La principal organización indígena de Ecuador proclamó, este lunes desde la andina ciudad de Latacunga, un "levantamiento" contra el gobierno del presidente Rafael Correa, antes de unirse a una huelga convocada por opositores el próximo jueves.
Centenares de indígenas que emprendieron hace nueve días una marcha hacia Quito, desde la amazónica provincia de Zamora Chinchipe, anunciaron protestas en contra del mandatario.
En diálogo previo con la agencia de noticias AFP, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, señaló que tras esta proclama "habrá plantones, habrá movilizaciones (...) hasta tener respuestas por parte del gobierno, hasta cuando se archiven esas enmiendas constitucionales".
Los indígenas, que en 2014 realizaron una protesta similar que el gobierno tildó de fracaso, exigen el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, incluida una que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato.
Además piden que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quita poder en el manejo de esos recursos en sus territorios.
Gobierno resta importancia a la medida
El presidente ecuatoriano, quien reivindica una alta popularidad en amplios sectores y el respaldo de grupos indígenas, consideró este lunes que la movilización "va a ser un fracaso".
"El día jueves es un desafío, no para el gobierno, (sino) para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación", dijo Correa a la prensa.
Por su parte, Herrera agregó que la marcha "ha sido el mecanismo para hacer la convocatoria a levantar el ánimo, a levantar fuerzas en el país", pero descartó que busquen "la caída del gobierno".
El mandatario, que enfrenta desde hace dos meses un movimiento irregular de protesta contra sus políticas de corte socialista, ha relacionado las manifestaciones con una conspiración en marcha para sacarlo del poder antes de las elecciones de 2017.
Dos meses de protestas
Las protestas estallaron el 8 de junio a raíz de una propuesta de Correa para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía, según él, para redistribuir la riqueza, lo que desató la ira de empresarios, organizaciones de derecha y de la clase media.
Las manifestaciones devinieron en una crítica generalizada al gobierno y al estilo de gestión del presidente, que sus adversarios tildan de autoritario.
En ese marco, sindicatos y grupos sociales programaron un paro para este jueves al que se plegarán organizaciones indígenas descontentas con el mandato de Correa.
martes, 11 de agosto de 2015
Originarios recibirán tierras en San Rafael
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Jorge Gómez, autorizó asentamientos humanos en San Rafael (Velasco), el fin de semana ante una masiva participación de pobladores y autoridades que firmaron acuerdos de coordi- nación para asentamientos planificados con prioridad para nativos sin tierra y lo que sobre para gente del interior del país.
El presidente del Comité cívico de San Rafael, Erlin Lichternauer, dijo que de las 500.000 hectáreas fiscales en el municipio, producto de la reversión de la concesión forestal Surutú, 300.000 servirán para promover la organización de unas 20 comunidades indígenas y campesinas en proceso de asentamiento y las otras 200.000 serán una reserva intocable, según se pactó con el director del INRA.
Las solicitudes de tierras se reciben en la Unidad Forestal de la Alcaldía, que tiene un mes para remitir las carpetas al INRA (Santa Cruz) para que dé luz verde a los asentamientos.
Lichtenauer dijo que el Gobierno cedió tierras fiscales a campesinos afines al MAS y de la organización Única, por lo que exigieron la presencia de autoridades para coordinar la dotación de tierras para nuevas comunidades, pues a los lugareños no se los había tomado en cuenta.
San Miguel
En San Miguel, la llegada de unos 400 colonos en busca de terrenos dio lugar a un cabildo que rechazó esta situación y se exigió que se dé preferencia a los lugareños. Asistieron el presidente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel, Juan Cándido Casupá; el alcalde, Óscar Hugo Dorado; los subalcaldes; el dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Rony Ribera, y el secretario de Justicia de la Cidob, Lázaro Tacoó.
Se aprobó una resolución que exige paralizar la dotación a comunidades no originarias, dar prioridad a los chiquitanos y consultarles sobre nuevos asentamientos. Al final se llegó a un acuerdo con las autoridades del INRA para suspender la dotación, mientras no se lleve a cabo un taller de capacitación de saneamiento y la titulación de tierras a los indígenas locales y a las propiedades
El presidente del Comité cívico de San Rafael, Erlin Lichternauer, dijo que de las 500.000 hectáreas fiscales en el municipio, producto de la reversión de la concesión forestal Surutú, 300.000 servirán para promover la organización de unas 20 comunidades indígenas y campesinas en proceso de asentamiento y las otras 200.000 serán una reserva intocable, según se pactó con el director del INRA.
Las solicitudes de tierras se reciben en la Unidad Forestal de la Alcaldía, que tiene un mes para remitir las carpetas al INRA (Santa Cruz) para que dé luz verde a los asentamientos.
Lichtenauer dijo que el Gobierno cedió tierras fiscales a campesinos afines al MAS y de la organización Única, por lo que exigieron la presencia de autoridades para coordinar la dotación de tierras para nuevas comunidades, pues a los lugareños no se los había tomado en cuenta.
San Miguel
En San Miguel, la llegada de unos 400 colonos en busca de terrenos dio lugar a un cabildo que rechazó esta situación y se exigió que se dé preferencia a los lugareños. Asistieron el presidente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel, Juan Cándido Casupá; el alcalde, Óscar Hugo Dorado; los subalcaldes; el dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Rony Ribera, y el secretario de Justicia de la Cidob, Lázaro Tacoó.
Se aprobó una resolución que exige paralizar la dotación a comunidades no originarias, dar prioridad a los chiquitanos y consultarles sobre nuevos asentamientos. Al final se llegó a un acuerdo con las autoridades del INRA para suspender la dotación, mientras no se lleve a cabo un taller de capacitación de saneamiento y la titulación de tierras a los indígenas locales y a las propiedades
Día Internacional Pueblos indígenas demandan acceso a servicios de salud
Los cinco pueblos indígenas del departamento cruceño: chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y yuracaré-mojeño conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con música, danzas y luciendo sus vestimentas tradicionales en la plaza principal 24 de Septiembre. La ocasión también fue propicia para que expresen sus demandas de salud y educación.
En la ocasión, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación, afirmó que esta institución trabaja y valora a todos los pueblos indígenas, como lo demuestra el hecho de que el gobernador Rubén Costas haya incluido a los pueblos indígenas primero como consejeros y luego asambleístas departamentales, además que Santa Cruz es el único departamento que tiene un secretario de Pueblos Indígenas en el Gabinete Ejecutivo para impulsar el desarrollo del departamento.
Asimismo Julio López, secretario de los Pueblos Indígenas, agradeció al gobernador Rubén Costas tanto por esta inclusión como por las obras en electrificación, caminos, educación y turismo que reciben en sus comunidades. “Estamos contentos de ver que el desarrollo inició desde la Gobernación, porque aquí los pueblos indígenas estamos representados en la Asamblea y en el Ejecutivo”, señaló López.
Emigio Poiche, asambleísta indígena, sostuvo que son los pueblos el baluarte del departamento, lamentó que aún no estén reconocidos por el Gobierno en cuanto a las atenciones que debe brindar el Estado a los pueblos indígenas. “Los hermanos de tierras bajas somos objeto de avasallamiento de nuestro territorio por parte del Estado, hoy pedimos a todas las instituciones nos brinden el apoyo necesario para que el territorio de los indígenas sea respetado; pedimos al Estado que no avasalle nuestras áreas protegidas en busca de más recursos y pedimos más atención en educación y salud”, concluyó.
En la ocasión, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación, afirmó que esta institución trabaja y valora a todos los pueblos indígenas, como lo demuestra el hecho de que el gobernador Rubén Costas haya incluido a los pueblos indígenas primero como consejeros y luego asambleístas departamentales, además que Santa Cruz es el único departamento que tiene un secretario de Pueblos Indígenas en el Gabinete Ejecutivo para impulsar el desarrollo del departamento.
Asimismo Julio López, secretario de los Pueblos Indígenas, agradeció al gobernador Rubén Costas tanto por esta inclusión como por las obras en electrificación, caminos, educación y turismo que reciben en sus comunidades. “Estamos contentos de ver que el desarrollo inició desde la Gobernación, porque aquí los pueblos indígenas estamos representados en la Asamblea y en el Ejecutivo”, señaló López.
Emigio Poiche, asambleísta indígena, sostuvo que son los pueblos el baluarte del departamento, lamentó que aún no estén reconocidos por el Gobierno en cuanto a las atenciones que debe brindar el Estado a los pueblos indígenas. “Los hermanos de tierras bajas somos objeto de avasallamiento de nuestro territorio por parte del Estado, hoy pedimos a todas las instituciones nos brinden el apoyo necesario para que el territorio de los indígenas sea respetado; pedimos al Estado que no avasalle nuestras áreas protegidas en busca de más recursos y pedimos más atención en educación y salud”, concluyó.
Indígenas vuelven a las medidas para frenar decretos
A las pocas horas de recordarse el domingo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Ronald Gomez, representante de los indígenas guaraníes de la Capitanía Takovo Mora, confirmó al periódico digital El Deber que a partir del mediodía de ayer bloqueron el ingreso al bloque El Dorado, donde opera la empresa subsidiaria YPFB Chaco. Advirtió que esta protesta se extenderá hacia Tarija y Chuquisaca hasta que el Gobierno decida retroceder en su intención de ingresar a las áreas protegidas para realizar trabajos de exploración y explotación.
Mientras en la ciudad de Trinidad, los representantes de los pueblos indígenas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron un encuentro para reactivar sus medidas de presion contra las medidas del Gobierno.
Los dirigentes denunciaron que hay varias demandas que presentaron los indígenas y que hasta el momento la justicia no se pronuncia, como el caso de la comunidad Tacana La Selva, Pando, o la destrucción de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo conocer el fin de semana que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresó su preocupación por situaciones en que comunidades enteras son forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia.
VICEPRESIDENTE IDENTIFICA A ONG. Respecto a las organizaciones que hicieron conocer sus observaciones al Decreto 2366 y otros que autorizan el ingreso a realizar trabajos hidrocarburíferos en áreas protegidas, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó a por lo menos cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ING's) que hacen política en el país y defienden los grupos transnacionales, "hay varias en Bolivia que están siendo financiadas por Gobiernos extranjeros. Milenio, depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra, ha sido dirigida por un exministro de Goni, CEDIB y Cedla, que hacen política con la defensa del medio ambiente a la cabeza de unos trotskistas verdes". Dijo que esas ONG´s se reunieron con dirigentes para darles datos que afecten la gestión del Gobierno y postergar proyectos de desarrollo.
Mientras en la ciudad de Trinidad, los representantes de los pueblos indígenas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron un encuentro para reactivar sus medidas de presion contra las medidas del Gobierno.
Los dirigentes denunciaron que hay varias demandas que presentaron los indígenas y que hasta el momento la justicia no se pronuncia, como el caso de la comunidad Tacana La Selva, Pando, o la destrucción de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo conocer el fin de semana que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresó su preocupación por situaciones en que comunidades enteras son forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia.
VICEPRESIDENTE IDENTIFICA A ONG. Respecto a las organizaciones que hicieron conocer sus observaciones al Decreto 2366 y otros que autorizan el ingreso a realizar trabajos hidrocarburíferos en áreas protegidas, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó a por lo menos cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ING's) que hacen política en el país y defienden los grupos transnacionales, "hay varias en Bolivia que están siendo financiadas por Gobiernos extranjeros. Milenio, depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra, ha sido dirigida por un exministro de Goni, CEDIB y Cedla, que hacen política con la defensa del medio ambiente a la cabeza de unos trotskistas verdes". Dijo que esas ONG´s se reunieron con dirigentes para darles datos que afecten la gestión del Gobierno y postergar proyectos de desarrollo.
lunes, 10 de agosto de 2015
Aprender un idioma nativo requiere al menos 72 horas académicas
Para aprender un idioma originario se requiere de al menos 72 horas de capacitación académica, según explican investigadores y lingüistas entrevistados. La reciente certificación, que recibieron alrededor de 2.500 servidores públicos en La Paz, fue de una carga horaria de 25 horas.
El coordinador de idiomas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Vitaliano Huanca, expresa que esto se debe a que fueron cursos introductorios al nivel básico.
Página Siete conversó con los lingüistas Félix Layme Pairumani y José Laura Yapita para que, desde su experiencia en la enseñanza, expliquen cuáles son los parámetros "recomendables” en cuanto al tiempo idóneo que se requiere para aprender un idioma nativo.
Ambos coinciden en que un nivel básico de enseñanza en lenguas originarias debe enmarcarse en las 72 horas teórico/prácticas.
"Por ejemplo, el primer nivel sería el básico, de unas 72 horas pasando clases seis horas a la semana. En este primer nivel estaría toda la información personal: nombre, donde vive, nacionalidad y aparte de eso, gramática básica”, explica Laura.
Según los cálculos de este investigador, el aprendizaje de nivel intermedio debe consolidarse en una carga horaria de 150 horas, mientras que para llegar a un nivel avanzado se requiere de al menos 200 horas de capacitación.
Si bien Layme coincide con estos criterios temporales, considera que para alguien que trabaja es imposible lograr ese ritmo.
Consultado sobre esta categorización, Huanca admite que lo ideal para una etapa inicial en cualquier idioma originario es contar con la carga horaria de 70 horas. Explica que las clases que se impartieron desde la EGPP -para los más de 2.500 servidores públicos- fueron de un curso introductorio al nivel básico.
"Los cursos regulares cuentan con 70 horas por nivel (básico, intermedio y avanzado), y la carga horaria de 25 horas en la que hemos participado como Escuela, es parte del paquete del nivel básico que se va a completar en un futuro inmediato para certificar oficialmente con esa carga horaria (de 70 horas)”, afirma.
La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, del 2 de agosto de 2012, dispone en su artículo 3 que "toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años”. Ese plazo feneció el domingo 2 de agosto con un acto realizado en el Coliseo Cerrado de La Paz.
¿Aprender de a poco?
No obstante, Huanca, desde su experiencia como docente, cree que hay que aprender de a poco los idiomas originarios y que "no hay que desesperarse”, ya que "tampoco es aprender a la rápida”. Este funcionario considera que el deseo de aprender una lengua nativa -aymara, quechua, guaraní o cualquier otra- debe primar antes que la necesidad de obtener un certificado.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, se reconoce en Bolivia la existencia de 36 idiomas oficiales.
A partir de ésto, el artículo 234 de esta norma establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere -entre otros requisitos- hablar al menos dos idiomas oficiales, siendo uno el castellano.
En el acto de entrega de certificados de idiomas a más de 2.500 servidores públicos el pasado 2 de agosto, el presidente del Estado, Evo Morales, destacó el esfuerzo de quienes participaron de esta formación. "Los aymaras, los quechuas somos una nación, tenemos territorio, tenemos lengua propia”, agregó.
Antes de explicar que los docentes de la EGPP enseñan aymara, quechua, guaraní y mojeño trinitario, Huanca asegura que algunos de los que pasaron el curso introductorio ya están inscritos para culminar las 70 horas académicas que se requiere para contar con un nivel básico.
En criterio del lingüista Laura, esta última capacitación de los servidores públicos no fue suficiente y espera que en un futuro cercano esta situación se revierta. "Me parece que 25 horas es muy poco”, dijo.
Idiomas originarios
CPE La Constitución Política del Estado reconoce como idiomas oficiales de Bolivia al castellano y a 36 lenguas originarias, entre las cuales están el aymara, quechua y guaraní.
Ley 269 La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece que los servidores públicos deben hablar un idioma originario, además del castellano, para mejorar su atención a la ciudadanía.
Certificación El pasado 2 de agosto, más de 2.500 servidoras y servidores públicos recibieron certificados, con una carga horaria de 25 horas académicas, a través de los cuales se acredita su conocimiento básico de un idioma.
Niveles Para el aprendizaje "adecuado” de un idioma originario es necesario cursar tres niveles (básico, intermedio y avanzado) con una carga horaria de 70 horas cada uno.
El coordinador de idiomas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Vitaliano Huanca, expresa que esto se debe a que fueron cursos introductorios al nivel básico.
Página Siete conversó con los lingüistas Félix Layme Pairumani y José Laura Yapita para que, desde su experiencia en la enseñanza, expliquen cuáles son los parámetros "recomendables” en cuanto al tiempo idóneo que se requiere para aprender un idioma nativo.
Ambos coinciden en que un nivel básico de enseñanza en lenguas originarias debe enmarcarse en las 72 horas teórico/prácticas.
"Por ejemplo, el primer nivel sería el básico, de unas 72 horas pasando clases seis horas a la semana. En este primer nivel estaría toda la información personal: nombre, donde vive, nacionalidad y aparte de eso, gramática básica”, explica Laura.
Según los cálculos de este investigador, el aprendizaje de nivel intermedio debe consolidarse en una carga horaria de 150 horas, mientras que para llegar a un nivel avanzado se requiere de al menos 200 horas de capacitación.
Si bien Layme coincide con estos criterios temporales, considera que para alguien que trabaja es imposible lograr ese ritmo.
Consultado sobre esta categorización, Huanca admite que lo ideal para una etapa inicial en cualquier idioma originario es contar con la carga horaria de 70 horas. Explica que las clases que se impartieron desde la EGPP -para los más de 2.500 servidores públicos- fueron de un curso introductorio al nivel básico.
"Los cursos regulares cuentan con 70 horas por nivel (básico, intermedio y avanzado), y la carga horaria de 25 horas en la que hemos participado como Escuela, es parte del paquete del nivel básico que se va a completar en un futuro inmediato para certificar oficialmente con esa carga horaria (de 70 horas)”, afirma.
La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, del 2 de agosto de 2012, dispone en su artículo 3 que "toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años”. Ese plazo feneció el domingo 2 de agosto con un acto realizado en el Coliseo Cerrado de La Paz.
¿Aprender de a poco?
No obstante, Huanca, desde su experiencia como docente, cree que hay que aprender de a poco los idiomas originarios y que "no hay que desesperarse”, ya que "tampoco es aprender a la rápida”. Este funcionario considera que el deseo de aprender una lengua nativa -aymara, quechua, guaraní o cualquier otra- debe primar antes que la necesidad de obtener un certificado.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, se reconoce en Bolivia la existencia de 36 idiomas oficiales.
A partir de ésto, el artículo 234 de esta norma establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere -entre otros requisitos- hablar al menos dos idiomas oficiales, siendo uno el castellano.
En el acto de entrega de certificados de idiomas a más de 2.500 servidores públicos el pasado 2 de agosto, el presidente del Estado, Evo Morales, destacó el esfuerzo de quienes participaron de esta formación. "Los aymaras, los quechuas somos una nación, tenemos territorio, tenemos lengua propia”, agregó.
Antes de explicar que los docentes de la EGPP enseñan aymara, quechua, guaraní y mojeño trinitario, Huanca asegura que algunos de los que pasaron el curso introductorio ya están inscritos para culminar las 70 horas académicas que se requiere para contar con un nivel básico.
En criterio del lingüista Laura, esta última capacitación de los servidores públicos no fue suficiente y espera que en un futuro cercano esta situación se revierta. "Me parece que 25 horas es muy poco”, dijo.
Idiomas originarios
CPE La Constitución Política del Estado reconoce como idiomas oficiales de Bolivia al castellano y a 36 lenguas originarias, entre las cuales están el aymara, quechua y guaraní.
Ley 269 La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece que los servidores públicos deben hablar un idioma originario, además del castellano, para mejorar su atención a la ciudadanía.
Certificación El pasado 2 de agosto, más de 2.500 servidoras y servidores públicos recibieron certificados, con una carga horaria de 25 horas académicas, a través de los cuales se acredita su conocimiento básico de un idioma.
Niveles Para el aprendizaje "adecuado” de un idioma originario es necesario cursar tres niveles (básico, intermedio y avanzado) con una carga horaria de 70 horas cada uno.
Tres lingüistas bolivianos recomiendan que para el correcto aprendizaje de los idiomas originarios
Tres lingüistas bolivianos recomiendan que para el correcto aprendizaje de los idiomas originarios reconocidos en la Constitución Política del Estado, los estudiantes deben estar comprometidos, tener interés y dedicarle tiempo a sus estudios. Quienes comparten este criterio son Xavier Albó, Félix Layme y José Laura Yapita. A ellos se suma el escritor guaraní Elías Caurey.
"Pienso que lo fundamental siempre es la comunicación: que llegues a comunicarte con una persona en otro idioma de modo que te entienda. El punto central para el aprendizaje siempre son los diálogos”, comenta Albó.
Este tema cobra relevancia, debido a que el pasado 2 de agosto más de 2.500 servidores públicos de La Paz recibieron certificados de aprendizaje del idioma aymara, con una carga horaria de 25 horas académicas. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional fue la entidad certificadora.
A juicio de los expertos, en cualquier situación de enseñanza, mucho hace el aspecto metodológico con el que se aborde. Sin embargo, creen que si no existe un mínimo interés o dedicación al estudio, es muy probable que se aprenda "poco o nada”.
"Si es que la persona tiene interés en aprender le va a ser mucho más fácil”, expresa Caurey. Para Layme es hora de dejar de pensar que los idiomas son difíciles. "Tiene que limpiarse la cabeza de esas cosas y querer aprender”, destaca.
"Pienso que lo fundamental siempre es la comunicación: que llegues a comunicarte con una persona en otro idioma de modo que te entienda. El punto central para el aprendizaje siempre son los diálogos”, comenta Albó.
Este tema cobra relevancia, debido a que el pasado 2 de agosto más de 2.500 servidores públicos de La Paz recibieron certificados de aprendizaje del idioma aymara, con una carga horaria de 25 horas académicas. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional fue la entidad certificadora.
A juicio de los expertos, en cualquier situación de enseñanza, mucho hace el aspecto metodológico con el que se aborde. Sin embargo, creen que si no existe un mínimo interés o dedicación al estudio, es muy probable que se aprenda "poco o nada”.
"Si es que la persona tiene interés en aprender le va a ser mucho más fácil”, expresa Caurey. Para Layme es hora de dejar de pensar que los idiomas son difíciles. "Tiene que limpiarse la cabeza de esas cosas y querer aprender”, destaca.
Indígenas del Tipnis vuelven a reactivar movilizaciones
Los pueblos indígenas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se reúnen desde hoy en Trinidad, Beni, para reactivar sus movilizaciones y definir estrategias en defensa de su territorio, ya que el Gobierno continúa empeñado en llevar adelante sus obras; además, ratifican la resistencia y rechazan las amenazas y persecuciones de parte del Ejecutivo. Así lo hicieron conocer ayer los líderes indígenas Adolfo Chávez y Fernando Vargas.
La justicia no ha resuelto varios casos. Para Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el Gobierno jamás ha hecho la consulta previa, vulnerando los convenios y tratados internacionales e infringiendo su propia Constitución. El líder indígena añade que en 2010, el Gobierno despojó a la comunidad Tacana “La Selva”, en el municipio Federico Román de Pando, lo mismo que ocurrió con la comunidad “El Retorno”. El pueblo guaraní también denunció que la empresa Total destruyó parte de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí del departamento de Santa Cruz, donde realiza la instalación de un gaseoducto.
“La justicia no ha resuelto ninguno de estos casos, considerados como una violación a los derechos de los indígenas”, dijo Chávez.
Fernando Vargas cuestiona su detención. El dirigente indígena, Fernando Vargas, señaló también ayer que en el Tipnis empiezan a definir estrategias de acción para las movilizaciones, ya que el Tribunal Constitucional no se ha manifestado sobre varias demandas que los pueblos han presentado, además de su ilegal detención el pasado 6 de agosto. Este último caso, dijo que lo iba a denunciar el abuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Presentaré mi caso ante la CIDH. Lo hago porque sinceramente en Bolivia no hay justicia. La justicia está sometida al Poder Ejecutivo, lo que significa que el ser boliviano no tiene ninguna garantía constitucional; sabemos que no se puede hacer mucho en la CIDH, pero por lo menos será un precedente de lo que ha pasado con mi detención”, expresó.
La CIDH exige respeto a los pueblos. La CIDH hizo conocer el sábado que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresa su preocupación sobre situaciones en que comunidades enteras están forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia. Asimismo, por la aparente persecución que sufren líderes indígenas que encabezan el rechazo a proyectos en sus comunidades, que consideran los perjudican.
Exige la consulta previa. “Estos proyectos deben desarrollarse siempre en estricto y total respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas afectados por dichos emprendimientos. El extrativismo industrial, forestales, de hidroeléctricas, mineras y alimenticias, entre otras, deben desarrollarse en beneficio de las poblaciones y no perjudicarlas. Para lograrlo, los estados deben asegurarse de cumplir con la consulta previa”, agregó la CIDH.
Desarrollo
La ONU pide incluir en la nueva agenda a los pueblos
Reclamo. La ONU hizo ayer un llamamiento "urgente" a la comunidad internacional para que se incluyan los derechos de los pueblos indígenas a la salud y el bienestar en la nueva agenda de desarrollo.
Reto. La ONU recordó ayer que mejorar la salud de los pueblos indígenas sigue siendo un "reto fundamental", de ahí que este año el acceso a servicios sanitarios sea el tema principal del Día Internacional.
La organización Survival International (SI) denunció ayer la expulsión de "millones de indígenas" de sus tierras ancestrales.
Apuntes
• Hay alerta en el Tipnis por el avance de la carretera entre Trinidad y San Ignacio de Moxos que construye una empresa china.
• Fernando Vargas solicitará un informe pormenorizado al Comando Departamental de la Policía y al Ministerio Público sobre las causas de su detención el pasado 6 de agosto.
• Los corregidores de los pueblos del Tipnis se reúnen entre el 25 y 29 de agosto para debatir la defensa de su territorio.
• La Unión Europea (UE) afirmó ayer que los indígenas, especialmente las mujeres y las niñas, aún experimentan múltiples formas de discriminación, vulnerabilidad y marginación en sus vidas, por lo que se debe potenciar su autonomía y su papel en la sociedad.
La justicia no ha resuelto varios casos. Para Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el Gobierno jamás ha hecho la consulta previa, vulnerando los convenios y tratados internacionales e infringiendo su propia Constitución. El líder indígena añade que en 2010, el Gobierno despojó a la comunidad Tacana “La Selva”, en el municipio Federico Román de Pando, lo mismo que ocurrió con la comunidad “El Retorno”. El pueblo guaraní también denunció que la empresa Total destruyó parte de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí del departamento de Santa Cruz, donde realiza la instalación de un gaseoducto.
“La justicia no ha resuelto ninguno de estos casos, considerados como una violación a los derechos de los indígenas”, dijo Chávez.
Fernando Vargas cuestiona su detención. El dirigente indígena, Fernando Vargas, señaló también ayer que en el Tipnis empiezan a definir estrategias de acción para las movilizaciones, ya que el Tribunal Constitucional no se ha manifestado sobre varias demandas que los pueblos han presentado, además de su ilegal detención el pasado 6 de agosto. Este último caso, dijo que lo iba a denunciar el abuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Presentaré mi caso ante la CIDH. Lo hago porque sinceramente en Bolivia no hay justicia. La justicia está sometida al Poder Ejecutivo, lo que significa que el ser boliviano no tiene ninguna garantía constitucional; sabemos que no se puede hacer mucho en la CIDH, pero por lo menos será un precedente de lo que ha pasado con mi detención”, expresó.
La CIDH exige respeto a los pueblos. La CIDH hizo conocer el sábado que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresa su preocupación sobre situaciones en que comunidades enteras están forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia. Asimismo, por la aparente persecución que sufren líderes indígenas que encabezan el rechazo a proyectos en sus comunidades, que consideran los perjudican.
Exige la consulta previa. “Estos proyectos deben desarrollarse siempre en estricto y total respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas afectados por dichos emprendimientos. El extrativismo industrial, forestales, de hidroeléctricas, mineras y alimenticias, entre otras, deben desarrollarse en beneficio de las poblaciones y no perjudicarlas. Para lograrlo, los estados deben asegurarse de cumplir con la consulta previa”, agregó la CIDH.
Desarrollo
La ONU pide incluir en la nueva agenda a los pueblos
Reclamo. La ONU hizo ayer un llamamiento "urgente" a la comunidad internacional para que se incluyan los derechos de los pueblos indígenas a la salud y el bienestar en la nueva agenda de desarrollo.
Reto. La ONU recordó ayer que mejorar la salud de los pueblos indígenas sigue siendo un "reto fundamental", de ahí que este año el acceso a servicios sanitarios sea el tema principal del Día Internacional.
La organización Survival International (SI) denunció ayer la expulsión de "millones de indígenas" de sus tierras ancestrales.
Apuntes
• Hay alerta en el Tipnis por el avance de la carretera entre Trinidad y San Ignacio de Moxos que construye una empresa china.
• Fernando Vargas solicitará un informe pormenorizado al Comando Departamental de la Policía y al Ministerio Público sobre las causas de su detención el pasado 6 de agosto.
• Los corregidores de los pueblos del Tipnis se reúnen entre el 25 y 29 de agosto para debatir la defensa de su territorio.
• La Unión Europea (UE) afirmó ayer que los indígenas, especialmente las mujeres y las niñas, aún experimentan múltiples formas de discriminación, vulnerabilidad y marginación en sus vidas, por lo que se debe potenciar su autonomía y su papel en la sociedad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)