La Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (Canob), se viene organizando con el fin de llegar a ser una regional para poder afiliarse en forma independiente a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), informó su vicepresidente Rubén Picaneray Chiqueno.
Explicó que los pueblos ayoreos se están organizando en dos subcentrales en el departamento de Santa Cruz, la primera en la provincia Ñuflo de Chávez y la segunda en la provincia Germán Busch.
El dirigente expresó que por ahora los ayoreos están afiliados a la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y ésta a su vez a la Cidob, pero con la nueva estructura organizativa se pretenden ser una organización indígena regional totalmente independiente.
Picaneray manifestó que están esperando una invitación formal o una convocatoria directa para ver si asisten o no a la V Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que se realizará del 15 al 16 de agosto en la comunidad Las Brechas del municipio de Charagua, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
jueves, 9 de agosto de 2012
Existe orden de aprehensión contra dirigentes por oponerse a la consulta
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, anunció que existe una orden de aprehensión en contra de los principales dirigentes de la novena marcha que se oponen al proceso de consulta y movilizaron a sus bases para organizar los puntos de resistencia en regiones del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El actual presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, sostuvo que el aparato estatal no actúa de acuerdo a los procedimientos legales correspondientes, además que vulnera nuevamente los derechos de los pueblos originarios.
“Primero hay que ser coherentes con las normativas de nuestro país, con la Constitución Política del Estado (CPE) y si el Ministro de Obras Públicas, se ve impedido de navegar por el río, es porque así lo han determinado los propios pueblos quienes habitan el Tipnis”, afirmó.
Chávez aseguró que aunque el Ejecutivo intente “obligar” a los habitantes de Tierras Bajas a aceptar la división del parque Tipnis, con la consolidación de la vía, los comunarios no lo permitirán.
Por su parte, el exejecutivo de esta organización, Marcial Fabricano, manifestó no haber recibido ninguna notificación anticipada respecto a este recurso legal interpuesto por el Ejecutivo, en su contra, y calificó el accionar de éste como “una persecución”.
“Para mí, esto es absolutamente nuevo, son los atropellos que estamos viviendo en nuestro país, por defender nuestros derechos, por marcar la diferencia en el desarrollo de las políticas de este país. Nos sentimos amenazados por esta situación de inseguridad”, señaló.
De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, esta orden de aprehensión habría sido interpuesta hace una semana, debido a los factores que han impedido que las brigadas gubernamentales y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ingresen a Gundonovia, región que hasta la fecha no pudo ser consultada y que es el centro de la denominada resistencia.
“Hemos tenido algunos problemas en Gundonovia, hay un grupo de activistas y de exdirigentes del Tipnis, que no permiten la entrada. Pero no es la comunidad de Gundonovia, son personas externas. Hablamos de Fernando Moye, Marcial Fabricano, Fernando Vargas”, dijo.
El titular de esta cartera de Estado añadió que otros dirigentes, incluyendo al presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, por otros presuntos delitos, como la presunta realización de contratos ilegales para extracción de madera del parque Tipnis.
“En este caso corresponde actuar a los fiscales, que yo sepa son dos o tres que tienen mandamiento de aprensión y se tienen que presentar en la Fiscalía”, señaló.
Asimismo, informó que 19 comunidades, a excepción de San Miguelito, aceptaron la construcción de la carretera Cochabamba- Beni y que además rechazan la aplicación del concepto de intangibilidad en la región.
Al respecto, el corregidor de Gundonovia, Simón Noza, indicó que las comunidades de Santa Lucía y San Bernabé, entre otras, definieron, después de una reunión, enmallar los puntos de acceso del río Sécure a las regiones del parque.
“Esas son las medidas para que no entren los funcionarios del Gobierno para la consulta, así como en San Lorenzo, se ha instalado una vigilia permanente para que no se permita el aterrizaje de las avionetas. Ahí están todos los hermanos corregidores, las autoridades del Tipnis haciendo la resistencia”, agregó Noza.
El actual presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, sostuvo que el aparato estatal no actúa de acuerdo a los procedimientos legales correspondientes, además que vulnera nuevamente los derechos de los pueblos originarios.
“Primero hay que ser coherentes con las normativas de nuestro país, con la Constitución Política del Estado (CPE) y si el Ministro de Obras Públicas, se ve impedido de navegar por el río, es porque así lo han determinado los propios pueblos quienes habitan el Tipnis”, afirmó.
Chávez aseguró que aunque el Ejecutivo intente “obligar” a los habitantes de Tierras Bajas a aceptar la división del parque Tipnis, con la consolidación de la vía, los comunarios no lo permitirán.
Por su parte, el exejecutivo de esta organización, Marcial Fabricano, manifestó no haber recibido ninguna notificación anticipada respecto a este recurso legal interpuesto por el Ejecutivo, en su contra, y calificó el accionar de éste como “una persecución”.
“Para mí, esto es absolutamente nuevo, son los atropellos que estamos viviendo en nuestro país, por defender nuestros derechos, por marcar la diferencia en el desarrollo de las políticas de este país. Nos sentimos amenazados por esta situación de inseguridad”, señaló.
De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, esta orden de aprehensión habría sido interpuesta hace una semana, debido a los factores que han impedido que las brigadas gubernamentales y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ingresen a Gundonovia, región que hasta la fecha no pudo ser consultada y que es el centro de la denominada resistencia.
“Hemos tenido algunos problemas en Gundonovia, hay un grupo de activistas y de exdirigentes del Tipnis, que no permiten la entrada. Pero no es la comunidad de Gundonovia, son personas externas. Hablamos de Fernando Moye, Marcial Fabricano, Fernando Vargas”, dijo.
El titular de esta cartera de Estado añadió que otros dirigentes, incluyendo al presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, por otros presuntos delitos, como la presunta realización de contratos ilegales para extracción de madera del parque Tipnis.
“En este caso corresponde actuar a los fiscales, que yo sepa son dos o tres que tienen mandamiento de aprensión y se tienen que presentar en la Fiscalía”, señaló.
Asimismo, informó que 19 comunidades, a excepción de San Miguelito, aceptaron la construcción de la carretera Cochabamba- Beni y que además rechazan la aplicación del concepto de intangibilidad en la región.
Al respecto, el corregidor de Gundonovia, Simón Noza, indicó que las comunidades de Santa Lucía y San Bernabé, entre otras, definieron, después de una reunión, enmallar los puntos de acceso del río Sécure a las regiones del parque.
“Esas son las medidas para que no entren los funcionarios del Gobierno para la consulta, así como en San Lorenzo, se ha instalado una vigilia permanente para que no se permita el aterrizaje de las avionetas. Ahí están todos los hermanos corregidores, las autoridades del Tipnis haciendo la resistencia”, agregó Noza.
Viceministerio advierte que tres pueblos están en vías de extinción
La viceministra de Justicia Indígena Campesina, Isabel Ortega, informó que tres de 43 pueblos de tierras bajas del país están en vías de extinción, mientras que siete se encuentran en situación crítica al estar sumidas en la pobreza y 19 no fueron contactadas.
Ortega explicó que pese a no contar con el número exacto de habitantes los pueblos: Pacahura, Yaminahua y Machineri, que se encuentran en el departamento de Pando, desaparecerán porque “son pocos”.
“Ahorita en extinción estarían los Machineri, Pacahura y Yaminahua, los demás están viviendo en pésimas condiciones”, señaló Ortega a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
La autoridad explicó que sólo tienen el reporte de la existencia de nueve indígenas Pacahuara y que 50 se fueron a vivir al Brasil, pero retornaron al país después de un breve tiempo porque no se acostumbraron a la comida del lugar.
Según Ortega, la incursión de empresas madereras en territorio indígena de Pando, para el aprovechamiento forestal, causó que los habitantes del lugar se marchen y con el tiempo reduzcan en su número, porque no lograron sobrevivir fuera de su habitad.
Pero también señaló que la falta de políticas de gobierno pasados a favor de los indígenas provocó que permanezcan en el olvido y en medio de varias necesidades como la falta de salud y educación.
“Han entrado madereros, empresarios y algunos (indígenas) han muerto por ahí, cuentan. Las empresas los han hecho escapar con tiroteos, dinamitas; los mejores lugares se lo han agarrado las empresas, los madereros”, indicó.
El Viceministerio de Justicia Indígena Campesina trabajó en 2011 en una propuesta de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y no Contactados, que quedó paralizado por falta de presupuesto.
Isabel Ortega explicó que no cuentan con recursos para hacer los viajes para contactar a los pueblos que son nómadas y conocer la situación de aquellos que llegarán a desaparecer.
Indicó que la propuesta fue socializada con la Central de Pueblos Indígenas de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) y otras regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
En las visitas que se lograron hacer a Cochabamba se conoció la realidad del pueblo Yuqui, que dijo Ortega se encuentra fuertemente afectado por enfermedades como la tuberculosos, debido a la mala alimentación. Otra estado preocupante es el de los araonas, añadió.
Ortega explicó que pese a no contar con el número exacto de habitantes los pueblos: Pacahura, Yaminahua y Machineri, que se encuentran en el departamento de Pando, desaparecerán porque “son pocos”.
“Ahorita en extinción estarían los Machineri, Pacahura y Yaminahua, los demás están viviendo en pésimas condiciones”, señaló Ortega a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
La autoridad explicó que sólo tienen el reporte de la existencia de nueve indígenas Pacahuara y que 50 se fueron a vivir al Brasil, pero retornaron al país después de un breve tiempo porque no se acostumbraron a la comida del lugar.
Según Ortega, la incursión de empresas madereras en territorio indígena de Pando, para el aprovechamiento forestal, causó que los habitantes del lugar se marchen y con el tiempo reduzcan en su número, porque no lograron sobrevivir fuera de su habitad.
Pero también señaló que la falta de políticas de gobierno pasados a favor de los indígenas provocó que permanezcan en el olvido y en medio de varias necesidades como la falta de salud y educación.
“Han entrado madereros, empresarios y algunos (indígenas) han muerto por ahí, cuentan. Las empresas los han hecho escapar con tiroteos, dinamitas; los mejores lugares se lo han agarrado las empresas, los madereros”, indicó.
El Viceministerio de Justicia Indígena Campesina trabajó en 2011 en una propuesta de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y no Contactados, que quedó paralizado por falta de presupuesto.
Isabel Ortega explicó que no cuentan con recursos para hacer los viajes para contactar a los pueblos que son nómadas y conocer la situación de aquellos que llegarán a desaparecer.
Indicó que la propuesta fue socializada con la Central de Pueblos Indígenas de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) y otras regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
En las visitas que se lograron hacer a Cochabamba se conoció la realidad del pueblo Yuqui, que dijo Ortega se encuentra fuertemente afectado por enfermedades como la tuberculosos, debido a la mala alimentación. Otra estado preocupante es el de los araonas, añadió.
150 fotos muestran la vida de los Guarayos
Ayer, a las 18.30 , en el Centro Cultura de España en La Paz, se realizó la entrega de la colección “Una muestra para dar a conocer la historia de los Guarayos”.
Un total de 150 fotografías de la mano de la historiadora española Pilar García Jordán, forman parte de la donación a cargo de la Embajada de España en Bolivia.
Un total de 150 fotografías de la mano de la historiadora española Pilar García Jordán, forman parte de la donación a cargo de la Embajada de España en Bolivia.
Indígenas piden al fiscal esclarecer caso Chaparina
El secretario de Justicia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Ángel Yubanore, demandó al fiscal general del Estado, Mario Uribe, esclarecer la represión policial a la VIII marcha en defensa del Tipnis el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina.
Indicó que antes de estar amenazando con procesos a los dirigentes e indígenas de base de las comunidades del Tipnis, la principal autoridad del Ministerio Público debería instruir a los fiscales del caso Chaparina celeridad en las investigaciones.
Por otro lado, la dirigente de la central de mujeres de pueblos indígenas del Beni, Miriam Yubanore, informó que ya suman 50 las comunidades dentro del Tipnis que resisten a la consulta. Aseguró que no permitirán el ingreso de los brigadistas./
Indicó que antes de estar amenazando con procesos a los dirigentes e indígenas de base de las comunidades del Tipnis, la principal autoridad del Ministerio Público debería instruir a los fiscales del caso Chaparina celeridad en las investigaciones.
Por otro lado, la dirigente de la central de mujeres de pueblos indígenas del Beni, Miriam Yubanore, informó que ya suman 50 las comunidades dentro del Tipnis que resisten a la consulta. Aseguró que no permitirán el ingreso de los brigadistas./
miércoles, 8 de agosto de 2012
Poblaciones Indígenas mañana celebrarán “día internacional”
Mañana en la Plaza Mayor de San Francisco se desarrollará la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la participación de grupos musicales, exposición de fotografías, debate y un apthapi o comida comunitaria, según informó la representación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas en Bolivia.
Esta institución, cuyo representante es el dirigente Rafael Quispe, viene acompañando la lucha de los pueblos indígenas de Tierras Bajas en el caso del Tipnis y la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Asimismo, Amnistía Internacional emitió un informe que analiza el incumplimiento de los gobiernos de la región al momento de realizar la consulta previa estipulada por organizaciones y jurisdicción internacional.
“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
“El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain.
Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.
Esta institución, cuyo representante es el dirigente Rafael Quispe, viene acompañando la lucha de los pueblos indígenas de Tierras Bajas en el caso del Tipnis y la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Asimismo, Amnistía Internacional emitió un informe que analiza el incumplimiento de los gobiernos de la región al momento de realizar la consulta previa estipulada por organizaciones y jurisdicción internacional.
“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
“El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain.
Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.
Los Indígenas efectuarán acciones a nivel internacional Rechazan Acción Popular contra la ley 222
La Sala de Tribunal de Justicia de La Paz, responsable de resolver la acción popular entablada en contra de los ministros de Obras Públicas y de Medio Ambiente, por llevar a cabo la consulta determinada por la Ley 222, fue rechazada ayer bajo el argumento de que la demanda se efectuó por una vía impropia.
La acción popular, establecida en contra de los ministros Vladimir Sánchez y Felipe Quispe Quenta, fue iniciada el 27 de julio por el exmallku de la Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu) Rafael Quispe bajo el argumento de violaciones a los derechos humanos de un colectivo, como son las personas que viven en el TIPNIS.
Quispe señaló que la decisión del tribunal es un resultado esperado, considerando que ya se rechazó anteriormente el amparo constitucional, presentado en contra de la Ley 222 por el presidente de la Subcentral indígena del TIPNIS Fernanado Vargas.
Sin embargo, Quispe dijo que se agotarán todas las instancias necesarias para continuar con la lucha para evitar la destrucción del parque nacional.
Otras instancias. A su turno, el diputado indígena Pedro Nuni señaló que al no haber una justicia imparcial en Bolivia, se recurrirá a instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) u otras. “La base de la demanda que se podría presentar será el de violación a los derechos humanos e indígenas”.
El vocero de los indígenas del TIPNIS, Reynaldo Flores, denunció que la consulta que se efectúa hasta la fecha es irregular, pues se lleva a cabo en forma reservada y sin fiscalización.
La acción popular, establecida en contra de los ministros Vladimir Sánchez y Felipe Quispe Quenta, fue iniciada el 27 de julio por el exmallku de la Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu) Rafael Quispe bajo el argumento de violaciones a los derechos humanos de un colectivo, como son las personas que viven en el TIPNIS.
Quispe señaló que la decisión del tribunal es un resultado esperado, considerando que ya se rechazó anteriormente el amparo constitucional, presentado en contra de la Ley 222 por el presidente de la Subcentral indígena del TIPNIS Fernanado Vargas.
Sin embargo, Quispe dijo que se agotarán todas las instancias necesarias para continuar con la lucha para evitar la destrucción del parque nacional.
Otras instancias. A su turno, el diputado indígena Pedro Nuni señaló que al no haber una justicia imparcial en Bolivia, se recurrirá a instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) u otras. “La base de la demanda que se podría presentar será el de violación a los derechos humanos e indígenas”.
El vocero de los indígenas del TIPNIS, Reynaldo Flores, denunció que la consulta que se efectúa hasta la fecha es irregular, pues se lleva a cabo en forma reservada y sin fiscalización.
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