El racismo y la discriminación hacia los indígenas se mantienen latentes en América Latina, donde aún está vigente el modelo de colonización implantado hace más de 500 años, pese a esfuerzos internacionales para contrarrestarlos, afirmó ayer una representante de la ONU.
Esa forma de pensar considera a todo lo relacionado a los pueblos indígenas “algo atrasado y salvaje, que además ve al indígena como sospechoso de terrorismo", declaró a la AFP Mirna Cunningham, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU.
Cunningham, de nacionalidad nicaragüense, participó en la Jornada Internacional Pueblos Indígenas y Derechos, organizada por la asociación Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú), como uno de los pasos previos a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que celebrará Naciones Unidas en 2014.
La reunión, con asistencia de líderes de pueblos autóctonos de América Latina y el Caribe, concluyó con el acuerdo de asumir la defensa de sus territorios ante la depredación de empresas extractivas.
“La criminalización que hacen los gobiernos sobre las acciones y protestas de los pueblos originarios y de ver al indígena como terrorista refleja las concepciones racistas que trajeron los colonizadores hace más de cinco siglos", subrayó Cunningham
domingo, 14 de julio de 2013
sábado, 13 de julio de 2013
Fernando Vargas Dirigente indígena dice que no viajará a EEUU
El dirigente del Tipnis, Fernando Vargas, aseguró que no abandonará el país y se defenderá ante la justicia boliviana junto a Pedro Nuni y Adolfo Chávez por las acusaciones que pesan en su contra sobre las agresiones a Gumercindo Pradel.
La autoridad indígena reveló que recibió sugerencias de pedir asilo a los Estados Unidos por la “persecución” que el Gobierno montó en contra de los indígenas que lideraron la VIII marcha indígena y que ahora tienen mandamientos de aprehensión y pronto podrían ser detenidos por la Policía.
“Estoy tranquilo, desde que salieron los mandamientos, estamos en la oficina de la subcentral y no tenemos ningún temor y nos sugerían desde Washington que pidamos asilo y salgamos del país. Sin embargo, mis derechos y mi dignidad no tienen precio, por lo tanto no tengo idea de dejar el país, ni dejar a mis hermanos sueltos”, afirmó.
La autoridad lamentó que el Gobierno vulnere los derechos de los indígenas y del pueblo boliviano.
La autoridad indígena reveló que recibió sugerencias de pedir asilo a los Estados Unidos por la “persecución” que el Gobierno montó en contra de los indígenas que lideraron la VIII marcha indígena y que ahora tienen mandamientos de aprehensión y pronto podrían ser detenidos por la Policía.
“Estoy tranquilo, desde que salieron los mandamientos, estamos en la oficina de la subcentral y no tenemos ningún temor y nos sugerían desde Washington que pidamos asilo y salgamos del país. Sin embargo, mis derechos y mi dignidad no tienen precio, por lo tanto no tengo idea de dejar el país, ni dejar a mis hermanos sueltos”, afirmó.
La autoridad lamentó que el Gobierno vulnere los derechos de los indígenas y del pueblo boliviano.
viernes, 12 de julio de 2013
Jueces indígenas sólo atienden dos de cada diez denuncias en el área rural
Las competencias que tenía la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) se han visto disminuidas con la implementación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (073). Esto ha derivado en que la carga procesal sea mayor en la Justicia Ordinaria.
Según la vocal de la Sala Penal Primera de Cochabamba, Nuria Gonzáles, en el orden penal se le resta a la Justicia Indígena Originaria Campesina la posibilidad de conocer y juzgar, bajo sus propias autoridades naturales, las controversias. Se calcula que de 10 casos sólo dos son atendidos en la Justicia Indígena, el resto seguirá conociendo la Justicia Ordinaria.
La Ley 073 del 29 de diciembre de 2010 regula los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. La JIOC conoce los asuntos o conflictos bajo sus normas, procedimientos y saberes propios. No alcanza a los delitos por crímenes de lesa humanidad, contra la seguridad interna y externa, terrorismo, corrupción, trata y tráfico, narcotráfico, asesinato, violación, entre otros.
La ley también determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones (Justicia Ordinaria con la Indígena, Originaria Campesina), en el marco del pluralismo jurídico que es el respeto y garantías a la coexistencia y convivencia de estos sistemas.
Para Gonzáles el Estado tiene la obligación de ampliar la cobertura de la jurisdicción ordinaria para que todas las provincias y comunidades puedan acceder a la administración de justicia.
“Según la Ley de Deslinde Jurisdiccional, las personas del área rural deben necesariamente transitar por tribunales para resolver problemas. Los jueces deben llegar a todos lados”, explicó. Uno de los requisitos para mejorar la administración de justicia es duplicar el número de jueces o buscar mecanismos que permitan superar esta falta de profesionales.
En el departamento de Cochabamba hay 157 jueces para más de un millón de habitantes. La mayor concentración se tiene en las áreas urbanas y periurbanas, pero en el área rural la presencia es escasa.
COMPETENCIAS El secretario de Justicia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Emilio Espinoza, señaló que las competencias de la JIOC, con la Ley de Deslinde, se limitan principalmente a resolver conflictos de tierras, deslindes, sobreposiciones, dobles o triples ventas de terrenos, robos y estafas, entre otros.
La JIOC no puede resolver los delitos contra el derecho internacional, de lesa humanidad, contra la seguridad interna y externa del Estado, terrorismo, delitos tributarios y aduaneros y de corrupción. Asimismo los delitos de trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico y los cometidos contra la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, violación, asesinato y homicidio.
Al respecto, el exjuez instructor de Aiquile Luis Muñoz recordó que antes de la aplicación de la Ley de Deslinde existían conflictos relacionados a los delitos de violación que se resolvían entre la víctima y el agresor a través de un resarcimiento de daños y, cuando llegaba a conocimiento de la justicia ordinaria existían dificultades para aplicar la ley.
“Había un sobreseimiento después de la denuncia, porque la víctima cambiaba su versión. Esto al parecer se ha superado”, indicó.
El secretario de Justicia la Fsutcc reconoció que existen algunos errores, pero que pueden ser subsanados para “impartir una verdadera justicia sin traicionar a bases y respetando sus propias regiones”. A esto se suma que buscan evitar el gasto económico a comunarios que contratan abogados y acuden a la justicia ordinaria para resolver un conflicto, que puede ser atendido incluso con más celeridad en la JIOC.
“Sino resuelven los secretarios de Justicia, en cada sindicato, va a la subcentral, luego a la central regional y al final a la Federación. Les hemos pedido no cometer errores y para eso les damos información. Evitamos que se manipule la justicia”, dijo.
Para el dirigente lo importante es recuperar la dignidad y el conocimiento ancestral y tradicional de los suyus, comunidades, provincias, regiones, ayllus, organizaciones indígenas, campesinas, aymaras, quechuas y guaraníes. Consideró que es necesario cooperar con el Judicial en lo que se refiere a la investigación y revisión de documentos que puede llevar a dar una solución conjunta.
PLURALISMO Jueces y secretarios de justicia coinciden en que es necesaria la coordinación entre ambas jurisdicciones que están reconocidas en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Constitución Política del Estado. En el artículo 190, se recuerda que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidas en la Constitución.
Conciliación para la solución
En la Justicia Indígena Originaria Campesina, la base de la solución está en la conciliación. Uno de los objetivos es disminuir la demanda que existe en la Justicia Ordinaria y que deriva en la carga procesal.
Según el secretario de Justicia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Emilio Espinoza, se invita a las partes en conflicto para conocer su problema. En una segunda audiencia se revisan los documentos o se va al lugar que promueve las diferencias entre las partes.
“En cuestión de media hora o 15 minutos ya solucionamos y hacemos la redacción del acta para entregar la resolución determinativa”, indicó.
Aclaró que en algunos casos se busca ayuda de los jueces para resolver y las audiencias no duran más de cuatro horas.
La vocal de la Sala Penal Primera, Nuria Gonzáles, se refirió a las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas siendo una de ellas el incremento de cobertura de los servicios de Justicia incluyendo la implementación de servicios de conciliación en la sede judicial.
El apoyo de las jurisdicciones es posible sin perder la autonomía
Eddy Burgoa
Exdirector del Viceministerio de Justicia
La Justicia Indígena Originaria Campesina, puede pedir apoyo a otros operadores de justicia en el conocimiento de un caso, la investigación o el juzgamiento y poner la sanción de forma que la asistencia técnica que se reciba sea real y efectiva, sin perder su ámbito jurisdiccional y su autonomía.
El desafío debe ser llegar al derecho pluralista que se concreta en estos espacios, es por eso que deben cooperar entre ambas justicias con respeto a sus diferencias. Cuando hablamos de pluralismo jurídico establecemos la participación de pueblos indígenas originarios con sus procedimientos y acciones que autorregulan su vida social sin perder identidad y su proceso histórico de conformación como pueblo.
Si bien la Ley de Deslinde Jurisdiccional pone límites, preocupa el proceso de consulta en Sucre. Es el caso de Centrales Unidas en Shinahota, donde se resolvió un conflicto en la justicia indígena porque un comunario no se adecuó a normas y fue invitado a dejar su propiedad. Presentó un amparo constitucional y fue procedente a su favor. En este caso no se reconocieron los valores de la comunidad, esperamos que se subsane la situación.
Son tres años de la implementación de la ley y se está concretando el nivel de coordinación y convivencia en las jurisdicciones empezando con un proceso de socialización para que los niveles de entendimiento se establezcan al igual que los procedimientos para la ayuda.
Esta justicia ha mostrado que con sus principios y procedimientos fundados en la cultura de la vida ha mostrado que es otro sistema establecido y fundado en el derecho y la vida. Se han dado casos de coordinación entre los jueces ordinarios y los secretarios de Justicia en base a la ley que establece cómo y cuándo actuar aunque no están exentos de que se presenten conflictos de interlegalidad, pero la construcción participativa da lugar a la justicia plural.
Según la vocal de la Sala Penal Primera de Cochabamba, Nuria Gonzáles, en el orden penal se le resta a la Justicia Indígena Originaria Campesina la posibilidad de conocer y juzgar, bajo sus propias autoridades naturales, las controversias. Se calcula que de 10 casos sólo dos son atendidos en la Justicia Indígena, el resto seguirá conociendo la Justicia Ordinaria.
La Ley 073 del 29 de diciembre de 2010 regula los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. La JIOC conoce los asuntos o conflictos bajo sus normas, procedimientos y saberes propios. No alcanza a los delitos por crímenes de lesa humanidad, contra la seguridad interna y externa, terrorismo, corrupción, trata y tráfico, narcotráfico, asesinato, violación, entre otros.
La ley también determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones (Justicia Ordinaria con la Indígena, Originaria Campesina), en el marco del pluralismo jurídico que es el respeto y garantías a la coexistencia y convivencia de estos sistemas.
Para Gonzáles el Estado tiene la obligación de ampliar la cobertura de la jurisdicción ordinaria para que todas las provincias y comunidades puedan acceder a la administración de justicia.
“Según la Ley de Deslinde Jurisdiccional, las personas del área rural deben necesariamente transitar por tribunales para resolver problemas. Los jueces deben llegar a todos lados”, explicó. Uno de los requisitos para mejorar la administración de justicia es duplicar el número de jueces o buscar mecanismos que permitan superar esta falta de profesionales.
En el departamento de Cochabamba hay 157 jueces para más de un millón de habitantes. La mayor concentración se tiene en las áreas urbanas y periurbanas, pero en el área rural la presencia es escasa.
COMPETENCIAS El secretario de Justicia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Emilio Espinoza, señaló que las competencias de la JIOC, con la Ley de Deslinde, se limitan principalmente a resolver conflictos de tierras, deslindes, sobreposiciones, dobles o triples ventas de terrenos, robos y estafas, entre otros.
La JIOC no puede resolver los delitos contra el derecho internacional, de lesa humanidad, contra la seguridad interna y externa del Estado, terrorismo, delitos tributarios y aduaneros y de corrupción. Asimismo los delitos de trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico y los cometidos contra la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, violación, asesinato y homicidio.
Al respecto, el exjuez instructor de Aiquile Luis Muñoz recordó que antes de la aplicación de la Ley de Deslinde existían conflictos relacionados a los delitos de violación que se resolvían entre la víctima y el agresor a través de un resarcimiento de daños y, cuando llegaba a conocimiento de la justicia ordinaria existían dificultades para aplicar la ley.
“Había un sobreseimiento después de la denuncia, porque la víctima cambiaba su versión. Esto al parecer se ha superado”, indicó.
El secretario de Justicia la Fsutcc reconoció que existen algunos errores, pero que pueden ser subsanados para “impartir una verdadera justicia sin traicionar a bases y respetando sus propias regiones”. A esto se suma que buscan evitar el gasto económico a comunarios que contratan abogados y acuden a la justicia ordinaria para resolver un conflicto, que puede ser atendido incluso con más celeridad en la JIOC.
“Sino resuelven los secretarios de Justicia, en cada sindicato, va a la subcentral, luego a la central regional y al final a la Federación. Les hemos pedido no cometer errores y para eso les damos información. Evitamos que se manipule la justicia”, dijo.
Para el dirigente lo importante es recuperar la dignidad y el conocimiento ancestral y tradicional de los suyus, comunidades, provincias, regiones, ayllus, organizaciones indígenas, campesinas, aymaras, quechuas y guaraníes. Consideró que es necesario cooperar con el Judicial en lo que se refiere a la investigación y revisión de documentos que puede llevar a dar una solución conjunta.
PLURALISMO Jueces y secretarios de justicia coinciden en que es necesaria la coordinación entre ambas jurisdicciones que están reconocidas en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Constitución Política del Estado. En el artículo 190, se recuerda que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidas en la Constitución.
Conciliación para la solución
En la Justicia Indígena Originaria Campesina, la base de la solución está en la conciliación. Uno de los objetivos es disminuir la demanda que existe en la Justicia Ordinaria y que deriva en la carga procesal.
Según el secretario de Justicia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Emilio Espinoza, se invita a las partes en conflicto para conocer su problema. En una segunda audiencia se revisan los documentos o se va al lugar que promueve las diferencias entre las partes.
“En cuestión de media hora o 15 minutos ya solucionamos y hacemos la redacción del acta para entregar la resolución determinativa”, indicó.
Aclaró que en algunos casos se busca ayuda de los jueces para resolver y las audiencias no duran más de cuatro horas.
La vocal de la Sala Penal Primera, Nuria Gonzáles, se refirió a las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas siendo una de ellas el incremento de cobertura de los servicios de Justicia incluyendo la implementación de servicios de conciliación en la sede judicial.
El apoyo de las jurisdicciones es posible sin perder la autonomía
Eddy Burgoa
Exdirector del Viceministerio de Justicia
La Justicia Indígena Originaria Campesina, puede pedir apoyo a otros operadores de justicia en el conocimiento de un caso, la investigación o el juzgamiento y poner la sanción de forma que la asistencia técnica que se reciba sea real y efectiva, sin perder su ámbito jurisdiccional y su autonomía.
El desafío debe ser llegar al derecho pluralista que se concreta en estos espacios, es por eso que deben cooperar entre ambas justicias con respeto a sus diferencias. Cuando hablamos de pluralismo jurídico establecemos la participación de pueblos indígenas originarios con sus procedimientos y acciones que autorregulan su vida social sin perder identidad y su proceso histórico de conformación como pueblo.
Si bien la Ley de Deslinde Jurisdiccional pone límites, preocupa el proceso de consulta en Sucre. Es el caso de Centrales Unidas en Shinahota, donde se resolvió un conflicto en la justicia indígena porque un comunario no se adecuó a normas y fue invitado a dejar su propiedad. Presentó un amparo constitucional y fue procedente a su favor. En este caso no se reconocieron los valores de la comunidad, esperamos que se subsane la situación.
Son tres años de la implementación de la ley y se está concretando el nivel de coordinación y convivencia en las jurisdicciones empezando con un proceso de socialización para que los niveles de entendimiento se establezcan al igual que los procedimientos para la ayuda.
Esta justicia ha mostrado que con sus principios y procedimientos fundados en la cultura de la vida ha mostrado que es otro sistema establecido y fundado en el derecho y la vida. Se han dado casos de coordinación entre los jueces ordinarios y los secretarios de Justicia en base a la ley que establece cómo y cuándo actuar aunque no están exentos de que se presenten conflictos de interlegalidad, pero la construcción participativa da lugar a la justicia plural.
Validan arresto a indígenas y Beni amenaza con paro cívico
Todo coincide. La revelación de que en 2011, durante la octava marcha indígena, se infiltró una agente de la Policía en Chaparina sucede al mismo tiempo en que la justicia de Beni ha activado y revalidado una orden de aprehensión en contra de los tres líderes del movimiento originario, Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, acusados por el conflicto de San Pablo del Isiboro del 20 de junio, que se han parapetado en las oficinas de la subcentral Tipnis de Trinidad bajo custodia de la guardia indígena y a la espera de su arresto. Mientras que originarios y cívicos amenazan con medidas de presión.
Ayer, el juzgado segundo de Instrucción Cautelar rechazó el segundo intento de apelación de los tres dirigentes, quienes argumentan a su favor que las acusaciones en su contra deberían tratarse en el marco de la justicia por usos y costumbres indígenas y que ellos ni siquiera estuvieron en San Pablo (Tipnis) cuando sucedió el conflicto en el que resultó castigado y expulsado el dirigente de Conisur Gumercindo Pradel.
Frente a eso, la amenaza más dura viene de Beni. El presidente cívico, David Coca, y los titulares de la COD dieron el toque de alerta. “Beni no va a dejar solos a sus indígenas, estamos en la posición clara de que si ejecutan esa orden de aprehensión, inmediatamente convocaremos un paro cívico”, advirtió, tras ver a Vargas.
“Es un tema que está en manos de la justicia, el Gobierno no se involucra, no se inmiscuye en esta temática”, respondió el vicepresidente Álvaro Gracía Linera, desde Santa Cruz, en un foro con empresarios en la Cainco.
En Trinidad
“Activistas de Cochabamba y La Paz me están confirmando que arrancan en movilizaciones”, dijo Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, que reclama a la Fiscalía por la disparidad con la actuó entre los casos Chaparina, que lleva dos años sin avances, y el castigo a Pradel.
Los tres dirigentes con orden de arresto son acusados bajo cargos de tentativa de feminicidio, esterilización forzosa y organización criminal debido al incidente ocurrido el 20 de junio en San Pablo del Isiboro (Tipnis), donde un grupo de originarios castigó y expulsó a Pradel. Según Melva Hurtado, dirigente de la Cidob afín al Gobierno, dos personas más resultaron afectadas, entre ellas una mujer que dice haber perdido un hijo en gestación. Pero una versión médica recabada en la clínica donde fueron atendidas ambas personas dice que los daños sufridos son anteriores a San Pablo.
En Santa Cruz, un grupo de originarios se ha declarado en emergencia y hasta el cierre de esta edición (22:00) planeaban organizar una huelga de hambre para exigir a la Fiscalía beniana que retire la orden de arresto. “Se tomarán acciones mañana (hoy)”, aseguró José Parapaino
Se desencadena un lío
1 La Defensoría del Pueblo pidió que la justicia actúe conforme a la CPE, que estable la justicia consuetudinaria.
2 Una escuadra de guardias indígenas custodia desde ayer las oficinas de la subcentral Tipnis, en Trinidad.
3 En Santa Cruz se alista una movilización que incluye a juventudes de Cidob y universitarios en rechazo al arresto.
4 La dirigente guaraní Nelly Romero responsabiliza al Gobierno por cualquier incidente que ocurra en Beni.
Hay una escalada del conflicto del Gobierno hacia los indígenas
Róger Cortes | ANALISTA POLÍTICO
Hay una escalada de tensiones de parte del Gobierno hacia el movimiento indígena. Tras revelarse que hubo una infiltración policial en la octava marcha indígena, se agiliza un proceso judicial contra tres dirigentes originarios. No es para nada casual.
Lo que se ha visto es que el camino ahora viene del lado judicial y se prevé que Vargas, Chávez y Nuni sean tratados con la misma dureza con la que fueron tratados los rivales políticos del MAS en anteriores ocasiones, como ocurrió en 2008 y 2009. No por nada el viceministro de Cooordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, ha comparado la movilización del Tipnis con un brazo operativo del bloque cívico-prefectural del oriente, de la ‘medialuna’.
Lo que ahora sucede es un periodo de evaluación de cómo va a impactar la medida de un arresto contra los tres dirigentes, si provocará reacciones de protesta en el país.
Sobre la defensa de los tres indígenas, el argumento más sólido que hay es que ninguno de ellos estuvo presente en el lugar de los hechos que se les acusa, por ende se presume que no tienen responsabilidades. Llama la atención cómo el Gobierno no dijo nada por el flagelo al que sometieron a Marcial Fabricano (2009) y ahora monta un drama
Ayer, el juzgado segundo de Instrucción Cautelar rechazó el segundo intento de apelación de los tres dirigentes, quienes argumentan a su favor que las acusaciones en su contra deberían tratarse en el marco de la justicia por usos y costumbres indígenas y que ellos ni siquiera estuvieron en San Pablo (Tipnis) cuando sucedió el conflicto en el que resultó castigado y expulsado el dirigente de Conisur Gumercindo Pradel.
Frente a eso, la amenaza más dura viene de Beni. El presidente cívico, David Coca, y los titulares de la COD dieron el toque de alerta. “Beni no va a dejar solos a sus indígenas, estamos en la posición clara de que si ejecutan esa orden de aprehensión, inmediatamente convocaremos un paro cívico”, advirtió, tras ver a Vargas.
“Es un tema que está en manos de la justicia, el Gobierno no se involucra, no se inmiscuye en esta temática”, respondió el vicepresidente Álvaro Gracía Linera, desde Santa Cruz, en un foro con empresarios en la Cainco.
En Trinidad
“Activistas de Cochabamba y La Paz me están confirmando que arrancan en movilizaciones”, dijo Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, que reclama a la Fiscalía por la disparidad con la actuó entre los casos Chaparina, que lleva dos años sin avances, y el castigo a Pradel.
Los tres dirigentes con orden de arresto son acusados bajo cargos de tentativa de feminicidio, esterilización forzosa y organización criminal debido al incidente ocurrido el 20 de junio en San Pablo del Isiboro (Tipnis), donde un grupo de originarios castigó y expulsó a Pradel. Según Melva Hurtado, dirigente de la Cidob afín al Gobierno, dos personas más resultaron afectadas, entre ellas una mujer que dice haber perdido un hijo en gestación. Pero una versión médica recabada en la clínica donde fueron atendidas ambas personas dice que los daños sufridos son anteriores a San Pablo.
En Santa Cruz, un grupo de originarios se ha declarado en emergencia y hasta el cierre de esta edición (22:00) planeaban organizar una huelga de hambre para exigir a la Fiscalía beniana que retire la orden de arresto. “Se tomarán acciones mañana (hoy)”, aseguró José Parapaino
Se desencadena un lío
1 La Defensoría del Pueblo pidió que la justicia actúe conforme a la CPE, que estable la justicia consuetudinaria.
2 Una escuadra de guardias indígenas custodia desde ayer las oficinas de la subcentral Tipnis, en Trinidad.
3 En Santa Cruz se alista una movilización que incluye a juventudes de Cidob y universitarios en rechazo al arresto.
4 La dirigente guaraní Nelly Romero responsabiliza al Gobierno por cualquier incidente que ocurra en Beni.
Hay una escalada del conflicto del Gobierno hacia los indígenas
Róger Cortes | ANALISTA POLÍTICO
Hay una escalada de tensiones de parte del Gobierno hacia el movimiento indígena. Tras revelarse que hubo una infiltración policial en la octava marcha indígena, se agiliza un proceso judicial contra tres dirigentes originarios. No es para nada casual.
Lo que se ha visto es que el camino ahora viene del lado judicial y se prevé que Vargas, Chávez y Nuni sean tratados con la misma dureza con la que fueron tratados los rivales políticos del MAS en anteriores ocasiones, como ocurrió en 2008 y 2009. No por nada el viceministro de Cooordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, ha comparado la movilización del Tipnis con un brazo operativo del bloque cívico-prefectural del oriente, de la ‘medialuna’.
Lo que ahora sucede es un periodo de evaluación de cómo va a impactar la medida de un arresto contra los tres dirigentes, si provocará reacciones de protesta en el país.
Sobre la defensa de los tres indígenas, el argumento más sólido que hay es que ninguno de ellos estuvo presente en el lugar de los hechos que se les acusa, por ende se presume que no tienen responsabilidades. Llama la atención cómo el Gobierno no dijo nada por el flagelo al que sometieron a Marcial Fabricano (2009) y ahora monta un drama
Fiscalía emite órdenes de apremio contra los indígenas Vargas, Nuni, Taco y Chávez
La Fiscal de Distrito del Beni, Wilma Blazz confirmó que fueron emitidos ayer mandamientos de apremio contra los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas, Pedro Nuni, Lazaro Taco y Adolfo Chávez porque no se presentaron a declarar por la denuncia de una golpiza al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel.
“Los presuntos imputados estaban citados a declarar el 4 de julio y se hicieron presentes sin abogado defensor, y siendo esto un derecho irrenunciable, se suspendió su declaración para el 10 de julio, y lamentablemente no se presentaron y tal como lo establece el artículo 224 del Código Penal, se emitió el mandamiento de aprensión”, explicó Blazz.
El artículo 224 del Código de Procedimiento Penal establece que, “si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprensión”, recordó, según nota de la Fiscalía General del Estado.
El 22 de junio, un grupo de originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) azotó a Pradel porque éste y otros dirigentes intentaron realizar una reunión de corregidores en la comunidad San Pablo; esa asamblea anunció que iba a desconocer a los actuales dirigentes Fernando Vargas (subcentral TIPNIS) y Adolfo Chávez (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cidob).
Tras la golpiza, Pradel, junto a la Cidob dirigida por Melva Hurtado, acusó de intento de asesinato a Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni. Éstos, alegando que el azote se aplicó en el marco de la Justicia Comunitaria, no se presentaron a declarar ante la Fiscalía; de aquí que ahora pese sobre ellos mandamientos de aprehensión.
Según Blazz, la Comisión de Fiscales a cargo de este caso, sólo se remitió a lo que establece la ley.
En ese marco, dijo que la orden de aprensión es para que los imputados se apersonen para prestar su declaración ante la autoridad que está dirigiendo la investigación.
“Todo ciudadano, ante el llamado de la autoridad, tiene que hacerse presente y lo que está haciendo el Ministerio Público es cumplir la Ley”, señaló y considera que no es entendible el por qué no acuden al llamado a declarar.
“Cuál es el temor?, se maneja en los medios que esto sería una persecución, y es bueno aclarar que el Ministerio Público no es un instrumento político, más bien está al servicio de la sociedad” sentenció.
Pradel alentó una marcha que derivó en la aprobación de una ley que dio curso a la consulta gubernamental en el TIPNIS, que avaló la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (Cochabamba-Beni) por medio del parque. Chávez y Vargas lideran a otro grupo articulado en defensa del reservorio.
“Los presuntos imputados estaban citados a declarar el 4 de julio y se hicieron presentes sin abogado defensor, y siendo esto un derecho irrenunciable, se suspendió su declaración para el 10 de julio, y lamentablemente no se presentaron y tal como lo establece el artículo 224 del Código Penal, se emitió el mandamiento de aprensión”, explicó Blazz.
El artículo 224 del Código de Procedimiento Penal establece que, “si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprensión”, recordó, según nota de la Fiscalía General del Estado.
El 22 de junio, un grupo de originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) azotó a Pradel porque éste y otros dirigentes intentaron realizar una reunión de corregidores en la comunidad San Pablo; esa asamblea anunció que iba a desconocer a los actuales dirigentes Fernando Vargas (subcentral TIPNIS) y Adolfo Chávez (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cidob).
Tras la golpiza, Pradel, junto a la Cidob dirigida por Melva Hurtado, acusó de intento de asesinato a Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni. Éstos, alegando que el azote se aplicó en el marco de la Justicia Comunitaria, no se presentaron a declarar ante la Fiscalía; de aquí que ahora pese sobre ellos mandamientos de aprehensión.
Según Blazz, la Comisión de Fiscales a cargo de este caso, sólo se remitió a lo que establece la ley.
En ese marco, dijo que la orden de aprensión es para que los imputados se apersonen para prestar su declaración ante la autoridad que está dirigiendo la investigación.
“Todo ciudadano, ante el llamado de la autoridad, tiene que hacerse presente y lo que está haciendo el Ministerio Público es cumplir la Ley”, señaló y considera que no es entendible el por qué no acuden al llamado a declarar.
“Cuál es el temor?, se maneja en los medios que esto sería una persecución, y es bueno aclarar que el Ministerio Público no es un instrumento político, más bien está al servicio de la sociedad” sentenció.
Pradel alentó una marcha que derivó en la aprobación de una ley que dio curso a la consulta gubernamental en el TIPNIS, que avaló la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (Cochabamba-Beni) por medio del parque. Chávez y Vargas lideran a otro grupo articulado en defensa del reservorio.
jueves, 11 de julio de 2013
La CSUTCB exige nacionalizar las áreas de Repsol
El Pacto de Unidad se rearticula para analizar temas de coyuntura de la gestión.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB) exigió al Gobierno nacionalizar las concesiones hidrocarburíferas otorgadas a la petrolera española Repsol, como consecuencia del agravio al avión presidencial, cometido por España y otras naciones europeas la semana pasada.
El secretario general de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, dijo ayer que "vamos a mandar una nota al Presidente para que se nacionalice Repsol y el Gobierno debe analizar este pedido. Demandamos la nacionalización de la Repsol, porque ya basta de soberbia. El pueblo boliviano ha sido muy digno y con el corazón grande al acoger empresas extranjeras que están atropellando nuestra dignidad y disfrutando de nuestros recursos naturales".
CONVOCARÁN AL PACTO DE UNIDAD. Machaca dijo, además, que en los próximos días se definirá la fecha de la primera reunión, del nuevo Comité Ejecutivo con las organizaciones que son parte del Pacto de Unidad para analizar dos puntos importantes de la coyuntura actual.
Entre los puntos importantes a tratarse se cuenta el tema internacional sobre el bloqueo aéreo a cuatro países europeos al avión presidencial el 2 de julio pasado cuando Francia, España, Portugal e Italia denegaron el ingreso de la nave a sus espacios aéreos.
Asimismo, se planificará la preparación del Censo Agropecuario, que se realizará entre septiembre y octubre además de socializar el seguro agropecuario para el beneficio de los campesinos de las tres regiones del país.
Trabajo de REPSOL. Repsol realiza actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, comercialización de gas, productos líquidos y sus derivados. En enero de 2013, invirtió 267 millones de dólares en el campo Margarita-Huacaya. Aparte de este proyecto, Repsol Bolivia hizo actividades en otras áreas exploratorias y productoras.
Hasta la fecha, la petrolera española invirtió un total de 62,5 millones de dólares en trabajos en los campos Río Grande, Yapacaní, San Alberto, San Antonio y la perforación del pozo exploratorio de Sararenda X1.
Entretanto, en las áreas Mamoré y Surubí, ubicadas en el departamento de Cochabamba, ya se cuenta con la aprobación de un plan de inversiones de 56 millones de dólares que se ejecutarán durante este año.
LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS BARTOLINA SISA CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL PACTO DE UNIDAD DE 2013, EN APOYO A LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES.
27 zonas de exploración y explotación tiene Repsol en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija y Chuquisaca
"Pedimos al Presidente que se nacionalice a esta empresa española que a pesar de vivir de nuestros recursos, no duda en humillarnos". Rodolfo Machaca - DIRIGENTE DE LA CSUTCB
La Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB) exigió al Gobierno nacionalizar las concesiones hidrocarburíferas otorgadas a la petrolera española Repsol, como consecuencia del agravio al avión presidencial, cometido por España y otras naciones europeas la semana pasada.
El secretario general de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, dijo ayer que "vamos a mandar una nota al Presidente para que se nacionalice Repsol y el Gobierno debe analizar este pedido. Demandamos la nacionalización de la Repsol, porque ya basta de soberbia. El pueblo boliviano ha sido muy digno y con el corazón grande al acoger empresas extranjeras que están atropellando nuestra dignidad y disfrutando de nuestros recursos naturales".
CONVOCARÁN AL PACTO DE UNIDAD. Machaca dijo, además, que en los próximos días se definirá la fecha de la primera reunión, del nuevo Comité Ejecutivo con las organizaciones que son parte del Pacto de Unidad para analizar dos puntos importantes de la coyuntura actual.
Entre los puntos importantes a tratarse se cuenta el tema internacional sobre el bloqueo aéreo a cuatro países europeos al avión presidencial el 2 de julio pasado cuando Francia, España, Portugal e Italia denegaron el ingreso de la nave a sus espacios aéreos.
Asimismo, se planificará la preparación del Censo Agropecuario, que se realizará entre septiembre y octubre además de socializar el seguro agropecuario para el beneficio de los campesinos de las tres regiones del país.
Trabajo de REPSOL. Repsol realiza actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, comercialización de gas, productos líquidos y sus derivados. En enero de 2013, invirtió 267 millones de dólares en el campo Margarita-Huacaya. Aparte de este proyecto, Repsol Bolivia hizo actividades en otras áreas exploratorias y productoras.
Hasta la fecha, la petrolera española invirtió un total de 62,5 millones de dólares en trabajos en los campos Río Grande, Yapacaní, San Alberto, San Antonio y la perforación del pozo exploratorio de Sararenda X1.
Entretanto, en las áreas Mamoré y Surubí, ubicadas en el departamento de Cochabamba, ya se cuenta con la aprobación de un plan de inversiones de 56 millones de dólares que se ejecutarán durante este año.
LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS BARTOLINA SISA CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL PACTO DE UNIDAD DE 2013, EN APOYO A LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES.
27 zonas de exploración y explotación tiene Repsol en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija y Chuquisaca
"Pedimos al Presidente que se nacionalice a esta empresa española que a pesar de vivir de nuestros recursos, no duda en humillarnos". Rodolfo Machaca - DIRIGENTE DE LA CSUTCB
Fiscalía ordena detener a 3 dirigentes del TIPNIS por no presentarse a declarar
La Fiscalía ordenó ayer un mandamiento de apremio contra los dirigentes indígenas defensores del TIPNIS, Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, debido a que no asistieron a una audiencia judicial por supuesta golpiza al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y afín al Gobierno, Gumercindo Pradel, el 22 de junio.
En Trinidad (Beni), los fiscales Carlos Peláez y Carlos Aponte emitieron el mandamiento de apremio contra los tres dirigentes, que protagonizaron la VIII y IX marchas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por “tentativa de homicidios y feminicidio” después de los hechos ocurridos en San Pablo de Isiboro.
Según los indígenas acusados, Pradel recibió el 22 de junio azotes por apoyar la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS. El abogado de los indígenas denunciados, Guido Melgar, interpuso una apelación ante fiscal y el juez asignados al caso para que se pueda dejar sin efecto esta demanda ya que la justicia comunitaria está establecida en la Constitución y rechazó que la inasistencia haya sido injustificada.
El abogado de Pradel, en declaraciones a radio Fides, afirmó que “no se han presentado a la audiencia que fueron citados y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal el señor fiscal ha emitido el mandamiento de aprehensión correspondiente”.
Pradel afirmó que “no puede ser que los hermanos después de agredirme se estén dando a la fuga; por culpa de ellos estoy mal de salud, me siento mal del pulmón y del riñón derecho. Están malacostumbrados y merecen que se haga justicia, que se vayan a la cárcel. Eso es lo que buscamos”.
Nuni pidió a los citados fiscales que más bien libren mandamiento contra el exministro y actual embajador ante la OEA, Sacha Llorenti, porque sería el principal responsable de la violenta intervención policial en Chaparina (Beni) en 2011 a la VIII marcha en defensa del TIPNIS.
Añadió que ninguno de los dirigentes sindicados por lo ocurrido en San Pablo de Isiboro recibió la orden de apremio y que anoche sostenían una reunión de emergencia en la sede de la Subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que se encuentra en la ciudad de Trinidad, para definir las medidas que asumirán frente a este hecho.
En Trinidad (Beni), los fiscales Carlos Peláez y Carlos Aponte emitieron el mandamiento de apremio contra los tres dirigentes, que protagonizaron la VIII y IX marchas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por “tentativa de homicidios y feminicidio” después de los hechos ocurridos en San Pablo de Isiboro.
Según los indígenas acusados, Pradel recibió el 22 de junio azotes por apoyar la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS. El abogado de los indígenas denunciados, Guido Melgar, interpuso una apelación ante fiscal y el juez asignados al caso para que se pueda dejar sin efecto esta demanda ya que la justicia comunitaria está establecida en la Constitución y rechazó que la inasistencia haya sido injustificada.
El abogado de Pradel, en declaraciones a radio Fides, afirmó que “no se han presentado a la audiencia que fueron citados y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal el señor fiscal ha emitido el mandamiento de aprehensión correspondiente”.
Pradel afirmó que “no puede ser que los hermanos después de agredirme se estén dando a la fuga; por culpa de ellos estoy mal de salud, me siento mal del pulmón y del riñón derecho. Están malacostumbrados y merecen que se haga justicia, que se vayan a la cárcel. Eso es lo que buscamos”.
Nuni pidió a los citados fiscales que más bien libren mandamiento contra el exministro y actual embajador ante la OEA, Sacha Llorenti, porque sería el principal responsable de la violenta intervención policial en Chaparina (Beni) en 2011 a la VIII marcha en defensa del TIPNIS.
Añadió que ninguno de los dirigentes sindicados por lo ocurrido en San Pablo de Isiboro recibió la orden de apremio y que anoche sostenían una reunión de emergencia en la sede de la Subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que se encuentra en la ciudad de Trinidad, para definir las medidas que asumirán frente a este hecho.
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