Los líderes de las movilizaciones en defensa del TIPNIS anunciaron que no insistirán en incluir al presidente Evo Morales ni al vicepresidente Álvaro García Linera en la demanda por el caso Chaparina hasta que el MAS ya no tenga los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Adolfo Chávez, dirigente de la CIDOB, y Rafael Quispe, exmallku del Conamaq, están conscientes de que con la actual composición del Legislativo (donde el oficialismo tiene dos tercios), será imposible plantear una demanda de juicio de responsabilidades por la represión a la VIII marcha en defensa del TIPNIS el 25 de septiembre de 2011.
"En 2015 cuando la correlación de fuerzas cambie en la Asamblea Legislativa, vamos a meter juicio de responsabilidades contra el Presidente y el Vicepresidente”, declaró Quispe quien participó en las dos movilizaciones indígenas, de 2011 y 2012.
Ese domingo 25, la violencia se había apoderado de la movilización. Tropas de policías ingresaron con gases lacrimógenos al campamento, detuvieron a hombres y mujeres con sus niños, muchos fueron golpeados, maniatados y amordazados con cintas de embalaje.
Con el uso de la fuerza fueron desmovilizados y obligados a subirse a motorizados para ser trasladados hasta Rurrenabaque, donde ciudadanos impidieron que los indígenas abordaran aviones que el Gobierno dispuso para ser transportados supuestamente a sus lugares de origen.
Morales deslindó responsabilidad en la intervención y apuntó a una ruptura de la cadena de mando y responsabilizó a la institución del orden a diferencia de García Linera, quien tras los hechos, dijo que conocía de las responsabilidades, pero que no las dirá para no interferir en las investigaciones que está realizando el Ministerio Público.
Para los indígenas fue la mayor violación a sus derechos, al derecho a la movilización y al libre tránsito; hasta la fecha las investigaciones continúan y aún no se conoce a los responsables.
Con el enjuiciamiento a los mandatarios, según Chávez, "eso va a permitir que no sólo el caso Chaparina prospere, sino otros que están en la impunidad”. El dirigente cree que los responsables políticos no son identificados y acusados por el Ministerio Público por su "parcialización” con el Gobierno.
La comisión de fiscales excluyó al exministro Sacha Llorenti de las investigaciones, pese a las declaraciones de Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, y de Edwin Foronda, exinspector de la Policía Boliviana, quienes apuntaron a la exautoridad gubernamental como el principal responsable de la intervención.
Guerrero recibirá un informe del caso
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, recibirá hoy en la ciudad de La Paz un informe de la investigación sobre la represión contra los indígenas del TIPNIS, en la localidad de Chaparina, el 25 de septiembre de 2011.
"El día de mañana (hoy) yo estoy viajando a La Paz para recibir un informe de la comisión de fiscales y ver de qué manera se va a dar celeridad a este proceso”, declaró a los periodistas.
"Quiero recibir el informe de los fiscales, cuál es la situación real en la que se encuentra, (hacer) una revisión del cuaderno de investigación, qué actuaciones faltarían por realizar dentro de ese marco de la investigación”, añadió.
Mañana se cumplen dos años de la represión policial contra una marcha de indígenas que rechazaban la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio a través del TIPNIS, según la gubernamental ABI.
Indígenas piden al MSM que deje de ser querellante en este caso
El exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq) y querellante en el caso Chaparina, Rafael Quispe, sugirió al Movimiento Sin Miedo (MSM) que desista de la demanda por la intervención a la VIII movilización para evitar su politización; sin embargo, el líder del MSM, Juan Del Granado, afirmó que su partido continuará como denunciante en este caso.
"Nos han dicho que es político, (por eso queremos) pedirle al MSM que se retire de esta querella porque de acuerdo al Código Penal son las víctimas que deben ser los querellantes”, declaró el exmallku del Conamaq.
No obstante, Juan Del Granado afirmó que continuará como denunciante: "nosotros somos denunciantes, hemos denunciado un hecho delictivo flagrante y vamos a contribuir a toda la investigación para que se esclarezcan los hechos”. El MSM también planteó una denuncia por las irregularidades en el contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS.
Según Quispe, la posición del MSM "perjudica” al proceso porque las autoridades utilizan el tema para acusar que se trata de denuncias políticas.
Los indígenas se movilizaron en dos marchas contra la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Se aprobaron dos leyes, una declarando la intangibilidad y protección del parque y otra norma impulsada por el Conisur, afín al Gobierno, para realizar la consulta previa. Este proceso fue calificado como extemporáneo ya que se ejecutó después de que comenzaron las obras civiles.
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