El Gobierno expondrá ante el Parlamento Indígena de América, que celebra desde hoy en Managua su XIII sesión ordinaria, la demanda que va a interponer contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para reclamar una salida soberana al Pacífico.
La encargada de explicar los argumentos sobre este conflicto será la senadora Rina Aguirre, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), informó hoy la agencia estatal ABI.
El Gobierno de Evo Morales nombró la semana pasada al expresidente de este país Eduardo Rodríguez Veltzé embajador ante La Haya como primer paso "oficial" en la presentación de la demanda marítima, aunque todavía no ha hecho públicos los argumentos en los que se basará la misma.
Bolivia perdió su salida al mar a manos de tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico, librada a finales del siglo XIX y en la que al país andino le fueron arrebatados 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
La XIII sesión ordinaria del Parlamento Indígena de América (PIA) se celebra desde hoy y hasta mañana en la capital nicaragüense, donde legisladores aborígenes de once países americanos, entre ellos Bolivia, analizarán la seguridad alimentaria de sus etnias.
Otros temas a abordar serán la autonomía y territorialidad, los transgénicos, la extracción minera y los métodos de consulta previa de proyectos de leyes.
El Parlamento Indígena fue creado en 1987, y lo integran Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
EFE
lunes, 8 de abril de 2013
domingo, 7 de abril de 2013
Indígenas en aislamiento aguardan el reconocimiento de sus territorios
En la espesura de la Amazonia peruana, hay cinco reservas para pueblos indígenas que han decidido mantenerse total o parcialmente aislados del resto de la sociedad.Sólo después de varios años, una comisión multisectorial reconoció en 2012 cinco reservas: Isconahua, Murunahua y Mashco-Piro –las tres en la oriental región de Ucayali–, Madre de Dios –en la sudoriental región homónima– y Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, en la sureña Cusco.
En esta última se encuentran los pueblos matsiguenga y yora y también el Lote 88, un área con yacimientos de gas natural que forman parte del proyecto Camisea.
Pero las cinco aún están en trance de pasar de reservas territoriales a indígenas, una categoría creada en 2007 por la Ley 28.736 para brindar mayor protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
Para que ese reconocimiento sea oficial, el Poder Ejecutivo debe promulgar un decreto supremo. El Viceministerio de Interculturalidad presentó en la primera semana de marzo la propuesta, que ahora evalúa la presidencia del Consejo de Ministros.
Así se habilitará la “categorización” de la reserva indígena, lo que equivale a delimitar el territorio necesario para dar más garantías a esas poblaciones que viven amenazadas en forma permanente, indicó a Tierramérica el director general de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos en el Viceministerio de Interculturalidad, Paulo Vilca.
Según el abogado Julio Ibáñez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), es necesario que las organizaciones indígenas formen parte de la comisión que evalúa estas solicitudes, para que los pueblos tengan “voz y voto”.
Vilca señaló que su dirección se encuentra elaborando la propuesta de una norma para incorporar organizaciones indígenas a la comisión que evalúa las solicitudes. Mientras tanto, alrededor de ellas se ciernen amenazas de todo tipo: desde tala ilegal hasta explotación de petróleo.
La empresa Pluspetrol intenta ampliar sus actividades del Lote 88, en el área de influencia de la reserva Kugapakori, donde se encuentran las comunidades en contacto inicial Santa Rosa de Serjali, Montetoni y Marankeato, y en la zona de amortiguación del Parque Nacional del Manu.
Luego de una denuncia de actividades de Pluspetrol en el área de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, la empresa señaló que no seguiría con sus planes en la zona.
Mientras se aclara el escenario, un millón de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo se utilizarán este año para brindar protección a las reservas indígenas, informó Vilca.
En esta última se encuentran los pueblos matsiguenga y yora y también el Lote 88, un área con yacimientos de gas natural que forman parte del proyecto Camisea.
Pero las cinco aún están en trance de pasar de reservas territoriales a indígenas, una categoría creada en 2007 por la Ley 28.736 para brindar mayor protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
Para que ese reconocimiento sea oficial, el Poder Ejecutivo debe promulgar un decreto supremo. El Viceministerio de Interculturalidad presentó en la primera semana de marzo la propuesta, que ahora evalúa la presidencia del Consejo de Ministros.
Así se habilitará la “categorización” de la reserva indígena, lo que equivale a delimitar el territorio necesario para dar más garantías a esas poblaciones que viven amenazadas en forma permanente, indicó a Tierramérica el director general de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos en el Viceministerio de Interculturalidad, Paulo Vilca.
Según el abogado Julio Ibáñez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), es necesario que las organizaciones indígenas formen parte de la comisión que evalúa estas solicitudes, para que los pueblos tengan “voz y voto”.
Vilca señaló que su dirección se encuentra elaborando la propuesta de una norma para incorporar organizaciones indígenas a la comisión que evalúa las solicitudes. Mientras tanto, alrededor de ellas se ciernen amenazas de todo tipo: desde tala ilegal hasta explotación de petróleo.
La empresa Pluspetrol intenta ampliar sus actividades del Lote 88, en el área de influencia de la reserva Kugapakori, donde se encuentran las comunidades en contacto inicial Santa Rosa de Serjali, Montetoni y Marankeato, y en la zona de amortiguación del Parque Nacional del Manu.
Luego de una denuncia de actividades de Pluspetrol en el área de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, la empresa señaló que no seguiría con sus planes en la zona.
Mientras se aclara el escenario, un millón de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo se utilizarán este año para brindar protección a las reservas indígenas, informó Vilca.
sábado, 6 de abril de 2013
Saneamiento de tierras pone en peligro al pueblo de Chipaya
El saneamiento de tierras, que inició el Instituto Nacional de Reforma Agraria pone en peligro al pueblo milenario de Chipaya de desaparecer, debido a que cada vez está reduciendo su territorio, disminuyendo sus posibilidades de crecimiento y de distribución entre las nuevas familias.
Mediante un voto resolutivo de la comunidad de Chipaya, se advirtió que no se permitirá la realización de ese proceso de saneamiento de tierras, que ha pedido el pueblo de Esmeralda, porque ese sector, “nos pertenece desde hace miles de años y que ha sido un terreno usurpado a nuestros antepasados”.
Narciso Quispe, en representación de Chipaya, dijo que se ha decidido “recuperar el terreno perdido que nos han usurpado, nos han arrinconado a la orilla del lago y no tenemos derecho a crecer y tal parece que nos quieren hacer desaparecer, pero nosotros no vamos a permitir”.
Chipaya se encuentra a 280 kilómetros al Sur de la ciudad de Oruro. Las condiciones de vida no han mejorado durante los últimos años, a pesar de algunas obras realizadas. El pueblo tiene su lengua originaria, el puquina, su vestimenta y cultura original, pero está encerrado en el lugar, sin posibilidades de ampliar sus áreas de producción de alimentos.
Por su parte, los comunarios de Esmeralda, que también se encuentran en la zona, solicitaron al INRA el saneamiento de tierras, pero con la oposición de Chipaya, agresiones a los técnicos y amenazas, se ha dejado en suspenso ese trabajo.
El alcalde de Esmeralda, Wilfredo Arce, dijo que en el lugar se encontraban trece personas que querían realizar la delimitación, pero han sido interceptados por los comunarios de Chipaya y han golpeado a los dos funcionarios del Instituto de Reforma Agraria. El hecho ocurrió el pasado miércoles.
“Nuestra gente está furiosa, por el arrebato de nuestras tierras y vamos a recuperar ahora”, afirmó la autoridad originaria de Chipaya, Narciso Quispe. Indicó que ellos necesitan las tierras, para la agricultura y ganadería, que sólo es para la subsistencia. Sin embargo, negó que los habitantes de Chipaya hayan provocado agresiones a los técnicos.
Según el alcalde de Chipaya, Federico Mamani, por el contrario, los efectivos militares del Regimiento de Infantería 22 de Huachacalla, fueron los que han maltratado a los comunarios, incluso han disparado contra nosotros.
El concejal Germán Condori dijo que los comunarios de Chipaya “han exigido la libertad de nuestro alcalde, pero los militares seguían disparando y, por eso, hemos prendido fuego para que los uniformados se alejen del lugar”.
El director departamental del INRA, Julio Cepeda, después de recibir el informe de sus técnicos, manifestó que los responsables de la agresión fueron los de Chipaya, quienes quieren hacer valer hechos del pasado, de que los aymaras les habían quitado sus tierras hace años y por eso, ahora quieren recuperar esas tierras.
“No podrán recuperar sus tierras, mediante la fuerza y la intimidación”, afirmó.
Explicó que Chipaya y Esmeralda ya tienen un acta de entendimiento de 1968, pero el INRA está revisando las tierras si están cumpliendo una función social o no y qué clase de mejoras se han hecho durante los últimos años.
Mediante un voto resolutivo de la comunidad de Chipaya, se advirtió que no se permitirá la realización de ese proceso de saneamiento de tierras, que ha pedido el pueblo de Esmeralda, porque ese sector, “nos pertenece desde hace miles de años y que ha sido un terreno usurpado a nuestros antepasados”.
Narciso Quispe, en representación de Chipaya, dijo que se ha decidido “recuperar el terreno perdido que nos han usurpado, nos han arrinconado a la orilla del lago y no tenemos derecho a crecer y tal parece que nos quieren hacer desaparecer, pero nosotros no vamos a permitir”.
Chipaya se encuentra a 280 kilómetros al Sur de la ciudad de Oruro. Las condiciones de vida no han mejorado durante los últimos años, a pesar de algunas obras realizadas. El pueblo tiene su lengua originaria, el puquina, su vestimenta y cultura original, pero está encerrado en el lugar, sin posibilidades de ampliar sus áreas de producción de alimentos.
Por su parte, los comunarios de Esmeralda, que también se encuentran en la zona, solicitaron al INRA el saneamiento de tierras, pero con la oposición de Chipaya, agresiones a los técnicos y amenazas, se ha dejado en suspenso ese trabajo.
El alcalde de Esmeralda, Wilfredo Arce, dijo que en el lugar se encontraban trece personas que querían realizar la delimitación, pero han sido interceptados por los comunarios de Chipaya y han golpeado a los dos funcionarios del Instituto de Reforma Agraria. El hecho ocurrió el pasado miércoles.
“Nuestra gente está furiosa, por el arrebato de nuestras tierras y vamos a recuperar ahora”, afirmó la autoridad originaria de Chipaya, Narciso Quispe. Indicó que ellos necesitan las tierras, para la agricultura y ganadería, que sólo es para la subsistencia. Sin embargo, negó que los habitantes de Chipaya hayan provocado agresiones a los técnicos.
Según el alcalde de Chipaya, Federico Mamani, por el contrario, los efectivos militares del Regimiento de Infantería 22 de Huachacalla, fueron los que han maltratado a los comunarios, incluso han disparado contra nosotros.
El concejal Germán Condori dijo que los comunarios de Chipaya “han exigido la libertad de nuestro alcalde, pero los militares seguían disparando y, por eso, hemos prendido fuego para que los uniformados se alejen del lugar”.
El director departamental del INRA, Julio Cepeda, después de recibir el informe de sus técnicos, manifestó que los responsables de la agresión fueron los de Chipaya, quienes quieren hacer valer hechos del pasado, de que los aymaras les habían quitado sus tierras hace años y por eso, ahora quieren recuperar esas tierras.
“No podrán recuperar sus tierras, mediante la fuerza y la intimidación”, afirmó.
Explicó que Chipaya y Esmeralda ya tienen un acta de entendimiento de 1968, pero el INRA está revisando las tierras si están cumpliendo una función social o no y qué clase de mejoras se han hecho durante los últimos años.
Tipnis Ley plantea pacto colonos e indígenas
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo que en la nueva ley también se debatirán mecanismos de control y protección del área contra avasallamientos y asentamientos, además de delimitar la “línea roja” que divide a colonos e indígenas.
“La ley plantea firma de acuerdos y convenios de mutuo respeto entre sindicatos, centrales y subcentrales que están alrededor del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ya verán cómo avanzar, pero lo que planteó la consulta es que ellos quieren conocerse, firmar acuerdos, avanzar y desarrollarse con respeto, apoyándose unos con otros”, señaló Sánchez.
Al respecto, el diputado indígena Bienvenido Zacu (MAS) señaló que será “complicado” realizar ese tipo de coordinación.
El presidente de un sector de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, descartó que la futura ley logre algún pacto, porque la principal fuente de problemas son los avasallamientos y asentamientos colonos, situación que no controla el Estado. / Agencias
“La ley plantea firma de acuerdos y convenios de mutuo respeto entre sindicatos, centrales y subcentrales que están alrededor del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ya verán cómo avanzar, pero lo que planteó la consulta es que ellos quieren conocerse, firmar acuerdos, avanzar y desarrollarse con respeto, apoyándose unos con otros”, señaló Sánchez.
Al respecto, el diputado indígena Bienvenido Zacu (MAS) señaló que será “complicado” realizar ese tipo de coordinación.
El presidente de un sector de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, descartó que la futura ley logre algún pacto, porque la principal fuente de problemas son los avasallamientos y asentamientos colonos, situación que no controla el Estado. / Agencias
viernes, 5 de abril de 2013
El Fondo Indígena tiene $us 200 millones sin ejecutar y Presidente pide presentar proyectos
El Fondo Indígena tiene en su cuenta al menos 200 millones de dólares sin ejecutar por lo que es necesario que los beneficiarios de esos recursos, organizaciones indígenas originaria campesinas, presenten proyectos de desarrollo y “veremos cómo gastar rápidamente” esos dineros, informó el presidente Evo Morales en un acto de entrega de recursos en el altiplano de La Paz.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, originarios, y Comunidades Campesinas, creado por decreto del 22 de diciembre de 2005, recibe 5 del 37% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se asigna a las universidades, gobernaciones y municipios para financiar proyectos de desarrollo económico y social en el área rural.
“Por ahora se duermen 200 millones de dólares en el Fondo Indígena, veremos cómo gastar rápidamente en el Fondo Indígena”, sostuvo Morales, quien añadió que hay problemas en el Directorio de esa instancia, encargada, precisamente de evaluar, ver la factibilidad y autorizar el financiamiento de iniciativas productivas.
Los beneficiarios con los dineros del fondo son el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyo (Conamaq), los indígenas del oriente 8Cidob), las mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las comunidades interculturales o colonizadores.
“Ojalá nuestras confederaciones puedan traer nuevos planteamientos para gastar rápidamente”, insistió en parte del discurso pronunciado en la entrega de recursos económicos a comunidades de la provincia Aroma, en La Paz.
INRA inicia proceso legal contra habitantes y autoridades de Chipaya
Funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) presentan denuncia ante el Ministerio Público en contra de habitantes y autoridades del municipio de Chipaya de la provincia Sabaya, por agresiones a dos de sus funcionarios el martes 2 de abril, informó ayer el director departamental del INRA, Julio Cepeda Martínez.
El martes 2 de abril, funcionarios del INRA iniciaron el levantamiento de datos para el proceso de saneamiento de tierras a solicitud de habitantes del municipio de Esmeralda, donde fueron agredidos por comunarios de Chipaya.
"Nosotros solo cumplimos con nuestro trabajo en base a la documentación y solicitud presentada por los habitantes, dos de nuestros funcionarios fueron agredidos, por lo que ya hicimos conocer de este intento de asesinato, a las autoridades pertinentes.
Estamos en afán de buscar todos los documentos para que esto no quede impune", explicó.
Los funcionarios agredidos son Wilder Maceda Chuquimia y Juan Yarará Callahuana, quienes se encontraban en el lugar, para dar inicio al proceso de saneamiento de tierras, publicando a través de medios de comunicación la presencia de las partes interesadas en el mojón mayor, punto límite entre Chipaya y Esmeralda.
SANEAMIENTO
Por otro lado el conflicto limítrofe de estos dos municipios, según Cepeda data de hace mucho tiempo. En este proceso tenemos documentación de actas de entendimiento que datan de 1961 y 1968, donde se reconoce el límite de los linderos que unen a estos dos municipios, firmado por varias autoridades incluso por el exsubprefecto de entonces, donde se estableció mojones monumentados con cemento, iniciado por la exprefectura", explicó.
El saneamiento se inició a solicitud de habitantes de Collana, "el proceso de saneamiento de tierras continuará, pediremos resguardo para que nuestros funcionarios, puedan trabajar", explicó.
Ante la oposición a dicho proceso por parte de Chipaya, Cepeda, señaló que el uso de la fuerza no es el medio para recuperar terrenos e indicó que ya se hicieron dos inspecciones sobre la ocupación y función de las tierras, exigiendo mejoras agrarias para que los propietarios cuenten con el saneamiento oficial de sus terrenos, agregó.
También explicó que cuando un municipio no cuenta con terrenos para la agricultura y ganadería, el Gobierno debe dotarle de tierras, "lastimosamente no contamos con terrenos fiscales en Oruro, pero estamos en busca de ello para que no ocurran conflictos", dijo.
El martes 2 de abril, funcionarios del INRA iniciaron el levantamiento de datos para el proceso de saneamiento de tierras a solicitud de habitantes del municipio de Esmeralda, donde fueron agredidos por comunarios de Chipaya.
"Nosotros solo cumplimos con nuestro trabajo en base a la documentación y solicitud presentada por los habitantes, dos de nuestros funcionarios fueron agredidos, por lo que ya hicimos conocer de este intento de asesinato, a las autoridades pertinentes.
Estamos en afán de buscar todos los documentos para que esto no quede impune", explicó.
Los funcionarios agredidos son Wilder Maceda Chuquimia y Juan Yarará Callahuana, quienes se encontraban en el lugar, para dar inicio al proceso de saneamiento de tierras, publicando a través de medios de comunicación la presencia de las partes interesadas en el mojón mayor, punto límite entre Chipaya y Esmeralda.
SANEAMIENTO
Por otro lado el conflicto limítrofe de estos dos municipios, según Cepeda data de hace mucho tiempo. En este proceso tenemos documentación de actas de entendimiento que datan de 1961 y 1968, donde se reconoce el límite de los linderos que unen a estos dos municipios, firmado por varias autoridades incluso por el exsubprefecto de entonces, donde se estableció mojones monumentados con cemento, iniciado por la exprefectura", explicó.
El saneamiento se inició a solicitud de habitantes de Collana, "el proceso de saneamiento de tierras continuará, pediremos resguardo para que nuestros funcionarios, puedan trabajar", explicó.
Ante la oposición a dicho proceso por parte de Chipaya, Cepeda, señaló que el uso de la fuerza no es el medio para recuperar terrenos e indicó que ya se hicieron dos inspecciones sobre la ocupación y función de las tierras, exigiendo mejoras agrarias para que los propietarios cuenten con el saneamiento oficial de sus terrenos, agregó.
También explicó que cuando un municipio no cuenta con terrenos para la agricultura y ganadería, el Gobierno debe dotarle de tierras, "lastimosamente no contamos con terrenos fiscales en Oruro, pero estamos en busca de ello para que no ocurran conflictos", dijo.
Chipayas se oponen al saneamiento de tierras y surge tensión con sus vecinos
El proceso de saneamiento de tierras en el occidente de Oruro provoca enfrentamientos, entre comunarios del municipio de Chipaya y sus similares de Esmeralda con los que limita su territorio.
El martes el Ejército tuvo que intervenir en la trifulca, derivando estas denuncias de agresión, discriminación y excesos de ambas partes y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por la agresión a dos de sus técnicos.
Los habitantes de Chipaya se oponen al saneamiento de tierras que realiza el INRA en el límite con municipio de Esmeralda específicamente con el ayllu Collana, debido a que este pueblo ancestral alega tener la propiedad histórica de estos terrenos y ahora quieren recuperarlo, mediante la nueva ley de delimitación, por lo que piden que el saneamiento se paralice.
La autoridad originaria de Chipaya, Narciso Quispe, aseguró que existe un voto resolutivo de la población que pide la paralización del saneamiento y la recuperación de sus tierras que supuestamente fueron usurpadas a sus antepasados.
"La comunidad de Chipaya tiene una decisión, recuperar lo que han perdido, nos han usurpado, nos han arrinconado a la orilla del lago, por este sufrimiento ahora son muchos, entonces la gente está furiosa y ahora vamos a recuperar", aseguró la autoridad originaria, justificando que ellos ya necesitan terrenos para la agricultura y ganadería, ya que su población habría crecido y su territorio es insuficiente.
DENUNCIAS
El martes se habrían registrado desde incidentes menores que derivaron en enfrentamientos en el límite de estos dos municipios.
El miércoles el alcalde del municipio de Esmeralda, Wilfredo Arce, denunció que tras una notificación del INRA, un grupo de 13 personas de su municipio se apersonaron al mojón (punto de referencia) mayor, con funcionarios de esta institución, donde habrían sido avasallados e interceptados por comunarios de Chipaya.
"En ese momento, quisieron hacer respetar el movimiento del mojón que habían realizado, cuando los funcionarios estaban explicando la situación, fueron golpeados. No tuvieron respeto ni a las mujeres", dijo la autoridad edil.
Un día después contrariamente los habitantes de Chipaya, negaron las agresiones y denunciaron excesos por parte de efectivos militares que inclusive habrían disparado en dirección al grupo indígena.
El concejal de Chipaya, Germán Condorí, reconoció que los pobladores reaccionaros tras enterarse que su alcalde y algunos otros comunarios fueron detenidos, cuando ya se retiraban del lugar.
"Hemos llegado donde estaba detenido el alcalde, y los militares han empezado a disparar contra nosotros, entonces no hemos podido calmar a nuestra gente, porque disparaban contra nosotros, entonces prendimos fuego para alejar a los militares", dijo el concejal. Por su parte el alcalde de Chipaya, Federico Mamani López dijo ser maltratado y discriminado por parte del comandante del Regimiento de Infantería 22 de Huachacalla.
INRA
Respecto al problema el director departamental del INRA Julio Cepeda, culpabilizó a los chipayas por las acciones negativas ocurridas el pasado martes "Ellos indican que los aymaras les habían quitado terreno, lo cual no es verdad, ellos podían haber hecho en los distintos procesos reconocimiento de la propiedad agraria y en el mismo proceso de delimitaron de jurisdicción de su municipio, No sé quien les ha hecho creer que mediante la fuerza, mediante la intimidación, pueden recuperar terrenos", sostuvo.
Dijo que entre Chipaya y Esmeralda existe un acta de entendimiento de 1968 que ha sido firmado pacíficamente. Además se habría verificado el cumplimiento de la función social, y la mejoras agrarias, situación que es cuestionada por el pueblo Chipaya.
Las autoridades de Chipaya advierten que no permitirán que el proceso de saneamiento continúe entre tanto no exista una nueva delimitación por parte del Dirección Departamental de Límites Territoriales del Gobierno Departamental de Oruro.
El martes el Ejército tuvo que intervenir en la trifulca, derivando estas denuncias de agresión, discriminación y excesos de ambas partes y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por la agresión a dos de sus técnicos.
Los habitantes de Chipaya se oponen al saneamiento de tierras que realiza el INRA en el límite con municipio de Esmeralda específicamente con el ayllu Collana, debido a que este pueblo ancestral alega tener la propiedad histórica de estos terrenos y ahora quieren recuperarlo, mediante la nueva ley de delimitación, por lo que piden que el saneamiento se paralice.
La autoridad originaria de Chipaya, Narciso Quispe, aseguró que existe un voto resolutivo de la población que pide la paralización del saneamiento y la recuperación de sus tierras que supuestamente fueron usurpadas a sus antepasados.
"La comunidad de Chipaya tiene una decisión, recuperar lo que han perdido, nos han usurpado, nos han arrinconado a la orilla del lago, por este sufrimiento ahora son muchos, entonces la gente está furiosa y ahora vamos a recuperar", aseguró la autoridad originaria, justificando que ellos ya necesitan terrenos para la agricultura y ganadería, ya que su población habría crecido y su territorio es insuficiente.
DENUNCIAS
El martes se habrían registrado desde incidentes menores que derivaron en enfrentamientos en el límite de estos dos municipios.
El miércoles el alcalde del municipio de Esmeralda, Wilfredo Arce, denunció que tras una notificación del INRA, un grupo de 13 personas de su municipio se apersonaron al mojón (punto de referencia) mayor, con funcionarios de esta institución, donde habrían sido avasallados e interceptados por comunarios de Chipaya.
"En ese momento, quisieron hacer respetar el movimiento del mojón que habían realizado, cuando los funcionarios estaban explicando la situación, fueron golpeados. No tuvieron respeto ni a las mujeres", dijo la autoridad edil.
Un día después contrariamente los habitantes de Chipaya, negaron las agresiones y denunciaron excesos por parte de efectivos militares que inclusive habrían disparado en dirección al grupo indígena.
El concejal de Chipaya, Germán Condorí, reconoció que los pobladores reaccionaros tras enterarse que su alcalde y algunos otros comunarios fueron detenidos, cuando ya se retiraban del lugar.
"Hemos llegado donde estaba detenido el alcalde, y los militares han empezado a disparar contra nosotros, entonces no hemos podido calmar a nuestra gente, porque disparaban contra nosotros, entonces prendimos fuego para alejar a los militares", dijo el concejal. Por su parte el alcalde de Chipaya, Federico Mamani López dijo ser maltratado y discriminado por parte del comandante del Regimiento de Infantería 22 de Huachacalla.
INRA
Respecto al problema el director departamental del INRA Julio Cepeda, culpabilizó a los chipayas por las acciones negativas ocurridas el pasado martes "Ellos indican que los aymaras les habían quitado terreno, lo cual no es verdad, ellos podían haber hecho en los distintos procesos reconocimiento de la propiedad agraria y en el mismo proceso de delimitaron de jurisdicción de su municipio, No sé quien les ha hecho creer que mediante la fuerza, mediante la intimidación, pueden recuperar terrenos", sostuvo.
Dijo que entre Chipaya y Esmeralda existe un acta de entendimiento de 1968 que ha sido firmado pacíficamente. Además se habría verificado el cumplimiento de la función social, y la mejoras agrarias, situación que es cuestionada por el pueblo Chipaya.
Las autoridades de Chipaya advierten que no permitirán que el proceso de saneamiento continúe entre tanto no exista una nueva delimitación por parte del Dirección Departamental de Límites Territoriales del Gobierno Departamental de Oruro.
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