La Gobernación Departamental de La Paz realizó ayer en la mañana un ritual andino de ofrenda a la Pachamama como parte del programa de actos agendados para recordar los 203 años de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809, en la plaza Murillo.
El acto estuvo presidido por el gobernador César Cocarico, el senador Eugenio Rojas, el ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Rubén Paz, autoridades departamentales, además de organizaciones sociales y campesinas.
El evento comenzó con la iza de la bandera nacional, la wiphala y la de La Paz, a cargo del regimiento Colorados de Bolivia. Un grupo de amautas realizó la ceremonia, y cuando finalizó, un grupo de sicuris amenizó el ritual, al ritmo de sones andinos.
“Es bueno pedir a las divinidades y Dios mismo que nos acompañen en estos festejos, que se prolongue en todo el año y nosotros como autoridades siempre con la mentalidad de hacer gestión, comenzando con el mes de julio para toda la población”, afirmó el gobernador Cocarico.
La autoridad departamental destacó la cantidad de obras que se entregarán en toda la región, como ser el asfaltado del camino Tito Yupanqui, el camino a Palca. También citó la entrega de proyectos de agua, proyectos de electrificación y de la terminal de buses para la localidad turística de Copacabana.
lunes, 2 de julio de 2012
domingo, 1 de julio de 2012
Indígenas sufren tres veces más hambre que resto de población, denuncia FAO
Los indígenas de América Latina sufren tres veces más hambre que el resto de la población, denuncia el nuevo responsable regional de la FAO, Raúl Benítez, quien llama la atención de los Gobiernos para "trabajar aceleradamente" en la erradicación de esta lacra.
"Estamos en condiciones de disminuir la inseguridad alimentaria de manera importante en los próximos dos o tres años", asegura este economista nacido en San Juan (Argentina) en 1961 y que desde hace dos semanas está cargo de la oficinal regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Benítez, quien sustituye en el cargo al brasileño José Graziano, actual director general del organismo, piensa que en este momento el sistema financiero está más orientado para darle préstamos a las grandes empresas, "mientras que el pequeño productor no puede pasar ni por la puerta del banco".
"De persistir en este modelo, se pueda agrandar la brecha", advierte Benítez en una entrevista con Efe.
Por primera vez en la historia, la humanidad tiene capacidad para acabar con el hambre en el mundo; sin embargo, la crisis económica puede debilitar el esfuerzo de los Gobiernos.
"Si analizamos la capacidad de producción, no debería haber hambre, y sin embargo mil millones de personas la sufren en todo el mundo y 50 millones en la región".
Esto tiene que ver con la dificultad para acceder a los alimentos y con una pésima distribución del ingreso, especialmente en América Latina y el Caribe.
"Este tema tiene que estar permanentemente en la agenda de los Gobiernos y de la sociedad. Un mundo sin hambre sería mejor para todos, con economías equitativas y un mejor comercio. El hambre no es sólo un problema de quienes la padecen".
Al respecto, la región cuenta con una herramienta muy útil: la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, que a siete años de su puesta en marcha ha tenido efectos muy positivos.
Todos los Gobiernos de la región participan actualmente en la Iniciativa y han implicado también a los parlamentos, lo cual garantiza su continuidad, por encima de los cambios políticos.
"Esto permite aunar voluntades, no solo legislar sobre el derecho a la alimentación sino que en los presupuestos haya las partidas suficientes para la seguridad alimentaria", indica Raúl Benítez.
En cuanto a la proyección de la inflación alimentaria para este año, el representante de la FAO señala que "desde mayo se viene produciendo una disminución en el precio de los alimentos y hay algunas pautas que hacen presumir que esta tendencia se puede afirmar".
"Esto es bueno para algunos, porque les permite mayor acceso a los alimentos, pero también afecta a la rentabilidad de los productores", puntualizó Benítez, quien advirtió además de que "a veces el precio baja para el productor, pero no para el consumidor".
A lo largo de su trayectoria profesional, este economista ha mostrado una especial sensibilidad hacia la situación en las comunidades indígenas.
"En toda la región las comunidades indígenas tienen una prevalencia de la inseguridad alimentaria tres veces superior a la del resto. Esto supone un llamado de atención muy fuerte, algo estamos haciendo mal", alerta.
La precariedad del trabajo de las mujeres en el medio rural es otro de los temas cruciales en la lucha contra la inseguridad alimentaria.
"Por lo general son las mujeres las que se encargan de tener el pan en la mesa todos los días. Ellas cumplen un rol fundamental en la lucha contra el hambre".
Pero ocurre además que "las oportunidades futuras de los hijos dependen fundamentalmente del grado de capacitación de las madres", explica.
Al trazar un mapa de las principales necesidades de la región, la atención de la FAO se centra en Haití, un país que es considerado "una emergencia permanente", aunque también hay problemas "en algunos lugares de Centroamérica, Paraguay, Bolivia y Ecuador".
Benítez se muestra optimista respecto a la sensibilidad de los Gobiernos latinoamericanos en relación con el cambio climático.
Las cumbres y conferencias regionales ponen de manifiesto que existe preocupación para desarrollar "una agricultura más verde no sólo para adaptarse al cambio climático, sino también para mitigar sus efectos".
El aprovechamiento de la biomasa para producir energía, un uso más racional del agua y la recuperación de cultivos tradicionales son algunas de las prácticas para impulsar una agricultura más eficiente.
La bonanza económica que vive en los últimos años América Latina, en contraste con la severidad de la crisis en las economías desarrolladas, "es una oportunidad para el futuro productivo de la región y para rescatar a más personas de la pobreza", concluye el nuevo director de la FAO.
"Estamos en condiciones de disminuir la inseguridad alimentaria de manera importante en los próximos dos o tres años", asegura este economista nacido en San Juan (Argentina) en 1961 y que desde hace dos semanas está cargo de la oficinal regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Benítez, quien sustituye en el cargo al brasileño José Graziano, actual director general del organismo, piensa que en este momento el sistema financiero está más orientado para darle préstamos a las grandes empresas, "mientras que el pequeño productor no puede pasar ni por la puerta del banco".
"De persistir en este modelo, se pueda agrandar la brecha", advierte Benítez en una entrevista con Efe.
Por primera vez en la historia, la humanidad tiene capacidad para acabar con el hambre en el mundo; sin embargo, la crisis económica puede debilitar el esfuerzo de los Gobiernos.
"Si analizamos la capacidad de producción, no debería haber hambre, y sin embargo mil millones de personas la sufren en todo el mundo y 50 millones en la región".
Esto tiene que ver con la dificultad para acceder a los alimentos y con una pésima distribución del ingreso, especialmente en América Latina y el Caribe.
"Este tema tiene que estar permanentemente en la agenda de los Gobiernos y de la sociedad. Un mundo sin hambre sería mejor para todos, con economías equitativas y un mejor comercio. El hambre no es sólo un problema de quienes la padecen".
Al respecto, la región cuenta con una herramienta muy útil: la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, que a siete años de su puesta en marcha ha tenido efectos muy positivos.
Todos los Gobiernos de la región participan actualmente en la Iniciativa y han implicado también a los parlamentos, lo cual garantiza su continuidad, por encima de los cambios políticos.
"Esto permite aunar voluntades, no solo legislar sobre el derecho a la alimentación sino que en los presupuestos haya las partidas suficientes para la seguridad alimentaria", indica Raúl Benítez.
En cuanto a la proyección de la inflación alimentaria para este año, el representante de la FAO señala que "desde mayo se viene produciendo una disminución en el precio de los alimentos y hay algunas pautas que hacen presumir que esta tendencia se puede afirmar".
"Esto es bueno para algunos, porque les permite mayor acceso a los alimentos, pero también afecta a la rentabilidad de los productores", puntualizó Benítez, quien advirtió además de que "a veces el precio baja para el productor, pero no para el consumidor".
A lo largo de su trayectoria profesional, este economista ha mostrado una especial sensibilidad hacia la situación en las comunidades indígenas.
"En toda la región las comunidades indígenas tienen una prevalencia de la inseguridad alimentaria tres veces superior a la del resto. Esto supone un llamado de atención muy fuerte, algo estamos haciendo mal", alerta.
La precariedad del trabajo de las mujeres en el medio rural es otro de los temas cruciales en la lucha contra la inseguridad alimentaria.
"Por lo general son las mujeres las que se encargan de tener el pan en la mesa todos los días. Ellas cumplen un rol fundamental en la lucha contra el hambre".
Pero ocurre además que "las oportunidades futuras de los hijos dependen fundamentalmente del grado de capacitación de las madres", explica.
Al trazar un mapa de las principales necesidades de la región, la atención de la FAO se centra en Haití, un país que es considerado "una emergencia permanente", aunque también hay problemas "en algunos lugares de Centroamérica, Paraguay, Bolivia y Ecuador".
Benítez se muestra optimista respecto a la sensibilidad de los Gobiernos latinoamericanos en relación con el cambio climático.
Las cumbres y conferencias regionales ponen de manifiesto que existe preocupación para desarrollar "una agricultura más verde no sólo para adaptarse al cambio climático, sino también para mitigar sus efectos".
El aprovechamiento de la biomasa para producir energía, un uso más racional del agua y la recuperación de cultivos tradicionales son algunas de las prácticas para impulsar una agricultura más eficiente.
La bonanza económica que vive en los últimos años América Latina, en contraste con la severidad de la crisis en las economías desarrolladas, "es una oportunidad para el futuro productivo de la región y para rescatar a más personas de la pobreza", concluye el nuevo director de la FAO.
Los pueblos indígenas de Tarija carecen de proyectos productivos
Desde que se instaló la Asamblea Legislativa Departamental y la Asamblea Regional del Chaco, los pueblos indígenas han logrado una mayor inclusión, pues tienen espacios en ambas entidades. Sin embargo, esos espacios no se han sabido aprovechar, pues hasta la fecha no se conocen leyes de impacto para los pueblos originarios del departamento de Tarija.
Los legisladores indígenas departamentales y regionales de Tarija no presentan proyectos productivos a favor de la población de su región, con la finalidad de mejorar la situación económica y dejar de depender de labores como la pesca, que desde hace dos años se ha visto afectada por la escasez de peces en el río Pilcomayo.
Dentro de la Asamblea Departamental fueron presentados, en dos años, sólo cinco proyectos de ley a favor de los pueblos indígenas, sin embargo, ninguno de ellos destinado a planes de fomento a la producción o de generación de fuentes de empleo para los pobladores de esa zona.
En el caso de la Asamblea Regional del Chaco, según el legislador indígena, Roberto Carema, ninguno de los miembros de esa entidad presentó proyectos a favor de la población de su región, que quedó sin fuente de trabajo por la problemática del río Pilcomayo.
Informó que sólo representantes del pueblo Weenhayek presentaron una solicitud para que se les apoye con recursos económicos destinados a la compra de víveres, por tanto, fueron asignados un millón novecientos cincuenta mil bolivianos.
El asambleísta departamental de la bancada indígena, Vicente Ferreira, por su parte, también dijo que no fueron presentados proyectos para mejorar la situación económica de los pobladores que en años anteriores tenían como fuente de ingreso económico, la venta de pescado.
Aseguró que en los siguientes días se reunirá con los miembros de su bancada para analizar proyectos a favor de los indígenas.
Los legisladores de la Asamblea Regional y la Departamental, según Carema, no coordinan entre ellos para gestionar o canalizar recursos a favor de los indígenas de Tarija.
Proyectos presentados en la Asamblea Departamental:
De los únicos cinco proyectos presentados por legisladores de la Asamblea Departamental, cuatro pertenecen a los de la bancada indígena y uno a Camino al Cambio (CC), pero ninguno de ellos hace referencia a proyectos productivos.
Uno de esos proyectos de leyes es el de “Reconocimiento y declaración del Arete Guasu del Pueblo Guaraní como patrimonio cultural tangible e intangible del departamento de Tarija”, que fue presentado por Justino Zambrana.
Antonio Tato y Vicente Ferreira presentaron el proyecto denominado, “Ley del fondo indígena del departamento de Tarija”, cuyo objetivo es el de financiar planes a ser ejecutados en los pueblos Guaraní, Tapiete y Weenhayek.
Otra de las propuestas que hizo Ferreira es la “Ley para la construcción y equipamiento de la posta de salud para el pueblo indígena Tapiete del departamento de Tarija”.
Además Ferreira propuso la “Ley de protección y reconocimiento a la lucha del pueblo indígena Tapiete del departamento de Tarija”.
Mientras que la asambleísta de CC, Zulema Saracho, propuso la “Ley departamental de fundación de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG Itika Guasu”, cuya creación será recordada cada 23 de marzo.
elAPUNTE:
Proyectos evitarían la migración de indígenas
VIRGINIA VELASQUEZ PERALES / EL NACIONAL
La falta de fuentes de empleo para los pobladores afectados por la problemática del río Pilcomayo, provocó que familias de esa zona migren a países vecinos como Argentina, en busca de trabajo.
El asambleísta Antonio Tato, en una entrevista en días pasados, dijo que tiene conocimiento de familias que salieron de la zona, aunque no especificó el número de éstas, por la falta de fuentes de ingresos económicos.
Ante esa situación, el asambleísta pidió a los técnicos de la Organización de la Capitanía del Pueblo Weenhayek de Tarija Orcaweta, que presenten proyectos que eviten la migración de indígenas a países vecinos, en busca de fuentes laborales.
Dijo que hay recursos en el departamento, pero para que sean aprovechados debe haber proyectos a gestionarse en la Asamblea Legislativa.
Sólo hubo promesas para salvar al Pilcomayo y hasta ahora, según Tato, no fue enviada la maquinaria para el dragado del río.
Cabe recordar que hace cerca de dos años, el río Pilcomayo sufrió la desviación de sus aguas, debido a la ejecución de un proyecto agrícola, lo que produjo que escasearan los cardúmenes y los indígenas fueran afectados.
losDATOS;
No hay coordinación de trabajos entre legisladores de la Asamblea Regional y Departamental
Destinan poco más de cinco millones de bolivianos para la compra de víveres
Los legisladores indígenas departamentales y regionales de Tarija no presentan proyectos productivos a favor de la población de su región, con la finalidad de mejorar la situación económica y dejar de depender de labores como la pesca, que desde hace dos años se ha visto afectada por la escasez de peces en el río Pilcomayo.
Dentro de la Asamblea Departamental fueron presentados, en dos años, sólo cinco proyectos de ley a favor de los pueblos indígenas, sin embargo, ninguno de ellos destinado a planes de fomento a la producción o de generación de fuentes de empleo para los pobladores de esa zona.
En el caso de la Asamblea Regional del Chaco, según el legislador indígena, Roberto Carema, ninguno de los miembros de esa entidad presentó proyectos a favor de la población de su región, que quedó sin fuente de trabajo por la problemática del río Pilcomayo.
Informó que sólo representantes del pueblo Weenhayek presentaron una solicitud para que se les apoye con recursos económicos destinados a la compra de víveres, por tanto, fueron asignados un millón novecientos cincuenta mil bolivianos.
El asambleísta departamental de la bancada indígena, Vicente Ferreira, por su parte, también dijo que no fueron presentados proyectos para mejorar la situación económica de los pobladores que en años anteriores tenían como fuente de ingreso económico, la venta de pescado.
Aseguró que en los siguientes días se reunirá con los miembros de su bancada para analizar proyectos a favor de los indígenas.
Los legisladores de la Asamblea Regional y la Departamental, según Carema, no coordinan entre ellos para gestionar o canalizar recursos a favor de los indígenas de Tarija.
Proyectos presentados en la Asamblea Departamental:
De los únicos cinco proyectos presentados por legisladores de la Asamblea Departamental, cuatro pertenecen a los de la bancada indígena y uno a Camino al Cambio (CC), pero ninguno de ellos hace referencia a proyectos productivos.
Uno de esos proyectos de leyes es el de “Reconocimiento y declaración del Arete Guasu del Pueblo Guaraní como patrimonio cultural tangible e intangible del departamento de Tarija”, que fue presentado por Justino Zambrana.
Antonio Tato y Vicente Ferreira presentaron el proyecto denominado, “Ley del fondo indígena del departamento de Tarija”, cuyo objetivo es el de financiar planes a ser ejecutados en los pueblos Guaraní, Tapiete y Weenhayek.
Otra de las propuestas que hizo Ferreira es la “Ley para la construcción y equipamiento de la posta de salud para el pueblo indígena Tapiete del departamento de Tarija”.
Además Ferreira propuso la “Ley de protección y reconocimiento a la lucha del pueblo indígena Tapiete del departamento de Tarija”.
Mientras que la asambleísta de CC, Zulema Saracho, propuso la “Ley departamental de fundación de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG Itika Guasu”, cuya creación será recordada cada 23 de marzo.
elAPUNTE:
Proyectos evitarían la migración de indígenas
VIRGINIA VELASQUEZ PERALES / EL NACIONAL
La falta de fuentes de empleo para los pobladores afectados por la problemática del río Pilcomayo, provocó que familias de esa zona migren a países vecinos como Argentina, en busca de trabajo.
El asambleísta Antonio Tato, en una entrevista en días pasados, dijo que tiene conocimiento de familias que salieron de la zona, aunque no especificó el número de éstas, por la falta de fuentes de ingresos económicos.
Ante esa situación, el asambleísta pidió a los técnicos de la Organización de la Capitanía del Pueblo Weenhayek de Tarija Orcaweta, que presenten proyectos que eviten la migración de indígenas a países vecinos, en busca de fuentes laborales.
Dijo que hay recursos en el departamento, pero para que sean aprovechados debe haber proyectos a gestionarse en la Asamblea Legislativa.
Sólo hubo promesas para salvar al Pilcomayo y hasta ahora, según Tato, no fue enviada la maquinaria para el dragado del río.
Cabe recordar que hace cerca de dos años, el río Pilcomayo sufrió la desviación de sus aguas, debido a la ejecución de un proyecto agrícola, lo que produjo que escasearan los cardúmenes y los indígenas fueran afectados.
losDATOS;
No hay coordinación de trabajos entre legisladores de la Asamblea Regional y Departamental
Destinan poco más de cinco millones de bolivianos para la compra de víveres
Gobierno ratifica que el 20 de julio arrancará consulta en el Tipnis
El Gobierno, a través del ministro Carlos Romero, ratificó este domingo que a partir del 20 de julio arrancará la consulta en el Tipnis sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Explicó que la consulta que costará 10 millones de bolivianos se realizará en las 63 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Sin embargo, los líderes de la novena marcha indígena que están en La Paz desde el pasado miércoles, aclararon que solo existen 48 comunidades en la jurisdicción del Tipnis y que las restantes 15 comunidades están en el área del "Polígono Siete" que están afiliados al Conisur.
"La consulta, si se hace, tiene que ser en las comunidades del Tipnis y no de sus vecinos", reiteró Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Tipnis.
Pero el gobierno precisó que 42 comunidades del Tipnis respaldan la consulta a los pueblos Mojeño-trinitario, chimán y yuracaré.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, se reunió el viernes con los corregidores de las 42 comunidades que apoyan la consulta previa.
El Tribunal Supremo Electoral en marzo pasado reportó que de acuerdo al mapa geográfico electoral existen 63 comunidades en el Tipnis que deberán participar de la llamada "consulta previa, libre e informada".
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 222 que fue promulgada el 10 de febrero pasado sobre la consulta a los pueblos del Tipnis para determinar la intagibilidad de la zona.
Pero el Tribunal Constitucional emitió en junio un fallo que obliga al gobierno y las organizaciones indígenas a consensuar la consulta previa en el Tipnis.
La novena marcha indígena que llegó el 27 de junio a La Paz exigen al gobierno de Evo Morales cumplir la Ley 180 que fija al Tipnis como área intangible, ley que se promulgó el 24 de octubre de 2011 tras la octava marcha que se oponía a la construcción de una carretera por el corazón de la reserva ecológica que está en la jurisdicción del departamento de Beni y Cochabamba.
Explicó que la consulta que costará 10 millones de bolivianos se realizará en las 63 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Sin embargo, los líderes de la novena marcha indígena que están en La Paz desde el pasado miércoles, aclararon que solo existen 48 comunidades en la jurisdicción del Tipnis y que las restantes 15 comunidades están en el área del "Polígono Siete" que están afiliados al Conisur.
"La consulta, si se hace, tiene que ser en las comunidades del Tipnis y no de sus vecinos", reiteró Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Tipnis.
Pero el gobierno precisó que 42 comunidades del Tipnis respaldan la consulta a los pueblos Mojeño-trinitario, chimán y yuracaré.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, se reunió el viernes con los corregidores de las 42 comunidades que apoyan la consulta previa.
El Tribunal Supremo Electoral en marzo pasado reportó que de acuerdo al mapa geográfico electoral existen 63 comunidades en el Tipnis que deberán participar de la llamada "consulta previa, libre e informada".
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 222 que fue promulgada el 10 de febrero pasado sobre la consulta a los pueblos del Tipnis para determinar la intagibilidad de la zona.
Pero el Tribunal Constitucional emitió en junio un fallo que obliga al gobierno y las organizaciones indígenas a consensuar la consulta previa en el Tipnis.
La novena marcha indígena que llegó el 27 de junio a La Paz exigen al gobierno de Evo Morales cumplir la Ley 180 que fija al Tipnis como área intangible, ley que se promulgó el 24 de octubre de 2011 tras la octava marcha que se oponía a la construcción de una carretera por el corazón de la reserva ecológica que está en la jurisdicción del departamento de Beni y Cochabamba.
Novena marcha indígena decide masificar vigilia
La presidenta de la IX marcha del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), Bertha Bejarano, anunció ayer la masificación de la vigilia instalada en cercanías de la plaza Murillo, porque hasta el momento el Gobierno no dio respuesta a sus demandas. Los más de 20 corregidores que llegaron con la IX marcha a la Sede de Gobierno, se reúnen en un lugar céntrico de la ciudad de La Paz para evaluar una respuesta a la “discriminación” y “marginamiento” de los que son víctimas por parte del presidente Evo Morales y sus ministros, quienes desconocen su representatividad. Erbol
Nadie consultó a los sarayaku
El pueblo sarayaku de Ecuador rechazó a una petrolera. La batalla continúa, no en la selva, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las avionetas tardan 25 minutos en llegar a la comunidad indígena ecuatoriana de Sarayaku desde Shell, la localidad más próxima. A mitad del trayecto se dejan ver caminos, viviendas o las calvas hechas en el bosque por la tala, y sólo queda el follaje bulboso de los árboles amazónicos, bajo el cual se adivinan colinas.
Cortan la uniformidad el trazo sinuoso de algunos ríos de aguas turbias, llenas de sedimentos, y las flores amarillas de un árbol que los indígenas llaman julunchi, el cual parece un náufrago brillante en un mar verde.
Hace una década, la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina entró en ese bosque con maquinaria y explosivos para explotar el crudo en su territorio, y el paisaje sería otro si los sarayaku no se hubieran movilizado contra el proyecto.
Aún libran la batalla, aunque ya no en la selva, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de su ámbito en América Latina. Ellos esperan que un fallo a su favor cree un precedente jurídico para toda la región.
Una sentencia esperada
Mario Melo, abogado de los sarayaku, cree que el dictamen podría tener efectos sobre operaciones polémicas como el proyecto minero Conga en Perú, la mina Marlin en Guatemala, la presa Belo Monte en Brasil y la presa en el departamento del Huila en Colombia. “Todo el continente está esperando esta sentencia”, afirmó.
Su demanda principal es que los gobiernos estén obligados a obtener el permiso de los pueblos indígenas antes de otorgar una concesión en su territorio a una empresa para una actividad extractiva o la aplicación de un proyecto de inversión en general. Eso es lo que no ocurrió en 1996, cuando el Ejecutivo ecuatoriano de aquella época dio a CGC los derechos para horadar el subsuelo del bosque de los sarayaku sin consultarlos o siquiera informarlos.
En 2002 entraron los empleados de la compañía, que talaron la selva para construir varios helipuertos con la protección de soldados ecuatorianos. Los sarayaku abandonaron sus casas y dejaron a los niños con abuelos o a cargo de hijos mayores, y se instalaron en “campamentos de paz” para proteger sus linderos. Pasaron siete meses fuera, durante los que ocurrieron algunos incidentes con los militares, aunque no hubo víctimas.
La compañía salió
Finalmente la compañía salió a la fuerza, pero dejó enterrados casi 1.500 kilogramos de pentolita, un explosivo usado para hacer estudios sísmicos que no llegó a detonar. Están en un área de 20 kilómetros cuadrados con forma de V, en la que los sarayaku ya no pueden entrar a cazar o a pescar, o a comunicarse con los espíritus de la naturaleza.
“Es como estar botando (tirando) un explosivo dentro de nuestra casa; los espacios, los territorios sagrados tienen vida, tienen espíritus, según nuestras costumbres”, afirmó Túpac Viteri, vicepresidente de la comunidad.
Sabino Gualinga, de 89 años, uno de los chamanes de los sarayaku, cree que el vínculo con espíritus como el yamasanga, el yashingo, el yacusupai y el jurijuri se ha debilitado debido a las intrusiones de la petrolera.
“Ninguno de los gobiernos, la gente que ha trabajado en el Estado, los presidentes, han nacido en esta tierra, la sangre de nuestros ancestros, la sangre que derramó mi madre cuando yo nací se encuentra en esta tierra. No queremos la explotación petrolera. Ellos no entienden eso”, dijo en kichwa, traducido por su hija, Patricia Gualinga.
Aunque la entrada de los empleados de CGC y de los militares a Sarayaku ocurrió durante el mandato del presidente Lucio Gutiérrez, el Gobierno de su sucesor, el izquierdista Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones de los indígenas en el proceso ante la Corte Interamericana.
Eso cambió el pasado 21 de abril, cuando Alexis Mera, asesor jurídico de Correa y uno de sus colaboradores más cercanos, sorprendió al reconocer la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos en Sarayaku y al decir que el Gobierno está dispuesto a llegar “a cualquier acuerdo de reparación”.
Ocurrió en una sesión de la Corte Interamericana celebrada en la propia comunidad que fue “histórica”, según el presidente del tribunal, Diego García, porque era la primera vez que la entidad escuchaba testimonios en el lugar de los hechos.
Sin embargo, casi a la misma hora que Mera daba el mensaje conciliador en la Amazonia, Correa aseveraba en su programa de televisión sabatino que el caso es una “pantalla” para ciertas organizaciones ecologistas que “están en contra de Ecuador” y que no quieren ninguna explotación de crudo. Dijo que le indigna “que vengan estos ‘gringuitos’ (extranjeros) con la panza (estómago) bien llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países”.
Otra visión del desarrollo
El Presidente insiste en que Ecuador necesita los recursos naturales para su desarrollo, pero los sarayaku disputan la propia definición de lo que es desarrollo. “La riqueza es la que nosotros tenemos, nuestra soberanía alimentaria viene de todo lo que existe dentro de estos territorios; si se saca el petróleo, se destruye la selva, se contamina la selva, nosotros eso sí lo llamamos pobreza”, dijo Viteri.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 a instancias de Correa, obliga a realizar una “consulta” previa en las comunidades afectadas por proyectos extractivistas, pero el Presidente mantiene que ésta “no es vinculante”. El Gobierno prepara actualmente la licitación de una gran área amazónica donde ahora apenas hay pozos y que incluye la tierra de los sarayaku y de otros pueblos indígenas.
Mera afirmó que no podía garantizar que el Gobierno no autorizará a otra compañía que explote el petróleo bajo los bosques de los sarayaku. “No podemos porque el régimen constitucional no lo permite”, dijo el asesor, aunque sí manifestó que el Ejecutivo está abierto a tratar la retirada de la pentolita.
Tras una breve asamblea el mismo día, su líder, José Gualinga, que llevaba un tocado de plumas y la cara pintada con rayas negras, como el resto de la comunidad, anunció que no negociarán con el Gobierno y esperarán el fallo de la Corte, el cual llegará este año, según prometió García.
En un caso similar, Saramaka vs. Surinam, el tribunal dictaminó que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento “libre, previo e informado” del pueblo indígena cuando quiera aplicar planes de inversión a gran escala en su territorio. Melo aspira a que la corte amplíe ese precedente, de forma que esa obligación no dependa sólo del tamaño del proyecto, sino también de la gravedad de los posibles impactos. (EFE Reportajes).
Cortan la uniformidad el trazo sinuoso de algunos ríos de aguas turbias, llenas de sedimentos, y las flores amarillas de un árbol que los indígenas llaman julunchi, el cual parece un náufrago brillante en un mar verde.
Hace una década, la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina entró en ese bosque con maquinaria y explosivos para explotar el crudo en su territorio, y el paisaje sería otro si los sarayaku no se hubieran movilizado contra el proyecto.
Aún libran la batalla, aunque ya no en la selva, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de su ámbito en América Latina. Ellos esperan que un fallo a su favor cree un precedente jurídico para toda la región.
Una sentencia esperada
Mario Melo, abogado de los sarayaku, cree que el dictamen podría tener efectos sobre operaciones polémicas como el proyecto minero Conga en Perú, la mina Marlin en Guatemala, la presa Belo Monte en Brasil y la presa en el departamento del Huila en Colombia. “Todo el continente está esperando esta sentencia”, afirmó.
Su demanda principal es que los gobiernos estén obligados a obtener el permiso de los pueblos indígenas antes de otorgar una concesión en su territorio a una empresa para una actividad extractiva o la aplicación de un proyecto de inversión en general. Eso es lo que no ocurrió en 1996, cuando el Ejecutivo ecuatoriano de aquella época dio a CGC los derechos para horadar el subsuelo del bosque de los sarayaku sin consultarlos o siquiera informarlos.
En 2002 entraron los empleados de la compañía, que talaron la selva para construir varios helipuertos con la protección de soldados ecuatorianos. Los sarayaku abandonaron sus casas y dejaron a los niños con abuelos o a cargo de hijos mayores, y se instalaron en “campamentos de paz” para proteger sus linderos. Pasaron siete meses fuera, durante los que ocurrieron algunos incidentes con los militares, aunque no hubo víctimas.
La compañía salió
Finalmente la compañía salió a la fuerza, pero dejó enterrados casi 1.500 kilogramos de pentolita, un explosivo usado para hacer estudios sísmicos que no llegó a detonar. Están en un área de 20 kilómetros cuadrados con forma de V, en la que los sarayaku ya no pueden entrar a cazar o a pescar, o a comunicarse con los espíritus de la naturaleza.
“Es como estar botando (tirando) un explosivo dentro de nuestra casa; los espacios, los territorios sagrados tienen vida, tienen espíritus, según nuestras costumbres”, afirmó Túpac Viteri, vicepresidente de la comunidad.
Sabino Gualinga, de 89 años, uno de los chamanes de los sarayaku, cree que el vínculo con espíritus como el yamasanga, el yashingo, el yacusupai y el jurijuri se ha debilitado debido a las intrusiones de la petrolera.
“Ninguno de los gobiernos, la gente que ha trabajado en el Estado, los presidentes, han nacido en esta tierra, la sangre de nuestros ancestros, la sangre que derramó mi madre cuando yo nací se encuentra en esta tierra. No queremos la explotación petrolera. Ellos no entienden eso”, dijo en kichwa, traducido por su hija, Patricia Gualinga.
Aunque la entrada de los empleados de CGC y de los militares a Sarayaku ocurrió durante el mandato del presidente Lucio Gutiérrez, el Gobierno de su sucesor, el izquierdista Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones de los indígenas en el proceso ante la Corte Interamericana.
Eso cambió el pasado 21 de abril, cuando Alexis Mera, asesor jurídico de Correa y uno de sus colaboradores más cercanos, sorprendió al reconocer la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos en Sarayaku y al decir que el Gobierno está dispuesto a llegar “a cualquier acuerdo de reparación”.
Ocurrió en una sesión de la Corte Interamericana celebrada en la propia comunidad que fue “histórica”, según el presidente del tribunal, Diego García, porque era la primera vez que la entidad escuchaba testimonios en el lugar de los hechos.
Sin embargo, casi a la misma hora que Mera daba el mensaje conciliador en la Amazonia, Correa aseveraba en su programa de televisión sabatino que el caso es una “pantalla” para ciertas organizaciones ecologistas que “están en contra de Ecuador” y que no quieren ninguna explotación de crudo. Dijo que le indigna “que vengan estos ‘gringuitos’ (extranjeros) con la panza (estómago) bien llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países”.
Otra visión del desarrollo
El Presidente insiste en que Ecuador necesita los recursos naturales para su desarrollo, pero los sarayaku disputan la propia definición de lo que es desarrollo. “La riqueza es la que nosotros tenemos, nuestra soberanía alimentaria viene de todo lo que existe dentro de estos territorios; si se saca el petróleo, se destruye la selva, se contamina la selva, nosotros eso sí lo llamamos pobreza”, dijo Viteri.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 a instancias de Correa, obliga a realizar una “consulta” previa en las comunidades afectadas por proyectos extractivistas, pero el Presidente mantiene que ésta “no es vinculante”. El Gobierno prepara actualmente la licitación de una gran área amazónica donde ahora apenas hay pozos y que incluye la tierra de los sarayaku y de otros pueblos indígenas.
Mera afirmó que no podía garantizar que el Gobierno no autorizará a otra compañía que explote el petróleo bajo los bosques de los sarayaku. “No podemos porque el régimen constitucional no lo permite”, dijo el asesor, aunque sí manifestó que el Ejecutivo está abierto a tratar la retirada de la pentolita.
Tras una breve asamblea el mismo día, su líder, José Gualinga, que llevaba un tocado de plumas y la cara pintada con rayas negras, como el resto de la comunidad, anunció que no negociarán con el Gobierno y esperarán el fallo de la Corte, el cual llegará este año, según prometió García.
En un caso similar, Saramaka vs. Surinam, el tribunal dictaminó que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento “libre, previo e informado” del pueblo indígena cuando quiera aplicar planes de inversión a gran escala en su territorio. Melo aspira a que la corte amplíe ese precedente, de forma que esa obligación no dependa sólo del tamaño del proyecto, sino también de la gravedad de los posibles impactos. (EFE Reportajes).
Mosetenes y t’simanes pactan con Gobierno y vuelven a sus regiones
La dirigencia y familias de los mosetenes y t’simanes dejaran la IX marcha indígena que arribó el miércoles a La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, suscribió convenios programáticos -al igual que con otros pueblos originarios del TIPNIS- a los que prometió la entrega de equipos y otras atenciones en materia de salud y educación.
Romero explicó que el Consejo T’siman Mosetene se acercó ayer en horas de la tarde a su autoridad para iniciar un diálogo directo con el propósito de lograr atención a sus demandas.
Dijo que la dirigencia de este consejo vio la imposibilidad de un diálogo por parte de la dirigencia de la IX marcha con el Ejecutivo. Romero precisó que 405 son los miembros de la marcha que llegó miércoles a la sede de Gobierno. De ellos 200 son del Consejo T’simane Mosetene con quienes firmó ayer un acuerdo.
Triniti Tayo, corregidor de Pilón Lajas, tras la firma del documento afirmó que está conforme con las atenciones que el Gobierno anunció para su región.
Germán Nate, otros de los corregidores firmantes, también destacó los puntos del acuerdo. Otro dirigente afirmó que se va de La Paz, junto a otros colegas, porque siente que su familia está abandonada en su pueblo.
Entre algunos punto del convenio se destaca la compensación de la construcción de la carretera Yucumo-Rurrenabaque, crédito para el programa de leche. Para este último el Ministerio de Desarrollo Rural destinó 300 mil bolivianos. También se garantiza la dotación de ítems para la contratación de maestros, apoyo económico para la producción de cacao, analizar un proyecto de telefonía para la región, entre algunos de los diez puntos del convenio.
Partida a sus regiones
El ministro Romero pidió a la dirigencia de la IX marcha dejar a los t’simane mosetene volver a sus regiones, pues se enteró que no les permitían salir del coliseo de la UMSA. Incluso anunció que se dispuso que fiscales faciliten la salida de las familias marchistas que arribaron a ese recinto para evitar forcejeos en la puerta de salida.
En el coliseo de la UMSA se informó que personal del Ministerio de Gobierno llegó al coliseo con vehículos para trasladar a las familias que firmaron el documento con el Gobierno.
El dirigente de la marcha, Celso Padilla, aseguró que la gente que firmó el documento es afín al Gobierno y lo que en realidad busca es hacer creer a la opinión pública de que se firma con un gran sector, con la intención de debilitar la marcha.
Denunció que funcionarios del Gobierno ingresaron al coliseo universitario con engaños para que retornen a sus regiones. El dirigente restó importancia a la firma y retorno a sus regiones de 200 personas, ya que sostuvo “aquí estamos todos los que llegamos el miércoles, nadie se fue”. Anunció que mañana llegarán otros indígenas para reforzar la movilización.
Romero explicó que el Consejo T’siman Mosetene se acercó ayer en horas de la tarde a su autoridad para iniciar un diálogo directo con el propósito de lograr atención a sus demandas.
Dijo que la dirigencia de este consejo vio la imposibilidad de un diálogo por parte de la dirigencia de la IX marcha con el Ejecutivo. Romero precisó que 405 son los miembros de la marcha que llegó miércoles a la sede de Gobierno. De ellos 200 son del Consejo T’simane Mosetene con quienes firmó ayer un acuerdo.
Triniti Tayo, corregidor de Pilón Lajas, tras la firma del documento afirmó que está conforme con las atenciones que el Gobierno anunció para su región.
Germán Nate, otros de los corregidores firmantes, también destacó los puntos del acuerdo. Otro dirigente afirmó que se va de La Paz, junto a otros colegas, porque siente que su familia está abandonada en su pueblo.
Entre algunos punto del convenio se destaca la compensación de la construcción de la carretera Yucumo-Rurrenabaque, crédito para el programa de leche. Para este último el Ministerio de Desarrollo Rural destinó 300 mil bolivianos. También se garantiza la dotación de ítems para la contratación de maestros, apoyo económico para la producción de cacao, analizar un proyecto de telefonía para la región, entre algunos de los diez puntos del convenio.
Partida a sus regiones
El ministro Romero pidió a la dirigencia de la IX marcha dejar a los t’simane mosetene volver a sus regiones, pues se enteró que no les permitían salir del coliseo de la UMSA. Incluso anunció que se dispuso que fiscales faciliten la salida de las familias marchistas que arribaron a ese recinto para evitar forcejeos en la puerta de salida.
En el coliseo de la UMSA se informó que personal del Ministerio de Gobierno llegó al coliseo con vehículos para trasladar a las familias que firmaron el documento con el Gobierno.
El dirigente de la marcha, Celso Padilla, aseguró que la gente que firmó el documento es afín al Gobierno y lo que en realidad busca es hacer creer a la opinión pública de que se firma con un gran sector, con la intención de debilitar la marcha.
Denunció que funcionarios del Gobierno ingresaron al coliseo universitario con engaños para que retornen a sus regiones. El dirigente restó importancia a la firma y retorno a sus regiones de 200 personas, ya que sostuvo “aquí estamos todos los que llegamos el miércoles, nadie se fue”. Anunció que mañana llegarán otros indígenas para reforzar la movilización.
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