vA cinco años de la nueva Constitución Política del Estado, la consulta previa de los pueblos y su verdadera representatividad continúan siendo los principales problemas por los que atraviesan los indígenas, razón por la que muchos de los ayllus han pasado a convertirse en sindicatos campesinos.
“Los pueblos indígenas se encuentran mucho más asimilados dentro el Estado, sin embargo, este es totalmente unitario porque todos nos debemos a él. Claro ejemplo es la falta de representación directa en el parlamento de las 36 naciones indígenas”, manifestó el antropólogo Aldo Bailey, en el marco del Segundo Congreso de Antropología.
Esta falta de representatividad es uno de los mayores problemas de los pueblos indígenas, siendo que ellos deben tomar como representantes a líderes de sindicatos campesinos y no de ayllus que conforman su verdadera estructura orgánica. “Existe una confusión de lo indígena, en la misma Constitución Política del Estado se toma en cuenta los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, como si fuesen de una misma categoría, cuando existen dos estructuras diferentes”, señaló Bailey.
En este entendido, los sindicatos y federaciones agrarias son estructuras donde los miembros son campesinos que funcionan bajo la propiedad privada y explotación de la tierra, mientras los pueblos indígenas funcionan bajo Ayllus y Markas, en las que se tiene una propiedad comunal del territorio. La autoridad originaria de los Ayllus Yamparáez, René Vargas, manifestó que la principal vulneración de sus derechos consiste en la división de su territorio a nombre de un saneamiento y titulación de tierras, aspecto que es utilizado para convertirlos en sindicatos y tomar una nueva forma de organización, acabando con los pueblos indígenas. Por otro lado el antropólogo experto en pueblos indígenas de tierras bajas, Bernardo Fischermann, señala que una de las falencias mayores es que se está trabajando en autonomías municipales, pero no en autonomías indígena originarias, lo que les impide que en las tierras bajas a pesar de tener recursos puedan administrarlos en su favor.
“Es como si los pueblos originarios no tuvieran tierra, porque la que tienen al ser tierra comunitaria de origen pertenece a un municipio y no es entidad administrativa, por lo que no puedan autogobernarse, además de la incompatibilidad que existe entre ambas formas de administrar”, indicó Fischermann.
Para Bailey, estamos viviendo en un falso estado plurinacional que si bien toma en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, aún los vulnera con normas como la ley minera que pasa por encima del derecho a la consulta previa basada en la autodeterminación de los pueblos.
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