febrero se aprobó una ley para celebrar una consulta con los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) sobre los planes del Gobierno para construir una carretera a través de esa zona.
En abril, las comunidades contrarias a la carretera iniciaron una marcha hacia La Paz, ya que para ellas la consulta era contraria a la legislación que protege el Tipnis, a las normas internacionales y a la Constitución.
Los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los periodistas siguen en riesgo en América Latina pese a los avances registrados en las últimas décadas.
La situación se agrava por la acción de organizaciones criminales y de Estados que siguen reprimiendo las diversas libertades y demandas sociales en la región. Así concluye el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
En su documento titulado El estado de los derechos humanos en el mundo, AI afirma que los procesos judiciales en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay por violaciones cometidas durante los pasados regímenes militares han supuesto un importante avance. No obstante, la organización pro derechos humanos, con sede en Londres, afirma que en algunos países la situación es difícil y pone el ejemplo de Haití, donde aún está estancado el proceso judicial contra el expresidente Jean-Claude Duvalier.
La directora del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, explicó a EFE que en la región persisten "problemas crónicos", pues siguen los ataques a "periodistas, hay violencia contra mujeres y niñas, además de la discriminación hacia los más vulnerables, sobre todo a personas con pocos recursos o los indígenas". "La tortura y el maltrato siguen siendo una problemática y no hay una voluntad política de atacar esa problemática", añadió.
Caso por caso
Entre otras cosas, AI afirma que hay poblaciones indígenas que aún siguen luchando por sus derechos sobre la tierra, aunque recuerda que en junio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictámen a favor de los indígenas Sarayaku en Ecuador.
Para AI, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un problema y en muchas naciones se les niega el aborto.
En países como Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, mujeres y niñas que quedaron embarazadas tras ser violadas no tuvieron acceso al aborto, aun en casos en los que sus vidas corrían peligro si continuaban con la gestación.
El impacto por denegarles el aborto ha sido particularmente grave entre niñas y mujeres de grupos desfavorecidos, señala Amnistía.
Por otro lado, la organización denuncia que los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos continúan en algunos países de la región, y recuerda que muchos periodistas sufren un coste personal muy alto por denunciar abusos. Las situaciones más críticas están en México, Colombia, Venezuela y Ecuador
EL CASO MÁS GRAVE EN EL MUNDO ESTÁ EN SIRIA
El conflicto civil que vive Siria se cobró miles de víctimas civiles en 2012, cuando se intensificaron los abusos y los crímenes de guerra por parte de las fuerzas del Gobierno, pero también de la oposición, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
Los ataques aéreos y de artillería, los atentados con explosivos, las ejecuciones sumarias, las amenazas y los secuestros se generalizaron, mientras fracasaban los esfuerzos internacionales por lograr una solución política a una guerra que ha causado hasta la fecha más de 70.000 muertos, según la ONU.
Las fuerzas del régimen de Bachar al Asad, responsable de la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos, lanzaron ataques indiscriminados contra zonas residenciales con aviones, proyectiles de artillería, morteros, armas incendiarias y bombas de racimo.
Represión en el tipnis, lo peor en Bolivia
Amnistía Internacional (AI) denunció el uso excesivo de la fuerza de la Policía boliviana para reprimir algunas de las protestas en apoyo de reivindicaciones económicas y sociales de los pueblos indígenas y sus derechos.
El informe de AI, referente a 2012 y publicado en Londres, indica que el relator especial de la ONU sobre racismo visitó en septiembre Bolivia y expresó su preocupación por la persistente discriminación contra los indígenas y otras comunidades, aunque reconoció ciertos avances.
El documento señala que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectan siguió sin respetarse.
Explica que en febrero se aprobó una ley para celebrar una consulta con los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) sobre los planes del Gobierno para construir una carretera a través de esa zona.
En abril, las comunidades contrarias a la carretera iniciaron una marcha hacia La Paz, ya que para ellas la consulta era contraria a la legislación que protege el Tipnis, a las normas internacionales y a la Constitución.
domingo, 19 de mayo de 2013
Indígenas de Takovo Mora reciben títulos comunitarios
La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, entregó ayer 14 títulos comunitarios al territorio indígena Takovo Mora, en el departamento de Santa Cruz, informó en comunicado el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Según esa fuente, el secretario de Tierra y Territorio de la Capitanía Takovo Mora del Pueblo Guaraní, Juan Méndez, expresó la satisfacción de ese sector indígena y dijo que esos títulos son “como los documentos de identidad de las comunidades indígenas que, ahora les permitirán acceder a otros beneficios como el seguro agrario”.
“Nunca antes el pueblo Guaraní había recibido títulos ejecutoriales a su nombre otorgados por el Estado, a pesar que ancestralmente sus abuelos y bisabuelos habitaron esas tierras”, enfatizó.
Asimismo, apuntó que esa región se caracteriza por la producción agrícola de maíz, sésamo, sorgo y maní, además de la crianza de ganado vacuno, ovino, caprino y aves de corral.
Según esa fuente, el secretario de Tierra y Territorio de la Capitanía Takovo Mora del Pueblo Guaraní, Juan Méndez, expresó la satisfacción de ese sector indígena y dijo que esos títulos son “como los documentos de identidad de las comunidades indígenas que, ahora les permitirán acceder a otros beneficios como el seguro agrario”.
“Nunca antes el pueblo Guaraní había recibido títulos ejecutoriales a su nombre otorgados por el Estado, a pesar que ancestralmente sus abuelos y bisabuelos habitaron esas tierras”, enfatizó.
Asimismo, apuntó que esa región se caracteriza por la producción agrícola de maíz, sésamo, sorgo y maní, además de la crianza de ganado vacuno, ovino, caprino y aves de corral.
Violaciones a mujeres guaraníes quedan impunes
La impunidad es casi normal ante el abuso sexual de las
mujeres indígenas guaraníes por la ausencia del acceso a la justicia
ordinaria y comunal como consecuencia de la herencia colonial, política
patriarcal, despojo de territorio, discriminación y pobreza, revela un
estudio denominado “Relatos de la frontera de mujeres guaraníes,
violencia y búsqueda de justicia” del Fondo Emancipación Conexión.
“En un balance de los niveles de efectividad y capacidad de respuesta a la violencia sexual en el ámbito de la justicia comunal, las evidencias recogidas en este estudio apuntan a que la mayoría de las niñas y mujeres guaraníes están privadas de un efectivo acceso a la justicia, ya sea en el ámbito de la justicia comunal (indígena) o en el de la justicia ordinaria”, señala como una de las conclusiones principales.
Mariel Paz Ramírez, abogada y activista de los derechos de las mujeres e investigadora principal, explicó que se colectó varios testimonios en el que se evidenciaron que la justicia indígena y ordinaria abren paso a la impunidad, por el mismo hecho que la primera es patriarcal y la segunda es burocrática y muy distante de las poblaciones guaraníes.
Según la experta, se identificó como una de las raíces sobre las que se produce la violencia sexual hacia mujeres, niñas y jóvenes guaraníes en el escenario del trabajo doméstico, y existe una relación entre el trabajo doméstico, la colonialidad, el género y la violencia sexual.
“Pero también la pobreza está ligada con la violencia sexual, el abuso y la discriminación en la esfera del trabajo doméstico: mientras más aguda es la pobreza, más expuestas suelen estar las jóvenes y niñas guaraníes a la violencia sexual”, afirmó la investigadora. La investigación, proporcionada al diario OPPINION, contempló dos áreas geográficas de indagación, ambas ubicadas en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia, la población guaraní ubicada en la provincia O’Connor y la población guaraní que se encuentra en la provincia Gran Chaco.
TERRITORIO - COLONIAL Por su parte, René Antezana, educador popular y miembro del grupo de investigadores de este estudio, manifestó que uno de los factores que inciden en el sometimiento y abuso sexual de las mujeres guaraníes es la carencia de territorio.
El estudio determinó que la problemática del despojo del territorio ancestral guaraní es otro de los elementos importantes que condicionaron las sujeciones de las mujeres y las niñas al poder.
“Para las mujeres guaraníes, esta carencia, junto con otros factores, las colocó en condiciones y situaciones extremas de relaciones desiguales y de sujeciones, afectando las posibilidades de ejercer soberanía sobre sus cuerpos, negándoles opciones diferentes que impliquen la posibilidad de encaminar un propio proyecto de vida, no condicionado, no sujeto”, explicó.
Dijo que para comprender las formas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres guaraníes es ineludible rescatar las raíces coloniales del poder y sus consecuencias en las formas y mecanismos de dominación social y sexual en el presente.
La investigación determinó que el dominio señorial de la tierra se extiende y enlaza al control sobre la sexualidad de las mujeres. Ese dominio se manifiesta en la violación sexual , en la violencia material y simbólica, forja los cimientos de la colonialidad sobre el ser, naturaliza en las mujeres elservicio doméstico y la discriminación que avala y autoriza la subordinación, la deshumanización y cosificación de los cuerpos.
Según la experta Paz Ramírez, hay una ecuación perversa entre pobreza, violencia y discriminación.
“Las condiciones de vulnerabilidad, desprotección y sometimiento se agudizan cuando de niñas indígenas son víctimas de trata, ya que al ingresar éstas al servicio doméstico encuentran un escenario adicional de exposición a la violencia sexual, a diferencia de las niñas que, por su condición económica y social, no tienen necesidad de trabajar”, explicó.
El caso señala que el marido de la enfermera también violó a la niña en dos oportunidades. Luego la niña fue expulsada de la casa.
La Defensoría de la Niñez de Cercado interpuso ante la Fiscalía denuncia de violación en contra del marido de la empleadora de la niña. Luego se practicó la prueba de ADN para determinar la paternidad de un bebé.
Además del padrastro y del marido de la empleadora, un vecino de la comunidad de la niña fue convocado para someterse a exámenes de ADN. Los resultados dieron como padre del bebé a este tercer hombre, también acusado de violación.
La Defensoría de la Niñez de Entre Ríos inició acciones legales y logró la detención preventiva del padrastro de la niña; sin embargo, luego de los resultados de ADN, éste fue liberado. Hasta el momento no se conoce el resultado final de la denuncia, ya que ni en dependencias de la Fiscalía de Distrito, ni en la Defensoría de la Niñez de Cercado, se logra ubicar el cuaderno de investigación.
La violación pasa a un segundo plano, pues se liberó al padrastro de la niña y al marido de su contratante. Ello confirmó que testimonios de niñas indígenas violentadas no tienen relevancia en el proceso y campea la impunidad.
El experto René Antezana dijo que el colonialismo trajo consigo la jerarquización en la sociedad que implica haber definido a las mujeres como inferiores y a los hombres como superiores.
“En la actualidad, las bases coloniales y cristianas de concepción del matrimonio y supremacía masculina dentro de la familia perviven entre los indígenas guaraníes, y manifiestan su extrema dimensión en la violencia sexual ejercida por el padre o padrastro como poseedor de las mujeres y niñas, su cuerpo y su destino”, dijo.
Es decir que la violencia sexual hacia las menores guaraníes se constituye en una de las expresiones de la estructura familiar jerárquica y postcolonial de la sociedad boliviana.
Se determinó que en algunos casos presentados en el estudio, la alianza de la madre de la niña víctima de violencia sexual, con el agresor jefe de familia.
“El encubrimiento de esta violencia por algunas madres se basa en la necesidad de preservar los recursos económicos para la manutención de los hijos, aunque existen casos en los que la figura del padre de familia proveedor es meramente simbólica”, señala una de las conclusiones del documento.
De esta manera, según Antezana, a la hora de poner en la balanza las prioridades familiares, la preservación de la integridad de la niña queda desplazada frente a una necesidad familiar considerada como más importante.
El estudio señala que de 15 denuncias de violencia sexual entre 2008 y 2011 registradas en instituciones de la justicia del Estado en la región del Chaco tarijeño, en seis casos las víctimas quedaron embarazadas. Además se corroboró que la mayoría de los agresores sexuales de las niñas y adolescentes son personas conocidas por ellas y sus familias.
Ahora se muestra los casos denunciados y no así de los que por temor y otros factores no se llegaron a conocer. Los datos registrados en este estudio muestran que las niñas y adolescentes están expuestas, y de hecho sufren violencia por parte de las personas que están encargadas de su educación en la escuela, en los lugares de trabajo, en la familia y también en los sistemas de protección y de justicia del Estado.
Hay muchos obstáculos para acudir a la Justicia
La
opresión y la discriminación sobre la base de la etnicidad, clase,
género y edad establecen los obstáculos para las mujeres indígenas
guaraníes al momento de acceder a la justicia, señala una de las
conclusiones de la investigación.
La investigadora Mariel Paz Ramírez explicó que la violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes indígenas colocada en el escenario de la justicia del Estado opera como elemento catalizador de las creencias, visiones, percepciones, juicios y valores sobre la infancia, la diferencia cultural, la desigualdad genérica y las formas de entender a la justicia y el derecho.
Dijo que se evidenció que en el proceso penal se evidencia la carencia de conocimiento sobre la esencia y el contexto de la violencia sexual, la vigencia de la política patriarcal y la presencia del monismo jurídico liberal a ultranza.
La ruta que sigue la denuncia de violencia sexual desde la Defensoría de la Niñez, pasando por la Fiscalía y la Policía hasta llegar a los estrados judiciales, está cargada de obstáculos de diferente índole que contribuyen a la impunidad o la dificultad para denunciar abusos sexuales.
El estudio evidenció de parte de la justicia un trato displicente a las víctimas, asociado a la condición de clase, género, edad y origen étnico-cultural.
El sistema de la justicia ordinaria tiene que enfrentar como desafío el cambiar las prácticas de muchos de sus operadores, que actúan sobre la base de las arbitrariedades, la deficiente formación profesional, la ausencia de una cultura de protección a la niñez y la carencia de un contenido ético y humanizado.
“Los fiscales, en su calidad de conductores de la investigación, quieren operar en la parte penal y defensa de los intereses de las víctimas, desconociendo referencias fundamentales del contexto social, económico y cultural en el que ellas (guaraníes) viven su cotidianidad y sufren la violencia”, afirmó.
En suma, según el estudio, la justicia ordinaria para los guaraníes opera muchas veces como filtro de lo que puede y no puede ser denunciado, que la mayoría de los casos queda en la impunidad y las mujeres indígenas continúan siendo víctimas de violaciones sexuales y todo tipo de agresiones graves.
“En un balance de los niveles de efectividad y capacidad de respuesta a la violencia sexual en el ámbito de la justicia comunal, las evidencias recogidas en este estudio apuntan a que la mayoría de las niñas y mujeres guaraníes están privadas de un efectivo acceso a la justicia, ya sea en el ámbito de la justicia comunal (indígena) o en el de la justicia ordinaria”, señala como una de las conclusiones principales.
Mariel Paz Ramírez, abogada y activista de los derechos de las mujeres e investigadora principal, explicó que se colectó varios testimonios en el que se evidenciaron que la justicia indígena y ordinaria abren paso a la impunidad, por el mismo hecho que la primera es patriarcal y la segunda es burocrática y muy distante de las poblaciones guaraníes.
Según la experta, se identificó como una de las raíces sobre las que se produce la violencia sexual hacia mujeres, niñas y jóvenes guaraníes en el escenario del trabajo doméstico, y existe una relación entre el trabajo doméstico, la colonialidad, el género y la violencia sexual.
“Pero también la pobreza está ligada con la violencia sexual, el abuso y la discriminación en la esfera del trabajo doméstico: mientras más aguda es la pobreza, más expuestas suelen estar las jóvenes y niñas guaraníes a la violencia sexual”, afirmó la investigadora. La investigación, proporcionada al diario OPPINION, contempló dos áreas geográficas de indagación, ambas ubicadas en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia, la población guaraní ubicada en la provincia O’Connor y la población guaraní que se encuentra en la provincia Gran Chaco.
La
ausencia del sistema de justicia, la pobreza y el miedo obligan a
muchas niñas y mujeres adultas a no denunciar y buscar justicia.
Fondo Emancipación Conexión
TERRITORIO - COLONIAL Por su parte, René Antezana, educador popular y miembro del grupo de investigadores de este estudio, manifestó que uno de los factores que inciden en el sometimiento y abuso sexual de las mujeres guaraníes es la carencia de territorio.
El estudio determinó que la problemática del despojo del territorio ancestral guaraní es otro de los elementos importantes que condicionaron las sujeciones de las mujeres y las niñas al poder.
“Para las mujeres guaraníes, esta carencia, junto con otros factores, las colocó en condiciones y situaciones extremas de relaciones desiguales y de sujeciones, afectando las posibilidades de ejercer soberanía sobre sus cuerpos, negándoles opciones diferentes que impliquen la posibilidad de encaminar un propio proyecto de vida, no condicionado, no sujeto”, explicó.
Dijo que para comprender las formas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres guaraníes es ineludible rescatar las raíces coloniales del poder y sus consecuencias en las formas y mecanismos de dominación social y sexual en el presente.
La investigación determinó que el dominio señorial de la tierra se extiende y enlaza al control sobre la sexualidad de las mujeres. Ese dominio se manifiesta en la violación sexual , en la violencia material y simbólica, forja los cimientos de la colonialidad sobre el ser, naturaliza en las mujeres elservicio doméstico y la discriminación que avala y autoriza la subordinación, la deshumanización y cosificación de los cuerpos.
Según la experta Paz Ramírez, hay una ecuación perversa entre pobreza, violencia y discriminación.
“Las condiciones de vulnerabilidad, desprotección y sometimiento se agudizan cuando de niñas indígenas son víctimas de trata, ya que al ingresar éstas al servicio doméstico encuentran un escenario adicional de exposición a la violencia sexual, a diferencia de las niñas que, por su condición económica y social, no tienen necesidad de trabajar”, explicó.
El dramático caso de una niña
Como muestra de algunos casos de impunidad ante la justicia se tiene el caso de una niña violada por su padrastro desde los siete hasta los diez años. Después la menor fue entregada, como empleada doméstica, a una enfermera de la ciudad de Tarija que visitó la comunidad, refleja la investigación de un caso en la Defensoría de la Niñez de Entre Ríos.El caso señala que el marido de la enfermera también violó a la niña en dos oportunidades. Luego la niña fue expulsada de la casa.
La Defensoría de la Niñez de Cercado interpuso ante la Fiscalía denuncia de violación en contra del marido de la empleadora de la niña. Luego se practicó la prueba de ADN para determinar la paternidad de un bebé.
Además del padrastro y del marido de la empleadora, un vecino de la comunidad de la niña fue convocado para someterse a exámenes de ADN. Los resultados dieron como padre del bebé a este tercer hombre, también acusado de violación.
La Defensoría de la Niñez de Entre Ríos inició acciones legales y logró la detención preventiva del padrastro de la niña; sin embargo, luego de los resultados de ADN, éste fue liberado. Hasta el momento no se conoce el resultado final de la denuncia, ya que ni en dependencias de la Fiscalía de Distrito, ni en la Defensoría de la Niñez de Cercado, se logra ubicar el cuaderno de investigación.
La violación pasa a un segundo plano, pues se liberó al padrastro de la niña y al marido de su contratante. Ello confirmó que testimonios de niñas indígenas violentadas no tienen relevancia en el proceso y campea la impunidad.
Adolescentes y niñas las más vulnerables en la comunidad
La violencia sexual afecta con mayor rigor a las niñas y las adolescentes, en medio de la impunidad, de manera diferenciada en razón de que la edad marca condiciones de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia, explica el estudio “Relatos de la frontera de mujeres guaraníes, violencia y búsqueda de justicia” del Fondo Emancipación Conexión.El experto René Antezana dijo que el colonialismo trajo consigo la jerarquización en la sociedad que implica haber definido a las mujeres como inferiores y a los hombres como superiores.
“En la actualidad, las bases coloniales y cristianas de concepción del matrimonio y supremacía masculina dentro de la familia perviven entre los indígenas guaraníes, y manifiestan su extrema dimensión en la violencia sexual ejercida por el padre o padrastro como poseedor de las mujeres y niñas, su cuerpo y su destino”, dijo.
Es decir que la violencia sexual hacia las menores guaraníes se constituye en una de las expresiones de la estructura familiar jerárquica y postcolonial de la sociedad boliviana.
Se determinó que en algunos casos presentados en el estudio, la alianza de la madre de la niña víctima de violencia sexual, con el agresor jefe de familia.
“El encubrimiento de esta violencia por algunas madres se basa en la necesidad de preservar los recursos económicos para la manutención de los hijos, aunque existen casos en los que la figura del padre de familia proveedor es meramente simbólica”, señala una de las conclusiones del documento.
De esta manera, según Antezana, a la hora de poner en la balanza las prioridades familiares, la preservación de la integridad de la niña queda desplazada frente a una necesidad familiar considerada como más importante.
El estudio señala que de 15 denuncias de violencia sexual entre 2008 y 2011 registradas en instituciones de la justicia del Estado en la región del Chaco tarijeño, en seis casos las víctimas quedaron embarazadas. Además se corroboró que la mayoría de los agresores sexuales de las niñas y adolescentes son personas conocidas por ellas y sus familias.
Ahora se muestra los casos denunciados y no así de los que por temor y otros factores no se llegaron a conocer. Los datos registrados en este estudio muestran que las niñas y adolescentes están expuestas, y de hecho sufren violencia por parte de las personas que están encargadas de su educación en la escuela, en los lugares de trabajo, en la familia y también en los sistemas de protección y de justicia del Estado.
Hay muchos obstáculos para acudir a la Justicia
La
opresión y la discriminación sobre la base de la etnicidad, clase,
género y edad establecen los obstáculos para las mujeres indígenas
guaraníes al momento de acceder a la justicia, señala una de las
conclusiones de la investigación.La investigadora Mariel Paz Ramírez explicó que la violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes indígenas colocada en el escenario de la justicia del Estado opera como elemento catalizador de las creencias, visiones, percepciones, juicios y valores sobre la infancia, la diferencia cultural, la desigualdad genérica y las formas de entender a la justicia y el derecho.
Dijo que se evidenció que en el proceso penal se evidencia la carencia de conocimiento sobre la esencia y el contexto de la violencia sexual, la vigencia de la política patriarcal y la presencia del monismo jurídico liberal a ultranza.
La ruta que sigue la denuncia de violencia sexual desde la Defensoría de la Niñez, pasando por la Fiscalía y la Policía hasta llegar a los estrados judiciales, está cargada de obstáculos de diferente índole que contribuyen a la impunidad o la dificultad para denunciar abusos sexuales.
El estudio evidenció de parte de la justicia un trato displicente a las víctimas, asociado a la condición de clase, género, edad y origen étnico-cultural.
El sistema de la justicia ordinaria tiene que enfrentar como desafío el cambiar las prácticas de muchos de sus operadores, que actúan sobre la base de las arbitrariedades, la deficiente formación profesional, la ausencia de una cultura de protección a la niñez y la carencia de un contenido ético y humanizado.
“Los fiscales, en su calidad de conductores de la investigación, quieren operar en la parte penal y defensa de los intereses de las víctimas, desconociendo referencias fundamentales del contexto social, económico y cultural en el que ellas (guaraníes) viven su cotidianidad y sufren la violencia”, afirmó.
En suma, según el estudio, la justicia ordinaria para los guaraníes opera muchas veces como filtro de lo que puede y no puede ser denunciado, que la mayoría de los casos queda en la impunidad y las mujeres indígenas continúan siendo víctimas de violaciones sexuales y todo tipo de agresiones graves.
Comunidades aborígenes del norte nicaragüense reclaman acciones de las autoridades para detener el ataque contra sus vidas y su hábitat
Indígenas de la etnia mayangna libran una batalla en defensa de su ancestral asentamiento en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, en el norte de Nicaragua, amenazada por la depredación de colonos invasores. El presidente de la nación indígena mayangna, Aricio Genaro, narró a Tierramérica que la lucha de los autóctonos por la selva más grande de América Central se intensificó a desde 2010 ante el incremento de la presencia de campesinos del este y centro del país.
Los mayangnas viven de la caza y de la pesca, la crianza de animales para consumo doméstico, la recolección de frutas y de granos y tubérculos. Esta forma de vida ha sido trastocada por los campesinos invasores.
“El danto (tapir) ya no se mira, los pumas y los tigrillos han huido de la zona y ya no se oye cantar a los miles de pájaros que nos daban señales de lluvia. Ni los peces grandes se ven en los ríos; todo está desapareciendo”, detalló Genaro.
Según el ecólogo Kamilo Lara, de la red de organizaciones ambientalistas del Foro Nacional de Reciclaje, ya se destruyeron más de 96.500 hectáreas dentro del núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas.
El asesor presidencial para temas ambientales, Jaime Incer Barquero, dijo a Tierramérica que las autoridades nacionales deberían acelerar las medidas de protección “antes que la reserva pierda el estatus (de patrimonio de la humanidad) y el mundo, la reserva”.
Ante la denuncia de los indígenas y las observaciones de los ambientalistas, el Gobierno de Ortega comenzó a implementar medidas contra la depredación.
Autorizó el uso de la fuerza mediante el envío de 700 militares del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y otro tanto de policías, para controlar la violencia entre colonos e indígenas. También creó una comisión para coordinar acciones y aplicar una política de “mano dura” contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.
Tras visitar la zona a comienzos de este mes y constatar in situ el daño, las autoridades emitieron un decreto que creó la Comisión Interinstitucional como un órgano de carácter permanente para la “Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe”.
También se anunció el inicio de una serie de juicios penales, administrativos y acciones civiles contra todas aquellas personas acusadas de destruir y atentar contra el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.
El Gobierno expuso el problema y solicitó ayuda a la directora general de la Unesco, Irina Bokova, mientras el país trata de detener la destrucción del último gran pulmón de América Central.
Los mayangnas viven de la caza y de la pesca, la crianza de animales para consumo doméstico, la recolección de frutas y de granos y tubérculos. Esta forma de vida ha sido trastocada por los campesinos invasores.
“El danto (tapir) ya no se mira, los pumas y los tigrillos han huido de la zona y ya no se oye cantar a los miles de pájaros que nos daban señales de lluvia. Ni los peces grandes se ven en los ríos; todo está desapareciendo”, detalló Genaro.
Según el ecólogo Kamilo Lara, de la red de organizaciones ambientalistas del Foro Nacional de Reciclaje, ya se destruyeron más de 96.500 hectáreas dentro del núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas.
El asesor presidencial para temas ambientales, Jaime Incer Barquero, dijo a Tierramérica que las autoridades nacionales deberían acelerar las medidas de protección “antes que la reserva pierda el estatus (de patrimonio de la humanidad) y el mundo, la reserva”.
Ante la denuncia de los indígenas y las observaciones de los ambientalistas, el Gobierno de Ortega comenzó a implementar medidas contra la depredación.
Autorizó el uso de la fuerza mediante el envío de 700 militares del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y otro tanto de policías, para controlar la violencia entre colonos e indígenas. También creó una comisión para coordinar acciones y aplicar una política de “mano dura” contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.
Tras visitar la zona a comienzos de este mes y constatar in situ el daño, las autoridades emitieron un decreto que creó la Comisión Interinstitucional como un órgano de carácter permanente para la “Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe”.
También se anunció el inicio de una serie de juicios penales, administrativos y acciones civiles contra todas aquellas personas acusadas de destruir y atentar contra el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.
El Gobierno expuso el problema y solicitó ayuda a la directora general de la Unesco, Irina Bokova, mientras el país trata de detener la destrucción del último gran pulmón de América Central.
viernes, 17 de mayo de 2013
Amnistía Internacional: Bolivia sigue discriminando indígenas
"El relator especial de la ONU sobre el racismo reconoció ciertos avances (en el respeto a los derechos indígenas) pero expresó preocupación por la todavía persistente discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades en peligro", señala el documento entregado a la AFP.
Cita las irregularidades surgidas en el caso de la consulta a los indígenas del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción de una carretera que debía atravesar su territorio.
Lamenta que aún no se haya procesado a los responsables de la violenta represión ejercida contra los indígenas durante la marcha que protagonizaron en 2011 oponiéndose a ese proyecto vial.
El informe menciona demoras en la administración de justicia, con mención expresa de los procesos de la masacre de indígenas en Pando (2008), de los presuntos mercenarios acusados de conspirar contra el presidente Evo Morales (2009) y de la indemnización a las víctimas de las dictaduras militares de los años 70 y 80.
Asegura también que "se recibieron denuncias de uso indebido del poder judicial contra personas que se oponían al gobierno o lo criticaban".
Son enumerados algunos casos de violaciones a la libertad de expresión como el atentado contra un periodista radial en Tarija (sur) y las querellas contra dos periódicos y una agencia de noticias acusadas de una supuesta tergiversación de las declaraciones del presidente Morales.
El resumen de Amnistía Internacional destaca la aprobación de la ley que castiga el acoso y la violencia política contra las mujeres.
Cita las irregularidades surgidas en el caso de la consulta a los indígenas del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción de una carretera que debía atravesar su territorio.
Lamenta que aún no se haya procesado a los responsables de la violenta represión ejercida contra los indígenas durante la marcha que protagonizaron en 2011 oponiéndose a ese proyecto vial.
El informe menciona demoras en la administración de justicia, con mención expresa de los procesos de la masacre de indígenas en Pando (2008), de los presuntos mercenarios acusados de conspirar contra el presidente Evo Morales (2009) y de la indemnización a las víctimas de las dictaduras militares de los años 70 y 80.
Asegura también que "se recibieron denuncias de uso indebido del poder judicial contra personas que se oponían al gobierno o lo criticaban".
Son enumerados algunos casos de violaciones a la libertad de expresión como el atentado contra un periodista radial en Tarija (sur) y las querellas contra dos periódicos y una agencia de noticias acusadas de una supuesta tergiversación de las declaraciones del presidente Morales.
El resumen de Amnistía Internacional destaca la aprobación de la ley que castiga el acoso y la violencia política contra las mujeres.
Pueblos amazónicos presentan proyecto de Ley para el desarrollo integral
Los pueblos amazónicos presentaron un ante proyecto de Ley de desarrollo integral de la región preservando las áreas protegidas, la vida silvestre y los recursos naturales, informó Francisco Villca representante del sector.
El ante proyecto denominado “Ley de desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana Bruno Racua”, en su primer capítulo contempla el valor histórico y cultural, además del desarrollo integral amazónico.
“Los amazónicos que venimos defendiendo esta propuesta. El objetivo es tener claro que nosotros queremos la Amazonía y queremos que todos nos colaboren a poder tener una Amazonía sana y libre, pedimos que nos colaboren”, dijo Villca.
El documento elaborado por las organizaciones campesinas e indígenas de la provincia Abel Iturralde de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, consta de 21 artículos, cuatro disposiciones transitorias, además de una disposición final. Fue presentado a la comisión de la Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
El artículo 6 señala: “En los territorios indígenas originarios campesinos y comunidades campesinas está prohibida la explotación de recursos no renovables.
El ante proyecto denominado “Ley de desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana Bruno Racua”, en su primer capítulo contempla el valor histórico y cultural, además del desarrollo integral amazónico.
“Los amazónicos que venimos defendiendo esta propuesta. El objetivo es tener claro que nosotros queremos la Amazonía y queremos que todos nos colaboren a poder tener una Amazonía sana y libre, pedimos que nos colaboren”, dijo Villca.
El documento elaborado por las organizaciones campesinas e indígenas de la provincia Abel Iturralde de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, consta de 21 artículos, cuatro disposiciones transitorias, además de una disposición final. Fue presentado a la comisión de la Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
El artículo 6 señala: “En los territorios indígenas originarios campesinos y comunidades campesinas está prohibida la explotación de recursos no renovables.
jueves, 16 de mayo de 2013
Pueblo amazónico Achuar exige Consulta Previa ante proyectos petroleros en su territorio
Un grupo de 103 Apus, líderes y dirigentes Achuar de las organizaciones (Orach) de la cuenca del Huasaga, ATI de la cuenca del Huituyacu, y la Asociación Indígena del Morona (AIM) y de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), a través de un memorial manifestaron su oposición al ingreso de la empresa Petrolera Estatal Petroperú en el denominado lote 64 y se pronunciaron en contra de las facilidades que el gobierno peruano ha concedido la empresa canadiense Talismán para retirarse de la titularidad y responsabilidad sobre el lote, pese a los graves conflictos sociales y ambientales que ha generado su actividad en dicha concesión por más de ocho años (08).
Asimismo los asambleístas se pronunciaron en contra de los nuevos lotes propuestos por Perupetro a ser licitados en el presente año y que afectarían los territorios ancestrales del pueblo Achuar del Pastaza no afectados por el lote 64. En ese sentido se pronunciaron en contra de cualquier proceso de consulta y exigieron al gobierno respetar sus territorios y las decisiones del Pueblo Achuar adoptadas dentro del marco de la autonomía y la libre determinación.
Esto fue acordado por el pueblo Achuar del Pastaza dentro del marco de la asamblea de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), realizada entre los días 25, 26 y 27 de Abril del 2013, en la Comunidad Nativa de Kuyuntsa, ubicada en rio Manchari, Distrito de Andoas, Provincia Datem del Marañón Región Loreto.
El memorial elaborado está dirigido al Presidente del Congreso de la Republica, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Cultura, Vice Ministerio de Interculturalidad, Ministro de Energía y Minas, Presidente de Perupetro y al Presidente de Petroperú
Asimismo los asambleístas se pronunciaron en contra de los nuevos lotes propuestos por Perupetro a ser licitados en el presente año y que afectarían los territorios ancestrales del pueblo Achuar del Pastaza no afectados por el lote 64. En ese sentido se pronunciaron en contra de cualquier proceso de consulta y exigieron al gobierno respetar sus territorios y las decisiones del Pueblo Achuar adoptadas dentro del marco de la autonomía y la libre determinación.
Esto fue acordado por el pueblo Achuar del Pastaza dentro del marco de la asamblea de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), realizada entre los días 25, 26 y 27 de Abril del 2013, en la Comunidad Nativa de Kuyuntsa, ubicada en rio Manchari, Distrito de Andoas, Provincia Datem del Marañón Región Loreto.
El memorial elaborado está dirigido al Presidente del Congreso de la Republica, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Cultura, Vice Ministerio de Interculturalidad, Ministro de Energía y Minas, Presidente de Perupetro y al Presidente de Petroperú
Planta Gran Chaco YPFB sella acuerdo con indígenas de Yaku Igua
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió ayer un acuerdo con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Yaku Igua para beneficiar a esa región con al menos 14 millones de bolivianos en inversión social, por la construcción de la planta de separación de líquidos Gran Chaco.
El gerente nacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Social de YPFB, Miguel Rojas, dijo que el acuerdo establece que los indígenas de la APG Yaku Igua garantizarán la construcción de la planta Gran Chaco “sin interrupciones hasta su conclusión”.
“El convenio de inversión establece que los compañeros de Yaku Igua garantizan la construcción de la planta de separación de líquidos Gran Chaco y obviamente del cumplimiento de esa garantía depende el desarrollo de la inversión social objeto del convenio”, explicó Rojas.
Según el acuerdo, los proyectos sociales y productivos impulsados por YPFB en Yaku Igua deben ser sostenibles y responder a las políticas de la región. No se trata de recursos de libre disponibilidad.
Rojas informó que el convenio de inversión social fue enviado hace un mes a los dirigentes de la APG Yaku Igua y fue suscrito recién la madrugada de ayer.
“Las primeras demandas tienen que ver con inversión social y se priorizó el tema de agua. En ese marco, YPFB ha trabajado conjuntamente con la Subgobernación en la elaboración de seis proyectos a diseño final que consisten en la perforación de pozos de agua y la construcción de tanques elevados”, explicó el funcionario de la petrolera estatal.
El gerente nacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Social de YPFB, Miguel Rojas, dijo que el acuerdo establece que los indígenas de la APG Yaku Igua garantizarán la construcción de la planta Gran Chaco “sin interrupciones hasta su conclusión”.
“El convenio de inversión establece que los compañeros de Yaku Igua garantizan la construcción de la planta de separación de líquidos Gran Chaco y obviamente del cumplimiento de esa garantía depende el desarrollo de la inversión social objeto del convenio”, explicó Rojas.
Según el acuerdo, los proyectos sociales y productivos impulsados por YPFB en Yaku Igua deben ser sostenibles y responder a las políticas de la región. No se trata de recursos de libre disponibilidad.
Rojas informó que el convenio de inversión social fue enviado hace un mes a los dirigentes de la APG Yaku Igua y fue suscrito recién la madrugada de ayer.
“Las primeras demandas tienen que ver con inversión social y se priorizó el tema de agua. En ese marco, YPFB ha trabajado conjuntamente con la Subgobernación en la elaboración de seis proyectos a diseño final que consisten en la perforación de pozos de agua y la construcción de tanques elevados”, explicó el funcionario de la petrolera estatal.
domingo, 12 de mayo de 2013
Caurey: El guaraní siempre da lo mejor a su huésped
En el marco de festejos por el 47 aniversario de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, y ante un concurrido auditorio, se presentó el libro: “Ñamae ñande rekore: una mirada a nuestro modo de ser”, escrita por el autor Elías Caurey.
Uno de los vehículos que lleva al progreso de un Estado, es sin duda, la educación. No importa cuáles hayan sido los sacrificios hechos, los resultados de una buena preparación académica nos conducirán por nuevos horizontes de conocimiento. Prueba de ello, fue entrevistar a un joven académico, perteneciente al pueblo guaraní.
“Soy Elías Caurey, guaraní, de la comunidad Tacuape; de formación sociólogo, y también terminando la carrera de antropología. Soy un apasionado por la lectura”, dijo.
Uno de los vehículos que lleva al progreso de un Estado, es sin duda, la educación. No importa cuáles hayan sido los sacrificios hechos, los resultados de una buena preparación académica nos conducirán por nuevos horizontes de conocimiento. Prueba de ello, fue entrevistar a un joven académico, perteneciente al pueblo guaraní.
“Soy Elías Caurey, guaraní, de la comunidad Tacuape; de formación sociólogo, y también terminando la carrera de antropología. Soy un apasionado por la lectura”, dijo.
sábado, 11 de mayo de 2013
Indígenas ayoreos condicionan voto para la dupla del MAS
Indígenas ayoreos del departamento de Santa Cruz condicionaron su voto al Movimiento Al Socialismo (MAS), para las elecciones nacionales de 2014 a cambio de la ejecución de sus proyectos de desarrollo para 29 comunidades.
Una de las representantes de este pueblo contó que muchos proyectos ganaderos, de planes de manejo y de artesanía, entre otros, no logran ser aprobados.
“Queremos que el Gobierno vea nuestros proyectos porque también ya está cerca su campaña electoral (del Movimiento Al Socialismo), pero él (presidente Evo Morales) no se preocupa de los pueblos indígenas, él debería ver también los proyectos para que los aprueben”, señaló a radio Santa Cruz de Erbol.
Dijo que de no atenderse los pedidos de los indígenas le quitarán el respaldo en los comicios de la próxima gestión.
“Si él aprueba todo eso va tener su voto, pero si no aprueba no va tener su voto”, finalizó.
Una de las representantes de este pueblo contó que muchos proyectos ganaderos, de planes de manejo y de artesanía, entre otros, no logran ser aprobados.
“Queremos que el Gobierno vea nuestros proyectos porque también ya está cerca su campaña electoral (del Movimiento Al Socialismo), pero él (presidente Evo Morales) no se preocupa de los pueblos indígenas, él debería ver también los proyectos para que los aprueben”, señaló a radio Santa Cruz de Erbol.
Dijo que de no atenderse los pedidos de los indígenas le quitarán el respaldo en los comicios de la próxima gestión.
“Si él aprueba todo eso va tener su voto, pero si no aprueba no va tener su voto”, finalizó.
jueves, 9 de mayo de 2013
Campesinas apuestan por formar líderes en proyectos productivos
Mujeres campesinas del departamento fijan como eje transversal de trabajo, para los próximos dos años, la formación de líderes con la finalidad de dinamizar la participación de la mujer como protagonista del desarrollo productivo y económico de su familia y comunidad.
La Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba “Bartolina Sisa”, dirigida por su nueva ejecutiva, Aida Villarroel, definió las líneas de trabajo para la presente gestión sindical. La determinación surge como mandato del último Congreso de Mujeres del 27 de abril pasado en Arani.
“Vemos que las mujeres en las áreas rurales siguen siendo discriminadas”, dijo Villarroel, a tiempo de señalar que la capacitación es la única herramienta para que este sector asuma cargos y lidere proyectos de magnitud.
Importantes iniciativas presentadas en una feria agroecológica, la pasada semana, reflejaron la capacidad emprendedora de este sector, con la presentación de una infinidad de productos como abonos orgánicos, verduras y hortalizas orgánicas.
Eliminar la marginación, en el hogar y en la comunidad, será un primer paso para este cometido.
TALLERES En este sentido se programan talleres de formación de líderes a nivel departamental, en coordinación con las 16 provincias, para los próximos dos años.
Paralelamente, se canalizan recursos y apoyo técnico, tanto del Gobierno central y de instituciones de apoyo productivo como el Fondo Indígena.
La Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba “Bartolina Sisa”, dirigida por su nueva ejecutiva, Aida Villarroel, definió las líneas de trabajo para la presente gestión sindical. La determinación surge como mandato del último Congreso de Mujeres del 27 de abril pasado en Arani.
“Vemos que las mujeres en las áreas rurales siguen siendo discriminadas”, dijo Villarroel, a tiempo de señalar que la capacitación es la única herramienta para que este sector asuma cargos y lidere proyectos de magnitud.
Importantes iniciativas presentadas en una feria agroecológica, la pasada semana, reflejaron la capacidad emprendedora de este sector, con la presentación de una infinidad de productos como abonos orgánicos, verduras y hortalizas orgánicas.
Eliminar la marginación, en el hogar y en la comunidad, será un primer paso para este cometido.
TALLERES En este sentido se programan talleres de formación de líderes a nivel departamental, en coordinación con las 16 provincias, para los próximos dos años.
Paralelamente, se canalizan recursos y apoyo técnico, tanto del Gobierno central y de instituciones de apoyo productivo como el Fondo Indígena.
miércoles, 8 de mayo de 2013
Indígenas paralizan obras de represa y exigen consulta previa
Unos doscientos indígenas ocupan desde hace una semana el lugar de las obras de la represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia brasileña, en demanda de la presencia de un funcionario del Gobierno de Brasilia para negociar, en la séptima ocupación desde junio.
“Queremos que nos entiendan. Pedimos que un representante lo más cercano posible a la presidenta Dilma Rousseff venga a vernos”, declaró uno de los responsables de la ocupación, el cacique Valdemir Munduruku.
Los indígenas de las etnias munduruku, xypaia, kuruaia, canela y juruna reivindican que se aplique “la consulta previa a los pueblos indígenas” o sea que las autoridades les consulten antes de tomar cualquier decisión concerniente a los trabajos de la represa.
“Deberían consultarnos pero en lugar de eso nos envían a la Policía y a los soldados; ellos no dejan entrar al abogado que nos defiende”, criticó el cacique.
Una responsable de prensa del consorcio Norte Energia, a cargo de la construcción, confirmó la ocupación de las obras de la represa en construcción, que se eleva sobre el río Xingu en el estado amazónico de Pará, con un costo de más de 13.000 millones de dólares.
“Los trabajos se han detenido en el cantero principal de obras denominado Belo Monte, donde será implantada la mayor parte de las turbinas. Es una detención parcial, de uno de los cuatro canteros” afirmó la portavoz desde Brasilia, precisando que las reivindicaciones de los ocupantes “son dirigidas al Gobierno federal”. Unos 6.000 obreros detuvieron su trabajo y unos 80 efectivos policiales, de la Fuerza Nacional de Seguridad y de la Policía Militar del estado, fueron enviados para proteger el sitio.
La construcción no se encuentra directamente en tierras indígenas, pero las comunidades indígenas aseguran que sufrirán con el impacto que tendrá en la selva y el río. Belo Monte es la mayor represa en construcción en Brasil y la tercera del mundo. Suministrará 11.233 megavatios (Mw), o sea 11% de la capacidad instalada del país.
“Queremos que nos entiendan. Pedimos que un representante lo más cercano posible a la presidenta Dilma Rousseff venga a vernos”, declaró uno de los responsables de la ocupación, el cacique Valdemir Munduruku.
Los indígenas de las etnias munduruku, xypaia, kuruaia, canela y juruna reivindican que se aplique “la consulta previa a los pueblos indígenas” o sea que las autoridades les consulten antes de tomar cualquier decisión concerniente a los trabajos de la represa.
“Deberían consultarnos pero en lugar de eso nos envían a la Policía y a los soldados; ellos no dejan entrar al abogado que nos defiende”, criticó el cacique.
Una responsable de prensa del consorcio Norte Energia, a cargo de la construcción, confirmó la ocupación de las obras de la represa en construcción, que se eleva sobre el río Xingu en el estado amazónico de Pará, con un costo de más de 13.000 millones de dólares.
“Los trabajos se han detenido en el cantero principal de obras denominado Belo Monte, donde será implantada la mayor parte de las turbinas. Es una detención parcial, de uno de los cuatro canteros” afirmó la portavoz desde Brasilia, precisando que las reivindicaciones de los ocupantes “son dirigidas al Gobierno federal”. Unos 6.000 obreros detuvieron su trabajo y unos 80 efectivos policiales, de la Fuerza Nacional de Seguridad y de la Policía Militar del estado, fueron enviados para proteger el sitio.
La construcción no se encuentra directamente en tierras indígenas, pero las comunidades indígenas aseguran que sufrirán con el impacto que tendrá en la selva y el río. Belo Monte es la mayor represa en construcción en Brasil y la tercera del mundo. Suministrará 11.233 megavatios (Mw), o sea 11% de la capacidad instalada del país.
martes, 7 de mayo de 2013
Weenhayeks logran suspensión de la veda
La Organización de Capitanías Weenhayek y Tapieté de Tarija (Orkaweta) logró que la Gobernación suspenda la declaratoria de veda en el río Pilcomayo y, según el principal representante de los indígenas, Moisés Sapiranda, la decisión los beneficia.
“Tenemos una tesolución de la Gobernación de Tarija que levante la veda total y eso nos alivia un poco, ya hay permiso para que todas las familias del pueblo weenhayek puedan comercializar porque nuestra única fuente trabajo es la pesca”, declaró a radio Pilcomayo de Erbol.
Juan Carlos Ferrari, representante de la Gobernación de Tarija, lamentó esta posición porque dijo que con la medida se iba contrarrestar la escasez y extinción del sábalo en el Pilcomayo, entre otras especies. “Íbamos nosotros a tener la buena voluntad, en el sentido de preservar y conservar las especies, pero son ellos mismos (wennhayek) los que andan presionando y han presionado al gobernador de Tarija para que inicie la pesca”, señaló Ferrari a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Agregó que no se planteó declarar veda general y, al contrario, la medida se iba a aplicar por zonas: roja, de desove y de reproducción, sin afectar a los indígenas. Explicó que esta política estaba prevista para los meses de septiembre a abril. “Se quería declarar veda por zonas y no en todo el Pilcomayo, como la de reproducción, donde el pescado llega y ya no se lo pueda capturar para que pueda reproducirse hasta que empiece a migrar y recién pescarlos”, manifestó.
“Tenemos una tesolución de la Gobernación de Tarija que levante la veda total y eso nos alivia un poco, ya hay permiso para que todas las familias del pueblo weenhayek puedan comercializar porque nuestra única fuente trabajo es la pesca”, declaró a radio Pilcomayo de Erbol.
Juan Carlos Ferrari, representante de la Gobernación de Tarija, lamentó esta posición porque dijo que con la medida se iba contrarrestar la escasez y extinción del sábalo en el Pilcomayo, entre otras especies. “Íbamos nosotros a tener la buena voluntad, en el sentido de preservar y conservar las especies, pero son ellos mismos (wennhayek) los que andan presionando y han presionado al gobernador de Tarija para que inicie la pesca”, señaló Ferrari a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Agregó que no se planteó declarar veda general y, al contrario, la medida se iba a aplicar por zonas: roja, de desove y de reproducción, sin afectar a los indígenas. Explicó que esta política estaba prevista para los meses de septiembre a abril. “Se quería declarar veda por zonas y no en todo el Pilcomayo, como la de reproducción, donde el pescado llega y ya no se lo pueda capturar para que pueda reproducirse hasta que empiece a migrar y recién pescarlos”, manifestó.
Indígenas de Tinguipaya expulsan a sacerdote
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, anunció en Cochabamba, ayer, que dentro de poco tiempo los ciudadanos podrán acceder al registro on line de abogados.
Informó que ya existe un número significativo de profesionales registrados, pero no dio cifras, y otros que hicieron la solicitud para entrar a la base de datos en Cochabamba y en todo el país.
La finalidad del registro de los profesionales es poner en marcha un programa informático que permita, a través de la página web del Ministerio de Justicia, a cualquier persona conocer quiénes son abogados y saber si están registrados en la base de datos.
Asimismo, es un espacio para que los litigantes y personas en general que consideren que fueron afectados por algunos profesionales puedan presentar su queja directamente por internet y de forma rápida.
Ayllón dijo que el acceso de los ciudadanos a la base de datos será para todos y “no habrá la posibilidad de ningún tipo de engaño”.
Informó que ya existe un número significativo de profesionales registrados, pero no dio cifras, y otros que hicieron la solicitud para entrar a la base de datos en Cochabamba y en todo el país.
La finalidad del registro de los profesionales es poner en marcha un programa informático que permita, a través de la página web del Ministerio de Justicia, a cualquier persona conocer quiénes son abogados y saber si están registrados en la base de datos.
Asimismo, es un espacio para que los litigantes y personas en general que consideren que fueron afectados por algunos profesionales puedan presentar su queja directamente por internet y de forma rápida.
Ayllón dijo que el acceso de los ciudadanos a la base de datos será para todos y “no habrá la posibilidad de ningún tipo de engaño”.
TIPNIS De 58 consultas 36 ponen condiciones
De las 58 comunidades consultadas por el Gobierno para la construcción de carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, 36 ponen varias condiciones; 19 dicen sí y sin ninguna condición y tres le dicen no.
Estos resultados son parte del “Informe final del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos Moxeños-Trinitario, Yuracaré y Chimane del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”.
Estudio de impacto ambiental. También las 36 quieren un estudio de impacto ambiental, caminos vecinales, carretera ecológica, como propuso el Gobierno, que se tomen las salvaguardas apropiadas, que se levante un diseño de integración bimodal y que no cruce el corazón del Tipnis.
Estos resultados son parte del “Informe final del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos Moxeños-Trinitario, Yuracaré y Chimane del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”.
Estudio de impacto ambiental. También las 36 quieren un estudio de impacto ambiental, caminos vecinales, carretera ecológica, como propuso el Gobierno, que se tomen las salvaguardas apropiadas, que se levante un diseño de integración bimodal y que no cruce el corazón del Tipnis.
sábado, 4 de mayo de 2013
Los campesinos todavía sienten que la justicia está ausente
Las organizaciones campesinas e indígenas todavía sienten que la justicia está ausente de sus comunidades. Esta percepción se debe a la falta de jueces en sus distritos y porque los procedimientos legales aún son burocráticos y de trámite lento.
Para Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las autoridades judiciales fueron elegidas por voto, pero eso no bastó para cambiar el sistema judicial, ni aumentar su alcance.
Durante la inauguración de la Cumbre Departamental de Justicia en La Paz, en la mañana de ayer, este dirigente aseguró que el proceso de transformación judicial no estuvo acompañado de nuevas normativas, ya que sus operadores todavía trabajan bajo las leyes del viejo modelo.
Según Coraite, un nuevo modelo también debe avanzar junto a una mayor expansión y cobertura, ya que no se puede tener a “unos cuantos jueces” ni reparticiones que son insuficientes para resolver las causas. La diputada indígena Julia Figueredo, presidenta de la brigada parlamentaria de La Paz, cuestionó la burocracia bajo la cual aún desempeñan su labor los funcionarios del Órgano Judicial. También criticó la ausencia de magistrados en las provincias.
“La justicia no alcanza a toda el área rural. Una justicia sin jueces ni personal no va a ir adelante”, lamentó. Espera que a futuro ese Órgano pueda desempeñar una mejor función, con el fin de que se dé solución a los juicios que están en curso y para que el pobre y el que no tiene recursos no siga perdiendo su tiempo ni dinero.
Ausencia. Magdalena Lázaro, secretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, criticó el hecho de que la justicia no haya llegado a todos “los rincones de Bolivia”. “Los habitantes y campesinos quisiéramos que llegue a todos, porque todavía nos engañan y no nos orientan correctamente”, aseveró.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, reconoció que la población todavía tiene la percepción de que la justicia es solamente para los ricos y consideró que esa situación se mantendrá así en la medida en que no se impulsa la justicia originaria campesina.
Mamani espera que en esta cumbre se pueda dar solución al problema de la retardación en los procesos, pero también a otros como la falta de presupuesto o juzgados. En esta cumbre se analizarán cuatro temáticas: acceso a la justicia, independencia judicial, participación ciudadana y justicia indígena originaria y campesina.
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, explicó que la falta de juzgados se debe a que el Órgano Judicial no cuenta con el suficiente presupuesto. Actualmente, agregó, tienen pendiente su resolución 3.149 causas, las mismas que están en manos de 180 jueces.
Respecto al presupuesto del Órgano Judicial, Cristina Mamani precisó que el monto asignado para esta gestión asciende a Bs 646,7 millones, de los que sólo el 40% (Bs 258,6 millones) es financiado por el Tesoro General del Estado. A ello se suma, manifestó, el hecho de que en 2012 sus ingresos propios se redujeron en Bs 48 millones y para esta gestión se prevé una reducción de Bs 68 millones, ello debido a la implementación de la gratuidad de algunos trámites judiciales.
Magistrado admite que hay demora
Cambio
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Rómulo Calle, reconoció que hace falta mucho trabajo para facilitar la transformación de la justicia en el país, según reportó ABI. Esta autoridad explicó que no hubo avance como el pueblo lo hubiera querido, es decir que el sistema sea más ágil, que no haya corrupción y que la gente tenga mayor acceso.
Suspenden la cumbre judicial de Chuquisaca
La Cumbre Departamental de Justicia en Chuquisaca fue postergada ayer debido a la inasistencia de alcaldes, jueces y otros representantes provinciales por el bloqueo de caminos que cercó a Sucre durante nueve días. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Rita Nava informó que aún no se tiene fecha definida para este encuentro, pero aseguró que debe ser antes del 15 de mayo, ya que en esa fecha se realizará en Sucre la Cumbre Nacional de Justicia, donde cada región expondrá sus conclusiones.
Entretanto, la cumbre con las mismas características se abrió en los otros ocho departamentos, con la asistencia de cerca de un centenar de organizaciones. Esas reuniones deben concluir hoy.
Para Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las autoridades judiciales fueron elegidas por voto, pero eso no bastó para cambiar el sistema judicial, ni aumentar su alcance.
Durante la inauguración de la Cumbre Departamental de Justicia en La Paz, en la mañana de ayer, este dirigente aseguró que el proceso de transformación judicial no estuvo acompañado de nuevas normativas, ya que sus operadores todavía trabajan bajo las leyes del viejo modelo.
Según Coraite, un nuevo modelo también debe avanzar junto a una mayor expansión y cobertura, ya que no se puede tener a “unos cuantos jueces” ni reparticiones que son insuficientes para resolver las causas. La diputada indígena Julia Figueredo, presidenta de la brigada parlamentaria de La Paz, cuestionó la burocracia bajo la cual aún desempeñan su labor los funcionarios del Órgano Judicial. También criticó la ausencia de magistrados en las provincias.
“La justicia no alcanza a toda el área rural. Una justicia sin jueces ni personal no va a ir adelante”, lamentó. Espera que a futuro ese Órgano pueda desempeñar una mejor función, con el fin de que se dé solución a los juicios que están en curso y para que el pobre y el que no tiene recursos no siga perdiendo su tiempo ni dinero.
Ausencia. Magdalena Lázaro, secretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, criticó el hecho de que la justicia no haya llegado a todos “los rincones de Bolivia”. “Los habitantes y campesinos quisiéramos que llegue a todos, porque todavía nos engañan y no nos orientan correctamente”, aseveró.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, reconoció que la población todavía tiene la percepción de que la justicia es solamente para los ricos y consideró que esa situación se mantendrá así en la medida en que no se impulsa la justicia originaria campesina.
Mamani espera que en esta cumbre se pueda dar solución al problema de la retardación en los procesos, pero también a otros como la falta de presupuesto o juzgados. En esta cumbre se analizarán cuatro temáticas: acceso a la justicia, independencia judicial, participación ciudadana y justicia indígena originaria y campesina.
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, explicó que la falta de juzgados se debe a que el Órgano Judicial no cuenta con el suficiente presupuesto. Actualmente, agregó, tienen pendiente su resolución 3.149 causas, las mismas que están en manos de 180 jueces.
Respecto al presupuesto del Órgano Judicial, Cristina Mamani precisó que el monto asignado para esta gestión asciende a Bs 646,7 millones, de los que sólo el 40% (Bs 258,6 millones) es financiado por el Tesoro General del Estado. A ello se suma, manifestó, el hecho de que en 2012 sus ingresos propios se redujeron en Bs 48 millones y para esta gestión se prevé una reducción de Bs 68 millones, ello debido a la implementación de la gratuidad de algunos trámites judiciales.
Magistrado admite que hay demora
Cambio
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Rómulo Calle, reconoció que hace falta mucho trabajo para facilitar la transformación de la justicia en el país, según reportó ABI. Esta autoridad explicó que no hubo avance como el pueblo lo hubiera querido, es decir que el sistema sea más ágil, que no haya corrupción y que la gente tenga mayor acceso.
Suspenden la cumbre judicial de Chuquisaca
La Cumbre Departamental de Justicia en Chuquisaca fue postergada ayer debido a la inasistencia de alcaldes, jueces y otros representantes provinciales por el bloqueo de caminos que cercó a Sucre durante nueve días. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Rita Nava informó que aún no se tiene fecha definida para este encuentro, pero aseguró que debe ser antes del 15 de mayo, ya que en esa fecha se realizará en Sucre la Cumbre Nacional de Justicia, donde cada región expondrá sus conclusiones.
Entretanto, la cumbre con las mismas características se abrió en los otros ocho departamentos, con la asistencia de cerca de un centenar de organizaciones. Esas reuniones deben concluir hoy.
Se desata el exterminio de los últimos pueblos no contactados de la Amazonia ecuatoriana
Nota completa en Se desata el exterminio de los últimos pueblos no contactados de la Amazonia ecuatoriana
Orengo Tocari, indígena huaorani, aseguró en un programa de televisión que organizó y ejecutó la mantanza de cinco miembros del pueblo no contactado Taromenane, etnia conocida también como Tagaeris, el 29 de marzo pasado, según informó el domingo el El Comercio de Quito.
El periódico ecuatoriano da cuenta que Tocari reveló supuestos detalles de cómo tomó, junto a sus primos, 17 lanzas, se internó en la selva en dos expediciones hasta dar con el paradero de un grupo taromenane, para, finalmente, lancearlos.
El propósito del crimen habría sido -explicó Tocari- vengar la muerte de su tío, el guerrero huaorani Ompore Omeway, de 70 años, y Buganey Caiga, de 64, ocurrida el pasado 5 de marzo. “Porque murió mi tío, nosotros quedamos un rato con la pena. En nuestra cultura nosotros tenemos que hacer enfrentamiento con los taromenane”, dijo Tocari.
“Yo ordenaba a mis primos: ¡Nosotros no somos mujeres, somos hombres, nuestra nacionalidad es huaorani, todavía tenemos la cultura! Entonces cogimos como 17 lanzas de mis tíos finados, hicimos llevando a la selva (y las llevamos a la selva)”.
l indígena aseguró que con sus parientes estuvieron nueve días buscando las huellas del clan rival hasta que “llegamos a la casa, escuchamos la voz de ellos… entonces nos alcanzamos en enfrentamiento con las lanzas”.
Este hecho –dijo Tocari- habría sucedido cerca del río Tiguacuno, en la zona protegida del Yasuní, en Orellana.
Tocari reveló que en el enfrentamiento cinco personas murieron, uno era un joven y que además fue él y sus parientes los que raptaron a las dos niñas taromenane de su entorno. Además, narró que otros 20 miembros del grupo contrario no intentaron defenderse, sino que corrieron.
Marzo sangriento en la amazonia indígena
El 5 de marzo pasado, cerca del caserío de Yarentaro (en la provincia amazónica de Orellana, este), un jefe de la etnia Huaorani y su mujer murieron atacados presuntamente por los Taromenane llamados también Tagaeri o “patas coloradas”, uno de los dos pueblos no contactados que habitan en la Amazonía y cuyas poblaciones sumarían apenas unas 200 personas.
El ataque del 5 de marzo ocurrió en una zona conocida como Awemodo ubicada a más de una hora y media del poblado de Yademtado en Orellana. En el lugar vivían los esposos Onehuay de 55 años de edad. El esposo habría recibido cerca de ocho lanzas. Su esposa habría recibido tres lanzas y fue encontrada aún con vida pero falleció durante el traslado al poblado de Yademtado.
En represalia, los Huaorani (con 2.300 habitantes) sostienen haber atacado a los Taromenane o Tagaeris el 29 de marzo pasado, en un episodio que se adjudicó hace pocas horas el jefe guerrero huaorani Orengo Tokari, quien habla de cinco muertos mientras otras versiones insisten en 30 víctimas.
La matanza del 29 de marzo por parte de los huaoranis, en represalia al ataque sufrido por parte de los taromanenes el 5 de marzo de este mismo año, incluyó el secuestro de dos niñas taromenane, según la Fiscalía, de 5 y 8 años, que permanecen al cuidado de una familia huaorani en la comunidad Yarentaro, en Aguarico, Orellana.
Guerreros en acción
Estas rivalidades inter-étnicas son ancestrales, así como la violencia natural de algunas parcialidades en aislamiento voluntario dentro el bosque amazónico, como parte de su resistencia contra la invasión de extraños en su territorio que data desde los tiempos del auge del caucho a fines del siglo XIX y mitades del siglo XX.
Son comunes historias en todo el territorio amazónico que atraviesa siete países sudamericanos, de colonos madereros o exploradores mineros o petroleros heridos con lanzas y flechas disparados furtivamente por las tribus invadidas.
Como sucedía entre los siglos XVII, XVIII y XIX con misioneros que perdieron la vida intentando evangelizar y vestir con ropa occidental a los pueblos no contactados, en 1987 el sacerdote Alejandro Labaca y la hermana Inés Arango fueron “lanceados” por taromananes que se resistían a la evangelización de su tribu dentro el actual Parque Nacional Yasuní (ver el video). El grupo taromanane que sacrificó la vida del sacerdote era una parcialidad originalmente Huaorani que se negó a tomar contacto con el mundo moderno. Para diferenciarse de los huaroanis contactados, aquella parcialidad rebelde adoptó el nombre de su jefe guerrero Tagá (asesinado por sicarios que organizó el ejército ecuatoriano en favor de las empresas madereras y petroleras), siendo conocidos desde entonces como los Tagaeri.
En esa misma época, en la Amazonia en Cochabamba, Bolivia, un sacerdote salesiano fue flechado por los últimos indígenas en aislamiento voluntario del Chapare, los Yukis, quienes actualmente están totalmente integrados a la “civilización” (visten poleras y pantaloncillos, sus flechas son ahora souvenires para la venta a turistas) por acción de misioneros norteamericanos de “Nuevas Tribus” que forzaron el contacto del mismo modo en que lo hicieron con los Huaorani en Ecuador.
Orengo Tocari, indígena huaorani, aseguró en un programa de televisión que organizó y ejecutó la mantanza de cinco miembros del pueblo no contactado Taromenane, etnia conocida también como Tagaeris, el 29 de marzo pasado, según informó el domingo el El Comercio de Quito.
El periódico ecuatoriano da cuenta que Tocari reveló supuestos detalles de cómo tomó, junto a sus primos, 17 lanzas, se internó en la selva en dos expediciones hasta dar con el paradero de un grupo taromenane, para, finalmente, lancearlos.
El propósito del crimen habría sido -explicó Tocari- vengar la muerte de su tío, el guerrero huaorani Ompore Omeway, de 70 años, y Buganey Caiga, de 64, ocurrida el pasado 5 de marzo. “Porque murió mi tío, nosotros quedamos un rato con la pena. En nuestra cultura nosotros tenemos que hacer enfrentamiento con los taromenane”, dijo Tocari.
“Yo ordenaba a mis primos: ¡Nosotros no somos mujeres, somos hombres, nuestra nacionalidad es huaorani, todavía tenemos la cultura! Entonces cogimos como 17 lanzas de mis tíos finados, hicimos llevando a la selva (y las llevamos a la selva)”.
l indígena aseguró que con sus parientes estuvieron nueve días buscando las huellas del clan rival hasta que “llegamos a la casa, escuchamos la voz de ellos… entonces nos alcanzamos en enfrentamiento con las lanzas”.
Este hecho –dijo Tocari- habría sucedido cerca del río Tiguacuno, en la zona protegida del Yasuní, en Orellana.
Tocari reveló que en el enfrentamiento cinco personas murieron, uno era un joven y que además fue él y sus parientes los que raptaron a las dos niñas taromenane de su entorno. Además, narró que otros 20 miembros del grupo contrario no intentaron defenderse, sino que corrieron.
Marzo sangriento en la amazonia indígena
El 5 de marzo pasado, cerca del caserío de Yarentaro (en la provincia amazónica de Orellana, este), un jefe de la etnia Huaorani y su mujer murieron atacados presuntamente por los Taromenane llamados también Tagaeri o “patas coloradas”, uno de los dos pueblos no contactados que habitan en la Amazonía y cuyas poblaciones sumarían apenas unas 200 personas.
El ataque del 5 de marzo ocurrió en una zona conocida como Awemodo ubicada a más de una hora y media del poblado de Yademtado en Orellana. En el lugar vivían los esposos Onehuay de 55 años de edad. El esposo habría recibido cerca de ocho lanzas. Su esposa habría recibido tres lanzas y fue encontrada aún con vida pero falleció durante el traslado al poblado de Yademtado.
En represalia, los Huaorani (con 2.300 habitantes) sostienen haber atacado a los Taromenane o Tagaeris el 29 de marzo pasado, en un episodio que se adjudicó hace pocas horas el jefe guerrero huaorani Orengo Tokari, quien habla de cinco muertos mientras otras versiones insisten en 30 víctimas.
La matanza del 29 de marzo por parte de los huaoranis, en represalia al ataque sufrido por parte de los taromanenes el 5 de marzo de este mismo año, incluyó el secuestro de dos niñas taromenane, según la Fiscalía, de 5 y 8 años, que permanecen al cuidado de una familia huaorani en la comunidad Yarentaro, en Aguarico, Orellana.
Guerreros en acción
Estas rivalidades inter-étnicas son ancestrales, así como la violencia natural de algunas parcialidades en aislamiento voluntario dentro el bosque amazónico, como parte de su resistencia contra la invasión de extraños en su territorio que data desde los tiempos del auge del caucho a fines del siglo XIX y mitades del siglo XX.
Son comunes historias en todo el territorio amazónico que atraviesa siete países sudamericanos, de colonos madereros o exploradores mineros o petroleros heridos con lanzas y flechas disparados furtivamente por las tribus invadidas.
Como sucedía entre los siglos XVII, XVIII y XIX con misioneros que perdieron la vida intentando evangelizar y vestir con ropa occidental a los pueblos no contactados, en 1987 el sacerdote Alejandro Labaca y la hermana Inés Arango fueron “lanceados” por taromananes que se resistían a la evangelización de su tribu dentro el actual Parque Nacional Yasuní (ver el video). El grupo taromanane que sacrificó la vida del sacerdote era una parcialidad originalmente Huaorani que se negó a tomar contacto con el mundo moderno. Para diferenciarse de los huaroanis contactados, aquella parcialidad rebelde adoptó el nombre de su jefe guerrero Tagá (asesinado por sicarios que organizó el ejército ecuatoriano en favor de las empresas madereras y petroleras), siendo conocidos desde entonces como los Tagaeri.
En esa misma época, en la Amazonia en Cochabamba, Bolivia, un sacerdote salesiano fue flechado por los últimos indígenas en aislamiento voluntario del Chapare, los Yukis, quienes actualmente están totalmente integrados a la “civilización” (visten poleras y pantaloncillos, sus flechas son ahora souvenires para la venta a turistas) por acción de misioneros norteamericanos de “Nuevas Tribus” que forzaron el contacto del mismo modo en que lo hicieron con los Huaorani en Ecuador.
viernes, 3 de mayo de 2013
EN MÉXICO Últimos dos que hablan una lengua en peligro no conversan
Manuel Segovia e Isidro Velázquez, los últimos hablantes de la lengua ayapaneco, viven cerca el uno del otro en Ayapa, Tabasco, México. Pero no importa las implicaciones culturales de mantener su lengua viva, ellos no hablan y están felices con su evasión mutua.
Indígenas en Brasil paralizan polémica obra
Unos 200 indígenas que ocuparon ayer el principal frente de trabajo de la represa de Belo Monte, en la Amazonía brasileña, paralizaron nuevamente la construcción de la polémica hidroeléctrica, que será la tercera mayor del mundo y a la que se oponen ecologistas e indígenas.
Guarayos recibió equipamiento médico valuado en Bs 233.640
El ministro de Salud y Deportes, Juan Carlos Calvimontes, entregó el 27 abril equipamiento médico al municipio de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, valuado en 233.640 bolivianos.
Este equipamiento forma parte del fortalecimiento de los establecimientos de salud que viene realizando el Ministerio de Salud y Deportes, con el objetivo de contribuir al acceso universal a la salud a la población boliviana.
En esta oportunidad el ministro Calvimontes entregó 45 ítems, entre: equipos médicos, equipos de oficina, muebles y otros, destinados al Centro de Salud “Santa María” del municipio de Ascensión de Guayaros.
“Con el equipamiento médico se beneficia una población aproximada de 29.500 habitantes del municipio de Guarayos”, sostuvo la autoridad.
Aseguró que estos equipos son indispensables para que se pueda atender a todas las comunidades del municipio de Guarayos, asimismo, asumió el compromiso de equipar otros centros de salud para que no se acuda a la capital de la provincia o hasta Trinidad.
El director del Centro de Salud Santa María, José Quisberth, manifestó: “el equipamiento que recibimos es como enviado del cielo porque nos hacía mucha falta, con esto nuestra capacidad resolutiva de atender a los pacientes será mucho mejor”, indicó.
En agradecimiento al equipo médico que recibió Guarayos, la alcaldesa Elida Urapuca declaró Huésped Ilustre al ministro Juan Carlos Calvimontes.
Este equipamiento forma parte del fortalecimiento de los establecimientos de salud que viene realizando el Ministerio de Salud y Deportes, con el objetivo de contribuir al acceso universal a la salud a la población boliviana.
En esta oportunidad el ministro Calvimontes entregó 45 ítems, entre: equipos médicos, equipos de oficina, muebles y otros, destinados al Centro de Salud “Santa María” del municipio de Ascensión de Guayaros.
“Con el equipamiento médico se beneficia una población aproximada de 29.500 habitantes del municipio de Guarayos”, sostuvo la autoridad.
Aseguró que estos equipos son indispensables para que se pueda atender a todas las comunidades del municipio de Guarayos, asimismo, asumió el compromiso de equipar otros centros de salud para que no se acuda a la capital de la provincia o hasta Trinidad.
El director del Centro de Salud Santa María, José Quisberth, manifestó: “el equipamiento que recibimos es como enviado del cielo porque nos hacía mucha falta, con esto nuestra capacidad resolutiva de atender a los pacientes será mucho mejor”, indicó.
En agradecimiento al equipo médico que recibió Guarayos, la alcaldesa Elida Urapuca declaró Huésped Ilustre al ministro Juan Carlos Calvimontes.
Coloquio rescata el pensamiento cuaternario de la Cruz Andina
El coloquio denominado "Interpretación sociocultural de la Fiesta de la Cruz", realizado ayer a las 19:00 horas en el salón "Alberto Guerra" de la Casa de la Cultura "Simón Iturri Patiño", rescató el pensamiento cuaternario de la Cruz Andina o también conocida como Chacana.
El expositor Henry Ramírez, del Consejo Departamental de Cultura, indicó que el pensamiento cuaternario se refiere al pensamiento basado en la Cruz Andina que tiene cuatro partes en esencia.
"La Cruz Andina está formada por cuatro partes, de ahí sale el concepto cuaternario, que es diferentes al pensamiento occidental que es dialéctico, el sí y el no, en el caso del pensamiento andino es holístico, integral, entonces no hay una sola verdad, pueden haber muchas verdades", indicó Ramírez.
Señaló que con este pensamiento lo que se pretende es inducir a través de la nueva ley educativa a que los estudiantes tengan un punto de vista global e integral, de tal manera que los estudiantes puedan generar conceptos integrales.
"En el pensamiento occidental lo que hacemos desde el punto de vista parcelamos el conocimiento, de tal manera que estudiamos cualquier elemento en su parte más pequeña y de ahí tratamos de entender el funcionamiento de cualquier sistema, en el caso del pensamiento andino lo que se hace es agarrar el todo y desde ese punto de vista interpretar lo que es la realidad", sostuvo el expositor.
Por su parte, el representante del Centro Cultural Sartañani, Sandro Choque, contó sobre la "Ritualidad del Tinku en la Fiesta de la Cruz", explicó que esta celebración se inicia el 3 de mayo, pero que el 4 de mayo la actividad es más grande, donde los enfrentamientos uno a uno deben ser los que generen el derramamiento de sangre, considerando que si ésta cae al suelo es de buen augurio, porque es como una ofrenda a la Pachamama.
Música, baile, pelea y bebidas alcohólicas caracterizan a esta fiesta que convoca a todos los comunarios al pueblo de Macha, donde se concentra esta actividad.
En el coloquio también estuvo presente el amauta Florencio Molina, quien además hoy, a las 11:00 horas, presentará dos libros importantes "Choquecota y su historia" y "Cosmovisión Andina", este acto será en el Salón "Alberto Guerra", de la misma Casa de la Cultura.
El expositor Henry Ramírez, del Consejo Departamental de Cultura, indicó que el pensamiento cuaternario se refiere al pensamiento basado en la Cruz Andina que tiene cuatro partes en esencia.
"La Cruz Andina está formada por cuatro partes, de ahí sale el concepto cuaternario, que es diferentes al pensamiento occidental que es dialéctico, el sí y el no, en el caso del pensamiento andino es holístico, integral, entonces no hay una sola verdad, pueden haber muchas verdades", indicó Ramírez.
Señaló que con este pensamiento lo que se pretende es inducir a través de la nueva ley educativa a que los estudiantes tengan un punto de vista global e integral, de tal manera que los estudiantes puedan generar conceptos integrales.
"En el pensamiento occidental lo que hacemos desde el punto de vista parcelamos el conocimiento, de tal manera que estudiamos cualquier elemento en su parte más pequeña y de ahí tratamos de entender el funcionamiento de cualquier sistema, en el caso del pensamiento andino lo que se hace es agarrar el todo y desde ese punto de vista interpretar lo que es la realidad", sostuvo el expositor.
Por su parte, el representante del Centro Cultural Sartañani, Sandro Choque, contó sobre la "Ritualidad del Tinku en la Fiesta de la Cruz", explicó que esta celebración se inicia el 3 de mayo, pero que el 4 de mayo la actividad es más grande, donde los enfrentamientos uno a uno deben ser los que generen el derramamiento de sangre, considerando que si ésta cae al suelo es de buen augurio, porque es como una ofrenda a la Pachamama.
Música, baile, pelea y bebidas alcohólicas caracterizan a esta fiesta que convoca a todos los comunarios al pueblo de Macha, donde se concentra esta actividad.
En el coloquio también estuvo presente el amauta Florencio Molina, quien además hoy, a las 11:00 horas, presentará dos libros importantes "Choquecota y su historia" y "Cosmovisión Andina", este acto será en el Salón "Alberto Guerra", de la misma Casa de la Cultura.
jueves, 2 de mayo de 2013
Brigada del TIPNIS sufre naufragio en río Isiboro, existen pérdidas materiales
Cinco de las 65 personas que conforman la Brigada de Integración para los pueblos de los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), naufragaron el miércoles, cuando la lancha que los transportaba por el río Isiboro, después de salir de la comunidad Limoncito, chocó contra una palizada provocando el suceso, reportó un boletín de prensa de la Agencia de Desarrollo para las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).
De acuerdo con el boletín difundido hoy, Adalberto Egüez, de Canal 7 BTV; Gustavo Ondarza, de Ademaf; Eduardo Mansilla, de SENASAG, y los militares de la Armada, sargento Rubén Mamani Choque y el suboficial Francisco Alegría, son los brigadistas que sufrieron el percance sin víctimas fatales pero si con pérdidas materiales.
Ondarza fue el más afectado porque la fuerte corriente del río lo hundió golpeándolo contra la palizada y el mismo bote y por poco perece, según el boletín que recoge testimonios de las afectados.
"Egüez ayudó a Ondarza a mantenerse a flote asiéndose a la lancha que quedó atorada entre la palizada, en tanto que Mansilla y Alegría fueron arrastrados por el agua debieron buscar refugio entre unos troncos, mientras que Mamani se esforzó por mantener la pequeña embarcación a flote", cita el comunicado.
"Con ayuda de los otros brigadistas que venían en dos lanchas más atrás, y el apoyo de dos comunarios de la localidad Villa Nueva que navegaban por el lugar, se pudo rescatar a todos y después reflotar la lancha afectada y recuperar parte de las pertenencias que bogaban río abajo", informó por su parte el capitán de corbeta, Vlamidir Inarra.
Inarra, que comanda operativamente la travesía, indicó que sólo se consiguió recuperar algunas pertenencias y se perdieron otras como el bolsón donde iban los recursos para pagar el Bono Dignidad y cuya tarea era responsabilidad de los militares mencionados.
Además, se mojaron equipos como computadoras, grabadoras, cámaras filmadoras y fotográficas de Canal 7 y ADEMAF, impresoras y computadoras de los miembros de la Armada, documentación y se perdieron pertenencias de todos, señaló entretanto Adrian Moreno, coordinador general de la Brigada.
El grupo de brigadistas se encuentran en el TIPNIS desde hace 28 días y realizan la labor de la entrega de certificados de nacimiento, cédulas de identidad, pago de los bonos Dignidad y Juana Azurduy, y atención médica general y odontológica en las comunidades que están en el Isiboro. Otros dos grupos, que también forman parte de la Brigada, están sobre los ríos Ichoa y Sécure.
Pese a la difícil situación, se indicó que los afectados del naufragio están bien y que continuarán realizando su labor que ha sido encomendada por mandato del Poder Ejecutivo, como parte del plan de erradicación de la extrema pobreza en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) durante los próximos tres años.
Comisión legislativa recibirá en audiencia a pueblo Uru para analizar borrador de Ley Integral Indígena
El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Saúl Garabito, informó que esa instancia legislativa recibirá hoy en audiencia pública a los dirigentes de la nación Uru, para analizar el borrador de la ‘Ley Integral Indígena’ y para planificar un cronograma de talleres y seminarios en todo el país.
“Estarán en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, los principales dirigentes de los urus, además el Viceministro de Justicia Indígena y de otros ministerios, quienes expondrán los avances de la elaboración de la Ley. Esta audiencia pública está programada para las 10 de la mañana”, explicó.
Recordó que pobladores de la nación Uru realizaron en marzo pasado una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, para exigir la aprobación de una ‘ley especial’ que los proteja y evite su extinción.
En esa oportunidad, se acordó la elaboración de una Ley Integral para todas las naciones y pueblos indígenas del país.
“Desde la llegada a la ciudad de La Paz de los hermanos urus, se ha trabajado en la elaboración de la nueva propuesta, con los ministerios, involucrados en esa temática, vale decir; los ministerios de Educación, Salud, la Asamblea Legislativa, de Justicia, el INRA y otros. La norma ya está concluida y este jueves 2 de mayo la presentaremos el borrador a los urus”, subrayó.
“Estarán en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, los principales dirigentes de los urus, además el Viceministro de Justicia Indígena y de otros ministerios, quienes expondrán los avances de la elaboración de la Ley. Esta audiencia pública está programada para las 10 de la mañana”, explicó.
Recordó que pobladores de la nación Uru realizaron en marzo pasado una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, para exigir la aprobación de una ‘ley especial’ que los proteja y evite su extinción.
En esa oportunidad, se acordó la elaboración de una Ley Integral para todas las naciones y pueblos indígenas del país.
“Desde la llegada a la ciudad de La Paz de los hermanos urus, se ha trabajado en la elaboración de la nueva propuesta, con los ministerios, involucrados en esa temática, vale decir; los ministerios de Educación, Salud, la Asamblea Legislativa, de Justicia, el INRA y otros. La norma ya está concluida y este jueves 2 de mayo la presentaremos el borrador a los urus”, subrayó.
miércoles, 1 de mayo de 2013
Guaraníes ejecutan proyectos para mejorar la producción
Las18 comunidades de la TCO Kaami mostraron y explicaron el alcance técnico y el impacto social de cinco proyectos financiados por YPFB Andina.
El evento, que se realizó en la comunidad de Itakise, mostró los avances de proyectos relacionados con la cría de ganado ovino de pelo y la producción de miel, abono orgánico, huevos criollos y hortalizas orgánicas. “Los proyectos garantizan la seguridad alimentaria, buscando una calidad de vida sostenible”, dijo Víctor Rodríguez, cacique de la capitanía Kaami.
Cada uno de los proyectos involucra a varias comunidades de las capitanías cercanas a Sararenda. Se dijo que la empresa ha invertido Bs 1 millón en capacitación, asesoramiento, dotación de materiales e insumos y fortalecimiento institucional
El evento, que se realizó en la comunidad de Itakise, mostró los avances de proyectos relacionados con la cría de ganado ovino de pelo y la producción de miel, abono orgánico, huevos criollos y hortalizas orgánicas. “Los proyectos garantizan la seguridad alimentaria, buscando una calidad de vida sostenible”, dijo Víctor Rodríguez, cacique de la capitanía Kaami.
Cada uno de los proyectos involucra a varias comunidades de las capitanías cercanas a Sararenda. Se dijo que la empresa ha invertido Bs 1 millón en capacitación, asesoramiento, dotación de materiales e insumos y fortalecimiento institucional
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