Las organizaciones indígenas debían cumplir 14 pasos administrativos para recibir recursos del Fondo Indígena y así ejecutar sus proyectos de desarrollo o fortalecimiento orgánico, según establece el Reglamento de Transferencias Público Privadas y el reglamento interno de la entidad indígena.
Los beneficiarios del Fondo Indígena sólo son ocho organizaciones: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) o "interculturales”.
Asimismo, la Federación de Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Coordinadora de Pueblo Étnicos de Santa Cruz (CEPSC) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEMB).
Para la aprobación de proyectos, el requisito fundamental era que se debía contar con el aval de los dirigentes, quienes ponían los proyectos en mesa para que directorio del Fondo los apruebe.
Una vez aprobados los proyectos, el personal del Fondo elaboraba informes técnicos, jurídicos y la certificación de existencia de recursos y una resolución administrativa.
Toda esa documentación era remitida al Ministerio de Desarrollo Rural, en el que las unidades Jurídica y de Planificación verificaban que toda la documentación estuviera correcta y completa. Si todo estaba en orden, la ministra Nemesia Achacollo firmaba la resolución ministerial que autorizaba la transferencia de recursos, aprobada por el directorio.
Cumplidos todos los pasos, el Fondo Indígena transfería los recursos a las cuentas bancarias de los representantes legales de los beneficiarios, para que ejecutaran el proyecto.
El pasado 12 de febrero, la Contraloría General del Estado denunció un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos o no ejecutados y financiados por el Fondo, un caso en el que se vieron involucrados legisladores y dirigentes como Felipa Huanca, ejecutiva de las "Bartolinas” de La Paz. Están detenidos los exdirectores ejecutivos Julia Parra y Marco Aramayo.
El caso se encuentra en plena fase de investigación.
Dirigentes de Bartolinas piden renuncia de Felipa Huanc
La dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Jesusa Tarqui, pidió la renuncia de Felipa Huanca, ejecutiva de las "Bartolinas” y excandidata a gobernadora del MAS, por el presunto mal manejo de los recursos que otorgó el Fondo Indígena para la ejecución de proyectos.
"Yo no quiero dejar impune y que la corrupción de Felipa Huanca siga avanzando, por eso pido que renuncie Felipa Huanca, que deje de pisar a las mujeres, las polleras de la mujer indígena”, exigió Tarqui, quien mostró documentación presuntamente falsificada que habría sido presentada al Fondo Indígena para el descargo de un proyecto.
Asimismo, la dirigente involucró a la embajadora de Bolivia en Ecuador, Ruzena Santamaria, de manejar seis proyectos del Fondo Indígena con sobreprecio.
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