Una comisión interinstitucional -compuesta por miembros de la Iglesia Católica, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo- ingresará en diciembre al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con el objetivo de cotejar los resultados de la consulta que realiza el Gobierno y el testimonio de los comunarios.
La información la dio a conocer ayer Lázaro Tacoó, técnico de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que es presidida por el dirigente Adolfo Chávez.
“Se espera verificar los resultados de las comunidades sobre la consulta con los informes oficiales. Esto nos servirá además para elevar un informe a los organismos internacionales, donde hemos presentado denuncias contra el Gobierno sobre la violación de los derechos indígenas. Ellos ya no quieren denuncias, necesitan informes”, dijo.
Sin embargo, la fecha del ingreso no fue revelada. Voceros de los indígenas explicaron que se lo mantendrá en reserva hasta que la comisión esté dentro del territorio para evitar que, “como con otras comisiones, funcionarios del Gobierno” obstaculicen ese traslado hasta las comunidades.
Entre tanto, se conoció que tres brigadas -conformadas por empleados de los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente- retomaron este fin de semana la consulta en el TIPNIS, que quedó paralizada por el censo nacional que se realizó la pasada semana.
El Gobierno ha anunciado que hasta el momento 57 de las 69 comunidades del área de reserva fueron consultadas, por lo que el proceso continuará en las 12 restantes hasta el 7 de diciembre próximo, fecha en que concluye el plazo establecido para la realización de ese proceso.
Los indígenas rechazan el informe del Órgano Ejecutivo y dicen q ue plantearán demandas.
Presentarán otra acción popular
Una alianza entre activistas e indígenas que defienden el TIPNIS planteará en los próximos días ante el Tribunal Departamental de Justicia un recurso de acción popular, previsto en los artículos 135 y 136 de la Constitución.
El dirigente de los activistas y ecologistas que defiende la causa de los pueblos indígenas y sus recursos de flora y fauna, Pablo Rojas, afirmó a la agencia noticiosa ANF que la demanda a favor del TIPNIS se respalda no sólo en la Carta Magna y la Ley 1333 de Medio Ambiente, sino también en la reciente Ley de Derechos de la Madre Tierra.
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