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Guaraníes contra la actividad petrolera en el Aguaragüe

El pueblo guaraní de Yaku-Igüa (Yacuiba) espera la convocatoria de su matriz nacional para asumir medidas en defensa del parque Aguaragüe. La promulgación del decreto, que autoriza la actividad petrolera, es calificada como un atropello del Gobierno contra el medioambiente, según Jorge Mendoza capitán grande de la zona.

“Cada día preocupa más el accionar del Gobierno. Parece que quieren hacer todas las cosas a la fuerza; como guaraníes vemos que nuevamente el Gobierno nos atropella”, manifestó el dirigente. Explicó que ellos enviaron una propuesta para consultar al pueblo del Chaco, “pero nos niegan atención; es autoritarismo”, apuntó

El decreto permite actividades hidrocarburíferas en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas. En caso de un descubrimiento comercial para la explotación, se podrá solicitar al Sernap evaluar y revisar instrumentos de planificación espacial del área protegida para adecuar el reglamento, denunció Mendoza.

“Vivimos en el lugar y si no quieren a las buenas asumiremos, con otras entidades, tal vez la misma población, la defensa del parque porque los beneficios no son solo para los guaraníes sino para toda la región”, concluyó Mendoza

Weenhayek, el único pueblo indígena en las 2 asambleas

Tal como se había anunciado, el Tribunal Electoral Departamental (TED) entregó ayer por la mañana las credenciales a las autoridades electas para la gestión 2015-2020. Esta renovación, se dio también en los pueblos indígenas; y de éstos, los únicos que se mostraron sólidos al tener su representación completa en las asambleas legislativas, regional y departamental, fueron los weenhayekes.

Los tapietes, por ejemplo, no tienen representación en la asamblea regional, toda vez que el reelecto parlamentario, José Luis Ferreira, no renunció a su cargo con la anticipación debida; mientras que los guaraníes no tienen representantes en ninguna de las dos entidades legislativas debido a los problemas internos por los que atraviesan.
De esta manera, Gilberto Márquez y José Guerrero, por el pueblo Guaraní, junto a Vicente Ferreira por el pueblo Tapiete, fueron los únicos indígenas que recibieron ayer sus credenciales de autoridades.
Los asambleístas weenhayek criticaron duramente la gestión de sus predecesores y manifestaron que una de sus principales prioridades será la de buscar concretar algunas leyes en beneficio de su pueblo.
“El pueblo Weenhayek se ha expresado democráticamente con la participación e inclusión de sus representantes dentro de las instituciones públicas. Mi persona hoy recibe la credencial y veremos de mejorar todo lo que se criticó de la mala gestión de nuestros anteriores asambleístas. Es una pena que haya sucedido todo esto, que no se haya dado una ley en beneficio de nuestro pueblo”, dijo el asambleísta departamental, Gilberto Márquez.
De la misma manera, admitió que al igual que en el pueblo Guaraní, hubo intentos de dividir a los weenhayekes, sin embargo, resaltó que su persona logró el respaldo de los 182 capitanes de ese pueblo indígena.
“Estoy avalado y respaldado por la organización. Hubo intentos de divisionismo dentro de la estructura de la Orkaweta pero estamos muy sólidos a la cabeza del señor Moises Sapiranda”, refirió.
De la misma manera, el asambleísta regional de los weenhayekes, José Guerrero, expresó que primero terminarán los asuntos pendientes que dejó la anterior gestión legislativa en el Chaco y posteriormente, promoverán proyectos y temas transversales que se hagan entre el pueblo de Villa Montes y ciudad.
Consultado sobre cómo fue la coordinación entre las autoridades departamentales salientes y su pueblo, dijo que fue “pésima” y explicó que a la fecha sólo se firmó un proyecto en beneficio de ellos que aún no puede progresar por falta de desembolso de la parte ejecutiva departamental.

Guaraníes están en emergencia por el Decreto 2366

Los guaraníes se declararon en estado de emergencia por la promulgación del Decreto 2366, que permite la exploración de recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas. El secretario de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Roberto Quispe, dijo a la Red Erbol que el documento no fue consensuado con los indígenas y adelantó que se reunirán esta semana para tratar este tema.

"Hay normativas que se están contradiciendo y nosotros, entre el lunes y el martes, estamos convocando a una reunión para determinar qué es lo que vamos a hacer sobre lo que viene aconteciendo y se viene vulnerando y (por) lo que se están declarando decretos. Nosotros nos vamos a reunir porque la cosa la tenemos bien clara; la coadministración dentro de las áreas protegidas”. Quispe explicó que los guaraníes se encuentran en al menos tres reservas protegidas que están ubicadas en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. El dirigente indígena protestó por la forma de compensación que plantea el Ejecutivo por actividades extractivas en sus territorios, es decir que se suspende la entrega de recursos económicos y se plantea la entrega de obras.



UNA NORMA CUESTIOANDA. El Gobierno promulgó el Decreto 2366, que permite la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas. "El presente Decreto tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida". Autoriza la exploración hidrocarburífera "debiendo prever medidas ambientales adecuadas", con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica "para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la madre tierra". La norma establece también la evaluación del impacto ambiental y en caso de que la exploración concluya con un descubrimiento hidrocarburífero, se debe solicitar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) varios requisitos "cuando corresponda" y sólo se prohíben los trabajos en sitios con categorías de Santuario y Monumento Natural.

Grupos de guaraníes rechazan convocatoria de APG nacional

La decisión de la Asamblea del Pueblo Guaraní a nivel nacional de convocar a una asamblea para el próximo 5 de junio en la localidad de Palos Blancos y así elegir a los asambleístas guaranís por usos y costumbres, fue rechazada por grupos de dirigentes zonales de las asambleas indígenas del departamento.

Aseguraron que se autoconvocarán para elegir a sus autoridades originarias sin la intervención de líderes nacionales.
El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guazú (APG IG), Hugo Arebayo, adelantó que no participará de esta elección y aseguró que ellos, junto a otros capitanes zonales elegirán a sus legisladores en otra asamblea antes de la fecha que convocó la APG nacional. A esto, el ex asambleísta departamental por el pueblo guaraní, Justino Zambrana, apoyó la posición y dijo que esa decisión es respaldada en la mayoría de los pueblos indígenas.
Según Zambrana, los conflictos al interior de este pueblo indígena se deben a intereses políticos partidarios y económicos de algunas autoridades y ex autoridades de esa región. Aseguró que son esas autoridades las que perjudican llegar a acuerdos orgánicos para la elección de los nuevos legisladores. Por esto, sugirió que los líderes de algunas APG y del propio Consejo de Capitanes se alejen de la dirigencia para viabilizar las elecciones dentro el pueblo guaraní.
“Hay intereses políticos, hay mal manejo de recursos económicos y corrupción en algunos dirigentes, por eso hay división en algunas APG, y esos intereses no permiten avanzar en una visión indígena, sino de bienestar personal como el del señor Barrientos. Aquí también tiene una responsabilidad en esta división la actual dirigencia del consejo de capitanes” dijo.
Según Zambrana la solución para la elección de sus asambleístas por usos y costumbres, pasa por una auto convocatoria de las más de 100 comunidades que conforman las 5 APG del pueblo guaraní en todo el departamento y marginar de estas decisiones a los dirigentes, que según el ex mburubicha, “perjudican al pueblo y en algunos casos se someten a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)” dijo.
Sobre el tema, el presidente de la APG IG, Hugo Arebayo dijo que no asistirán al encuentro con los indígenas porque según él, se trata de una decisión de “uno o dos dirigentes”. Además, informó que no fueron convocaron a la asamblea nacional desarrollada en Gutiérrez, motivo por el cual ya iniciaron, con las capitanías zonales, un trabajo para elegir por sus usos y costumbres a sus asambleístas.
El dirigente dijo también que mientras exista un conflicto de división dentro la directiva del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT), entre Abraham Espinosa y Tomas Ararayay, las convocatorias no tienen ninguna legitimidad.

Weenhayeks preocupados por explotación del Pilcomayo

La creciente contaminación, la sobreexplotación de áridos y peces del río Pilcomayo preocupa al pueblo indígena Weenhayeks, que a través de sus representantes en la Gobernación del Departamento, exhortaron a las autoridades atender sus demandas con proyectos de apoyo al sector a fin de paliar la situación que atraviesan.
Desde el 2010, la pesca en el río Pilcomayo, disminuyó de forma considerable, sin embargo los indígenas recurren al río para pescar lo poco que queda y así lograr el sustento diario. Cada sábalo en Villa Montes cuesta entre 8 a 10 bolivianos, mientras en el mercado tarijeño se vende entre 25 y 35 bolivianos la unidad.
Claudio Guerrero, de la Dirección de Pueblo Indígena Weehanyeks y Tápiete, calificó de lamentable la situación que atraviesan centenares de familias indígenas por la falta de peses en el río Pilcomayo. Situación que afecta la subsistencia de las familias.
“Lamentablemente la máquina que ha comprado el Gobierno para el dragado del río, no dio resultados porque en la parte argentina no permite el ingreso de la maquinaria Bolivia. Por eso la pesca del sábalo ha bajado y es casi nula”, señaló Guerrero.
Agregó que simular situación se verificó en la parte de Paraguay, “no se permite la migración de los peces aguas arriba”.
A pesar que los capitanes grandes del pueblo indígena weehanyeks hicieron todos los trámites ante el Gobierno de Villa Montes y Yacuiba sobre el problema, no se tiene resultados, puntualizó Guerrero. Indicó que los capitanes grandes están llamando a una reunión para los próximos días al Gobierno Nacional para pedirle que busque solución de forma inmediata al tema de la pesca.
FALTA DE PROYECTO
José Martínez, coordinador de la delegación de pueblos weehanyeks con la Gobernación, agregó que también faltan de proyectos productivos y de apoyo al este pueblo indígena.
Recordó que en diciembre del 2014, la Gobernación comprometió dos proyectos, hasta la fecha sólo uno está en ejecución, se trata del “Manejo y recuperación de la especie carahuata”. Mientras el otro referido al apoyo productivo, está paralizado supuestamente, por falta de recursos económicos para el anticipo que requiere la empresa adjudicada
“Nosotros respondemos a la Secretaria Ejecutiva de la Gobernación, pero no sabemos qué es lo que pasa y porque no hemos tenido esos desembolsos, hay muchas argumentaciones y eso para nosotros es una preocupación”, dijo Martínez.
Indicó que se espera más apoyo del nuevo Gobernador, y que se ponga mayor interés en apoyar las demandas de los pueblos indígenas.
Sin embargo, desde del Plan de Empleo Urgente Productivo (Peup), se hizo conocer que en el municipio de Villa Montes se destinó dos millones de bolivianos a favor del pueblo weenhayeks.
Se informó que el programa trabaja con los weenhayeks desde hace cuatro años en la parte productiva, es así que se logró cosechar productos como: choclo, zapallos, entre otros.

Quispe exige respeto a los pueblos indígenas

El senador Arturo Murillo refiriéndose a mi persona, me llamó públicamente “amiguito folklórico que no sabe nada”, afirmó ofendido, en días pasados el diputado Rafael Quispe.
Irónicamente, ambos pertenecen a la alianza Unidad Demócrata. El primero tiene su curul en la Cámara Alta y el segundo, como suplente, es asiduo de la Cámara Baja; esa podría haber sido la única diferencia por la ubicación camaral en dos pisos del edificio parlamentario, pero Rafael Quispe molesto por el calificativo hacia su identidad procesará por discriminación al senador Murillo.
Una tercera voz, también de la bancada de Unidad Demócrata, a raíz de aquella discusión, hizo conocer a la prensa que existen varias agrupaciones y partidos que conforman UD, por lo que la discrepancia sobre algunos puntos de vista “es parte de la filosofía tolerante del partido”.
Sin embargo, Rafael Quispe no estaría de acuerdo con la novedosa “filosofía tolerante” proclamada por la jefa de bancada de esta alianza pues, enervado por el calificativo citado, afirmó: “Es un acto de discriminación y racismo, eso está normado. El hecho de calificar a un diputado (de folklórico) por la condición indígena que tiene, es ofender a todos los pueblos indígenas de Bolivia”.
Acto seguido, según la agencias ANF y Erbol, añadió: “Por tanto, con mi abogado hemos decidido presentar una denuncia, a través de mi jefa de bancada a la Comisión de Ética (del Legislativo), ojalá que la jefa de bancada Jimena Costa haga ese puente, porque es una falta grave y debe ser sancionado el señor Arturo Murillo (...). Yo no mido colores, yo no mido nada, deben sancionarlo como tal, antes de referirse a Rafael Quispe, el señor Murillo primero debería ir al cuartel”, apuntó.
TELÓN DE FONDO
En apariencia, una riña interna, si se aplicaría la “filosofía tolerante” pasaría al canasto de ambas cámaras pero, existe la Ley 042 contra el racismo y toda forma de exclusión que, en este caso y de acuerdo a las declaraciones de la víctima, merecen un juicio.
Además, surge otra connotación. Rafael Quispe, reiteró: “El hecho de calificar a un diputado (de folklórico) por la condición indígena que tiene, es ofender a todos los pueblos indígenas de Bolivia”.
Este es el telón de fondo que barre con la filosofía de la tolerancia y hasta cierto punto, coloca a la alianza UD en difícil situación política por las siguientes posibles connotaciones: a).- Existe discriminación interna; b).- Quispe invoca entre líneas, la reacción de las etnias indígenas, porque Murillo ofendió “a todos los pueblos indígenas de Bolivia”; c).- Pinta a la alianza UD con fuertes contradicciones, algunas irreconciliables como es la discriminación y d).- Podría generar, tal vez, un movimiento indígena contrario a la Alcaldía de El Alto, cuyos barrios del entorno provienen de las veinte provincias paceñas, área rural e indígena por excelencia y cuya mayoría, suponemos, habría cumplido con el servicio militar.
Queda por citar en este desconcierto interno de la alianza, a otro diputado suplente, Amilcar Barral. Rafael Quispe, al respecto, afirmó: “Si se trata de apoyar a un partidario, él lo haría, pero cuando se trata de temas de corrupción, la sanción de UD debe ser drástica para quienes cometan ese tipo de hechos”.
Planteamiento que, a su vez, induce a la opinión pública y al periodismo nacional, a preguntar si realmente, habrá una sanción sobre este tema o tal vez, el asunto quedaría sepultado por el reciente cuño de la “filosofía tolerante”.