Los indígenas de la Subcentral Sécure retomaron ayer el control de sus oficinas en la ciudad de Trinidad, según informó ayer el dirigente Emilio Noza, quien se habría presentado para ocupar las instalaciones.
“Me presenté esta mañana a trabajar de manera normal, entré a la oficina con los comunarios de base y dirigentes a seguir trabajando. Los otros, de la paralela, simplemente se levantaron y de forma pacífica sin hacer resistencia se retiraron de las oficinas, aún ahora están sacando sus maletines y ollas”, declaró el presidente de la Subcentral.
Noza manifestó que frente a la actitud del Gobierno de promover la división de las organizaciones indígenas va a primar la paz y el respeto a los niveles orgánicos de las instituciones.
“Ésta es una victoria más para el movimiento indígena, pese a que el Gobierno pretende comprar conciencias, engañar y obligar a que se haga lo que ellos quieren. Hoy una lección para este Gobierno, la paz”, sostuvo.
Las oficinas de la Subcentral Sécure habían sido tomadas por una dirigencia paralela y afín al partido gobernante.
Para los indígenas que se oponen a la construcción de una carretera por el TIPNIS, las autoridades gubernamentales han provocado la división del movimiento indígena en el país.
martes, 30 de abril de 2013
Indígenas del TIPNIS harán llegar queja al papa Francisco
Indígenas del TIPNIS quieren hacer llegar su queja al papa Francisco sobre supuestos abusos que comete el Gobierno contra ellos. Ésta fue una de las nueve resoluciones que emanó del encuentro de corregidores de la pasada semana. Ya se habla de una marcha internacional.
La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) opositora al Gobierno no sólo gestiona, a través del cardenal Julio Terrazas, la presencia del Sumo Pontífice en el parque indígena, sino también la llegada de una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de esta fracción de la Cidob, Adolfo Chávez, sostiene que hay temor a un enfrentamiento con los soldados del Regimiento Ecológico “asentado a escasos 200 metros del TIPNIS” que, insiste, es una “abierta provocación y amedrentamiento”.
“El papa Francisco debe conocer los abusos que vienen sufriendo los hermanos del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) de parte del gobierno de Evo Morales. No estamos dispuestos a enfrentarnos, por ello estamos acudiendo al Papa y a la CIDH, para que puedan mediar en este conflicto”, remarcó.
Al respecto, la senadora Amalia Antonio (MAS) negó una violación de derechos indígenas. “Esto es un tema político y más aún que estamos en un año preelectoral, escenario que es aprovechado por algunas personas que se han desmarcado de su ente matriz, ahora están buscando cómo hacer quedar mal al Gobierno”.
El presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Nosa, informó que otra resolución del encuentro de corregidores es la continuidad de medidas de defensa en el territorio para evitar la construcción de la carretera.
Asimismo, se determinó continuar con el seguimiento del caso Chaparina y la posible articulación de una nueva marcha de carácter internacional. “Si se mantiene el abuso, el atropello, la humillación a los pueblos, ahí estaríamos dispuestos a organizar una marcha internacional a través de una comisión nacional en coordinación con los otros corregidores y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Aún no está definido dónde ni cuándo será”, aseveró Nosa.
Reiteran denuncia de boicot
Dato
El dirigente Adolfo Chávez reiteró que el Gobierno “intentó boicotear el encuentro de corregidores como con la resistencia a la venta de combustible”, entre otras medidas contra la cita.
lunes, 29 de abril de 2013
Brasil 36 lenguas indígenas, a punto de desaparecer
La cuarta parte de las 154 lenguas indígenas aún vivas en Brasil está amenazada de muerte, ya que cuentan con menos de un centenar de hablantes, alerta un inventario realizado por un centro estatal de estudios antropológicos.
Lo más grave es que es imposible determinar cuántas lenguas ya murieron desde la llegada de los colonizadores portugueses a Brasil en 1500, según el estudio del Museo Paraense Emilio Goeldi, un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
“Brasil es uno de los países con mayor diversidad lingüística de América gracias a que cuenta con 154 lenguas aún habladas, pero el número era mucho mayor y no sabemos cuántas desaparecieron sin que quedaran registros”, dijo la lingüista Ana Vilacy Galucio, coordinadora del estudio e investigadora del Museo Goeldi.
“Y muchas de las lenguas aún vivas están amenazadas con desaparecer, ya que cuentan con muy pocos hablantes, en su mayoría ancianos, y a que las nuevas generaciones no están interesadas en aprenderlas. La tendencia a mediano plazo es que esas lenguas desaparezcan”, agregó la antropóloga.
Según datos del Censo de 2010 divulgados este mes por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, tan sólo un 37,4% de los 896.917 brasileños que se declararon como indios habla la lengua de su etnia y únicamente un 17,5% desconoce el portugués.
El censo también reveló que el 42,3% de los indios brasileños ya no vive en sus reservas y que el 36% se estableció en ciudades.
Lo más grave es que es imposible determinar cuántas lenguas ya murieron desde la llegada de los colonizadores portugueses a Brasil en 1500, según el estudio del Museo Paraense Emilio Goeldi, un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
“Brasil es uno de los países con mayor diversidad lingüística de América gracias a que cuenta con 154 lenguas aún habladas, pero el número era mucho mayor y no sabemos cuántas desaparecieron sin que quedaran registros”, dijo la lingüista Ana Vilacy Galucio, coordinadora del estudio e investigadora del Museo Goeldi.
“Y muchas de las lenguas aún vivas están amenazadas con desaparecer, ya que cuentan con muy pocos hablantes, en su mayoría ancianos, y a que las nuevas generaciones no están interesadas en aprenderlas. La tendencia a mediano plazo es que esas lenguas desaparezcan”, agregó la antropóloga.
Según datos del Censo de 2010 divulgados este mes por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, tan sólo un 37,4% de los 896.917 brasileños que se declararon como indios habla la lengua de su etnia y únicamente un 17,5% desconoce el portugués.
El censo también reveló que el 42,3% de los indios brasileños ya no vive en sus reservas y que el 36% se estableció en ciudades.
Weenhayeks piden suspender la veda para iniciar la pesca
El capitán grande del pueblo weenhayek, Moisés Sapiranda, informó que la comisión que en pasados días viajó a efectuar un recorrido de observación del lecho del río Pilcomayo hasta la confluencia donde ingresa a territorio argentino y paraguayo ha retornado y trajo el anuncio de que varios bancos de cardúmenes de sábalos se están estructurando para emigrar aguas arriba, de manera que estarán llegando a Villa Montes entre hoy o mañana.
A raíz de esa noticia, Sapiranda se movilizó para realizar trámites ante la Gobernación Sección Villa Montes para lograr la suspensión de la veda en el río Pilcomayo, porque su pueblo vive de la pesca, sin embargo, en esa entidad le habrían respondido que levantar la veda es atribución propia de la Gobernación.
Sapiranda agregó que se contactó con el gobernador interino, Lino Condori, quien le habría manifestado que levantar la veda era atribución del Gobierno, por lo que ha iniciado gestiones al respecto, por lo que esperan que entre mañana o el miércoles, a más tardar, llegue la respectiva disposición que suspenda la veda, con lo que los weenhayeks podrán echar sus redes a las aguas del Pilcomayo para la pesca del sábalo, que es la base de su economía.
Añadió que hoy es posible que la comisión informe a toda la comunidad sobre los estudios y observaciones que ha efectuado, pero adelantó que son notorias, en los territorios argentinos y paraguayos, las construcciones para la toma y canalización del agua del río con destino al regadío de campos agrícolas y para la alimentación de la ganadería. “La cancillería tiene que interesarse en ese aspecto y ser la que inicie y trace políticas que beneficien a los pueblos originarios como los weenhayeks y otros que habitan la región, que son los que necesitan verdaderamente la ayuda y cooperación como interés de las autoridades del Gobierno, tanto departamental como nacional”, dijo.
AGRICULTURA
El dirigente indígena explicó que se está habilitando tierras y campos para la siembra de maní, maíz y otros productos con los cuales puedan, de alguna manera, originar economía ya que siendo la pesca la principal fuente, la misma actualmente está sancionada por la veda que si no la levantan ahora que suben los primeros bancos de cardúmenes del sábalo, es posible que por la misma ley natural desaparezca. “Para nosotros será entonces un nuevo año de tragedia, postergación y falta de atención de las autoridades de la gobernación local, departamental y nacional que esperamos no sea así”, expresó.
REGALÍAS
“Las regalías del gas es cierto que llegan a Tarija, pero de Tarija a nosotros los originarios weenhayeks no lo conocemos, necesitamos un hospital de tercer nivel, una escuela y un colegio como lo tienen en Villa Montes, pero siempre nos dan evasivas que con el paso del tiempo nos hacen olvidar, pero realmente los verdaderos dueños de este territorio somos nosotros los originarios y si esa propiedad nos reconocen, entonces la riqueza que sacan de nuestro territorio es también nuestra; pero desgraciadamente no vemos nada de esa riqueza todo porque somos originarios”, lamentó.
Defensor del Pueblo dice que consulta en el Tipnis no fue previa
El defensor del Pueblo Rolando Villena, afirmó en el encuentro latinoamericano de sus pares, que la consulta en el TIPNIS no fue previa libre ni informada, porque se la realizó cuando ya existía un proyecto carretero en marcha, además que se hizo sin el consenso de todas las comunidades que habitan el territorio indígena.
Doce Defensores del Pueblo de países latinoamericanos reunidos en Lima, luego de dos días de reflexión sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, aprobaron una resolución en la que acuerdan supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación de este derecho, e incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales.
"En el caso específico del derecho a la consulta por la carretera dentro del TIPNIS, que debió tener las características de ser libre, previa e informada, a nuestro criterio fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados y desde la planificación y ejecución directa del Gobierno, para lo cual recurrió al trámite de involucrar a los pueblos indígenas adyacentes al parque predispuestos a la aprobación de la carretera", manifestó Villena.
El acuerdo firmado por los defensores del pueblo establece que el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Del mismo modo establece la necesidad de "incrementar esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa y reformar los canales de comunicación con los pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades".
Al encuentro asistieron los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos coincidieron que aún persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a esos derechos.
La Resolución de Lima, fue suscrita por los defensores de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, además del Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
ANF
Doce Defensores del Pueblo de países latinoamericanos reunidos en Lima, luego de dos días de reflexión sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, aprobaron una resolución en la que acuerdan supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación de este derecho, e incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales.
"En el caso específico del derecho a la consulta por la carretera dentro del TIPNIS, que debió tener las características de ser libre, previa e informada, a nuestro criterio fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados y desde la planificación y ejecución directa del Gobierno, para lo cual recurrió al trámite de involucrar a los pueblos indígenas adyacentes al parque predispuestos a la aprobación de la carretera", manifestó Villena.
El acuerdo firmado por los defensores del pueblo establece que el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Del mismo modo establece la necesidad de "incrementar esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa y reformar los canales de comunicación con los pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades".
Al encuentro asistieron los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos coincidieron que aún persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a esos derechos.
La Resolución de Lima, fue suscrita por los defensores de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, además del Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
ANF
domingo, 28 de abril de 2013
La represión de Chaparina sigue sin respuesta
La semana pasada estuvo marcada por las revelaciones que vuelven a agendar el tema de la represión a la octava marcha indígena del 25 de septiembre de 2011. La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, salió a los medios de comunicación para reiterar que la orden para el operativo provino de Palacio de Gobierno, mientras el oficialismo la descalificó asumiendo la hipótesis de la ruptura en la cadena de mando.
Dentro del cruce de declaraciones políticas, también salió la versión de la fiscal Patricia Santos, quien está encargada de la investigación, apuntando a la versión del Gobierno e informando que el exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz Colodro, fue quien rompió esa cadena. “Manifiesta claramente que él ni informó antes de intervención ni recibió instrucción alguna del general Santiesteban, sino que le informó de todos los detalles después de la intervención, entonces hay una cadena de mando establecida por ley”, declaró.
En ese sentido, queda establecer la relación cronológica de hechos para deducir si esta afirmación es fundamentada, pero también se lee que el tiempo que duró el operativo fue suficiente para que las autoridades de máximo rango, así como el Ejecutivo, tomen acciones para evitar que la violencia policial caiga sobre los indígenas.
El sábado 24 de septiembre de 2011 el canciller David Choquehuanca llegó a Yucumo para hablar con los indígenas, que se encontraban varados desde el día 21 por un doble cerco de policías y colonizadores. La tensión se desbordó y las mujeres del Tipnis obligaron a marchar al canciller para verificar ese cerco. Las autoridades salieron de la región y luego en La Paz se realizó la reunión nocturna para tomar acciones frente a la marcha indígena.
El operativo fue planificado y se dio la orden para el despliegue de uniformados y la compra de material. El teniente coronel Henrry Terrazas pidió mediante nota, el envío de agua, combustible y 76 efectivos más. Se autorizó también la compra de 20 tenazas y 10 docenas de cinta masquin que se compraron en una ferretería de Yucumo y fueron entregadas por la funcionaria del Ministerio de Gobierno de apellido Vertiz a las 15.50 del domingo 25 de septiembre.
Sin embargo, las autoridades habían decidido postergar el operativo para el día lunes y se envió una nota de convocatoria al diálogo que llegó en la mañana a la dirigencia indígena. El entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, llegó al cuartel de Umopar en Yucumo en compañía del otrora asesor legal Boris Villegas para informar las características del operativo al general Edwin Foronda. A las 13.00 se apersona el general Oscar Muñoz para anunciar una reunión bajo dirección del Ministerio de Gobierno para la tarde. A las 15.30 Farfán y Villegas informan de los hechos al jefe policial de Yucumo y se les recomienda esperar la presencia de los fiscales de Rurrenabaque y San Borja para iniciar la intervención.
Farfán se reúne a las 16.00 con los colonizadores de Yucumo, que mantenían su cerco y bloqueo en rechazo a la marcha indígena del Tipnis. La autoridad es informada por Muñoz de que las acciones “se habían precipitado”. Farfán preguntó si había orden y Muñoz responde: “Sí, de La Paz”.
Farfán comunica los hechos al ministro Sacha Llorenti desde el campamento a través del celular de Villegas.
En la carretera había 10 buses y seis camionetas esperando la detención de los marchistas. El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, denunciaba que se estaba comenzando el operativo contra la octava marcha y un grupo de arqueros decide avanzar al lado de los policías. Una voz desde filas uniformadas gritó, según Vargas, “al ataque” y comenzó la represión.
A las 17 horas la gasificación y los golpes se instalan en Chaparina, se detienen a 240 marchistas y otros 400 huyen. A las 18 horas las flotas parten rumbo a San Borja con la intención de subir a los marchistas en avionetas que iban a llevarlos a rumbos variables.
Para las 19.00 las flotas son obligadas a detenerse por un bloqueo de la población de San Borja que repudia la violencia policial, difundida casi de inmediato por los medios de comunicación a todo el país. Toman la decisión de dirigirse a Rurrenabaque para subir a la pista de aterrizaje, pero ésta también se encuentra bloqueada por la sociedad que comenzó a quemar llantas.
Entre las 7.30 y las 9.30 de la mañana del lunes 26 de septiembre, los efectivos policiales que custodiaban a los marchistas apilados en la iglesia de Rurrenabaque reciben la orden de replegarse. Fueron 18 horas de operativo.
Especial: Iván Rodríguez Rada
Dentro del cruce de declaraciones políticas, también salió la versión de la fiscal Patricia Santos, quien está encargada de la investigación, apuntando a la versión del Gobierno e informando que el exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz Colodro, fue quien rompió esa cadena. “Manifiesta claramente que él ni informó antes de intervención ni recibió instrucción alguna del general Santiesteban, sino que le informó de todos los detalles después de la intervención, entonces hay una cadena de mando establecida por ley”, declaró.
En ese sentido, queda establecer la relación cronológica de hechos para deducir si esta afirmación es fundamentada, pero también se lee que el tiempo que duró el operativo fue suficiente para que las autoridades de máximo rango, así como el Ejecutivo, tomen acciones para evitar que la violencia policial caiga sobre los indígenas.
El sábado 24 de septiembre de 2011 el canciller David Choquehuanca llegó a Yucumo para hablar con los indígenas, que se encontraban varados desde el día 21 por un doble cerco de policías y colonizadores. La tensión se desbordó y las mujeres del Tipnis obligaron a marchar al canciller para verificar ese cerco. Las autoridades salieron de la región y luego en La Paz se realizó la reunión nocturna para tomar acciones frente a la marcha indígena.
El operativo fue planificado y se dio la orden para el despliegue de uniformados y la compra de material. El teniente coronel Henrry Terrazas pidió mediante nota, el envío de agua, combustible y 76 efectivos más. Se autorizó también la compra de 20 tenazas y 10 docenas de cinta masquin que se compraron en una ferretería de Yucumo y fueron entregadas por la funcionaria del Ministerio de Gobierno de apellido Vertiz a las 15.50 del domingo 25 de septiembre.
Sin embargo, las autoridades habían decidido postergar el operativo para el día lunes y se envió una nota de convocatoria al diálogo que llegó en la mañana a la dirigencia indígena. El entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, llegó al cuartel de Umopar en Yucumo en compañía del otrora asesor legal Boris Villegas para informar las características del operativo al general Edwin Foronda. A las 13.00 se apersona el general Oscar Muñoz para anunciar una reunión bajo dirección del Ministerio de Gobierno para la tarde. A las 15.30 Farfán y Villegas informan de los hechos al jefe policial de Yucumo y se les recomienda esperar la presencia de los fiscales de Rurrenabaque y San Borja para iniciar la intervención.
Farfán se reúne a las 16.00 con los colonizadores de Yucumo, que mantenían su cerco y bloqueo en rechazo a la marcha indígena del Tipnis. La autoridad es informada por Muñoz de que las acciones “se habían precipitado”. Farfán preguntó si había orden y Muñoz responde: “Sí, de La Paz”.
Farfán comunica los hechos al ministro Sacha Llorenti desde el campamento a través del celular de Villegas.
En la carretera había 10 buses y seis camionetas esperando la detención de los marchistas. El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, denunciaba que se estaba comenzando el operativo contra la octava marcha y un grupo de arqueros decide avanzar al lado de los policías. Una voz desde filas uniformadas gritó, según Vargas, “al ataque” y comenzó la represión.
A las 17 horas la gasificación y los golpes se instalan en Chaparina, se detienen a 240 marchistas y otros 400 huyen. A las 18 horas las flotas parten rumbo a San Borja con la intención de subir a los marchistas en avionetas que iban a llevarlos a rumbos variables.
Para las 19.00 las flotas son obligadas a detenerse por un bloqueo de la población de San Borja que repudia la violencia policial, difundida casi de inmediato por los medios de comunicación a todo el país. Toman la decisión de dirigirse a Rurrenabaque para subir a la pista de aterrizaje, pero ésta también se encuentra bloqueada por la sociedad que comenzó a quemar llantas.
Entre las 7.30 y las 9.30 de la mañana del lunes 26 de septiembre, los efectivos policiales que custodiaban a los marchistas apilados en la iglesia de Rurrenabaque reciben la orden de replegarse. Fueron 18 horas de operativo.
Especial: Iván Rodríguez Rada
Viene la décima marcha indígena
Dos movilizaciones trataron de frenar el proyecto gubernamental de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), sin resultado, pues mediante la consulta desarrollada por el Gobierno en la reserva natural, se prevé la consolidación de la obra en los siguientes años.
Ante ello, los indígenas ya han anticipado que realizarán una nueva movilización, esta vez con características internacionales.
El representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, manifestó que esta movilización se iniciará después que se den las conclusiones de la consulta en la Asamblea Legislativa.
A su turno, el dirigente indígena Youcy Fabricano confirmó que se resolvió asumir la décima marcha, pero esta será debatida en el 31 encuentro de corregidores, que debió realizarse la anterior semana y que quedó postergada.
“Vamos hacer la marcha internacional que es una realidad, es una decisión que se ha tomado allá y nuestros hermanos lo van a ratificar una vez que lleguen acá y darán a conocer a todo el país las demás conclusiones”, dijo a Erbol y adelantó que próximamente sostendrá una reunión de evaluación con Amnistía Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación a la consulta del Gobierno.
Ante ello, los indígenas ya han anticipado que realizarán una nueva movilización, esta vez con características internacionales.
El representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, manifestó que esta movilización se iniciará después que se den las conclusiones de la consulta en la Asamblea Legislativa.
A su turno, el dirigente indígena Youcy Fabricano confirmó que se resolvió asumir la décima marcha, pero esta será debatida en el 31 encuentro de corregidores, que debió realizarse la anterior semana y que quedó postergada.
“Vamos hacer la marcha internacional que es una realidad, es una decisión que se ha tomado allá y nuestros hermanos lo van a ratificar una vez que lleguen acá y darán a conocer a todo el país las demás conclusiones”, dijo a Erbol y adelantó que próximamente sostendrá una reunión de evaluación con Amnistía Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación a la consulta del Gobierno.
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