El diputado Jorge Medina (MAS), informó que septiembre es el mes del pueblo y la cultura afroboliviana, por lo que se realizarán a lo largo de las siguientes semanas una serie de actividades a este respecto.
“Queremos comunicarles que septiembre es el mes de la afrobolivianidad, porque como todos saben, a través de ley se ha determinado que el 23 de septiembre sea el día del pueblo afroboliviano y para ello estamos organizando varias actividades”, informó el legislador.
Entre las actividades que se realizarán se encuentran seminarios, simposios y también presentarán varios libros. Además, se realizarán dos festivales, el primero se realizará el 21 de septiembre en la plaza Villarroel de la ciudad de La Paz y el segundo en el municipio paceño de Coroico.
La ley 200 declara “el 23 de septiembre ‘Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana’, con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura de quienes en Bolivia son descendientes de africanos”.
Se estipula además que “durante el ‘Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana’, se realizarán jornadas culturales de diversa índole, para dar a conocer la riqueza de la cultura de ancestría africana y sus aportes al desarrollo de la sociedad y la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia”.
En junio de 2011 Medina, propuso mediante un proyecto de ley, que se declare el 23 de septiembre como Día Nacional del Pueblo Afro Boliviano.
Dijo que la fecha propuesta para la declaración y condecoración del pueblo afro boliviano conmemora la fecha en que el Presidente Manuel Isidoro Belzu, el año de 1851, declaró la liberación de los afro descendientes, en Bolivia, de la esclavitud.
La población afro boliviana alcanza a cerca de 35.000 bolivianos y que el 70% de ellos radica en la región de los Yungas del departamento de La Paz.
lunes, 3 de septiembre de 2012
No hallan “evidencia” de masacre de indígenas
El Gobierno venezolano “no encontró evidencia” de una presunta matanza en julio de aborígenes de la etnia Yanomami en el sur del país por parte de mineros ilegales brasileños, como denunció el lunes una organización, informó la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado.
“El balance de estas visitas que hemos realizado es que no se encontró evidencia de ninguna muerte” de indígenas yanomami, dijo Maldonado, según la agencia oficial AVN.
Las autoridades tampoco hallaron “evidencia de casas o chabonos (chozas circulares) incendiados en estas comunidades señaladas como escenarios de este supuesto crimen”, agregó.
El viernes, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, anunció que los responsables del Ministerio Público, de la Policía Científica y del Ejército visitaban “las nueve comunidades yanomamis” asentadas en el municipio Alto Orinoco del estado de Amazonas, fronterizo con Brasil, donde se habría perpetrado la matanza, según organizaciones indígenas.
Según El Aissami, las siete comunidades consultadas el jueves por las autoridades no informaron sobre “ninguna situación de violencia”, y otras dos, localizadas más al sur, no habían sido todavía contactadas porque se ubican en las zonas más recónditas. Brasil anunció el sábado que estaba dispuesto a ayudar en la investigación. Varias ONG pidieron al presidente Chávez protección para los indígenas.
La denuncia
Ataque El 5 de julio unos “garimpeiros” (buscadores de oro ilegales) dispararon y lanzaron explosivos desde un helicóptero contra la comunidad indígena Irothateri.
Informe La organización defensora de los derechos indígenas Survival, con sede en Londres, confirmó en una nota los testimonios de “cuerpos y huesos quemados”, pero no precisó el número de muertos.
“El balance de estas visitas que hemos realizado es que no se encontró evidencia de ninguna muerte” de indígenas yanomami, dijo Maldonado, según la agencia oficial AVN.
Las autoridades tampoco hallaron “evidencia de casas o chabonos (chozas circulares) incendiados en estas comunidades señaladas como escenarios de este supuesto crimen”, agregó.
El viernes, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, anunció que los responsables del Ministerio Público, de la Policía Científica y del Ejército visitaban “las nueve comunidades yanomamis” asentadas en el municipio Alto Orinoco del estado de Amazonas, fronterizo con Brasil, donde se habría perpetrado la matanza, según organizaciones indígenas.
Según El Aissami, las siete comunidades consultadas el jueves por las autoridades no informaron sobre “ninguna situación de violencia”, y otras dos, localizadas más al sur, no habían sido todavía contactadas porque se ubican en las zonas más recónditas. Brasil anunció el sábado que estaba dispuesto a ayudar en la investigación. Varias ONG pidieron al presidente Chávez protección para los indígenas.
La denuncia
Ataque El 5 de julio unos “garimpeiros” (buscadores de oro ilegales) dispararon y lanzaron explosivos desde un helicóptero contra la comunidad indígena Irothateri.
Informe La organización defensora de los derechos indígenas Survival, con sede en Londres, confirmó en una nota los testimonios de “cuerpos y huesos quemados”, pero no precisó el número de muertos.
“El Amparo de Coroma” tiene documentos que datan de 1572 con los que se demuestra que la tierra que pretende Oruro es potosina
La Nación Indígena de Coroma mostrará las pruebas que demuestran su derecho propietario sobre las tierras que están siendo avasalladas por los orureños, las mismas que están en un libro que será presentado a la población a las 10:00 en la Casa Nacional de Moneda.
El libro consta de 741 páginas entre las que se encuentran mapas y documentos entre los que figura uno del 10 de agosto de 1572 por el cual el virrey Francisco Toledo otorgó títulos de propiedad a los indios del pueblo de Coroma.
También está el documento de 1572 por el cual se presenta el “Pedimento de Amparo de Coroma” que contiene el mojonamiento efectuado por el Virrey Toledo en el periodo 1572-1573.
Las dos cédulas que datan del año 1591 confirman el derecho propietario sobre las tierras de Coroma se encuentran en el mencionado libro.
Otro valioso documento que es parte de la documentación de Coroma data de 1593 que da cuenta que en ese año se produjo la visita del obispo de Quito, Fray Luis López de Solíz, para verificar la tenencia de las tierras del pueblo de Coroma.
El primer mapa de Bolivia trabajado en 1859 tiene dentro de territorio potosino la zona de conflicto e incluso mucho más porque Sevaruyo aparece como parte de este Departamento y no de Oruro y es parte del arsenal que tiene Potosí para demostrar su derecho sobre tierras que ambicionan los orureños.
En 1859 se trabajó el mapa de Bolivia (elaborado en la gestión de José María Linares) en el que se demuestra que el territorio potosino se extendía incluso hasta la zona de Sevaruyo y que hoy está en Oruro.
Esos documentos se encuentran en el libro que será entregado a las autoridades nacionales ratificando que Potosí no acepta una delimitación por “usos y costumbres” que ello sería avalar los avasallamientos.
El libro consta de 741 páginas entre las que se encuentran mapas y documentos entre los que figura uno del 10 de agosto de 1572 por el cual el virrey Francisco Toledo otorgó títulos de propiedad a los indios del pueblo de Coroma.
También está el documento de 1572 por el cual se presenta el “Pedimento de Amparo de Coroma” que contiene el mojonamiento efectuado por el Virrey Toledo en el periodo 1572-1573.
Las dos cédulas que datan del año 1591 confirman el derecho propietario sobre las tierras de Coroma se encuentran en el mencionado libro.
Otro valioso documento que es parte de la documentación de Coroma data de 1593 que da cuenta que en ese año se produjo la visita del obispo de Quito, Fray Luis López de Solíz, para verificar la tenencia de las tierras del pueblo de Coroma.
El primer mapa de Bolivia trabajado en 1859 tiene dentro de territorio potosino la zona de conflicto e incluso mucho más porque Sevaruyo aparece como parte de este Departamento y no de Oruro y es parte del arsenal que tiene Potosí para demostrar su derecho sobre tierras que ambicionan los orureños.
En 1859 se trabajó el mapa de Bolivia (elaborado en la gestión de José María Linares) en el que se demuestra que el territorio potosino se extendía incluso hasta la zona de Sevaruyo y que hoy está en Oruro.
Esos documentos se encuentran en el libro que será entregado a las autoridades nacionales ratificando que Potosí no acepta una delimitación por “usos y costumbres” que ello sería avalar los avasallamientos.
Los ayoreos están acorralados por una deforestación que tiene sello español
Los ayoreos son el último pueblo indígena aislado de América que hay fuera de la Amazonia. Viven en el Chaco, una enorme extensión de monte que se extiende desde Paraguay hasta Bolivia y Argentina. Ahora su supervivencia puede estar amenazada por la deforestación de la zona en la que una parte de ellos están escondidos. Todas las miradas apuntan como responsable a la empresa ganadera argentina Carlos Casado S.A., que lo "desmiente categóricamente", informa el mundo.es en un reportaje que cita como fuente a la ONG Survival International.
Muchos miembros del pueblo indígena ayoreo han sido contactados, pero algunos permanecen escondidos en los bosques del oeste paraguayo. La ONG Survival Internacional muestra su preocupación porque "la desenfrenada destrucción del bosque en la región, gran parte de la cual es ilegal, les lleva a vivir en una constante huida".
La ONG denunció públicamente a principios de agosto que las autoridades paraguayas habían llevado a cabo una redada en la propiedad de Carlos Casado (filial argentina del Grupo San José) durante la cual pillaron in fraganti a trabajadores de la empresa mientras talaban sin autorización el bosque, construían edificios y diques e instalaban una alambrada en una gran parcela de bosque en el Chaco paraguayo de la que la empresa es propietaria.
La primera reacción del vicepresidente de la empresa, Diego E. León, fue asegurar que "en los 110 años de trayectoria del Carlos Casado S. A. en el Chaco se ha trabajado tradicionalmente en forma respetuosa con las autoridades de la Republica del Paraguay y con las comunidades que habitan en la zona, con quienes siempre se ha mantenido armoniosas relaciones".
Una vez que Survival Internacional sacó a la luz una carta remitida por la Secretaría del Ambiente de Paraguay a una organización ayoreo en la que se "confirma tanto que la empresa ha llevado a cabo trabajos de construcción de un embalse y de caminos, como que no tienen la licencia necesaria", cambió de argumentación.
Diego E. León pasó a interpretar que la citada misiva "no constituye una afirmación de los hechos", tan solo confirma que las acciones que se les atribuyen no tienen permisos ambientales. Reconoce que no han solicitado las autorizaciones, pero explica que no lo han hecho porque "tampoco hemos efectuado ningún tipo de desmonte o innovación de las mencionadas".
Su ´último refugio´
Survival ha documentado estos desmontes con fotografías y se refiere a estos trabajos como ´ilegales´ y "preparativos de la destrucción a gran escala de la zona". Añade que aunque la empresa hubiese solicitado los permisos medioambientales requeridos legalmente "probablemente habrían sido denegados, ya que se sabe que hay miembros no contactados del pueblo indígena ayoreo que viven en el bosque".
"Se sabe que los indígenas ayoreos no contactados están allí escondidos, en esa rápidamente menguante isla de bosque que es su último refugio", denuncia. Al mismo tiempo, se hace eco de que el desmonte "ha indignado a los expertos locales" y, en concreto a GAT, una organización paraguaya que desde 1993 trabaja con los ayoreos ya contactados para asegurar la zona.
Organizaciones locales hablan de ´etnocidio´
"Somos testigos de un etnocidio en marcha. Este crimen es una tragedia humana, y una vergüenza para Paraguay frente a los ojos del mundo – y solo parará si los responsables son detenidos y castigados", denuncian, según Survival, Gladys Casaccia y Jorge Vera, de GAT.
El director de Survival International, Stephen Corry, insiste en que Carlos Casado "ha actuado de manera ilegal, e irresponsable, al talar una zona de bosque que es parte de la tierra ancestral de los indígenas ayoreos".
Un estudio de los agoreros realizado por Survival señala que viven en pequeñas comunidades, cultivan calabazas, habas y melones en la tierra arenosa y cazan en el bosque. Las grandes tortugas, los cerdos salvajes y la abundante miel silvestre son comidas muy preciadas para ellos, de forma que la destrucción del bosque que habitan amenazaría seriamente su supervivencia.
Intento de engaño a los indígenas
Las denuncias locales sobre las supuestas intenciones destructivas de la empresa ganadera se remontan ya ha hace varios meses. En junio Survival International hizo público que habían intentado engañar a los ayoreos para que estos les permitieran construir una nueva carretera que habría partido el territorio de los indígenas por la mitad. La carretera habría recorrido el extremo norte de la propiedad de Carlos Casado.
La empresa está participada por el español Grupo San José, que, en declaraciones a ELMUNDO.es, se ha desvinculado de cualquier actividad que realice su filial, ya que "es una sociedad argentina en la que participamos como accionistas. La gestión diaria de la misma la lleva un equipo propio de Carlos Casado".
Stephen Corry, insiste, sin embargo, en la vinculación del Grupo San José con estos hechos: "Es asombroso descubrir que una de las empresas más grandes de España está envueltas en un comportamiento tan escandaloso (...) de seguir en sus trece, serán directamente responsables de la destrucción del corazón de la tierra de los ayoreos, una flagrante violación de la legislación paraguaya y de la normativa internacional".
Muchos miembros del pueblo indígena ayoreo han sido contactados, pero algunos permanecen escondidos en los bosques del oeste paraguayo. La ONG Survival Internacional muestra su preocupación porque "la desenfrenada destrucción del bosque en la región, gran parte de la cual es ilegal, les lleva a vivir en una constante huida".
La ONG denunció públicamente a principios de agosto que las autoridades paraguayas habían llevado a cabo una redada en la propiedad de Carlos Casado (filial argentina del Grupo San José) durante la cual pillaron in fraganti a trabajadores de la empresa mientras talaban sin autorización el bosque, construían edificios y diques e instalaban una alambrada en una gran parcela de bosque en el Chaco paraguayo de la que la empresa es propietaria.
La primera reacción del vicepresidente de la empresa, Diego E. León, fue asegurar que "en los 110 años de trayectoria del Carlos Casado S. A. en el Chaco se ha trabajado tradicionalmente en forma respetuosa con las autoridades de la Republica del Paraguay y con las comunidades que habitan en la zona, con quienes siempre se ha mantenido armoniosas relaciones".
Una vez que Survival Internacional sacó a la luz una carta remitida por la Secretaría del Ambiente de Paraguay a una organización ayoreo en la que se "confirma tanto que la empresa ha llevado a cabo trabajos de construcción de un embalse y de caminos, como que no tienen la licencia necesaria", cambió de argumentación.
Diego E. León pasó a interpretar que la citada misiva "no constituye una afirmación de los hechos", tan solo confirma que las acciones que se les atribuyen no tienen permisos ambientales. Reconoce que no han solicitado las autorizaciones, pero explica que no lo han hecho porque "tampoco hemos efectuado ningún tipo de desmonte o innovación de las mencionadas".
Su ´último refugio´
Survival ha documentado estos desmontes con fotografías y se refiere a estos trabajos como ´ilegales´ y "preparativos de la destrucción a gran escala de la zona". Añade que aunque la empresa hubiese solicitado los permisos medioambientales requeridos legalmente "probablemente habrían sido denegados, ya que se sabe que hay miembros no contactados del pueblo indígena ayoreo que viven en el bosque".
"Se sabe que los indígenas ayoreos no contactados están allí escondidos, en esa rápidamente menguante isla de bosque que es su último refugio", denuncia. Al mismo tiempo, se hace eco de que el desmonte "ha indignado a los expertos locales" y, en concreto a GAT, una organización paraguaya que desde 1993 trabaja con los ayoreos ya contactados para asegurar la zona.
Organizaciones locales hablan de ´etnocidio´
"Somos testigos de un etnocidio en marcha. Este crimen es una tragedia humana, y una vergüenza para Paraguay frente a los ojos del mundo – y solo parará si los responsables son detenidos y castigados", denuncian, según Survival, Gladys Casaccia y Jorge Vera, de GAT.
El director de Survival International, Stephen Corry, insiste en que Carlos Casado "ha actuado de manera ilegal, e irresponsable, al talar una zona de bosque que es parte de la tierra ancestral de los indígenas ayoreos".
Un estudio de los agoreros realizado por Survival señala que viven en pequeñas comunidades, cultivan calabazas, habas y melones en la tierra arenosa y cazan en el bosque. Las grandes tortugas, los cerdos salvajes y la abundante miel silvestre son comidas muy preciadas para ellos, de forma que la destrucción del bosque que habitan amenazaría seriamente su supervivencia.
Intento de engaño a los indígenas
Las denuncias locales sobre las supuestas intenciones destructivas de la empresa ganadera se remontan ya ha hace varios meses. En junio Survival International hizo público que habían intentado engañar a los ayoreos para que estos les permitieran construir una nueva carretera que habría partido el territorio de los indígenas por la mitad. La carretera habría recorrido el extremo norte de la propiedad de Carlos Casado.
La empresa está participada por el español Grupo San José, que, en declaraciones a ELMUNDO.es, se ha desvinculado de cualquier actividad que realice su filial, ya que "es una sociedad argentina en la que participamos como accionistas. La gestión diaria de la misma la lleva un equipo propio de Carlos Casado".
Stephen Corry, insiste, sin embargo, en la vinculación del Grupo San José con estos hechos: "Es asombroso descubrir que una de las empresas más grandes de España está envueltas en un comportamiento tan escandaloso (...) de seguir en sus trece, serán directamente responsables de la destrucción del corazón de la tierra de los ayoreos, una flagrante violación de la legislación paraguaya y de la normativa internacional".
sábado, 1 de septiembre de 2012
Romero deja tranquilo a pueblo Wehnayek
ás tranquilo quedó el pueblo wehnayek tras reunión con el ministro de gobierno; Carlos Romero, quien se comprometió a que la cancillería y el Instituto Nacional de reforma Agraria (INRA) trabajen en la solución de los problemas del Pilcomayo y el saneamiento de Tierras.
Moisés Zapirenda, Capitán Grande de los wehnayeks señaló; en conversación telefónica con "El País", que el ministro ya dispuso que los ejecutivos seccionales, tanto de Yacuiba como de Villa Montes, se encarguen del dragado del río Pilcomayo con cada una de las anfibio-excavadoras que poseen. “El único problema es que ni Paraguay ni Argentina quieren que se realice el dragado en la parte del río que corresponde a sus límites”, apuntó Zapirenda. Carlos Romero se ha comprometido a que la cancillería se movilice en ello en el transcurso de la siguiente semana.
Por otra parte, el pueblo wehnayek está preocupado porque en más de 20 años no se ha realizado el saneamiento de tierras a favor de él. “Somos gente humilde, tenemos mucha paciencia, pero un día se puede acabar” dijo el Capitán Grande en tono reflexivo. Romero también se comprometió a que; tras llegar a La Paz, conversaría con los encargados del INRA, para que instruyan al encargado de estas oficinas en Tarija, un mayor acercamiento a la problemática de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de este pueblo.
La salud fue otro tema tratado en la reunión que se inició a las 6:00 p.m. y concluyó cerca las 8:15 p.m.. El ministro Romero prometió, según Zapirenda, la entrega de una ambulancia para el pequeño hospital de Capirendita.
Todo lo negociado en la reunión debe ser diligenciado en el transcurso de la semana, según habría indicado Romero a Zapirenda.
Moisés Zapirenda, Capitán Grande de los wehnayeks señaló; en conversación telefónica con "El País", que el ministro ya dispuso que los ejecutivos seccionales, tanto de Yacuiba como de Villa Montes, se encarguen del dragado del río Pilcomayo con cada una de las anfibio-excavadoras que poseen. “El único problema es que ni Paraguay ni Argentina quieren que se realice el dragado en la parte del río que corresponde a sus límites”, apuntó Zapirenda. Carlos Romero se ha comprometido a que la cancillería se movilice en ello en el transcurso de la siguiente semana.
Por otra parte, el pueblo wehnayek está preocupado porque en más de 20 años no se ha realizado el saneamiento de tierras a favor de él. “Somos gente humilde, tenemos mucha paciencia, pero un día se puede acabar” dijo el Capitán Grande en tono reflexivo. Romero también se comprometió a que; tras llegar a La Paz, conversaría con los encargados del INRA, para que instruyan al encargado de estas oficinas en Tarija, un mayor acercamiento a la problemática de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de este pueblo.
La salud fue otro tema tratado en la reunión que se inició a las 6:00 p.m. y concluyó cerca las 8:15 p.m.. El ministro Romero prometió, según Zapirenda, la entrega de una ambulancia para el pequeño hospital de Capirendita.
Todo lo negociado en la reunión debe ser diligenciado en el transcurso de la semana, según habría indicado Romero a Zapirenda.
Indígenas realizan una consulta paralela
La dirigencia de los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera por el corazón del Tipnis inició una “consulta paralela” en varias comunidades del lugar. Ayer un grupo de dirigentes de la subcentral, exrepresentantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y dirigentes de la Central de Pueblo Étnicos Mojeños de Beni (Cpemb) comenzaron su ingreso desde Gundonovia a las diferentes comunidades que se encuentran en el Sécure, Isiboro e Ichoa, donde aún no ingresaron los funcionarios públicos que realizan la consulta gubernamental.
El presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas, informó que están partiendo a la comunidad Santa María, donde se reunirán todas las comisiones que se formaron en la novena marcha indígena para conocer sus criterios sobre la carretera y dar un informe sobre el trabajo que desarrollaron hasta el momento, luego seguirán su trayecto por otras comunidades.
“Es una visita informativa, comunidad por comunidad, pero además, también, escuchar el posicionamiento de las comunidades (sobre la construcción de la carretera por el territorio), como por ejemplo (así como pasó) en la comunidad en Gundonovia”, declaró Vargas.
Aducen que proceso consultivo es anormal. A su vez, el representante indígena, Youcy Fabricano denunció que las brigadas del Gobierno están llevando adelante un irregular proceso de consulta al interior del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), excluyendo a familias de la consulta o contabilizando comunidades que no existen.
"En la comunidad de puerto San Lorenzo ha entrado una comisión y han hecho la consulta a dos familias y van decir que ya han hecho la consulta a todos", afirmó el dirigente en declaraciones a Fides y rechazó las declaraciones del Gobierno, que asegura que hay un avance, situación que, recalcó, no es cierta.
El presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas, informó que están partiendo a la comunidad Santa María, donde se reunirán todas las comisiones que se formaron en la novena marcha indígena para conocer sus criterios sobre la carretera y dar un informe sobre el trabajo que desarrollaron hasta el momento, luego seguirán su trayecto por otras comunidades.
“Es una visita informativa, comunidad por comunidad, pero además, también, escuchar el posicionamiento de las comunidades (sobre la construcción de la carretera por el territorio), como por ejemplo (así como pasó) en la comunidad en Gundonovia”, declaró Vargas.
Aducen que proceso consultivo es anormal. A su vez, el representante indígena, Youcy Fabricano denunció que las brigadas del Gobierno están llevando adelante un irregular proceso de consulta al interior del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), excluyendo a familias de la consulta o contabilizando comunidades que no existen.
"En la comunidad de puerto San Lorenzo ha entrado una comisión y han hecho la consulta a dos familias y van decir que ya han hecho la consulta a todos", afirmó el dirigente en declaraciones a Fides y rechazó las declaraciones del Gobierno, que asegura que hay un avance, situación que, recalcó, no es cierta.
Wilmar Cardozo La ampliación del Tipnis es ilegal
Después de que la Comisión de la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves en sus estaciones grande y en detalle el proyecto de Ley de Ampliación a la Consulta del Tipnis, el diputado de Tarija por Convergencia Nacional, Wilmar Cardozo, quien estuvo de visita por la ciudad de Santa Cruz, a tiempo de rechazar la medida, dijo que fue una acción inconstitucional, abusiva y arbitraria la modificación que realizó el Gobierno. Añadió que la ley muere el día que cumple su plazo, o sea, el 7 de septiembre; por lo tanto, la ampliación de la consulta al Tipnis es un abuso de los ministerios de Obras Públicas, de Medio Ambiente y del Tribunal Supremo Electoral, a quienes no descartó iniciarles un proceso penal.
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