ANÁLISIS | UNA CONVERSACION SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA SOCIEDAD BOLIVIANA, DESDE LA OPTICA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
OH! ¿Cuál es la problemática más urgente que se ha identificado desde la Defensoría en relación a los derechos humanos en Bolivia?
Yo creo que el principal problema tiene que ver con la brecha existente entre la teoría y la práctica, es decir entre una normativa abundante y ejemplar y el ejercicio real de esos derechos en la cotidianidad de las personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, y por lo mismo, desprotegidos.
Tenemos más leyes y decretos que muchos países para enfrentar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes y sin embargo no hay cambios evidentes en la sociedad que nos puedan confirmar que estas poblaciones estén menos vulnerables a sufrirla en todos los ámbitos. En términos de racismo y discriminación somos un ejemplo porque hay una ley y una política pública específica y concluyente, sin embargo no podemos decir que vivimos en una sociedad donde se discrimine menos y donde los indígenas, las personas adultas mayores, los y las jóvenes, las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de trabajo, acceso a la salud, educación o a participar efectivamente en las decisiones políticas. Nuestra Constitución y nuestras leyes tienen los más avanzados preceptos en materia de protección de niñas, niños y adolescentes y hemos suscrito todos los instrumentos internacionales para garantizar sus derechos y, al mismo tiempo estamos aceptando, promoviendo e incluso legislando para que puedan trabajar y que puedan ser penalmente imputables a más corta edad. Estas contradicciones se hacen más evidentes en otros ámbitos como los derechos de los pueblos indígenas o los de la madre tierra.
La idea de un Estado Plurinacional basado en los principios del "vivir bien", la comunidad como orientación máxima y la justicia plena, son enunciados que se alejan cada vez más de una realidad en la que está imperando la riqueza material, la competencia, el individualismo, la violencia, el consumismo, y la intolerancia como objetivos de vida y comportamientos generalizados en nuestra sociedad. Esta distancia entre lo que predicamos como Estado, y lo que se practica en la sociedad, contiene un riesgo muy grave ya que podemos caer en la autocomplacencia de afirmar que respetamos los derechos humanos porque tenemos buenas leyes, y alejamos la vista frente al hecho que se los sigue vulnerando de manera descarnada y permanente.
OH! ¿Considera que el ingreso de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH ONU) es un impulso a que se tome más en serio este tema o una manera de reconocer el trabajo que se está haciendo al respecto en el país?
Primero, me parece que debemos ver el tema en perspectiva. Bolivia ya fue parte de este Consejo en 2007 y su membresía es compartida con otros 46 países, de los cuales, ocho son de América Latina y el Caribe, por lo que nuestro papel va a depender mucho de la influencia que se tenga sobre los otros miembros cuando se analicen temas álgidos, relativos a los derechos humanos. Segundo, las recomendaciones del CDHONU influyen de manera más efectiva sobre países en desarrollo, sin embargo poco pueden hacer frente a la vulneración de derechos en países poderosos. El caso de los crímenes de Israel contra Palestina, el bloqueo económico contra Cuba o la sucesión de hechos graves en países donde intervienen las potencias mundiales, no han cesado, pese a los pronunciamientos de este organismo.
En relación a nuestro país, creo que el reingreso al CDHONU se convierte en un desafío para pasar del enunciado al cumplimiento de los derechos humanos. Considero que una de las razones para el voto mayoritario de apoyo a nuestra postulación tuvo que ver con un implícito reconocimiento a lo que se ha hecho en materia de lucha contra la pobreza y la promulgación de normativa de protección, sin embargo, este apoyo debe entenderse como un imperativo ético para que el Estado boliviano asuma de manera más efectiva su papel de garantizar que los derechos se hagan realidad en temas como la violencia sostenida, la crisis en el sistema de justicia, los derechos de pueblos indígenas, entre muchos otros.
OH!¿Por qué considera que están aumentando en el país los casos de trata?
Yo creo que hay dos factores en este aspecto, uno interno y otro externo. Es indudable que la trata y tráfico de personas, es un problema extendido en todo el mundo a partir de la expansión de las redes criminales que operan especialmente desde países con poblaciones vulnerables. La trata y tráfico de personas son negocios en expansión, como el narcotráfico o el negocio de las armas, y por las grandes cantidades de dinero que mueven, su incidencia es más brutal y creciente. Por otro lado, en el tema interno tiene que ver con la vulnerabilidad en los sistemas de protección de las poblaciones más afectadas que son niñas, adolescentes y mujeres, y con la poca capacidad del Estado para implementar mecanismos eficientes que disminuyan la acción de las organizaciones criminales organizadas, la incidencia efectiva sobre las causas de fondo que hacen más vulnerables a las poblaciones afectadas, lo que tiene que ver con la pobreza, la falta de oportunidades, la crisis de la familia como institución sustantiva de la sociedad y la falta de información y sensibilización sobre el tema.
La suma de estas variables y la poca capacidad o compromiso del Estado con esta temática, están provocando que la trata y tráfico de personas se esté convirtiendo paulatinamente en uno de los más graves problemas de derechos humanos más amenazantes en nuestra sociedad.
OH! ¿Qué pasa en el caso de la violencia contra las mujeres? ¿Qué está fallando si se supone que tenemos una ley que vela por ellas?
Yo creo que ésta es una de las contradicciones más graves en términos de derechos humanos en Bolivia. Las cifras y la evidencia diaria, muestran que las mujeres continúan siendo una de las poblaciones más vulnerables en términos de protección y cumplimiento, especialmente, pero no sólo en relación a la violencia. Nosotros compartimos plenamente el principio de la despatriarcalización ideológica como base, para entender las raíces del problema y desde allí plantear soluciones, sin embargo vemos que como Estado, nos estamos alejando cada vez más de este principio y estamos afectando el tema de la violencia, mirando sus consecuencias y no las causas.
La mujer es víctima permanente de un sistema de violencia sistemático prácticamente desde su nacimiento. Sigue siendo en varios sectores de nuestra sociedad, un tema de fortuna o pesar si un hijo nace hombre o mujer. Las niñas son la población más vulnerable porque sufre con más rigor la pobreza o los problemas que puedan tener las madres o la familia y en muchos casos, es víctima directa de violaciones o castigos físicos. Si es adolescente los riesgos aumentan en violencia física, sexual, trata y tráfico, discriminación y acceso a la justicia, a la salud, educación, etc. Y como mayor y adulta mayor, estos problemas continúan. Mucho peor si es mujer indígena, analfabeta, adulta mayor, privada de libertad o en situación de calle. Tal es el nivel de la violencia que, estamos entre los primeros lugares en el mundo en esos indicadores y que nuestra propia ley, ha identificado 17 formas de violencia contra ellas, algunas de estas recurrentes y naturalizadas.
OH! ¿Qué le falta a esta ley para ser efectiva?
Es importante analizar la ley en su contexto. Durante seis años, las organizaciones de mujeres, acompañados por instituciones como la Defensoría del Pueblo y varias ONGs, demandamos e impulsamos una Ley contra la violencia, pero tuvo que darse un crimen atroz contra una periodista conocida, para que el gobierno se viera obligado a promulgarla. Luego debió pasar 18 meses y ocurrir el asesinato de una joven profesional en Santa Cruz, para que el gobierno se viera obligado a dotarla de una reglamentación y de recursos, aunque se los quita al presupuesto de seguridad ciudadana. Ante el aumento de los casos de feminicidios y la violencia generalizada, demandamos la declaratoria de Alerta Máxima que está en la misma ley; pero el reglamento relativo a requisitos, para que sea ágil su puesta en marcha , debe fijar concretos, si no fuera así , podría interpretarse que a esta normativa se le está poniendo candados que van a impedir su aplicación en un tiempo perentorio. Es decir que no hay voluntad política real ni interés por enfrentar desde el Estado este problema, y más al contrario se piensa que la solución está en la cárcel para los abusadores que, son encontrados in fraganti y no así en los hogares, las escuelas, los centros laborales, etc. donde está verdaderamente el problema. Para tener efectos reales sobre el problema, la ley no es suficiente, y menos si la misma ley no tiene posibilidades reales de inmediato y a mediano plazo para ser aplicada.
OH! ¿Qué pasa en el caso de las cárceles?
Hace dos años, advertimos como Defensoría del Pueblo, de una situación insostenible en el sistema penitenciario boliviano. Nuestro informe a la Asamblea Legislativa fue claro y abundante en datos: las cárceles eran bombas de tiempo y se habían convertido en los espacios donde la vulneración de los derechos humanos era una práctica común. Primero, por la debacle del sistema judicial que, ha llegado al extremo de tener más del 82% de detenidos preventivos, el más alto de América y probablemente uno de los más altos del mundo; un hacinamiento superior al 200%, prediarios de miseria y ausencia casi total del Estado en materia de salud, educación y servicios. Por otro, un sistema que deja el control de las cárceles a los privados de libertad, sin que la policía pueda intervenir; al contrario de ello se impone la ley del más fuerte y donde la norma es la violencia, el abuso y la corrupción, con lo que la ausencia del Estado se pone aún más en evidencia. Los presos que son pobres, indefensos o están solos, pueden vivir en una especie de servidumbre permanente, rodeados del miedo, el alcohol, las drogas y el abuso constantes.
Todo ello, amparado en un sistema esencialmente punitivo al que no le interesa la rehabilitación, sino el castigo y que encuentra "la solución " a los crecientes problemas de inseguridad ciudadana y violencia, llenando cada vez más las cárceles.
OH! Como Defensor, ¿cuál sería la solución que pondría a este tema tan difícil?
En realidad la Defensoría del Pueblo no pone soluciones, parte del convencimiento ético de su mandato, por eso denuncia, vigila y alerta sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros hemos planteado muchas veces la necesidad de implementar una política penitenciaria, más allá de las leyes sobre procedimiento o ejecución penal, que legislan sobre la comisión de delitos. Creemos que el paso urgente es solucionar el tema de la retardación de justicia, lo que a su vez incidirá seguramente en el hacinamiento. Además, el gobierno debe cumplir la Ley y hacer que el Sistema Penitenciario pase a control del Ministerio de Justicia y deje de estar en poder del Ministerio de Gobierno, esa transferencia le puede dar un nuevo enfoque, más integral y de acceso a la justicia; pero sobretodo puede lograr que el Estado asuma la responsabilidad de controlar, administrar y dirigir los centros penitenciarios para atender los graves problemas del funcionamiento del Sistema de Regimen Penitenciario que tienen que ver con la reinserción de los ex presidiarios a la sociedad.
OH! ¿En qué ha quedado el caso Chaparina?
Chaparina es el más evidente caso de desprecio a los derechos de los pueblos indígenas y un ejemplo cruel de impunidad. Pareciera que se quiere jugar al cansancio y la confusión para que la gente se olvide del tema, ya que durante tres años el proceso sigue en investigación que nunca concluye. Se pretende convencer que toda la culpa de doce horas de constante agresión y represión brutal contra la marcha indígena, es responsabilidad de un Comandante Departamental que habría actuado al margen de la ley, de su propia institución y de las órdenes superiores. No se considera ninguno de los testimonios que hablan de seguimiento y espionaje en la marcha, órdenes verbales, planes de ataque, etc. y se libera a poderosas autoridades de pena y culpa, como es la responsabilidad del ex ministro de gobierno, incluso antes de terminar la investigación. A esto se suma que se ha procedido a la reconstrucción de los hechos sin la presencia de las víctimas, e incluso el informe pormenorizado de los hechos que la Defensoría elaboró, ni siquiera fue considerado como fuente para tomar decisiones judiciales sobre los implicados, como si esos luctuosos hechos de violencia fueran ajenos a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
PERFIL
Rolando Villena Villegas
El actual Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 13 de mayo de 2010, es el cuarto ciudadano en ocupar ese cargo, precedido por Waldo Albarracín y Ana María Romero.
Rolando Villena nació el 23 de julio de 1947 en Potosí, pero radica en la ciudad de La Paz desde hace más de 35 años. Es teólogo de profesión y obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), institución en la que trabajó entre 2006 y 2009.
Impulsó la creación de la primera Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre 1982 y 1997 fue Vicepresidente del Centro de Estudios sobre Migrantes no Voluntarios (CESEM).
Tuvo una participación importante en la elaboración del Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos bajo los auspicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Conformó, en representación de la APDHB, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, entidad responsable de crear políticas de coordinación entre el Estado y las organizaciones de los derechos humanos, de cara al cumplimiento del Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos.
