La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) plantea que los proyectos extractivos que el Gobierno tenga previsto ejecutar en territorios indígenas se con el consentimiento de los pobladores del lugar y que la misma sea insertada en el proyecto Ley Marco de Consulta que trabaja el Ejecutivo, informó el secretario de Recursos Naturales, Nelson Bartolo.
Bartolo llegó a la ciudad de La Paz, junto al secretario de Autonomías de la organización indígena Milton Chacay, para brindar una conferencia de prensa en plaza Murillo y hacer conocer la posición de los guaraníes, además de los 11 puntos sobre la consulta que consensuaron con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) para ser insertados en el proyecto Ley del gobierno.
“Nosotros estamos enfocando 11 puntos claros, que son irrenunciables para nosotros y que se va ir socializando para el día en que entre en discusión (el proyecto de Ley Marco de Consulta) (…) el consentimiento para nosotros es aceptar, si se hace una consulta y si estamos de acuerdo irá el proyecto adelante, para nosotros es ese el consentimiento”, señaló Bartolo a los medios de comunicación.
El indígena dijo que el proyecto Ley de Consulta debe estar hecho en consenso con los pueblos indígenas porque señaló que no se pudo llegar a un acuerdo sobre el Libro Verde que trabaja el Ministerio de Gobierno para la futura norma.
“Para nosotros no va el Libro Verde, no nos hemos puesto de acuerdo y eso hemos intentado trabajar en dos mesas técnicas, no hemos podido encontrar un punto de encuentro porque (la propuesta del gobierno) no toma el tema de territorialidad y hay una mescla de consulta previa con consulta pública, bases militares en nuestros territorios, por eso hemos trabajado en nuestra propia propuestas”, aseveró.
miércoles, 12 de junio de 2013
lunes, 10 de junio de 2013
100 regiones aspiran a ser autonomías indígenas
A la fecha, más de 100 regiones, entre municipios y Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC), mostraron interés por la conversión a Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), según un informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).
El director de la entidad, Juan Carlos Pinto, explicó que uno de los principales motivos para que estén analizando esta transición es la ocupación de mayores espacios representativos en el Estado y la actividad política.
Pinto agregó que este proceso es una muestra palpable de que ya se empieza a dibujar el Estado Plurinacional con autonomías indígenas.
Hace tres años, este proceso se activó con la iniciativa de 11 comunas que buscaron convertirse en AIOC; a ellas se sumó una TIOC, Raqaypampa, en Cochabamba, donde la comunidad terminó la primera etapa.
“Aparte de esos casos, y por la expectativa que generaron, hay otro conjunto de más de 100 municipios y TIOC que están interesados en empezar su proceso. Han anunciado su intención y algunos ya se han apersonado al Sifde para solicitar la observación y el acompañamiento de las decisiones que podrían tomar”, sostuvo el funcionario electoral.
Las 12 regiones que iniciaron la transición asumieron el reto de ser “la punta de lanza” del proyecto y cargan con la responsabilidad de que sea exitoso para todos.
Del más de centenar de potenciales solicitantes, el Sifde identificó a las TIOC: Pueblo Indígena Chiquitano de Monteverde, en Beni; la
Organización Originaria Indígena Marka Camata, en La Paz, y el Consejo Indígena Yuracaré, Cochabamba.
A esas regiones se suma el municipio Indígena Chiquitano de San Miguel de Velasco, en Santa Cruz.
Labor. Según Pinto, el resto tomó contacto con el Ministerio de Autonomías y el Sifde para recabar información y dar curso a las activi- dades internas como la obtención de “certificados de ancestralidad”, que los define como pueblos indígenas, además de interiorizarse sobre la viabilidad gubernativa, es decir, el plan de gobierno futuro.
“Lo primero que deben hacer es ir al Ministerio de Autonomías e informarse de estos procedimientos y requisitos; la primera etapa es conformar los consejos deliberativos para discutir y elaborar los anteproyectos de estatutos autonómicos.
“Al menos el 80% de esas potenciales solicitudes son municipios que deben resolver varios problemas como la diferenciación entre la población indígena y la que se considera citadina. Tiene que haber un proceso de concertación, es toda una arquitectura social. En cambio, en los TIOC, la población es más homogénea para llegar a acuerdos”, dijo.
Pinto asegura que la intencionalidad para esta transición se ha centrado, sobre todo, en el occidente del país y que esto responde a una mayor politización. “Esos pueblos originarios asumen la autonomía como una bandera, pese a ser mayoría, porque demandan una mayor participación en la gestión estatal”.
Uno de los principales requisitos
Dato
La Ley Marco de Autonomías señala que para iniciar el proceso de conversión el Ministerio de Autonomías debe certificar la “condición de territorios ancestrales, actualmente habitados” por los indígenas.
El Constitucional revisa 5 estatutos indígenas
Luis Mealla
Hace tres años, el proceso de transición a autonomías indígenas se activó con la iniciativa de 11 comunas que buscaron convertirse en AIOC, de las cuales solamente cinco lograron acuerdos preliminares para redactar sus estatutos y enviar la documentación oficial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Estas comunidades son: San Pedro de Totora, Uru Chipaya y Pampa Aullagas, en Oruro; Mojocoya, Chuquisaca y Charagua, en Santa Cruz. Esta revisión es una de las principales etapas para validar los documentos de los solicitantes.
Si el fallo es procedente y no se solicitan cambios o modificaciones, se devuelve el trámite a la comunidad para luego, en coordinación con el Órgano Electoral y el Sifde, aprobar una resolución para ir al respectivo referendo.
“Si los estatutos son constitucionales y no contradicen a la Carta Magna, se los habilita para el referendo. Según el cronograma, hasta este mes, el Tribunal se debe pronunciar con los fallos”, explicó el director del Sifde, Juan Carlos Pinto.
Agregó que los otros seis casos: Huacaya, Tarabuco, Charazani, Jesús de Machaca, Salinas de Garci Mendoza y Chayanta, si bien concluyeron sus estatutos, tuvieron conflictos de concertación con sus autoridades y los procesos se paralizaron o están en reorganización.
Urus del lago Poopó están en emergencia y no descartan ejecutar medidas de presión
Los pueblos Urus del lago Poopó no descartan volver a movilizarse ante el incumplimiento del acuerdo suscrito en marzo pasado con el Gobierno. Demandan la elaboración de una ley especial que proteja el territorio de este pueblo originario.
El acuerdo con el Gobierno establecía la creación de una comisión de indígenas y parlamentarios para elaborar un proyecto de ley que proteja a aquellos pueblos indígenas “en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados”.
El presidente del Comité de los Urus del lago Poopó, Andrés Choque, informó que se encuentran en estado de emergencia y no descartan realizar nuevas movilizaciones y acudir a instancias internacionales para denunciar el incumplimiento de las normas.
Los Urus de Oruro llegaron el 15 de marzo pasado al centro de La Paz, después de 10 días de caminata, en demanda de una ley específica que les garantice tierras y proteja para no desaparecer, ante el avasallamiento de otros pueblos en la región. Por lo cual, rechazaron la propuesta de una ley integral que contemple a otras naciones originarias que habitan en las riberas del lago Poopó, como les propuso el Gobierno.
El incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades nacionales a las que llegaron después de la marcha realizada a la ciudad de La Paz en marzo, los pueblos Urus del lago Poopó no descartan volver a movilizarse; una de sus principales demandas es la elaboración de una ley especial que proteja el territorio de este pueblo legendario.
Choque manifestó que se encuentran preocupados porque no tiene buenas respuestas a las demandas que hicieron.
Mencionó que por ello a la fecha se encuentran en estado de emergencia y no descartan realizar otras movilizaciones o incluso denunciar a instancias internacionales las normas que no se cumplen.
El acuerdo con el Gobierno establecía la creación de una comisión de indígenas y parlamentarios para elaborar un proyecto de ley que proteja a aquellos pueblos indígenas “en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados”.
El presidente del Comité de los Urus del lago Poopó, Andrés Choque, informó que se encuentran en estado de emergencia y no descartan realizar nuevas movilizaciones y acudir a instancias internacionales para denunciar el incumplimiento de las normas.
Los Urus de Oruro llegaron el 15 de marzo pasado al centro de La Paz, después de 10 días de caminata, en demanda de una ley específica que les garantice tierras y proteja para no desaparecer, ante el avasallamiento de otros pueblos en la región. Por lo cual, rechazaron la propuesta de una ley integral que contemple a otras naciones originarias que habitan en las riberas del lago Poopó, como les propuso el Gobierno.
El incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades nacionales a las que llegaron después de la marcha realizada a la ciudad de La Paz en marzo, los pueblos Urus del lago Poopó no descartan volver a movilizarse; una de sus principales demandas es la elaboración de una ley especial que proteja el territorio de este pueblo legendario.
Choque manifestó que se encuentran preocupados porque no tiene buenas respuestas a las demandas que hicieron.
Mencionó que por ello a la fecha se encuentran en estado de emergencia y no descartan realizar otras movilizaciones o incluso denunciar a instancias internacionales las normas que no se cumplen.
Defensor evidencia irregularidades de INRA contra indígenas guaraníes
El informe sobre el “Estado de Situación del Ejercicio del Derecho a la Tierra y al Territorio por parte de las Familias Guaraníes en el Municipio de Caraparí” realizado por la Defensoría del Pueblo, evidenció una serie de irregularidades cometidas por el INRA, durante el proceso de saneamiento y dotación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a las comunidades indígenas Guaraní en el municipio tarijeño de Caraparí y que afectan su derecho al territorio, informa un boletín de prensa de la institución.
De acuerdo a sus resultados, el pueblo guaraní del municipio de Caraparí recibió apenas 745 hectáreas de tierra, que no representa ni el 1% de las más de 302.000 hectáreas que demandó al INRA como un derecho de propiedad ancestral sobre ese territorio, mientras que esa entidad determinó dotar con más de 30.000 Has a las empresas ganaderas y agrícolas de la zona.
El estudio fue entregado el jueves pasado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, a las autoridades indígenas, organizaciones sociales y de derechos humanos,en un encuentro que se desarrolló en la sede de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en esa localidad. Su realización demandó un año y tomó como muestra a cinco de las 20 comunidades indígenas guaraníes que habitan el municipio de Caraparí: Kapiaguasuti, Cañada Ancha, Arorenda, Karaguatarenda y Río Negro.
Durante la presentación, el defensor Villena señalo que “Los argumentos con los que el INRA pretende invalidar este derecho, son totalmente contradictorios con el Convenio 169, ya que ha sido suficientemente explicada la trayectoria de despojo territorial de este pueblo, por lo que tuvo que vivir invisibilizado dentro de las haciendas o en comunidades identificadas como campesinas, dentro de las cuales también son discriminados, soportando toda clase de atropellos a sus derechos”.
La dotación de esas 745 hectáreas correspondeúnicamente a la comunidad Kapiaguasuti, que según los técnicos del INRA sería“netamente indígena originaria” desconociendo a las otras 19 comunidades que forman parte del Pueblo Guarani en Caraparí, lo cual es una flagrante vulneración de los derechos de esta nación, cuando se pretende limitar su territorialidad a la cuantificación de la población que se identifica como parte de esa nación y cuando se los estaría discriminando al no reconocer que ellos se auto identifican como un pueblo indígena.
Las conclusiones del informe señalan que “la situación generada por estas vulneraciones muestra una tendencia a priorizar los intereses de otros sectores en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas, bajo una lógica de desarrollo extractivista que se contrapone a las lógicas de relacionamiento de estos pueblos con los territorios a los que pertenecen. Por otra parte, las comunidades indígenas no tienen un trato igual dentro el sistema legal, puesto que los procesos que inician las comunidades indígenas como es el caso de la demanda de TCO de la APG Z-K son dilatados y postergados sin argumento alguno”.
De acuerdo a sus resultados, el pueblo guaraní del municipio de Caraparí recibió apenas 745 hectáreas de tierra, que no representa ni el 1% de las más de 302.000 hectáreas que demandó al INRA como un derecho de propiedad ancestral sobre ese territorio, mientras que esa entidad determinó dotar con más de 30.000 Has a las empresas ganaderas y agrícolas de la zona.
El estudio fue entregado el jueves pasado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, a las autoridades indígenas, organizaciones sociales y de derechos humanos,en un encuentro que se desarrolló en la sede de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en esa localidad. Su realización demandó un año y tomó como muestra a cinco de las 20 comunidades indígenas guaraníes que habitan el municipio de Caraparí: Kapiaguasuti, Cañada Ancha, Arorenda, Karaguatarenda y Río Negro.
Durante la presentación, el defensor Villena señalo que “Los argumentos con los que el INRA pretende invalidar este derecho, son totalmente contradictorios con el Convenio 169, ya que ha sido suficientemente explicada la trayectoria de despojo territorial de este pueblo, por lo que tuvo que vivir invisibilizado dentro de las haciendas o en comunidades identificadas como campesinas, dentro de las cuales también son discriminados, soportando toda clase de atropellos a sus derechos”.
La dotación de esas 745 hectáreas correspondeúnicamente a la comunidad Kapiaguasuti, que según los técnicos del INRA sería“netamente indígena originaria” desconociendo a las otras 19 comunidades que forman parte del Pueblo Guarani en Caraparí, lo cual es una flagrante vulneración de los derechos de esta nación, cuando se pretende limitar su territorialidad a la cuantificación de la población que se identifica como parte de esa nación y cuando se los estaría discriminando al no reconocer que ellos se auto identifican como un pueblo indígena.
Las conclusiones del informe señalan que “la situación generada por estas vulneraciones muestra una tendencia a priorizar los intereses de otros sectores en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas, bajo una lógica de desarrollo extractivista que se contrapone a las lógicas de relacionamiento de estos pueblos con los territorios a los que pertenecen. Por otra parte, las comunidades indígenas no tienen un trato igual dentro el sistema legal, puesto que los procesos que inician las comunidades indígenas como es el caso de la demanda de TCO de la APG Z-K son dilatados y postergados sin argumento alguno”.
sábado, 8 de junio de 2013
Indígenas amenazan cerrar fronteras en defensa de su territorio
Pobladores de la comunidad de San Ramoncito del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) amenazan con cerrar las fronteras de la zona ecológica si el gobierno del presidente Evo Morales insiste en construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de ese sector, se hace conocer en la resolución que sacaron esta semana.
La posición se asume tras un Cabildo, una vez que conocieron las denuncias del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en relación a que la Subcentral Tipnis, en la gestión de Adrián Nogales quien además fue director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la entonces Prefectura del Beni, a cargo de Ernesto Suárez, aceptaron en 2001 la construcción de la vía con la ruta: Santo Domingo-Ichoa-Santísima Trinidad, que atraviesa el corazón del área natural.
“Sumamente nosotros no queremos (la carretera Tunari-Moxos) porque nosotros hemos sufrido porque aquí un hermano ha perdido su vida por ir a defender nuestro territorio; sí queremos la carretera pero no que atraviese nuestro territorio por el corazón, eso que se entienda muy bien”, señaló el corregidor Paulino Moye en contacto por banda lateral con los representantes de la Subcentral Tipnis y otras comunidades del Isiboro Sécure.
Dijo que están presentes y firmes para defender la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
“Aquí estoy presente y firme, yo soy el corregidor que estoy lanzando estas palabras porque todos los comunarios hemos estado de acuerdo, todo y todo, y las mujeres eso hemos estado lanzado para que todo se difunda”, indicó.
Añadió que: “Nosotros estamos totalmente firmes y nosotros no queremos que el que era nuestro gobierno (el de Evo Morales) pase la carretera por el corazón del Tipnis”, aseveró.
Según el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, esta es una posición de todas las comunidades del Isiboro Sécure porque dijo que siempre se opusieron a la destrucción de la zona ecológica, que aseguran los indígenas sólo beneficiará a los cocaleros de Cochabamba cuando la vía pase por esa TCO.
La posición se asume tras un Cabildo, una vez que conocieron las denuncias del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en relación a que la Subcentral Tipnis, en la gestión de Adrián Nogales quien además fue director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la entonces Prefectura del Beni, a cargo de Ernesto Suárez, aceptaron en 2001 la construcción de la vía con la ruta: Santo Domingo-Ichoa-Santísima Trinidad, que atraviesa el corazón del área natural.
“Sumamente nosotros no queremos (la carretera Tunari-Moxos) porque nosotros hemos sufrido porque aquí un hermano ha perdido su vida por ir a defender nuestro territorio; sí queremos la carretera pero no que atraviese nuestro territorio por el corazón, eso que se entienda muy bien”, señaló el corregidor Paulino Moye en contacto por banda lateral con los representantes de la Subcentral Tipnis y otras comunidades del Isiboro Sécure.
Dijo que están presentes y firmes para defender la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
“Aquí estoy presente y firme, yo soy el corregidor que estoy lanzando estas palabras porque todos los comunarios hemos estado de acuerdo, todo y todo, y las mujeres eso hemos estado lanzado para que todo se difunda”, indicó.
Añadió que: “Nosotros estamos totalmente firmes y nosotros no queremos que el que era nuestro gobierno (el de Evo Morales) pase la carretera por el corazón del Tipnis”, aseveró.
Según el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, esta es una posición de todas las comunidades del Isiboro Sécure porque dijo que siempre se opusieron a la destrucción de la zona ecológica, que aseguran los indígenas sólo beneficiará a los cocaleros de Cochabamba cuando la vía pase por esa TCO.
viernes, 7 de junio de 2013
Los indígenas argentinos reclaman por sus derechos
Representantes de las comunidades indígenas argentinas iniciaron ayer una acampada en Buenos Aires, frente a la sede del Ejecutivo, para reclamar por sus derechos y el fin de las agresiones a sus pueblos, tras la muerte en mayo de un miembro de la etnia qom en enfrentamientos con la Policía.
Convocada por la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Argentina, la protesta se extenderá por 24 horas, a la espera de que los manifestantes sean atendidos en su reclamo de ser recibidos en audiencia por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
En la "vigilia" participan una decena de representantes de comunidades aborígenes de distintos puntos del país, con el apoyo de organizaciones humanitarias, como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Convocada por la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Argentina, la protesta se extenderá por 24 horas, a la espera de que los manifestantes sean atendidos en su reclamo de ser recibidos en audiencia por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
En la "vigilia" participan una decena de representantes de comunidades aborígenes de distintos puntos del país, con el apoyo de organizaciones humanitarias, como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Originarios argentinos piden mayor protección
Los indígenas de Argentina, que suponen alrededor del 1% de la población de este país de 40 millones de habitantes, quieren que se cumplan las leyes que los protegen.
Unos 400 de ellos organizaron una cumbre nacional de pueblos originarios para protestar por los desalojos de sus tierras, la explotación de recursos naturales, la pobreza y el asesinato de 18 de ellos en los últimos cinco años.
El encuentro con etnias de toda Argentina se organizó en la ciudad de Formosa y diez de sus líderes viajaron ayer a la capital para acampar frente a la Casa Rosada hasta que la jefa de Estado, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, los reciba, señala el diario argentino Página/12.
Perseguidos en tiempos de la conquista española y también después de la independencia de Argentina (1810), los pueblos indígenas de este país han sobrevivido a duras penas. Pero en los últimos años se han encontrado con que las tierras donde vivían se revalorizaron por la bonanza de los precios de las materias primas.
En el congreso de Formosa se quejaron del avance de las explotaciones de minería, petróleo, soya transgénica, ganadería intensiva y forestación industrializada porque ocupan sus territorios, usan de manera intensiva las reservas de agua o contaminan el medio ambiente, desde su punto de vista, reflejó el periódico español El País.
El congreso de los pueblos indígenas también sirvió para escuchar el reclamo por la pobreza en la que viven y por la falta de atención del Estado argentino en cuanto a temas como la salud, la educación y el empleo.
Unos 400 de ellos organizaron una cumbre nacional de pueblos originarios para protestar por los desalojos de sus tierras, la explotación de recursos naturales, la pobreza y el asesinato de 18 de ellos en los últimos cinco años.
El encuentro con etnias de toda Argentina se organizó en la ciudad de Formosa y diez de sus líderes viajaron ayer a la capital para acampar frente a la Casa Rosada hasta que la jefa de Estado, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, los reciba, señala el diario argentino Página/12.
Perseguidos en tiempos de la conquista española y también después de la independencia de Argentina (1810), los pueblos indígenas de este país han sobrevivido a duras penas. Pero en los últimos años se han encontrado con que las tierras donde vivían se revalorizaron por la bonanza de los precios de las materias primas.
En el congreso de Formosa se quejaron del avance de las explotaciones de minería, petróleo, soya transgénica, ganadería intensiva y forestación industrializada porque ocupan sus territorios, usan de manera intensiva las reservas de agua o contaminan el medio ambiente, desde su punto de vista, reflejó el periódico español El País.
El congreso de los pueblos indígenas también sirvió para escuchar el reclamo por la pobreza en la que viven y por la falta de atención del Estado argentino en cuanto a temas como la salud, la educación y el empleo.
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