A nueve años de la denominada “refundación” de Bolivia, que dejaba atrás la vida republicana y pasaba a ser el Estado Plurinacional, los derechos indígenas y su cumplimiento siguen siendo parte del debate ante la permanente amenaza a sus territorios.
Tras instituirse la República en 1825, la propiedad de la tierra siempre fue un tema que ha generado múltiples confrontaciones entre los pueblos indígenas de tierras bajas y el Estado.
Los pueblos indígenas del Beni protagonizaron la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, en 1990. Decenas de indígenas partieron desde el corazón del Beni a La Paz, en demanda del respeto a sus territorios ancestrales, amenazados por la explotación maderera.
La Constitución Política del Estado (CPE), redactada por un proceso Constituyente muy complejo, se encargó de reconocer los derechos de los pueblos indígenas e incluir a las 36 naciones en el nuevo texto constitucional.
Si bien en la reforma constitucional de 1995 se les reconoció como Tierras Comunitarias de Origen (TCOs); sin embargo, las tensiones por la tenencia de la tierra y el territorio no desaparecieron e incluso algunas llegaron a profundizarse.
“Con el Estado Plurinacional no se cambia nada o si hubo cambios fueron muy poco significativos. Esta relación conflictiva entre Estado y pueblos indígenas se mantiene. Cuando se realizó la octava y novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure ‘TIPNIS’ de 2011, veíamos con asombro en ese afán por desacreditar en vez de atender. Utilizaba el mismo discurso de los grupos de poder de 1990 y estamos hablando de tres décadas atrás”, señaló Ismael Guzmán, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
Según el experto en materia indígena, la mentalidad de los gobiernos de la época republicana y del actual Estado Plurinacional, son coincidentes, lo que evita que se comprenda la problemática indígena y la aplicación de la CPE sea nula en cuanto a los artículos 30 y 31 sobre los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
“Yo veo que los mismos conflictos y la intensidad se mantienen. Hay matices, por supuesto, y el gobierno actual es mucho más hábil para hacer gestión del conflicto a su favor. Sea con prácticas éticas o no éticas, ese es otro tema. Incluso hay quienes dicen que a los gobiernos neoliberales se les podía arrancar cosas que no eran las principales pretensiones, pero eran resultados más visibles de los que se ven en la actualidad”, comenta.
La actual tensión entre el Estado y los indígenas tiene que ver con el respeto a sus territorios, y directamente con la Consulta Previa Libre e Informada para decidir sobre las medidas administrativas y legislativas que afectan sus territorios.
Las principales amenazas que perciben los indígenas son las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que afecta su cosmovisión y altera el equilibrio medioambiental, asimismo, las megaobras como las hidroeléctricas.
El mayor quiebre entre el Estado y los pueblos indígenas, se produjo durante el conflicto del TIPNIS, la intervención policial en Chaparina en 2011 marcó un hito en esta relación. Aunque existen otros, como el rechazo de los guaraníes Tacovo Mora a la exploración de hidrocarburos y ahora la oposición a la construcción de represas en la Amazonía boliviana.
“Lo que el país requiere es riqueza y si hay un potencial que es desperdiciado hay que reactivarlo porque son actividades económicas. Desde esta visión no hay nada de lo plurinacional y se mantiene la vieja lógica. Pero desde la visión de los pueblos indígenas la cosa es contrapuesta”, agregó Guzmán
Reconoce que se dieron algunos pasos en cuanto al acercamiento entre indígenas, Estado y sociedad, aunque advierte que existen temas pendientes que van más allá de los espacios de representación política conquistados.
“La plurinacionalidad significa que si el Estado tiene una relación más directa con (…) las poblaciones indígenas, en términos de apoyo al desarrollo económico y productivo, se debiera hacer en respeto de sus formas de producción, a partir de su tradición económica”, dijo.
Un ejemplo es la situación que viven actualmente los pueblos moxeños (ignaciano y trinitario), movima, yuracaré y chimán, quienes tras 27 años volvieron a movilizarse en defensa de sus tierras ancestrales que se ven en peligro por una resolución administrativa emitida por el INRA que define a dichos espacios como tierras fiscales (art. 395 de la CPE).
“Sí estamos incluidos pero solo en la ley porque en la práctica todavía no se está haciendo verdad. Hay una ley que dice que los pueblos indígenas deben ser consultados de acuerdo a los usos y costumbres y vivencias que existan en cada una de sus áreas donde corresponda en su jurisdicción (art. 30, numeral 15 de la CPE), pero no se cumple”, afirma el presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Bernardo Muiba. (ANF)
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