La violenta represión de la Policía a los guaraníes en la comunidad de Yateirenda del departamento de Santa Cruz, en agosto de este año, fue el punto de quiebre entre los indígenas de esa nacionalidad y el gobierno del presidente de Evo Morales reconocieron dirigentes de ese sector.
Divididos y perseguidos, los indígenas buscan el respeto a sus derechos colectivos, en su peor momento.
En la Capitanía Takovo Mora del municipio de Cabezas, un grupo de indígenas desconoció y destituyó a su presidenta, Vilma Arredondo, quien encabezó la movilización contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, en demanda a la consulta previa.
En Tarija, el grupo de dirigentes guaraníes que respalda la exploración y explotación de petróleo en las áreas protegidas se disputa el control de la Asamblea del Pueblos Guaraní-Itika Guasu (APG-IG).
DIVIDIDOS Y PERSEGUIDOS
Para los principales representantes del pueblo guaraní, el Gobierno los perforó, dividió y ahora, aseguraron, los persigue para acallarlos. Dicen que los ven como un obstáculo en las políticas de desarrollo que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), ingresando a los parques.
Además no quieren que se opongan a una posible reelección del Primer Mandatario, con el fin de alcanzar su cuarto mandato consecutivo, en 2019.
Lidio Meriles, exdirigente de la Capitanía Takovo Mora, a quien el Gobierno responsabilizó de malversar recursos de compensación por actividades petrolíferas en territorio indígena, declaró a Erbol que están en una situación delicada y que no pueden hablar.
Denunció que dirigentes, afines al MAS, están tomando control desde las comunidades y en otros sectores los “compran” con proyectos.
“Es un tema bien delicado, bien complicado porque lo que ha pasado en Yateirenda no es simplemente desconocer los derechos, sino tiene otro objetivo mucho más allá de lo que no se imagina, de parte del gobierno ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? Hasta el momento el Gobierno ha logrado perforar la organización de la Capitanía Takovo Mora, así de claro”, señaló el indígena.
CARGOS
La vicepresidenta de las Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Salomé Castillo, contó que durante la movilización por Takovo Mora aparentemente el Ejecutivo le ofreció el viceministerio de Tierras para que decline en su postura. Ella no aceptó y supo que el viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario le fue entregado a Marisol Solano Charis, para desmovilizarlos. Dijo que Solano, que también es guaraní, no los representa.
“A mí, de la dirección de Carlos Romero (ministro de Gobierno) me ofreció el Viceministerio de Tierras, pero yo quiero decir públicamente a nivel nacional que como vicepresidenta de la APG, yo Salomé Castillo, he entrado a direccionar la APG, entonces yo soy muy honesta y no me presto por dinero y cargos”, afirmó.
Celso Padilla, expresidente de la APG, indicó que es uno de los dirigentes perseguidos por el Gobierno y junto con él, la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) critica a la gestión de Morales, Nelly Romero.
En el pueblo guaraní reconocen, en silencio, que hay una injerencia del MAS en sus organizaciones, pero muy pocos se animan a decirlo, por temor a ser identificados. El presidente del Consejo de Capitanías de Santa Cruz, Rolando Gómez, informó que sostendrán esta semana una reunión a nivel nacional para tratar la situación orgánica en la que se encuentran.
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