Los asesores del Ministerio de Gobierno, que fueron implicados en el caso de extorsión al norteamericano Jacob Ostreicher, impulsaron procesos legales contra el Movimiento Sin Miedo (MSM) y las mujeres marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los sectores afectados descalifican la moral de estos funcionarios y ya se apunta a investigar todo el aparataje político dentro del Gobierno.
En contacto con EL DIARIO, el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, afirmó que el Gobierno “promueve a la delincuencia”, provocando una mala imagen del país y demostrando que no respeta los derechos de los pueblos indígenas.
“La corrupción ha crecido tanto en este país que todo los problemas están ahogando al Gobierno. Ahora se voltean las cosas, ayer nos acusaban y hoy ellos son los acusados, lo que demuestra que no tenían la más mínima moral para acusarnos y de delitos que nunca fueron comprobados”, señaló.
Los asesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, son quienes presentaron la denuncia contra las mujeres indígenas del Tipnis que participaron de la octava marcha por el supuesto secuestro y “tentativa de homicidio” al canciller David Choquehuanca.
En el memorial aprobado por el Ejecutivo para intervenir la marcha no aparece la firma de Llorenti, pero sí de los dos abogados de su despacho, ahora implicados en la red de extorsión.
También interpusieron el proceso por presunta instigación pública a delinquir en contra de la diputada por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, cuando ésta se comunicó con la novena marcha indígena.
“Estas personas, utilizaron pruebas obtenidas de manera sospechosa y fraudulenta a través de la instalación de un sistema de grabación en mi despacho. Me convocaron casi inmediatamente a declarar, pero no así al ministro Carlos Romero ni a sus representantes legales y mi denuncia quedó paralizada”, lamentó Revollo.
Por otro lado, en Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz se pronunció ante el hecho, manifestando que esperan que la investigación se extienda a develar las irregularidades que habrían en el caso terrorismo, cuyos principales impulsores fueron Rodas Limachi y Rivera Tardío.
“Santa Cruz ha tolerado el caso terrorismo estoicamente, es mucho esperar, son más de tres años para una sociedad que ha visto esa injusticias y la corrupción cuando se destape va ser igual que en el caso del norteamericano (Ostreicher)”, afirmó el presidente del Comité Cívico, Herland Vaca Diez.
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