Después de tres años de investigación, el Ministerio Público aún no estableció quiénes o quién instruyó la violenta represión policial a los indígenas de la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ocurrido el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina (Beni).
Días después de la represión, incluso el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que sabía quiénes estaban involucrados en ese hecho de violencia.
La abogada de los indígenas, Claudia Lecoña, dijo que la comisión de fiscales, asignada al caso Chaparina, "no tiene la intención de dar con los verdaderos responsables de la represión”, entre los que estaría el exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
"La fiscal (Patricia) Santos liberó de toda culpa a Llorenti. Nos dice que no hay indicios para imputarlo, cuando él como ministro de Gobierno instruyó la represión”, reclamó Lecoña, quien afirmó que los fiscales, para justificar su trabajo, realizaron la reconstrucción de los hechos pero sin la participación de las víctimas de la represión.
Aida Camacho, otra de las abogadas de los indígenas, dijo que los fiscales "están protegiendo al Gobierno”, ya que en tres años sólo fueron imputados ex altos jefes policiales y un viceministro.
Por el caso Chaparina, están imputados el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, los ex jefes policiales Alberto Zapata, Modesto Palacios y Óscar Muñoz Colodro, este último tiene medidas sustitutivas.
Para las víctimas de la represión, quien dio la orden de represión a los indígenas es el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, ahora embajador de Bolivia ante la ONU.
La vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Nelly Romero, insiste que "la orden la dio Llorenti, pero hoy cobardemente se ha resguardado en el seno de las Naciones Unidas”.
El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, afirmó que el retraso en la investigación del caso no es atribuible al Ministerio Público, porque los fiscales "realizaron varias actuaciones”.
"La última fue la reconstrucción de los hechos, que se realizó en la localidad de Yucumo, en la región de Chaparina. Para ese hecho, el Ministerio Público ha destinado grandes recursos humanos y económicos”, aseveró Ponce, y agregó que el caso Chaparina es complejo por la cantidad de involucrados.
La fiscal Santos responsabilizó al Órgano Judicial por no fijar fecha para las audiencias cautelares contra los imputados.
Sacha e infiltrados
Exclusión En febrero de este año, la Fiscalía de Distrito de La Paz excluyó por segunda vez, y de forma definitiva, al exministro de Gobierno Sacha Llorenti de la investigación por la violenta represión policial a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina (Beni).
Infiltrados Aida Camacho, abogada de los indígenas, afirmó que fueron 15 los infiltrados que supuestamente el Gobierno habría enviado a la marcha en defensa del TIPNIS. Entre las infiltradas se encontraba la cabo de policía Dayana Cáceres.
Careo El Ministerio Público resolvió realizar un careo entre el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán y el exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, detenido en Palmasola por el caso de red de extorsión. Villegas aceptó el careo pero Farfán no aceptó.
Abogada dice que hay nuevas imputaciones
La abogada de las víctimas de la represión en Chaparina, Aida Camacho, informó que la comisión de fiscales habría imputado a otras cuatro ex autoridades policiales, pero que aún no habrían sido notificadas .
"Tenemos informes de que la Fiscalía imputó a otras cuatro ex autoridades policiales por el caso pero hasta la fecha desconocemos de quienes se trata, debido a que aún no nos notificaron”, informó Camacho, quien considera que las nuevas imputaciones "tienen el objetivo de dejar en la impunidad a los verdaderos responsables de la represión” a la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Denunció que el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán recusó por más de ocho oportunidades a jueces para que no se concrete la audiencia cautelar en su contra. "Con esa actuación, obstaculiza la investigación”, dijo.
El 26 de septiembre de 2011, el presidente Evo Morales responsabilizó a la Policía de la intervención violenta a la marcha indígena y aseguró que desconocía los hechos.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que sí sabía quiénes dieron la orden para intervenir la marcha.
Marcos Farfán
Tortura El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán está acusado de incumplimiento de deberes. La defensa de los indígenas presentó la denuncia contra él por privación de libertad, vejámenes y tortura entre otros. Una de las abogadas de los indígenas, Claudia Lecoña, lamentó que por más de dos años no se haya podido resolver su solicitud de detención de Farfán.
Óscar Muñoz
Detenido Por el caso, sólo el exsubcomandante policial Óscar Muñoz está con detención domiciliaria, quien se encontraba en el lugar de los hechos junto a Marcos Farfán, quien desde el 8 de mayo de 2012 tiene imputación formal y hasta la fecha no se estableció sus medidas cautelares. Muñoz declaró ante la Fiscalía que sólo obedeció las órdenes del Ministerio de Gobierno.
Alberto Zapata
Sin cautelares En 2012 la comisión de fiscales del caso Chaparina determinó presentar una imputación formal contra el exdirector de Interpol Luis Alberto Zapata. Hasta la fecha, no fue sometido a una audiencia cautelar. El Fiscal de Distrito de La Paz , José Ponce, informó que los fiscales encontraron suficientes evidencias en contra del ex jefe policial por su participación en la represión.
Modesto Palacios
Cuarto acusado El exsubcomandante de la Policía Modesto Palacios es otro de los imputados. En este caso, tampoco se instaló la audiencia para resolver las medidas cautelares que solicitó la defensa de los indígenas. Palacios relevó al general Edwin Foronda, quien se habría negado a intervenir la marcha indígena. Foronda fue replegado pese a que logró (el 24 de septiembre, 2011) su objetivo: liberar al Canciller David Choquehuanca y a su comitiva.
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