La bancada indígena pasa inadvertida en la Asamblea

A casi un año de la nueva legislación, desde el cambio de autoridades en el departamento de Tarija, el trabajo de los tres asambleístas de los pueblos originarios Tapiete, Guaraní y Weenhayek, que conforman la bancada indígena dentro la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), pasa inadvertido en el ámbito político y en su sectores de origen.

Los tres legisladores Vicente Ferreira, Gilberto Marques y Alberto Viorel, desde que llegaron a la ALDT, al igual que los representantes de la agrupación políticaIntegración Seguridad y Autonomía (ISA) de Villa Montes, solo cumplen funciones legislativas y de fiscalización y no toman decisiones políticas como en la anterior gestión.
Cabe recordar que la representación de los pueblos originarios en el periodo legislativo 2010-2015 fue importante para la toma de decisiones políticas en el departamento. Un guaraní presidió la Asamblea durante dos gestiones, y los tres representantes fueron convocados a reuniones importantes porque su voto definió decisiones que cambiaron el rumbo político del departamento, como la suspensión del ex gobernador, Mario Cossío Cortez.
Si bien la anterior bancada indígena no gestionó leyes de peso para su sector, pese a tener a Justino Zambrana como presidente del ente legislativo, eran buscados por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Camino al Cambio al momento de aprobar leyes. Hoy la situación es distinta.
El presidente de la bancada indígena y asambleísta del pueblo Weenhayek, Gilberto Márquez, manifestó que si bien ahora no tienen el peso político como en la anterior legislación, trabajan en los proyectos de leyes juntos a las demás bancadas y además ya prepararon un paquete de normativas para su sector, que serán presentadas a las comisiones de trabajo.
Similar postura expreso el legislador del pueblo Tapiete, reelecto por segunda vez consecutiva por usos y costumbres, Vicente Ferreira, quien dijo que ya existen proyectos de leyes sobre la problemática de agua, forraje para ganado, proyectos educativos y de salud, piscicultura entre otros.
¿A qué responde la ausencia de la bancada indígena? Los asambleístas manifestaron que no cuentan con el apoyo técnico y de asesoramiento como los demás legisladores, que según los Ferreira tienen hasta cinco funcionarios de apoyo para trabajar proyectos de leyes y otros.

Evaluación
La poca presencia y trabajo de los tres asambleístas indígenas preocupa a los capitanes de las tres organizaciones originarias de Tarija, quienes decidieron en este mes realizar una evaluación a sus legisladores en una asamblea departamental en la localidad de Palos Blancos, dijo el dirigente de Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Villa Montes, Hilario Trigo.
Para el representante de la APG de Yacuiba, Jorge Mendoza, los asambleístas indígenas, como autoridades departamentales y municipales, desde que se realizaron las elecciones no volvieron a visitar las comunidades, situación que preocupa a la población originaria en su conjunto.



Representantes
indígenas en
otras entidades
públicas

Los tres pueblos indígenas de Tarija, además de tener representación política en la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT), también tienen curules en la Asamblea Regional del Chaco donde la presidencia el asambleísta guaraní, Román Gómez.
Pero la representación política no termina ahí, sino que los originarios lograron poner a Teófilo Murillo dentro la Gobernación en la Secretaría de Pueblos Indígenas y a Andrés Segundo en la Dirección de Pueblos Indígenas.
También los originarios, desde hace 10 años, lograron acceder a cargos públicos dentro los concejos municipales de Yacuiba, Entre Ríos y Caraparí, pero además tienen diputados dentro la Asamblea Plurinacional de Bolivia.
Para el presidente del Consejo Departamental de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT), Tomas Araray, la representación política dentro las instituciones políticas, en casi siete años, no ha permitido cambiar la realidad de los originarios, en cuanto a servicios básicos y proyectos productivos.
Por lo que aseguró que buscarán reorientar el trabajo de sus representantes para que hagan gestión para sus pueblos, “no está bien que lleguen a las instanciaspúblicas para ganar dinero y mejorar sus condiciones de vida”, dijo.

Intoxicaciones por mercurio afectan seriamente a pueblos indígenas

Una grave noticia dio a conocer Survival, la ONG que lucha por los derechos de los indígenas, al señalar a la ONU que un porcentaje importante de comunidades indígenas ya están viendo problemas en su salud a raíz de la contaminación de mercurio.

PROBLEMÁTICA DE RELEVANCIA SANITARIA

Específicamente se trata de pueblos indígenas de la Amazonía. En el caso de la comunidad nahua del Perú, un 80% de las personas se ven afectadas, en donde un 63% de los niños también son alcanzados por el mercurio.

En el caso brasileño, las yanomamis y yekuanas se ven afectados en un 90%. Entre las causas más importantes se encuentra la minería de oro y los buscadores ilegales, porque ellos contaminan tanto los ríos como la selva con el mercurio.

Finalmente pueblos de Venezuela como los yekuanas, yanomamis, piaroas, hotis y pemones se ven afectados sobre un 90% de la población. Si bien tanto las autoridades de las diferentes naciones saben de estos índices hace ya un tiempo, Survival sigue presionando para que se puedan tomar acciones responsables y serias para que la contaminación que hoy afecta a personas, al entorno natural y también a las generaciones venideras.

Defensor del Pueblo exhorta a unidad de indígenas

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, llamó a los pueblos indígenas a restablecer la unidad que mantenían con el fin de seguir defendiendo sus derechos e impedir su posible desaparición en Bolivia.

"Villena, en ocasión de la presentación del estudio 'Sin Pueblos Indígenas no hay Estado Plurinacional', los convocó a superar toda división interna para emprender una lucha en defensa de sus derechos y reivindicaciones, y evitar su progresiva desaparición", indica una nota de la institución.

DIVISIÓN INTERNA

Las organizaciones indígenas del país enfrentan una división interna, principalmente, desde la octava marcha de este sector social, que se movilizó en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Al momento, hay organizaciones paralelas que se atribuyen su representación.

Pero "si es que no vuelven a lograr la unidad alrededor de sus derechos y de sus reivindicaciones, más temprano que tarde, este mismo Estado terminará por designarlos como grupos minoritarios sin prerrogativas y sin voz", advirtió Villena.

El informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos del país fue presentado el pasado viernes e incluye 14 títulos referidos a la situación que atraviesa este sector social en sus diferentes ámbitos.

CONSULTA PREVIA

El documento también aborda temáticas relacionadas a la consulta previa libre e informada, las autonomías indígenas originarias campesinas, tierra y territorio, el derecho a no ser sometidos a formas de esclavitud y servidumbre, entre otros puntos.

Una de las conclusiones del estudio indica que "los pueblos indígenas están siendo peligrosamente afectados por una serie de acciones y omisiones desarrolladas desde el Estado, que parecen mostrar un interés por mantenerlos en modelo colonial y retornar al principio monocultural, limitando su derecho a decidir por sí mismos qué modelos de desarrollo quieren seguir, instrumentalizando y dividiendo a sus organizaciones naturales y desvirtuando sus reivindicaciones para incorporarlos en un sistema impuesto y vertical, cuya única orientación es el crecimiento económico a través de la pretendida modernidad capitalista, que por naturaleza menosprecia el valor del ser humano, la comunidad, la cultura y la diversidad". (ANF)

El mercurio intoxica a indígenas de la Amazonia

El 90% de los habitantes originarios de la Amazonia se encuentran seriamente afectados por el mercurio generado por la actividad minera en esa región de Brasil, según las muestras de cabello de indígenas de 19 comunidades tomadas para un estudio de la fundación de salud brasileña Fiocruz junto a la Asociación Yanomami Hutukara, la ONG brasileña ISA (Instituto Socioambiental) y la Asociación Yekuana APYB.

Buscadores de oro ilegales que operan en territorio yanomami están contaminando los ríos de los indígenas con el mercurio que utilizan durante el proceso de extracción del metal áureo. El mercurio entra entonces en la cadena alimentaria a través de las aguas del río que beben los yanomamis, y de los peces que constituyen una parte fundamental de su dieta.

El chamán y portavoz yanomami mundialmente reconocido, Davi Kopenawa, presentó estas evidencias ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, durante su visita a Brasil a principios de mes.

“Estamos preocupados por los resultados de esta investigación. Esta contaminación afecta a las plantas, a los animales y a las generaciones futuras”, declaró Reinaldo Rocha, indígena yekuana.

Los yanomamis no contactados, uno de los pueblos más vulnerables del planeta, se encuentran especialmente amenazados. Los mineros ilegales trabajan extremadamente cerca de una de las zonas donde viven.

Fiscales federales de Brasil están analizando los hallazgos del estudio y continúan presionando para que se ponga fin a la minería ilegal.

La contaminación por mercurio también amenaza a otros pueblos indígenas amazónicos: a principios de mes, Survival denunció que hasta el 80% del pueblo indígena nahua de Perú, recientemente contactado, ha resultado intoxicado, aumentando las graves preocupaciones sobre el futuro de la tribu.

Los yanomamis también están luchando contra los incendios forestales que han arrasado varias zonas de su tierra en meses recientes. Las causas todavía no han sido esclarecidas, pero algunos yanomamis sospechan que los mineros y los madereros ilegales iniciaron los fuegos deliberadamente, y solicitan el despliegue de más escuadrones de bomberos.

Los yanomamis dependen de su selva para sobrevivir. Su tierra en Brasil fue demarcada como territorio indígena en 1992 a raíz de una larga campaña internacional. Los yanomamis, sus aliados en Brasil y Venezuela, y Survival están presionando ahora a las autoridades para que expulsen a todos los invasores de tierra indígena, para que los mantengan alejados definitivamente y para que detengan los planes de abrir territorio indígena a la minería a gran escala.

En una carta de la Asociación Yanomami Hutukara a la presidenta Dilma Rousseff, los indígenas declararon: “En este momento en que Brasil y el mundo se concentran en buscar soluciones para proteger el clima, el agua, las selvas y a sus pueblos, no tiene sentido que Brasil favorezca proyectos que pueden conllevar la destrucción de la naturaleza dentro de la tierra indígena yanomami.”

Los weenhayeks, a 6 años del conflicto del Pilcomayo

Los weenhayeks habitan en el Gran Chaco dispersos en las comunidades de San Antonio, Quebrachal, Algarrobal, Capirendita, Crevaux, D’orbigny, San Bernardo, Viscacheral, Villa Esperanza, Resistencia y La Misión. Se calcula que son aproximadamente 2.500 nativos.

Este pueblo posee una cultura diferente, sus habitantes hablan weenhayek y son expertos en la pesca del sábalo, dorado, surubí, pacú y el bagre. También recolectan miel, producen maíz y realizan artesanías. Todo esto conlleva a que su educación y forma de vida tengan una dinámica distinta y que con ello existan muchas trabas para su desarrollo.
Por ejemplo, el ingresar a la universidad no es tarea fácil para este pueblo, debido a que las tres unidades educativas que funcionan en la zona no se encuentran habilitadas. De acuerdo al director del Centro de Estudios para el Desarrollo de Tarija (Cerdet), Guido Cortez Franco, hay un problema de gestión administrativa para resolver este conflicto. Algunos bachilleres asisten a la universidad indígena Apiaguaiki Tumpa. Pero son muy pocos.
Sin embargo, la situación de este pueblo que habita al margen izquierdo del río Pilcomayo es más compleja. El problema del afluente, con el proyecto Pantalón, que salió a la luz hace aproximadamente seis años (2010) generó un efecto negativo en su economía, pues uno de sus medios de subsistencia es el comercio de la pesca en las principales poblaciones y ciudades del sur del país.
Empero, a pesar de esto se han dado modos para sobrevivir. Hoy cultivan hortalizas, crían chivos, hacen artesanías, se dedican a la política y trabajan por jornales. En la actualidad el pueblo ha tenido avances y ha sufrido grandes retrocesos, mismos que son explicados por el director del Cerdet, Guido Cortez Franco, quien lleva más de 20 años trabajando con este grupo indígena.

El País expansión Nacional (Epen). ¿Cuál ha sido la evolución del pueblo Weenhayek desde que usted comenzó a trabajar con ellos?
Guido Cortez Franco (GC). Entre el año 2000 y 2004 pudimos conocer a varios líderes muy comprometidos en mejorar el destino de su pueblo y defender su reclamo territorial. En ese período era Capitán Grande o Niyààt Qotaj, el Profesor Lucas Cortez Torrez, quien tenía 44 años y era un líder generoso e inteligente. Él estaba sujeto a presiones de varias empresas y entidades del Gobierno para aprobar trabajos en el territorio weenhayek.
Era una persona muy reflexiva y tranquila, pero de carácter firme y muy honesto. En ese tiempo los líderes hacían un trabajo muy sacrificado para viajar y gestionar sus demandas en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, donde funcionaba la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
Eran personas que vivían de su trabajo diario, de la pesca o del trabajo temporal como maestro de primaria, en el caso del Capitán Grande. Como dirigentes tenían que dejar a sus familias por varios días para hacer sus viajes y visitar a las comunidades que estaban en conflicto con los ganaderos durante los levantamientos de información en el campo.
En ese entonces la mayoría de las familias tenían pequeñas casitas de adobe, y había serios problemas de paludismo y mal de Chagas, esto debido a la presencia de la vinchuca. De esta manera la organización de la capitanía Weehnayek (ORCAWETA) quería gestionar el mejoramiento y la construcción de nuevas viviendas, además de lograr la perforación de pozos de agua, ya que un 80% de las comunidades en 2003 tenían que utilizar agua del río, o a lo sumo contaban con unos pozos manuales, que daban muy poco líquido y era insuficiente para sus animales como cabras y cerdos.
Peor aún no les alcanzaba para cultivar en un clima tan cálido y seco como el Chaco. Hay que recordar que no siempre los pozos manuales abastecían de agua dulce, pues en varias ocasiones estos pozos resultaron ser de agua salobre o amarga, e incluso con demasiado sulfato como resultó en un análisis de pozos realizado en dos comunidades cercanas a Villa Montes.
A partir del año 2005 cuando algunas empresas petroleras comenzaron a dar compensaciones en efectivo a la organización indígena se suscitaron conflictos organizativos por las disputas en el manejo de estos recursos. Sin embargo, con estos recursos los dirigentes tuvieron mayor autonomía para viajar a otras ciudades y hacer gestiones, aunque los avances en la calidad educativa o en la capacidad productiva de las familias son muy pocos.

Epen. ¿Cómo se sostienen económicamente desde el problema del río Pilcomayo?
GC. Cada año muchas familias weenhayek enfrentan una situación económica complicada entre los meses de octubre a marzo, que son los meses de más calor y donde la pesca de subsistencia es muy escasa. En las últimas décadas estos meses se han convertido en los meses de escasez, por lo que las familias sobreviven con la elaboración de artesanías, crianza de animales menores como gallinas, cabras y cerdos, además del cultivo muy incipiente y de manera rústica del maíz, sandía y zapallos. Estos cultivos dependen de que haya suficiente lluvia, lo que es muy irregular en el Chaco.
Anteriormente los meses de abril a septiembre eran considerados, desde 1960, como la temporada de abundancia por la pesca, actividad que les permitía comprarse otros alimentos y también ropa, bicicletas, motos... Sin embargo, esta situación tuvo un quiebre con la crisis del Pilcomayo en el año 2010.
Ese año por taponamientos en el río el volumen pescado en comparación con el 2009 fue de casi un 10 a 15%. Ahora el conflicto es que las subidas de los cardúmenes son más irregulares y por menos días que en décadas anteriores.
Esto en su mayor parte se debe a los problemas de sedimentación del agua del río que colmata los cauces e impide, cuando hay poca agua, la subida de los cardúmenes. Es importante recordar que más del 80% de los peces capturados son los sábalos, en menor proporción se extrae el dorado, el surubí y para consumo de las familias también se pesca la boga, el bagre y otras especies.
La crisis de la pesca ha obligado a varias familias a buscar otras estrategias de sobrevivencia como un mayor cultivo de maíz, sandía, el aprendizaje de la producción de hortalizas, que es todavía una actividad realizada por pocas familias. Hay jefes de hogar que se especializan en la búsqueda de colmenas de miel, otros que trabajan por jornales e incluso algunos que se dedican a la política partidaria como una búsqueda de ingresos económicos temporales.

Epen. En cuanto a educación ¿cuáles son los principales problemas de este pueblo?
GC. La Misión Evangélica Sueca que ingresó a trabajar con los Weenahyek en el año 1948 comenzó a principios de 1980 a trabajar en la formación de los niños en el nivel primario y a trabajar con el idioma weenhayek. A mediados de 1990 se formaron jóvenes como maestros bilingües y para el año 2005 había más de 60 maestros bilingües, parte de los cuales eran mujeres.
La Misión Sueca se retiró hace ocho años y se observan algunos problemas en el sistema educativo, por lo cual hay muy pocos bachilleres cursando estudios universitarios, por ejemplo los bachilleres weenhayek no pueden recibir una beca para ingresar a una normal de maestros como la de Canasmoro porque las tres unidades educativas weenahyek que cuentan con el nivel secundario en la provincia del Gran Chaco no figuran como unidades educativas indígenas habilitadas. Hay un conflicto de gestión administrativa para resolver este problema.
Algunos bachilleres están asistiendo a la universidad indígena Apiaguaiki Tumpa y ahí reciben educación universitaria. Otro problema que veo es la alta tasa de embarazo adolescente por lo cual generalmente las adolescentes se ven obligadas a abandonar sus estudios a edades tempranas como los 15 ó 16 años, y como es una etapa difícil la de mantener un hogar, con frecuencia estos matrimonios de jóvenes tienden a no perdurar en el tiempo. En este caso hace falta un trabajo de concientización y de información a los adolescentes.

Epen. ¿Qué pasó con las artesanías de caraguata que este pueblo sabía hacer?
GC. Las mujeres weenhayek continúan trabajando con la caraguata y se elaboran bolsas (llicas), cinturones, etc… también en Villa Montes hay mujeres que tejen artesanías de palma. Unos pocos varones se dedican a la fabricación de muebles rústicos con fibras vegetales y unos cuantos a trabajar con palo santo y maderas blandas para el tallado de unas figuras.
Un estudio de costos demostraba que en el caso de la caraguata las horas invertidas de trabajo para hacer una bolsa o llica llegaban a calcularse en un costo de entre 80 a 110 bolivianos, pero en el mercado local por la poca demanda las artesanas venden sus productos ente 20 a 40 bolivianos.

Epen. ¿Cómo están organizados socialmente los weenhayeks?
GC. Las comunidades eligen un dirigente o niyaat, quien a su vez puede tener voz y voto en las asambleas de la ORCAWETA. Las comunidades han pasado de ser unas 22 en el 2006 a ser más de 80 entre grandes y pequeñas, algunas conformadas por muy pocas familias.
Ha sido una estrategia de ocupación de parte de su territorio recuperado y simultáneamente una forma de ser reconocidos como capitanes para acceder a beneficios que proporciona su organización matriz.

Epen. ¿Con este Gobierno considera que hubo un avance para este grupo?
GC. Es indudable que el gobierno nacional ha tenido muchas más políticas progresistas en favor de las familias rurales que cualquier otro gobierno en la historia del país. En cuanto a servicios básicos se observa un acceso importante para las viviendas rurales, como así la perforación de pozos profundos, la construcción de escuelas y postas, e incluso el asfaltado de algunos tramos, además de una incorporación de algunas personas en las entidades públicas locales.
En lo que si veo una deficiencia es en el tema de educación cívica de jóvenes y maestros. Posiblemente esto esté relacionado con lo que observan a nivel municipal, provincial y departamental y la crisis institucional en estos espacios como consecuencia de la falta de controles de fiscalización, actos de corrupción que no son sancionados, etc... Luego, hay problemas a nivel organizacional en la administración de recursos por la falta, a mi entender, de fiscalización y orientación en el manejo de fondos.

Epen. ¿Cuál es el desarrollo de este pueblo a comparación con los pueblos indígenas de la Argentina?
GC. Los pueblos indígenas como el weenhayek en Bolivia han visto una mejoría en cuanto se refiere a servicios básicos, atención en el seguro de salud SUSAT, construcción de escuelas y postas. Especialmente en una relación muy estrecha de los dirigentes de las organizaciones indígenas con el gobierno nacional.
En Argentina las familias indígenas y criollas, rurales y urbanas en condiciones de desempleo han estado recibiendo bonos económicos, y posiblemente haya habido un descuido para que las y los jóvenes indígenas como los wichí se capaciten técnicamente.
El problema de la capacitación técnica y profesional es un tema pendiente en ambos países. Por otro lado en Argentina, donde la población indígena no supera el 2 ó 3 % del total de la población, se observa en cierto modo procesos migratorios hacia los cinturones de algunas ciudades sin que se avance en una integración socioeconómica y educativa.
En el caso de comunidades indígenas como las wichí en Salta, Formosa y en la Provincia de Chaco hemos visto comunidades muy aisladas y en condiciones de marginación social más grave que en el chaco tarijeño, donde nuestras comunidades y sus organizaciones de Villa Montes y Yacuiba, e incluso Caraparí han recibido mayor inversión en obras realizadas por las alcaldías, subgobernación, Gobernación y Gobierno.
De todas maneras todavía falta mucho por hacer, por ejemplo en varias comunidades rurales los niños sólo pueden asistir todavía al nivel primario y para continuar sus estudios deberían salir a centros urbanos lo que es muy difícil y caro para sus familias.

Epen. ¿Hay migración en los weenhayeks?
GC. Los weenhayek no suelen migrar fuera de su territorio. Sí existen visitas esporádicas a familiares en el chaco argentino o viajes de grupos de personas que participan en campañas religiosas evangélicas hacia el chaco salteño (zona del Pilcomayo, Embarcación y Tartagal) y en ocasiones hasta comunidades de Formosa en Argentina. Asimismo hay visitas de personas wichí que vienen a Villa Montes a visitar a sus familiares o en campañas religiosas.

Epen. ¿Qué aspectos positivos destacaría de este pueblo y cuáles serían los que deben reforzarse?
GC. Un hecho interesante en la conducta de las personas del pueblo weenhayek, es la franqueza en decir las cosas, sin tener que recurrir a la hipocresía. En el pasado se valoraba a los hombres que eran trabajadores, honestos y se dedicaban a la pesca o a velar por sus familias, en los últimos años se observa que algunos antivalores se adoptan, en muchas ocasiones esto tiene que ver con actitudes y conductas que se ve en los centros poblados. Por ejemplo: la corrupción.
Como cualquier otro sector social urbano y rural, hay aspectos que deben mejorarse especialmente en las formas de organizarse colectivamente, es necesario generar ámbitos de confianza recíproca.

Epen. ¿Cuál es la labor de CERDET?
GC. Cerdet es una ONG que trabaja desde el año 1998 con este pueblo, fue en ese entonces cuando los weenhayeks solicitaron asesoría jurídica en el proceso de saneamiento de su territorio, ya que el levantamiento de información de campo se había iniciado el año 1995 con el Instituto Geográfico Militar.
Para entonces se habían levantado varias fichas de información en predios ganaderos y como no conocían la ley INRA sus abogados pedían apoyo jurídico para fiscalizar el proceso de saneamiento de su territorio. El año 1993 el gobierno de Jaime Paz Zamora les había entregado un Decreto Supremo el 23500, donde se les reconocía provisionalmente un territorio de 195.000 hectáreas, sujeto a verificación de un proceso legal posterior.
Los dirigentes no entendían por qué deberían nuevamente hacer una nueva titulación y proceso de saneamiento, ya que la ley INRA reconocería el derecho de propietarios no indígenas que se habían asentado al interior del territorio indígenas en los años anteriores a 1994. Sin embargo, el proceso se desarrolló y consolidaron sus tierras.
Actualmente, la misión del CERDET es el acompañamiento crítico y técnico a las iniciativas de familias y organizaciones indígenas y campesinas en el Departamento de Tarija. Desde 1989 se ha apoyado jurídicamente los reclamos territoriales primero con las organizaciones guaraníes, y desde el año 1999 con el pueblo weenhayek.
Desde el año 1994 se brinda apoyo técnico a iniciativas pecuarias y agrícolas desde el enfoque agroecológico y de manejo de recursos naturales directamente a familias rurales en condiciones de vulnerabilidad.
Desde 1999 el CERDET ha acompañado a jóvenes y dirigentes weenhayek en la defensa del río Pilcomayo a través de visitas de monitoreo en las zonas mineras de Potosí y hasta viajes por los bañados de la Estrella en Formosa Argentina y los Esteros de Patiño en el chaco paraguayo.

Aprender lenguas nativas: ¿Imposición o necesidad?

Luego de ocho meses de haberse cumplido el plazo máximo para que funcionarios públicos aprendan un idioma nativo, hoy en día, en medio de un encendido debate sobre el tema, esa disposición se cumple a medias –por decir lo menos– y en pocos espacios se la entiende como el resultado del reconocimiento de idiomas oficiales del Estado y de una importante necesidad de interactuar con los demás.

Desde la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, donde se parte del reconocimiento de 36 lenguas oficiales, se marcó en el país una línea que aún hoy no está muy clara sobre cuál el sentido de hablar una lengua nativa y si basta acreditar esa cualidad con un certificado o no.

“El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano”, dicta el parágrafo II del artículo 6 de la Carta Magna que también dispuso que la exigencia para funcionarios públicos sea aplicada de manera progresiva.

El plazo fatal finalmente se venció el 2 de agosto del año pasado y ¿cuál es la realidad? Sólo en la Gobernación de Chuquisaca, la máxima autoridad ejecutiva, Esteban Urquizu, reconoció que sólo el 50% de sus funcionarios aprendieron quechua, la lengua que corresponde de acuerdo con la región aplicando el principio de territorialidad, junto al guaraní.

En la Alcaldía, según datos de Recursos Humanos, el 70% de los funcionarios acreditó saber quechua, sin embargo, no se sabe si ese porcentaje lo maneja de manera fluida en el día a día. “Vemos que se generen cursos (esta gestión) para perfeccionar y aprender quechua porque es algo vital para el área rural, los distritos 6, 7 y 8; y la periferia donde se habla mucho el quechua”, comentó el secretario General de la Alcaldía, Enrique Leaño, quien considera que para los funcionarios que interactúan de manera cercana a la población, no saber esa lengua es sin duda una barrera.

En el caso de la Asamblea Legislativa Departamental se aseguró que al menos el 80% de los funcionarios, algo más de una treintena, conoce el quechua, empero, una gran parte no cuenta con certificado que lo avale, es así que hace dos semanas comenzaron un curso de quechua en convenio con la Universidad San Francisco Xavier a través de sus convenios con sus cursos de extensión, donde participan 28 funcionarios.

Si bien varias instituciones promovieron convenios para cursos de quechua básico, como el Tribunal Supremo de Justicia que de acuerdo con el magistrado Antonio Campero, no cuentan con una política interna para obligar a que sus funcionarios aprendan dos idiomas de "manera cabal" como él mismo reconoce.

“Sí hemos hecho cursos, yo también hice en Tarija de guaraní, y tratamos de aprender algo, pero con eso no podemos decir que somos bilingües o políglotas y creo que es bastante complicado en nuestra realidad, entonces entendemos que el castellano al final es el idioma con el podemos comunicarnos todos los bolivianos”, respondió ante la consulta de este diario.

“La verdad, para ser honestos, podemos pasar clases y tener certificado de una institución, pero decir que podemos salir hablando otro idioma… hay su distancia”, explicó en una declaración que parece ser la más clara respecto a la realidad del manejo de un idioma nativo por los funcionarios públicos y que refleja lo que sucede también en el Tribunal Departamental de Justicia, donde no se exige la acreditación, aunque algunos trabajadores conozcan la lengua.

En síntesis, no se garantiza el cumplimiento cabal del requisito cuya vulneración, según el mismo presidente Evo Morales, podía ser causal de despido, aunque luego subalternos aclararon que no se romperían relaciones laborales, pero sí se exigiría que acrediten el tema.

De acuerdo con el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua, son los jefes de recursos humanos de cada institución pública los que están obligados a controlar que los funcionarios acrediten su conocimiento y manejo de quechua, comenta la técnico de la subsede en Chuquisaca, Graciela Isnado.

APRENDER QUECHUA ¿SÓLO OBLIGACIÓN?
Conocer el quechua no debería ser sólo una obligación sino el resultado de entender que es una lengua oficial del Estado, comentó la dependiente del instituto, donde se ofrecen cursos pero principalmente se intenta promover su uso desde que reciben a las personas en sus oficinas a quienes saludan en quechua y les preguntan si sabe o no la lengua para hablar así o en su defecto hacerlo en castellano.

En el caso de los cursos de extensión de la Universidad San Francisco Xavier la reflexión es similar, ya que aprender otro idioma implica reaprender a escuchar y a pronunciar, especialmente en el caso del quechua que es un tipo de lengua distinto, explica la directora de la Carrera de Idiomas, Norma Márquez.

La profesional del área distingue que mientras el español es un tipo de idioma aislante el quechua es aglutinante, razón por la cual su construcción es distinta y su comprensión también.

“Con el decreto sobre el carácter obligatorio del idioma quechua en funcionarios públicos hemos dado varios cursos corporativos para instituciones que tienen que ver con el contacto de la realidad lingüística del público al que sirven. A partir del 2006 y 2007 ya damos este servicio a instituciones a pedido de ellas mismas”, comenta.

Sus cursos son reconocidos por las autoridades de la Universidad, por lo que su aval radica en el amparo de la casa de estudios superiores, una situación que se da en las distintas universidades del sistema público del país.

De acuerdo con Márquez, la formación, aunque sólo para nivel básico, debe ser continua y la certificación debe demostrar que el funcionario adquirió conocimientos y no sólo que fue a clases.

Además de los convenios con instituciones, los cursos de extensión ofertan cursos de quechua para sábados, cursos nocturnos y de haber demanda suficiente habilitarse horarios de 7:00 a 9:00.

¿CERTIFICADOS EN VENTA?
Tras la exigencia de saber quechua en instancias públicas aumentó la oferta de cursos de quechua, pero también las denuncias de que se lucra con la venta de certificados.

“No sé si están certificados por el Ministerio de Educación, tenía información de que institutos estaban chaucheando certificados certificando que hablan dos idiomas porque han pedido en la Gobernación y las instituciones descentralizadas del Estado”, cuestionó la senadora Nélida Sifuentes, a quien, según refiere, un familiar que habla fluido el quechua necesitaba su certificado y en su búsqueda vio una institución en Sucre donde se extienden certificados al emitir apenas unas frases básicas.

“'¿Qué te llamas?' y suficiente te daban el certificado y costaba unos 250 bolivianos o 300 por persona y había fila como de 50 personas todo el tiempo me dijo. Entonces ¿realmente esa gente está de calidad certificada? Nos están mamando”, reprochó la legisladora.

En una visita de un periodista de CORREO DEL SUR que averiguó sobre cursos de quechua se encontró con una oferta de un instituto en ambientes del Hogar Mercedes donde al consultar sólo se le dijo que debía pagar Bs 225 y el sábado de esa semana le entregarían el certificado, seguido de un simple “sabes quechua verdad”.

Tras las consultas del periodista que acudió como interesado le dijeron que ese día se daba una clase por la mañana y que le harían una prueba en un diálogo, cuando consultó si también había prueba escrita un dubitativo “eh sí” fue la respuesta del funcionario que aseguró que el certificado goza de aval ministerial.

El certificado se entrega esa misma jornada apenas terminadas las pruebas con docentes de La Paz. Al final, al decirle que fue difícil ubicar el lugar porque atiende dentro del Hogar, agrega que Bs 25 del pago se destina al asilo de ancianos.

De acuerdo con lo informado por un funcionario del Hogar Mercedes, el instituto que trabaja ahí es de La Paz y sólo se presta los ambientes del centro para realizar el curso intensivo y las inscripciones. Asimismo, corroboró que el hogar recibe Bs 25 de cada inscripción como una especie de retribución, pero indicó que el instituto es independiente a la administración del asilo.

Para la Directora de la Carrera de Idiomas, llama la atención aquellos cursos que ofrecen sólo un día de clase y con ello la entrega de certificados porque no se aprende un idioma de esa manera.

El Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua identificó el año pasado un total de 24 institutos que trabajan de manera irregular en Sucre ofreciendo cursos de quechua sin convenio con esa instancia que, según explican, es la única habilitada para avalar el conocimiento de una lengua nativa, en este caso del quechua, por lo que las instituciones que si bien otorgan cursos desde hace años y contaban con resoluciones ministeriales deben regularizar su situación legal.

De acuerdo con el instituto de aún corta vida, sólo dos instancias en Sucre, a la fecha normaron sus convenios, la universidad privada Domingo Savio e ITEC, de las cuales homologan sus certificados a Bs 30.

Los que se formaron en otros institutos o conocen el idioma desde el hogar y necesitan el certificado pueden acceder a la evaluación directa para avalar que conocen el quechua de manera oral y escrita o sólo en una de esas áreas. Para la prueba directa se debe pagar Bs 50.

El Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua comenzó recién en 2015 a otorgar cursos de quechua básico, por lo que este año abrirá la opción del curso básico y del intermedio para que la primera promoción que tuvieron de unos 700 alumnos, puedan continuar sus estudios.

En el lugar además se accede de manera gratuita, cubriendo únicamente el costo del quemado del CD, a material para aprender quechua como manuales, diccionarios y otros elementos digitalizados.

Las funcionarias, encargadas de promover el uso del quechua, reiteraron que lo que buscan es que las personas se interesen en aprender la lengua porque ven que es necesaria para su vida y no sólo por la obligación de tener un documento más.

SU COMENTARIO

El idioma que destruimos
Mamerto Torres
PROFESOR

Entender, saber y hablar quechua sin duda abre muchas puertas y los que lo conocen y estudian afirma que es una lengua diplomática y dulce por naturaleza pero ¿hoy en día se la usa adecuadamente? –No– es la respuesta contundente del profesor Mamerto Torres, reconocido por su trabajo relacionado a la cultura y el quechua en particular, quien advierte un eminente atentado contra la lengua.

Cambiar los significados de las palabras e intentar hablar con palabras sueltas es el error que se comete frecuentemente en la actualidad y que atenta contra el quechua que tiene como parte de “su secreto” al igual que el aimara, en su semántica y sintaxis, explica el profesor.

Según él, no se utiliza debidamente el quechua, un idioma que considera no sólo diplomático, sino dulce y afectivo. Como ejemplo citó el hecho de que la señalética en el aeropuerto Alcantarí usaría un denominativo inadecuado para los excusados nombrándolos “akanawasikuna” (casa para defecar) cuando corresponderían términos como khuchichanakunapaq.

“Viene gente improvisada que cree que el quechua es cualquier cosa cuando hay que manejarlo con responsabilidad y usarlo bien (…) el quechua se nos muere porque no lo manejamos con responsabilidad, nosotros mismos estamos constituyéndonos en asesinos de nuestra cultura, en depredadores de nuestra lengua”, reflexionó.

El profesor indicó que la mejor manera de aprender el quechua es entiendo que no es una imposición sino que es una necesidad y parte del reconocimiento de la identidad del boliviano, para ello, afirmó que la mejor escuela es el hogar, el mercado, las calles y las canciones del pueblo.

“Creo que la premisa es que –sin que nadie nos obligue– nosotros sintamos la necesidad de hablar esto y con esto estaremos aprendiendo a ser bolivianos”, concluyó luego de comentar una anécdota que vivió en el exterior donde fue cuestionado sobre el aimara y él dijo que no lo conocía al ser de la parte sur de Bolivia, “me dijeron ‘qué pena’, por poco no me dijeron qué vergüenza que ignores la lengua aimara que es también la lengua oficial de tu país”, contó.

Sin embargo, Torres considera que hasta ahora desde el Gobierno “no se ha encarado en la forma seria que debiera hacerse la enseñanza o el aprendizaje de la lengua”, ya que al intentar imponerlo motivan una resistencia psicológica de la población y a que personas “en su desesperación” se dan a la labor “pecaminosa y hasta delictiva de recabar certificados” y venderlos.

¿Calificado?
Nélida Sifuentes
SENADORA

“’'¿Qué te llamas?' y suficiente te daban el certificado y costaba unos 250 bolivianos o 300 por persona. Entonces ¿realmente esa gente está de calidad certificada?"

¿Otro idioma?
Antonio Campero
MAGISTRADO

La verdad, para ser honestos, podemos pasar clases y tener certificado de una institución, pero decir que podemos salir hablando otro idioma… hay su distancia”.

Guaraníes se organizan para defender reserva del Aguaragüe

- El pueblo Guaraní del Chaco con el respaldo de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia conformará el Consejo Nacional de defensa del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe. La determinación de dio ante el anuncio Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

El parque nacional cubre la totalidad de Serranía del Aguaragüe, fue creada el 20 de abril de 2000 con una superficie de 108.307 hectáreas en total distribuidas de la siguiente forma: 458,22 hectáreas para el parque nacional y 624,85 hectáreas para el Área Natural de Manejo Integrado. En su territorio se acogen las principales fuentes hídricas que proveen agua a la ciudad de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.

El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, Tomás Araray, dijo que decisión de organizarse y asumir la defensa del Aguaragüe es porque se tomó conocimiento que en los próximos meses el Gobierno prevé ingresar a la zona para realizar actividades petroleras.

Es así que el 13 mayo se reunirán en Palos Blancos, municipio de Entre Ríos, las capitanías guaraníes de Bermejo, Yacuiba, Caraparí, Villa Montes y la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia para conformar el Comité, definir las acciones legales y jurídicas en defensa de la reserva.

Agregó que también se pedirá al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la inmediata intervención las zonas del parque donde se identificó pasivos ambientales que estarían contaminando las principales fuentes de agua del lugar.

Araray recordó que este año la secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, identificó unos 80 pozos abandonados en el parque Aguaragüe, los que están generando pasivos ambientales y están derivando en la contaminación de las fuentes de agua y suelos de la región.

Mientras, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) del Itika Guazú, provincia O‘Connor, Never Barrientos, indicó que la organización del pueblo indígena permitirá también conformar los Comités de Seguimiento Ambiental, como lo establece la normativa legal vigente.

En tanto, el secretario de Pueblos Indígenas y Originarios de la Gobernación, Teófilo Murillo, señaló que el Consejo deberá hacer cumplir lo que estipula la Constitución Política del Estado, sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en reservas y áreas protegidas.“Muchas veces por falta de conocimiento de los pueblos indígenas, se llevan delante actividades petroleras sin respetar las normas como es el proceso de la consulta previa”, comentó.

A tiempo de respaldar la iniciativa del pueblo Guaraní del departamento para preservar la reserva del Aguaragûe.

Según datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) del 2015, en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguaragüe se perforó dos pozos y se descubrió reserva y se planifica la perforación de otros dos pozos y la construcción de una estación en el bloque Caigua.