El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo que en la nueva ley también se debatirán mecanismos de control y protección del área contra avasallamientos y asentamientos, además de delimitar la “línea roja” que divide a colonos e indígenas.
“La ley plantea firma de acuerdos y convenios de mutuo respeto entre sindicatos, centrales y subcentrales que están alrededor del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ya verán cómo avanzar, pero lo que planteó la consulta es que ellos quieren conocerse, firmar acuerdos, avanzar y desarrollarse con respeto, apoyándose unos con otros”, señaló Sánchez.
Al respecto, el diputado indígena Bienvenido Zacu (MAS) señaló que será “complicado” realizar ese tipo de coordinación.
El presidente de un sector de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, descartó que la futura ley logre algún pacto, porque la principal fuente de problemas son los avasallamientos y asentamientos colonos, situación que no controla el Estado. / Agencias
sábado, 6 de abril de 2013
viernes, 5 de abril de 2013
El Fondo Indígena tiene $us 200 millones sin ejecutar y Presidente pide presentar proyectos
El Fondo Indígena tiene en su cuenta al menos 200 millones de dólares sin ejecutar por lo que es necesario que los beneficiarios de esos recursos, organizaciones indígenas originaria campesinas, presenten proyectos de desarrollo y “veremos cómo gastar rápidamente” esos dineros, informó el presidente Evo Morales en un acto de entrega de recursos en el altiplano de La Paz.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, originarios, y Comunidades Campesinas, creado por decreto del 22 de diciembre de 2005, recibe 5 del 37% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se asigna a las universidades, gobernaciones y municipios para financiar proyectos de desarrollo económico y social en el área rural.
“Por ahora se duermen 200 millones de dólares en el Fondo Indígena, veremos cómo gastar rápidamente en el Fondo Indígena”, sostuvo Morales, quien añadió que hay problemas en el Directorio de esa instancia, encargada, precisamente de evaluar, ver la factibilidad y autorizar el financiamiento de iniciativas productivas.
Los beneficiarios con los dineros del fondo son el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyo (Conamaq), los indígenas del oriente 8Cidob), las mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las comunidades interculturales o colonizadores.
“Ojalá nuestras confederaciones puedan traer nuevos planteamientos para gastar rápidamente”, insistió en parte del discurso pronunciado en la entrega de recursos económicos a comunidades de la provincia Aroma, en La Paz.
INRA inicia proceso legal contra habitantes y autoridades de Chipaya
Funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) presentan denuncia ante el Ministerio Público en contra de habitantes y autoridades del municipio de Chipaya de la provincia Sabaya, por agresiones a dos de sus funcionarios el martes 2 de abril, informó ayer el director departamental del INRA, Julio Cepeda Martínez.
El martes 2 de abril, funcionarios del INRA iniciaron el levantamiento de datos para el proceso de saneamiento de tierras a solicitud de habitantes del municipio de Esmeralda, donde fueron agredidos por comunarios de Chipaya.
"Nosotros solo cumplimos con nuestro trabajo en base a la documentación y solicitud presentada por los habitantes, dos de nuestros funcionarios fueron agredidos, por lo que ya hicimos conocer de este intento de asesinato, a las autoridades pertinentes.
Estamos en afán de buscar todos los documentos para que esto no quede impune", explicó.
Los funcionarios agredidos son Wilder Maceda Chuquimia y Juan Yarará Callahuana, quienes se encontraban en el lugar, para dar inicio al proceso de saneamiento de tierras, publicando a través de medios de comunicación la presencia de las partes interesadas en el mojón mayor, punto límite entre Chipaya y Esmeralda.
SANEAMIENTO
Por otro lado el conflicto limítrofe de estos dos municipios, según Cepeda data de hace mucho tiempo. En este proceso tenemos documentación de actas de entendimiento que datan de 1961 y 1968, donde se reconoce el límite de los linderos que unen a estos dos municipios, firmado por varias autoridades incluso por el exsubprefecto de entonces, donde se estableció mojones monumentados con cemento, iniciado por la exprefectura", explicó.
El saneamiento se inició a solicitud de habitantes de Collana, "el proceso de saneamiento de tierras continuará, pediremos resguardo para que nuestros funcionarios, puedan trabajar", explicó.
Ante la oposición a dicho proceso por parte de Chipaya, Cepeda, señaló que el uso de la fuerza no es el medio para recuperar terrenos e indicó que ya se hicieron dos inspecciones sobre la ocupación y función de las tierras, exigiendo mejoras agrarias para que los propietarios cuenten con el saneamiento oficial de sus terrenos, agregó.
También explicó que cuando un municipio no cuenta con terrenos para la agricultura y ganadería, el Gobierno debe dotarle de tierras, "lastimosamente no contamos con terrenos fiscales en Oruro, pero estamos en busca de ello para que no ocurran conflictos", dijo.
El martes 2 de abril, funcionarios del INRA iniciaron el levantamiento de datos para el proceso de saneamiento de tierras a solicitud de habitantes del municipio de Esmeralda, donde fueron agredidos por comunarios de Chipaya.
"Nosotros solo cumplimos con nuestro trabajo en base a la documentación y solicitud presentada por los habitantes, dos de nuestros funcionarios fueron agredidos, por lo que ya hicimos conocer de este intento de asesinato, a las autoridades pertinentes.
Estamos en afán de buscar todos los documentos para que esto no quede impune", explicó.
Los funcionarios agredidos son Wilder Maceda Chuquimia y Juan Yarará Callahuana, quienes se encontraban en el lugar, para dar inicio al proceso de saneamiento de tierras, publicando a través de medios de comunicación la presencia de las partes interesadas en el mojón mayor, punto límite entre Chipaya y Esmeralda.
SANEAMIENTO
Por otro lado el conflicto limítrofe de estos dos municipios, según Cepeda data de hace mucho tiempo. En este proceso tenemos documentación de actas de entendimiento que datan de 1961 y 1968, donde se reconoce el límite de los linderos que unen a estos dos municipios, firmado por varias autoridades incluso por el exsubprefecto de entonces, donde se estableció mojones monumentados con cemento, iniciado por la exprefectura", explicó.
El saneamiento se inició a solicitud de habitantes de Collana, "el proceso de saneamiento de tierras continuará, pediremos resguardo para que nuestros funcionarios, puedan trabajar", explicó.
Ante la oposición a dicho proceso por parte de Chipaya, Cepeda, señaló que el uso de la fuerza no es el medio para recuperar terrenos e indicó que ya se hicieron dos inspecciones sobre la ocupación y función de las tierras, exigiendo mejoras agrarias para que los propietarios cuenten con el saneamiento oficial de sus terrenos, agregó.
También explicó que cuando un municipio no cuenta con terrenos para la agricultura y ganadería, el Gobierno debe dotarle de tierras, "lastimosamente no contamos con terrenos fiscales en Oruro, pero estamos en busca de ello para que no ocurran conflictos", dijo.
Chipayas se oponen al saneamiento de tierras y surge tensión con sus vecinos
El proceso de saneamiento de tierras en el occidente de Oruro provoca enfrentamientos, entre comunarios del municipio de Chipaya y sus similares de Esmeralda con los que limita su territorio.
El martes el Ejército tuvo que intervenir en la trifulca, derivando estas denuncias de agresión, discriminación y excesos de ambas partes y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por la agresión a dos de sus técnicos.
Los habitantes de Chipaya se oponen al saneamiento de tierras que realiza el INRA en el límite con municipio de Esmeralda específicamente con el ayllu Collana, debido a que este pueblo ancestral alega tener la propiedad histórica de estos terrenos y ahora quieren recuperarlo, mediante la nueva ley de delimitación, por lo que piden que el saneamiento se paralice.
La autoridad originaria de Chipaya, Narciso Quispe, aseguró que existe un voto resolutivo de la población que pide la paralización del saneamiento y la recuperación de sus tierras que supuestamente fueron usurpadas a sus antepasados.
"La comunidad de Chipaya tiene una decisión, recuperar lo que han perdido, nos han usurpado, nos han arrinconado a la orilla del lago, por este sufrimiento ahora son muchos, entonces la gente está furiosa y ahora vamos a recuperar", aseguró la autoridad originaria, justificando que ellos ya necesitan terrenos para la agricultura y ganadería, ya que su población habría crecido y su territorio es insuficiente.
DENUNCIAS
El martes se habrían registrado desde incidentes menores que derivaron en enfrentamientos en el límite de estos dos municipios.
El miércoles el alcalde del municipio de Esmeralda, Wilfredo Arce, denunció que tras una notificación del INRA, un grupo de 13 personas de su municipio se apersonaron al mojón (punto de referencia) mayor, con funcionarios de esta institución, donde habrían sido avasallados e interceptados por comunarios de Chipaya.
"En ese momento, quisieron hacer respetar el movimiento del mojón que habían realizado, cuando los funcionarios estaban explicando la situación, fueron golpeados. No tuvieron respeto ni a las mujeres", dijo la autoridad edil.
Un día después contrariamente los habitantes de Chipaya, negaron las agresiones y denunciaron excesos por parte de efectivos militares que inclusive habrían disparado en dirección al grupo indígena.
El concejal de Chipaya, Germán Condorí, reconoció que los pobladores reaccionaros tras enterarse que su alcalde y algunos otros comunarios fueron detenidos, cuando ya se retiraban del lugar.
"Hemos llegado donde estaba detenido el alcalde, y los militares han empezado a disparar contra nosotros, entonces no hemos podido calmar a nuestra gente, porque disparaban contra nosotros, entonces prendimos fuego para alejar a los militares", dijo el concejal. Por su parte el alcalde de Chipaya, Federico Mamani López dijo ser maltratado y discriminado por parte del comandante del Regimiento de Infantería 22 de Huachacalla.
INRA
Respecto al problema el director departamental del INRA Julio Cepeda, culpabilizó a los chipayas por las acciones negativas ocurridas el pasado martes "Ellos indican que los aymaras les habían quitado terreno, lo cual no es verdad, ellos podían haber hecho en los distintos procesos reconocimiento de la propiedad agraria y en el mismo proceso de delimitaron de jurisdicción de su municipio, No sé quien les ha hecho creer que mediante la fuerza, mediante la intimidación, pueden recuperar terrenos", sostuvo.
Dijo que entre Chipaya y Esmeralda existe un acta de entendimiento de 1968 que ha sido firmado pacíficamente. Además se habría verificado el cumplimiento de la función social, y la mejoras agrarias, situación que es cuestionada por el pueblo Chipaya.
Las autoridades de Chipaya advierten que no permitirán que el proceso de saneamiento continúe entre tanto no exista una nueva delimitación por parte del Dirección Departamental de Límites Territoriales del Gobierno Departamental de Oruro.
El martes el Ejército tuvo que intervenir en la trifulca, derivando estas denuncias de agresión, discriminación y excesos de ambas partes y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por la agresión a dos de sus técnicos.
Los habitantes de Chipaya se oponen al saneamiento de tierras que realiza el INRA en el límite con municipio de Esmeralda específicamente con el ayllu Collana, debido a que este pueblo ancestral alega tener la propiedad histórica de estos terrenos y ahora quieren recuperarlo, mediante la nueva ley de delimitación, por lo que piden que el saneamiento se paralice.
La autoridad originaria de Chipaya, Narciso Quispe, aseguró que existe un voto resolutivo de la población que pide la paralización del saneamiento y la recuperación de sus tierras que supuestamente fueron usurpadas a sus antepasados.
"La comunidad de Chipaya tiene una decisión, recuperar lo que han perdido, nos han usurpado, nos han arrinconado a la orilla del lago, por este sufrimiento ahora son muchos, entonces la gente está furiosa y ahora vamos a recuperar", aseguró la autoridad originaria, justificando que ellos ya necesitan terrenos para la agricultura y ganadería, ya que su población habría crecido y su territorio es insuficiente.
DENUNCIAS
El martes se habrían registrado desde incidentes menores que derivaron en enfrentamientos en el límite de estos dos municipios.
El miércoles el alcalde del municipio de Esmeralda, Wilfredo Arce, denunció que tras una notificación del INRA, un grupo de 13 personas de su municipio se apersonaron al mojón (punto de referencia) mayor, con funcionarios de esta institución, donde habrían sido avasallados e interceptados por comunarios de Chipaya.
"En ese momento, quisieron hacer respetar el movimiento del mojón que habían realizado, cuando los funcionarios estaban explicando la situación, fueron golpeados. No tuvieron respeto ni a las mujeres", dijo la autoridad edil.
Un día después contrariamente los habitantes de Chipaya, negaron las agresiones y denunciaron excesos por parte de efectivos militares que inclusive habrían disparado en dirección al grupo indígena.
El concejal de Chipaya, Germán Condorí, reconoció que los pobladores reaccionaros tras enterarse que su alcalde y algunos otros comunarios fueron detenidos, cuando ya se retiraban del lugar.
"Hemos llegado donde estaba detenido el alcalde, y los militares han empezado a disparar contra nosotros, entonces no hemos podido calmar a nuestra gente, porque disparaban contra nosotros, entonces prendimos fuego para alejar a los militares", dijo el concejal. Por su parte el alcalde de Chipaya, Federico Mamani López dijo ser maltratado y discriminado por parte del comandante del Regimiento de Infantería 22 de Huachacalla.
INRA
Respecto al problema el director departamental del INRA Julio Cepeda, culpabilizó a los chipayas por las acciones negativas ocurridas el pasado martes "Ellos indican que los aymaras les habían quitado terreno, lo cual no es verdad, ellos podían haber hecho en los distintos procesos reconocimiento de la propiedad agraria y en el mismo proceso de delimitaron de jurisdicción de su municipio, No sé quien les ha hecho creer que mediante la fuerza, mediante la intimidación, pueden recuperar terrenos", sostuvo.
Dijo que entre Chipaya y Esmeralda existe un acta de entendimiento de 1968 que ha sido firmado pacíficamente. Además se habría verificado el cumplimiento de la función social, y la mejoras agrarias, situación que es cuestionada por el pueblo Chipaya.
Las autoridades de Chipaya advierten que no permitirán que el proceso de saneamiento continúe entre tanto no exista una nueva delimitación por parte del Dirección Departamental de Límites Territoriales del Gobierno Departamental de Oruro.
martes, 2 de abril de 2013
Comunidades Urus no asisten a reunión con parlamentarios
Autoridades de los pueblos Urus, fueron convocadas a la Brigada Parlamentaria de Oruro para consensuar la elaboración de proyecto de ley que preserve su territorio cultura y costumbres, sin embargo los representantes de las comunidades no asistieron a la reunión de ayer, explicó el presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Freddy Huayta Veliz.
El 5 de marzo, representantes de los pueblos Urus del lago Poopó iniciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz, en protesta por el avasallamiento de sus tierras por poblaciones vecinas aprovechando la oportunidad para hacer conocer sus necesidades. Donde autoridades se comprometieron visitar el lugar.
"La semana anterior visitamos el lugar, constatando la necesidad de estos pueblos, donde la fauna y flora están en peligro por la contaminación, además del alambrado y roturación de tierras", explicó
También señaló que las necesidades de estos lugares son muchas como la falta de la delimitación de tierras, informe que se pidió a representantes el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), además de falta de items en educación y atención médica, "temas que fueron registrados por los representantes de los ministerios correspondientes", señaló.
En dicha visita, se encomendó la tarea a la Brigada Parlamentaria de Oruro, para convocar a las comunidades de Phuñaca Tinta María, Llapallapani y Villañeque, para trabajar en el proyecto de ley, "en afán de que sean parte de la construcción de la ley que respete su territorio
su cultura y costumbres", explicó.
Ante la ausencia de los representantes de estas comunidades, Huayta señaló que se esperará coordinar con ellos, en el transcurso de la semana.
RECONOCIMIENTO
Por otro lado se realizó el reconocimiento con la Medalla al Mérito al colegio "Bethania", que tiene 35 años de servicio, inculcando valores y como responsables de la educación de nuevos bachilleres en Oruro.
Para este viernes se programa un reconocimiento a la Diablada Artística Urus, por sus 53 años de promoción cultural a nivel nacional e internacional, señaló Huayta.
El 5 de marzo, representantes de los pueblos Urus del lago Poopó iniciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz, en protesta por el avasallamiento de sus tierras por poblaciones vecinas aprovechando la oportunidad para hacer conocer sus necesidades. Donde autoridades se comprometieron visitar el lugar.
"La semana anterior visitamos el lugar, constatando la necesidad de estos pueblos, donde la fauna y flora están en peligro por la contaminación, además del alambrado y roturación de tierras", explicó
También señaló que las necesidades de estos lugares son muchas como la falta de la delimitación de tierras, informe que se pidió a representantes el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), además de falta de items en educación y atención médica, "temas que fueron registrados por los representantes de los ministerios correspondientes", señaló.
En dicha visita, se encomendó la tarea a la Brigada Parlamentaria de Oruro, para convocar a las comunidades de Phuñaca Tinta María, Llapallapani y Villañeque, para trabajar en el proyecto de ley, "en afán de que sean parte de la construcción de la ley que respete su territorio
su cultura y costumbres", explicó.
Ante la ausencia de los representantes de estas comunidades, Huayta señaló que se esperará coordinar con ellos, en el transcurso de la semana.
RECONOCIMIENTO
Por otro lado se realizó el reconocimiento con la Medalla al Mérito al colegio "Bethania", que tiene 35 años de servicio, inculcando valores y como responsables de la educación de nuevos bachilleres en Oruro.
Para este viernes se programa un reconocimiento a la Diablada Artística Urus, por sus 53 años de promoción cultural a nivel nacional e internacional, señaló Huayta.
lunes, 1 de abril de 2013
Apuestan al turismo étnico en tierra mapuche
La comunidad Llaguepulli, en pleno corazón del territorio mapuche en el sur de Chile, apuesta por el turismo étnico para preservar su ancestral cultura, que ha perdurado a lo largo de los tiempos.
A mediados del siglo XVI, el español Pedro de Valdivia llegó a Chile. Tras fundar la ciudad de Santiago, continuó el proceso de conquista por el sur hasta el río Biobío.
Casi cinco siglos después, descendientes de esos hombres viven de forma muy similar en estas tierras, en la región de la Araucanía, a unos 600 kilómetros de Santiago. Dieciocho familias de la comunidad lafquenche (gente de la costa, en idioma mapudugun) de Llaguepulli han elegido preservar su pervivencia, íntimamente ligada al respeto por la naturaleza, gracias al turismo ancestral.
La aventura del viajero comienza a orillas del océano Pacífico, en el lago salado Budi. Con el ritmo relajado de las apacibles aguas, y subido a un kayak o a un bote, el turista puede hacer una parada para fotografiar o admirar la belleza del cisne de cuello negro y otras 129 especies de aves que habitan en el lago. Puede aprender a tejer ropas araucanas con tintes naturales, o conocer las propiedades terapéuticas de las hierbas medicinales procedentes del huerto, o jugar palín o chueca, un deporte similar al hockey, o animarse a esquilar una oveja y descansar en una ruka o cabaña.
Pueblos Uru siguen en emergencia por territorio y ley de protección
Indígenas Uru del lago
Poopó, esperan el informe de la comisión que inspeccionó a las comunidades en conflicto y aseguran que continúan en estado de emergencia mientras sus demandas sean satisfechas, informó el dirigente Andrés Choque.
"Nosotros seguimos en estado de emergencia, porque no hay entendimiento con los hermanos aymaras, ellos se atienen a su torpeza y prepotencia, inclusive nos dijeron que nos van a enjuiciar", sostuvo el dirigente al referirse al problema de tierras que sostiene con las comunidades vecinas, motivo por el que el mes de marzo marcharon la ciudad de La Paz, demandando tierras para sus cultivos y una ley de protección del lago Poopó incluyendo las comunidades de Llapallapani, Vilañeque y Phuñaca Tinta María.
"Esa ley hemos dicho tiene que ir adelante, nos dijeron que será una ley integral para todos los pueblos indígenas y nuestro proyecto estará incluido en esa ley", dijo el dirigente, agregó que se tiene prevista una reunión para el próximo 12 de abril en la que coordinarán las acciones para la elaboración de la ley de protección para estos pueblos ancestrales.
Según Choque, para hoy tienen previsto una reunión en la Brigada Parlamentaria para recibir un informe sobre la atención a sus demandas y además coordinar una reunión con el Primer Mandatario del Estado Evo Morales, quien habría solicitado una reunión con estos sectores indígenas.
El 26 de marzo se hizo una inspección a estas comunidades por parte de técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, también del Viceministerio de Tierras y la comisión de parlamentario indígenas, por lo que estas instituciones deberían hacer llegar un informe a la comisión de parlamentarios y esta a las comunidades Uru.
El pueblo Uru agrupada en tres comunidades dispersadas en tres provincias Llapallapani, en la provincia Sebastián Pagador, Villañeque en Eduardo Avaroa y Phuñaca Tinta María en Poopó.
Poopó, esperan el informe de la comisión que inspeccionó a las comunidades en conflicto y aseguran que continúan en estado de emergencia mientras sus demandas sean satisfechas, informó el dirigente Andrés Choque.
"Nosotros seguimos en estado de emergencia, porque no hay entendimiento con los hermanos aymaras, ellos se atienen a su torpeza y prepotencia, inclusive nos dijeron que nos van a enjuiciar", sostuvo el dirigente al referirse al problema de tierras que sostiene con las comunidades vecinas, motivo por el que el mes de marzo marcharon la ciudad de La Paz, demandando tierras para sus cultivos y una ley de protección del lago Poopó incluyendo las comunidades de Llapallapani, Vilañeque y Phuñaca Tinta María.
"Esa ley hemos dicho tiene que ir adelante, nos dijeron que será una ley integral para todos los pueblos indígenas y nuestro proyecto estará incluido en esa ley", dijo el dirigente, agregó que se tiene prevista una reunión para el próximo 12 de abril en la que coordinarán las acciones para la elaboración de la ley de protección para estos pueblos ancestrales.
Según Choque, para hoy tienen previsto una reunión en la Brigada Parlamentaria para recibir un informe sobre la atención a sus demandas y además coordinar una reunión con el Primer Mandatario del Estado Evo Morales, quien habría solicitado una reunión con estos sectores indígenas.
El 26 de marzo se hizo una inspección a estas comunidades por parte de técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, también del Viceministerio de Tierras y la comisión de parlamentario indígenas, por lo que estas instituciones deberían hacer llegar un informe a la comisión de parlamentarios y esta a las comunidades Uru.
El pueblo Uru agrupada en tres comunidades dispersadas en tres provincias Llapallapani, en la provincia Sebastián Pagador, Villañeque en Eduardo Avaroa y Phuñaca Tinta María en Poopó.
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