El informe sobre el “Estado de Situación del Ejercicio del Derecho a la Tierra y al Territorio por parte de las Familias Guaraníes en el Municipio de Caraparí” realizado por la Defensoría del Pueblo, evidenció una serie de irregularidades cometidas por el INRA, durante el proceso de saneamiento y dotación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a las comunidades indígenas Guaraní en el municipio tarijeño de Caraparí y que afectan su derecho al territorio, informa un boletín de prensa de la institución.
De acuerdo a sus resultados, el pueblo guaraní del municipio de Caraparí recibió apenas 745 hectáreas de tierra, que no representa ni el 1% de las más de 302.000 hectáreas que demandó al INRA como un derecho de propiedad ancestral sobre ese territorio, mientras que esa entidad determinó dotar con más de 30.000 Has a las empresas ganaderas y agrícolas de la zona.
El estudio fue entregado el jueves pasado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, a las autoridades indígenas, organizaciones sociales y de derechos humanos,en un encuentro que se desarrolló en la sede de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en esa localidad. Su realización demandó un año y tomó como muestra a cinco de las 20 comunidades indígenas guaraníes que habitan el municipio de Caraparí: Kapiaguasuti, Cañada Ancha, Arorenda, Karaguatarenda y Río Negro.
Durante la presentación, el defensor Villena señalo que “Los argumentos con los que el INRA pretende invalidar este derecho, son totalmente contradictorios con el Convenio 169, ya que ha sido suficientemente explicada la trayectoria de despojo territorial de este pueblo, por lo que tuvo que vivir invisibilizado dentro de las haciendas o en comunidades identificadas como campesinas, dentro de las cuales también son discriminados, soportando toda clase de atropellos a sus derechos”.
La dotación de esas 745 hectáreas correspondeúnicamente a la comunidad Kapiaguasuti, que según los técnicos del INRA sería“netamente indígena originaria” desconociendo a las otras 19 comunidades que forman parte del Pueblo Guarani en Caraparí, lo cual es una flagrante vulneración de los derechos de esta nación, cuando se pretende limitar su territorialidad a la cuantificación de la población que se identifica como parte de esa nación y cuando se los estaría discriminando al no reconocer que ellos se auto identifican como un pueblo indígena.
Las conclusiones del informe señalan que “la situación generada por estas vulneraciones muestra una tendencia a priorizar los intereses de otros sectores en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas, bajo una lógica de desarrollo extractivista que se contrapone a las lógicas de relacionamiento de estos pueblos con los territorios a los que pertenecen. Por otra parte, las comunidades indígenas no tienen un trato igual dentro el sistema legal, puesto que los procesos que inician las comunidades indígenas como es el caso de la demanda de TCO de la APG Z-K son dilatados y postergados sin argumento alguno”.
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