El director de Pro Bolivia, Javier Escalante, aseguró que el próximo mes se pondrá en marcha el fondo ‘Jiwasa’ (todos podemos en idioma aymara), para fortalecer las iniciativas productivas de la pequeña y mediana escala.
“Estamos ajustando los instrumentos de trabajo y en septiembre vamos a salir sin ningún tipo de aspaviento, para empezar a trabajar a consolidar todo lo que es el Jiwasa”, indicó.
Escalante dijo que hasta los últimos días se estuvo probando todos los instrumentos y se hicieron pruebas de campo en Cochabamba, Potosí y El Alto para la implementación de ese fondo, que cuenta con 9,8 millones de dólares provenientes de un fideicomiso y otros 20 millones de dólares de la cooperación internacional.
Explicó que para empezar con ese fondo se clasificó en tres grandes sectores a los micro y pequeños productores: los de subsistencia, que no lograr cubrir un salario mínimo; los de reproducción, que logran pagar el salario mínimo y los que cubren los costos de producción.
Dijo que se trabajará con los pequeños productores que no pueden cubrir los costos de operación, a quienes se les ayudará a elaborar un plan de mejoramiento y se les otorgará un capital de inicio, que será maquinaria, que ayudará a mejorar sus capacidades productivas.
miércoles, 12 de agosto de 2015
Indígenas convocan a revuelta en Ecuador
Muere una mujer arrollada durante la marcha y el jueves convocan a un paro nacional contra Correa.
Cientos de indígenas ecuatorianos arribarán hoy a la ciudad de Quito para exigir al Gobierno de Rafael Correa varias demandas, entre ellas que se frenen las actividades extractivistas. La denominada "Marcha por la dignidad y la vida" proclamó, antes de su arribó a la capital ecuatoriana, el "levantamiento indígena", al que aseguran se sumarán más de 20.000 personas.
La marcha indígena coincide con el paro nacional que se convocó para este 13 de agosto, medida sobre el cual el presidente Rafael Correa dijo, "el día jueves es un desafío, no para el Gobierno, para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación". Pidieron la derogación de enmiendas constitucionales, el libre ingreso a universidades, derogatoria de la ley de aguas, archivo de la ley de tierras, alto al extractivismo y rechazo al elevado costo de vida.
MURIÓ UNA MUJER DURANTE LA MARCHA. El viceministro de Seguridad Interna de Ecuador, Diego Fuentes, informó, a través de su cuenta en Twitter, que durante la jornada nocturna de la marcha del lunes, una mujer murió atropellada y otra resultó herida, "urgente: informamos un lamentable accidente de tránsito en marcha indígena, una persona de sexo femenino fallecida, otra herida".
Los restos de Marta Medina, de 35 años, llegaron a la morgue de Latacunga. El hecho ocurrió en la vía Panamericana, a la altura del barrio de Lasso.
El Universal informó que como ocurrió en otros lugares de su ruta, los marchistas se toparon con una manifestación de partidarios del oficialista movimiento Alianza País (AP),quienes les gritaron consignas como “fuera golpistas, fuera”, “reelección, reelección, reelección”, portando pancartas donde se leía la frase “el pasado no volverá”. Sin embargo, a través de los altoparlantes del vehículo que encabeza la marcha, Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), llamó a la gente a "no caer en la provocación ni en la trampa", que el objetivo es llegar a Quito. Efectivos policiales impidieron que se registre algún enfrentamiento.
Luis Daquilema, partidario de AP, indicó que las bases indígenas están a favor de la gestión de Correa porque saben que hizo obras para beneficiar a los más pobres, mientras que otros sectores manifestaron su apoyo y del paro nacional, previsto para este jueves 13 de agosto.
UN GRUPO DE PERIODISTAS DE ECUADOR TV DENUNCIÓ QUE FUERON AGREDIDOS POR LOS INDÍGENAS, TRAS ACUSARLOS DE INFILTRADOS, MEDIANTE EL PORTAL GUBERNAMENTAL EL CIUDADANO.
Cientos de indígenas ecuatorianos arribarán hoy a la ciudad de Quito para exigir al Gobierno de Rafael Correa varias demandas, entre ellas que se frenen las actividades extractivistas. La denominada "Marcha por la dignidad y la vida" proclamó, antes de su arribó a la capital ecuatoriana, el "levantamiento indígena", al que aseguran se sumarán más de 20.000 personas.
La marcha indígena coincide con el paro nacional que se convocó para este 13 de agosto, medida sobre el cual el presidente Rafael Correa dijo, "el día jueves es un desafío, no para el Gobierno, para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación". Pidieron la derogación de enmiendas constitucionales, el libre ingreso a universidades, derogatoria de la ley de aguas, archivo de la ley de tierras, alto al extractivismo y rechazo al elevado costo de vida.
MURIÓ UNA MUJER DURANTE LA MARCHA. El viceministro de Seguridad Interna de Ecuador, Diego Fuentes, informó, a través de su cuenta en Twitter, que durante la jornada nocturna de la marcha del lunes, una mujer murió atropellada y otra resultó herida, "urgente: informamos un lamentable accidente de tránsito en marcha indígena, una persona de sexo femenino fallecida, otra herida".
Los restos de Marta Medina, de 35 años, llegaron a la morgue de Latacunga. El hecho ocurrió en la vía Panamericana, a la altura del barrio de Lasso.
El Universal informó que como ocurrió en otros lugares de su ruta, los marchistas se toparon con una manifestación de partidarios del oficialista movimiento Alianza País (AP),quienes les gritaron consignas como “fuera golpistas, fuera”, “reelección, reelección, reelección”, portando pancartas donde se leía la frase “el pasado no volverá”. Sin embargo, a través de los altoparlantes del vehículo que encabeza la marcha, Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), llamó a la gente a "no caer en la provocación ni en la trampa", que el objetivo es llegar a Quito. Efectivos policiales impidieron que se registre algún enfrentamiento.
Luis Daquilema, partidario de AP, indicó que las bases indígenas están a favor de la gestión de Correa porque saben que hizo obras para beneficiar a los más pobres, mientras que otros sectores manifestaron su apoyo y del paro nacional, previsto para este jueves 13 de agosto.
UN GRUPO DE PERIODISTAS DE ECUADOR TV DENUNCIÓ QUE FUERON AGREDIDOS POR LOS INDÍGENAS, TRAS ACUSARLOS DE INFILTRADOS, MEDIANTE EL PORTAL GUBERNAMENTAL EL CIUDADANO.
martes, 11 de agosto de 2015
Indígenas ecuatorianos declaran "levantamiento" contra Rafael Correa
La principal organización indígena de Ecuador proclamó, este lunes desde la andina ciudad de Latacunga, un "levantamiento" contra el gobierno del presidente Rafael Correa, antes de unirse a una huelga convocada por opositores el próximo jueves.
Centenares de indígenas que emprendieron hace nueve días una marcha hacia Quito, desde la amazónica provincia de Zamora Chinchipe, anunciaron protestas en contra del mandatario.
En diálogo previo con la agencia de noticias AFP, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, señaló que tras esta proclama "habrá plantones, habrá movilizaciones (...) hasta tener respuestas por parte del gobierno, hasta cuando se archiven esas enmiendas constitucionales".
Los indígenas, que en 2014 realizaron una protesta similar que el gobierno tildó de fracaso, exigen el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, incluida una que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato.
Además piden que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quita poder en el manejo de esos recursos en sus territorios.
Gobierno resta importancia a la medida
El presidente ecuatoriano, quien reivindica una alta popularidad en amplios sectores y el respaldo de grupos indígenas, consideró este lunes que la movilización "va a ser un fracaso".
"El día jueves es un desafío, no para el gobierno, (sino) para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación", dijo Correa a la prensa.
Por su parte, Herrera agregó que la marcha "ha sido el mecanismo para hacer la convocatoria a levantar el ánimo, a levantar fuerzas en el país", pero descartó que busquen "la caída del gobierno".
El mandatario, que enfrenta desde hace dos meses un movimiento irregular de protesta contra sus políticas de corte socialista, ha relacionado las manifestaciones con una conspiración en marcha para sacarlo del poder antes de las elecciones de 2017.
Dos meses de protestas
Las protestas estallaron el 8 de junio a raíz de una propuesta de Correa para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía, según él, para redistribuir la riqueza, lo que desató la ira de empresarios, organizaciones de derecha y de la clase media.
Las manifestaciones devinieron en una crítica generalizada al gobierno y al estilo de gestión del presidente, que sus adversarios tildan de autoritario.
En ese marco, sindicatos y grupos sociales programaron un paro para este jueves al que se plegarán organizaciones indígenas descontentas con el mandato de Correa.
Centenares de indígenas que emprendieron hace nueve días una marcha hacia Quito, desde la amazónica provincia de Zamora Chinchipe, anunciaron protestas en contra del mandatario.
En diálogo previo con la agencia de noticias AFP, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, señaló que tras esta proclama "habrá plantones, habrá movilizaciones (...) hasta tener respuestas por parte del gobierno, hasta cuando se archiven esas enmiendas constitucionales".
Los indígenas, que en 2014 realizaron una protesta similar que el gobierno tildó de fracaso, exigen el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, incluida una que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato.
Además piden que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quita poder en el manejo de esos recursos en sus territorios.
Gobierno resta importancia a la medida
El presidente ecuatoriano, quien reivindica una alta popularidad en amplios sectores y el respaldo de grupos indígenas, consideró este lunes que la movilización "va a ser un fracaso".
"El día jueves es un desafío, no para el gobierno, (sino) para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación", dijo Correa a la prensa.
Por su parte, Herrera agregó que la marcha "ha sido el mecanismo para hacer la convocatoria a levantar el ánimo, a levantar fuerzas en el país", pero descartó que busquen "la caída del gobierno".
El mandatario, que enfrenta desde hace dos meses un movimiento irregular de protesta contra sus políticas de corte socialista, ha relacionado las manifestaciones con una conspiración en marcha para sacarlo del poder antes de las elecciones de 2017.
Dos meses de protestas
Las protestas estallaron el 8 de junio a raíz de una propuesta de Correa para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía, según él, para redistribuir la riqueza, lo que desató la ira de empresarios, organizaciones de derecha y de la clase media.
Las manifestaciones devinieron en una crítica generalizada al gobierno y al estilo de gestión del presidente, que sus adversarios tildan de autoritario.
En ese marco, sindicatos y grupos sociales programaron un paro para este jueves al que se plegarán organizaciones indígenas descontentas con el mandato de Correa.
Originarios recibirán tierras en San Rafael
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Jorge Gómez, autorizó asentamientos humanos en San Rafael (Velasco), el fin de semana ante una masiva participación de pobladores y autoridades que firmaron acuerdos de coordi- nación para asentamientos planificados con prioridad para nativos sin tierra y lo que sobre para gente del interior del país.
El presidente del Comité cívico de San Rafael, Erlin Lichternauer, dijo que de las 500.000 hectáreas fiscales en el municipio, producto de la reversión de la concesión forestal Surutú, 300.000 servirán para promover la organización de unas 20 comunidades indígenas y campesinas en proceso de asentamiento y las otras 200.000 serán una reserva intocable, según se pactó con el director del INRA.
Las solicitudes de tierras se reciben en la Unidad Forestal de la Alcaldía, que tiene un mes para remitir las carpetas al INRA (Santa Cruz) para que dé luz verde a los asentamientos.
Lichtenauer dijo que el Gobierno cedió tierras fiscales a campesinos afines al MAS y de la organización Única, por lo que exigieron la presencia de autoridades para coordinar la dotación de tierras para nuevas comunidades, pues a los lugareños no se los había tomado en cuenta.
San Miguel
En San Miguel, la llegada de unos 400 colonos en busca de terrenos dio lugar a un cabildo que rechazó esta situación y se exigió que se dé preferencia a los lugareños. Asistieron el presidente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel, Juan Cándido Casupá; el alcalde, Óscar Hugo Dorado; los subalcaldes; el dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Rony Ribera, y el secretario de Justicia de la Cidob, Lázaro Tacoó.
Se aprobó una resolución que exige paralizar la dotación a comunidades no originarias, dar prioridad a los chiquitanos y consultarles sobre nuevos asentamientos. Al final se llegó a un acuerdo con las autoridades del INRA para suspender la dotación, mientras no se lleve a cabo un taller de capacitación de saneamiento y la titulación de tierras a los indígenas locales y a las propiedades
El presidente del Comité cívico de San Rafael, Erlin Lichternauer, dijo que de las 500.000 hectáreas fiscales en el municipio, producto de la reversión de la concesión forestal Surutú, 300.000 servirán para promover la organización de unas 20 comunidades indígenas y campesinas en proceso de asentamiento y las otras 200.000 serán una reserva intocable, según se pactó con el director del INRA.
Las solicitudes de tierras se reciben en la Unidad Forestal de la Alcaldía, que tiene un mes para remitir las carpetas al INRA (Santa Cruz) para que dé luz verde a los asentamientos.
Lichtenauer dijo que el Gobierno cedió tierras fiscales a campesinos afines al MAS y de la organización Única, por lo que exigieron la presencia de autoridades para coordinar la dotación de tierras para nuevas comunidades, pues a los lugareños no se los había tomado en cuenta.
San Miguel
En San Miguel, la llegada de unos 400 colonos en busca de terrenos dio lugar a un cabildo que rechazó esta situación y se exigió que se dé preferencia a los lugareños. Asistieron el presidente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel, Juan Cándido Casupá; el alcalde, Óscar Hugo Dorado; los subalcaldes; el dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Rony Ribera, y el secretario de Justicia de la Cidob, Lázaro Tacoó.
Se aprobó una resolución que exige paralizar la dotación a comunidades no originarias, dar prioridad a los chiquitanos y consultarles sobre nuevos asentamientos. Al final se llegó a un acuerdo con las autoridades del INRA para suspender la dotación, mientras no se lleve a cabo un taller de capacitación de saneamiento y la titulación de tierras a los indígenas locales y a las propiedades
Día Internacional Pueblos indígenas demandan acceso a servicios de salud
Los cinco pueblos indígenas del departamento cruceño: chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y yuracaré-mojeño conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con música, danzas y luciendo sus vestimentas tradicionales en la plaza principal 24 de Septiembre. La ocasión también fue propicia para que expresen sus demandas de salud y educación.
En la ocasión, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación, afirmó que esta institución trabaja y valora a todos los pueblos indígenas, como lo demuestra el hecho de que el gobernador Rubén Costas haya incluido a los pueblos indígenas primero como consejeros y luego asambleístas departamentales, además que Santa Cruz es el único departamento que tiene un secretario de Pueblos Indígenas en el Gabinete Ejecutivo para impulsar el desarrollo del departamento.
Asimismo Julio López, secretario de los Pueblos Indígenas, agradeció al gobernador Rubén Costas tanto por esta inclusión como por las obras en electrificación, caminos, educación y turismo que reciben en sus comunidades. “Estamos contentos de ver que el desarrollo inició desde la Gobernación, porque aquí los pueblos indígenas estamos representados en la Asamblea y en el Ejecutivo”, señaló López.
Emigio Poiche, asambleísta indígena, sostuvo que son los pueblos el baluarte del departamento, lamentó que aún no estén reconocidos por el Gobierno en cuanto a las atenciones que debe brindar el Estado a los pueblos indígenas. “Los hermanos de tierras bajas somos objeto de avasallamiento de nuestro territorio por parte del Estado, hoy pedimos a todas las instituciones nos brinden el apoyo necesario para que el territorio de los indígenas sea respetado; pedimos al Estado que no avasalle nuestras áreas protegidas en busca de más recursos y pedimos más atención en educación y salud”, concluyó.
En la ocasión, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación, afirmó que esta institución trabaja y valora a todos los pueblos indígenas, como lo demuestra el hecho de que el gobernador Rubén Costas haya incluido a los pueblos indígenas primero como consejeros y luego asambleístas departamentales, además que Santa Cruz es el único departamento que tiene un secretario de Pueblos Indígenas en el Gabinete Ejecutivo para impulsar el desarrollo del departamento.
Asimismo Julio López, secretario de los Pueblos Indígenas, agradeció al gobernador Rubén Costas tanto por esta inclusión como por las obras en electrificación, caminos, educación y turismo que reciben en sus comunidades. “Estamos contentos de ver que el desarrollo inició desde la Gobernación, porque aquí los pueblos indígenas estamos representados en la Asamblea y en el Ejecutivo”, señaló López.
Emigio Poiche, asambleísta indígena, sostuvo que son los pueblos el baluarte del departamento, lamentó que aún no estén reconocidos por el Gobierno en cuanto a las atenciones que debe brindar el Estado a los pueblos indígenas. “Los hermanos de tierras bajas somos objeto de avasallamiento de nuestro territorio por parte del Estado, hoy pedimos a todas las instituciones nos brinden el apoyo necesario para que el territorio de los indígenas sea respetado; pedimos al Estado que no avasalle nuestras áreas protegidas en busca de más recursos y pedimos más atención en educación y salud”, concluyó.
Indígenas vuelven a las medidas para frenar decretos
A las pocas horas de recordarse el domingo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Ronald Gomez, representante de los indígenas guaraníes de la Capitanía Takovo Mora, confirmó al periódico digital El Deber que a partir del mediodía de ayer bloqueron el ingreso al bloque El Dorado, donde opera la empresa subsidiaria YPFB Chaco. Advirtió que esta protesta se extenderá hacia Tarija y Chuquisaca hasta que el Gobierno decida retroceder en su intención de ingresar a las áreas protegidas para realizar trabajos de exploración y explotación.
Mientras en la ciudad de Trinidad, los representantes de los pueblos indígenas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron un encuentro para reactivar sus medidas de presion contra las medidas del Gobierno.
Los dirigentes denunciaron que hay varias demandas que presentaron los indígenas y que hasta el momento la justicia no se pronuncia, como el caso de la comunidad Tacana La Selva, Pando, o la destrucción de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo conocer el fin de semana que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresó su preocupación por situaciones en que comunidades enteras son forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia.
VICEPRESIDENTE IDENTIFICA A ONG. Respecto a las organizaciones que hicieron conocer sus observaciones al Decreto 2366 y otros que autorizan el ingreso a realizar trabajos hidrocarburíferos en áreas protegidas, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó a por lo menos cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ING's) que hacen política en el país y defienden los grupos transnacionales, "hay varias en Bolivia que están siendo financiadas por Gobiernos extranjeros. Milenio, depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra, ha sido dirigida por un exministro de Goni, CEDIB y Cedla, que hacen política con la defensa del medio ambiente a la cabeza de unos trotskistas verdes". Dijo que esas ONG´s se reunieron con dirigentes para darles datos que afecten la gestión del Gobierno y postergar proyectos de desarrollo.
Mientras en la ciudad de Trinidad, los representantes de los pueblos indígenas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron un encuentro para reactivar sus medidas de presion contra las medidas del Gobierno.
Los dirigentes denunciaron que hay varias demandas que presentaron los indígenas y que hasta el momento la justicia no se pronuncia, como el caso de la comunidad Tacana La Selva, Pando, o la destrucción de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo conocer el fin de semana que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresó su preocupación por situaciones en que comunidades enteras son forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia.
VICEPRESIDENTE IDENTIFICA A ONG. Respecto a las organizaciones que hicieron conocer sus observaciones al Decreto 2366 y otros que autorizan el ingreso a realizar trabajos hidrocarburíferos en áreas protegidas, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó a por lo menos cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ING's) que hacen política en el país y defienden los grupos transnacionales, "hay varias en Bolivia que están siendo financiadas por Gobiernos extranjeros. Milenio, depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra, ha sido dirigida por un exministro de Goni, CEDIB y Cedla, que hacen política con la defensa del medio ambiente a la cabeza de unos trotskistas verdes". Dijo que esas ONG´s se reunieron con dirigentes para darles datos que afecten la gestión del Gobierno y postergar proyectos de desarrollo.
lunes, 10 de agosto de 2015
Aprender un idioma nativo requiere al menos 72 horas académicas
Para aprender un idioma originario se requiere de al menos 72 horas de capacitación académica, según explican investigadores y lingüistas entrevistados. La reciente certificación, que recibieron alrededor de 2.500 servidores públicos en La Paz, fue de una carga horaria de 25 horas.
El coordinador de idiomas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Vitaliano Huanca, expresa que esto se debe a que fueron cursos introductorios al nivel básico.
Página Siete conversó con los lingüistas Félix Layme Pairumani y José Laura Yapita para que, desde su experiencia en la enseñanza, expliquen cuáles son los parámetros "recomendables” en cuanto al tiempo idóneo que se requiere para aprender un idioma nativo.
Ambos coinciden en que un nivel básico de enseñanza en lenguas originarias debe enmarcarse en las 72 horas teórico/prácticas.
"Por ejemplo, el primer nivel sería el básico, de unas 72 horas pasando clases seis horas a la semana. En este primer nivel estaría toda la información personal: nombre, donde vive, nacionalidad y aparte de eso, gramática básica”, explica Laura.
Según los cálculos de este investigador, el aprendizaje de nivel intermedio debe consolidarse en una carga horaria de 150 horas, mientras que para llegar a un nivel avanzado se requiere de al menos 200 horas de capacitación.
Si bien Layme coincide con estos criterios temporales, considera que para alguien que trabaja es imposible lograr ese ritmo.
Consultado sobre esta categorización, Huanca admite que lo ideal para una etapa inicial en cualquier idioma originario es contar con la carga horaria de 70 horas. Explica que las clases que se impartieron desde la EGPP -para los más de 2.500 servidores públicos- fueron de un curso introductorio al nivel básico.
"Los cursos regulares cuentan con 70 horas por nivel (básico, intermedio y avanzado), y la carga horaria de 25 horas en la que hemos participado como Escuela, es parte del paquete del nivel básico que se va a completar en un futuro inmediato para certificar oficialmente con esa carga horaria (de 70 horas)”, afirma.
La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, del 2 de agosto de 2012, dispone en su artículo 3 que "toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años”. Ese plazo feneció el domingo 2 de agosto con un acto realizado en el Coliseo Cerrado de La Paz.
¿Aprender de a poco?
No obstante, Huanca, desde su experiencia como docente, cree que hay que aprender de a poco los idiomas originarios y que "no hay que desesperarse”, ya que "tampoco es aprender a la rápida”. Este funcionario considera que el deseo de aprender una lengua nativa -aymara, quechua, guaraní o cualquier otra- debe primar antes que la necesidad de obtener un certificado.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, se reconoce en Bolivia la existencia de 36 idiomas oficiales.
A partir de ésto, el artículo 234 de esta norma establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere -entre otros requisitos- hablar al menos dos idiomas oficiales, siendo uno el castellano.
En el acto de entrega de certificados de idiomas a más de 2.500 servidores públicos el pasado 2 de agosto, el presidente del Estado, Evo Morales, destacó el esfuerzo de quienes participaron de esta formación. "Los aymaras, los quechuas somos una nación, tenemos territorio, tenemos lengua propia”, agregó.
Antes de explicar que los docentes de la EGPP enseñan aymara, quechua, guaraní y mojeño trinitario, Huanca asegura que algunos de los que pasaron el curso introductorio ya están inscritos para culminar las 70 horas académicas que se requiere para contar con un nivel básico.
En criterio del lingüista Laura, esta última capacitación de los servidores públicos no fue suficiente y espera que en un futuro cercano esta situación se revierta. "Me parece que 25 horas es muy poco”, dijo.
Idiomas originarios
CPE La Constitución Política del Estado reconoce como idiomas oficiales de Bolivia al castellano y a 36 lenguas originarias, entre las cuales están el aymara, quechua y guaraní.
Ley 269 La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece que los servidores públicos deben hablar un idioma originario, además del castellano, para mejorar su atención a la ciudadanía.
Certificación El pasado 2 de agosto, más de 2.500 servidoras y servidores públicos recibieron certificados, con una carga horaria de 25 horas académicas, a través de los cuales se acredita su conocimiento básico de un idioma.
Niveles Para el aprendizaje "adecuado” de un idioma originario es necesario cursar tres niveles (básico, intermedio y avanzado) con una carga horaria de 70 horas cada uno.
El coordinador de idiomas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Vitaliano Huanca, expresa que esto se debe a que fueron cursos introductorios al nivel básico.
Página Siete conversó con los lingüistas Félix Layme Pairumani y José Laura Yapita para que, desde su experiencia en la enseñanza, expliquen cuáles son los parámetros "recomendables” en cuanto al tiempo idóneo que se requiere para aprender un idioma nativo.
Ambos coinciden en que un nivel básico de enseñanza en lenguas originarias debe enmarcarse en las 72 horas teórico/prácticas.
"Por ejemplo, el primer nivel sería el básico, de unas 72 horas pasando clases seis horas a la semana. En este primer nivel estaría toda la información personal: nombre, donde vive, nacionalidad y aparte de eso, gramática básica”, explica Laura.
Según los cálculos de este investigador, el aprendizaje de nivel intermedio debe consolidarse en una carga horaria de 150 horas, mientras que para llegar a un nivel avanzado se requiere de al menos 200 horas de capacitación.
Si bien Layme coincide con estos criterios temporales, considera que para alguien que trabaja es imposible lograr ese ritmo.
Consultado sobre esta categorización, Huanca admite que lo ideal para una etapa inicial en cualquier idioma originario es contar con la carga horaria de 70 horas. Explica que las clases que se impartieron desde la EGPP -para los más de 2.500 servidores públicos- fueron de un curso introductorio al nivel básico.
"Los cursos regulares cuentan con 70 horas por nivel (básico, intermedio y avanzado), y la carga horaria de 25 horas en la que hemos participado como Escuela, es parte del paquete del nivel básico que se va a completar en un futuro inmediato para certificar oficialmente con esa carga horaria (de 70 horas)”, afirma.
La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, del 2 de agosto de 2012, dispone en su artículo 3 que "toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años”. Ese plazo feneció el domingo 2 de agosto con un acto realizado en el Coliseo Cerrado de La Paz.
¿Aprender de a poco?
No obstante, Huanca, desde su experiencia como docente, cree que hay que aprender de a poco los idiomas originarios y que "no hay que desesperarse”, ya que "tampoco es aprender a la rápida”. Este funcionario considera que el deseo de aprender una lengua nativa -aymara, quechua, guaraní o cualquier otra- debe primar antes que la necesidad de obtener un certificado.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, se reconoce en Bolivia la existencia de 36 idiomas oficiales.
A partir de ésto, el artículo 234 de esta norma establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere -entre otros requisitos- hablar al menos dos idiomas oficiales, siendo uno el castellano.
En el acto de entrega de certificados de idiomas a más de 2.500 servidores públicos el pasado 2 de agosto, el presidente del Estado, Evo Morales, destacó el esfuerzo de quienes participaron de esta formación. "Los aymaras, los quechuas somos una nación, tenemos territorio, tenemos lengua propia”, agregó.
Antes de explicar que los docentes de la EGPP enseñan aymara, quechua, guaraní y mojeño trinitario, Huanca asegura que algunos de los que pasaron el curso introductorio ya están inscritos para culminar las 70 horas académicas que se requiere para contar con un nivel básico.
En criterio del lingüista Laura, esta última capacitación de los servidores públicos no fue suficiente y espera que en un futuro cercano esta situación se revierta. "Me parece que 25 horas es muy poco”, dijo.
Idiomas originarios
CPE La Constitución Política del Estado reconoce como idiomas oficiales de Bolivia al castellano y a 36 lenguas originarias, entre las cuales están el aymara, quechua y guaraní.
Ley 269 La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece que los servidores públicos deben hablar un idioma originario, además del castellano, para mejorar su atención a la ciudadanía.
Certificación El pasado 2 de agosto, más de 2.500 servidoras y servidores públicos recibieron certificados, con una carga horaria de 25 horas académicas, a través de los cuales se acredita su conocimiento básico de un idioma.
Niveles Para el aprendizaje "adecuado” de un idioma originario es necesario cursar tres niveles (básico, intermedio y avanzado) con una carga horaria de 70 horas cada uno.
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