El aguacero del martes frustró la incursión a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guarayos. Al otro día, el guía Andrés Urapuca trazó la hoja de ruta que permitiría constatar las denuncias, de uno y otro bando, de la dirigencia de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), en sentido de asentamientos de comunidades en su territorio.
El croquis de la ruta fijaba unos 80 km al norte de Ascensión de Guarayos, ingresando por el camino al manejo forestal La Chonta. Se cruzó por las comunidades Villa Fátima, Río Chico, San Francisco y una colonia rusa, cuyas posesiones, según Urapuca, datan de años.
Lo curioso es que están asentadas en la TCO y reconocidas por autoridades municipales. Villa Fátima cuenta con infraestructura de servicios básicos -salud y educación-. Letreros informan que las obras fueron financiadas con inversión pública.
En Río Chico se hizo un alto. Aquí, una mujer de pollera, Gregoria Medina Choque, aseguró que esta comunidad campesina data de mucho tiempo. Refirió que en la zona comunal de 23 hectáreas habitan 41 familias de Sucre, Cochabamba, Potosí y Guarayos.
Cuando se le preguntó, ¿cómo llegaron a la zona?, sin dubitar respondió: “Pagando harta plata a un dirigente de la Copnag. En primera instancia llegamos a La Chonta y fuimos engañados y sacados por el mismo dirigente con el que negociamos”, dijo la mujer, al señalar que cultiva sésamo, yuca, arroz, maíz y maní.
Otras personas, con igual acento de voz que Medina, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, señalaron que la negociación de tierras es moneda común en Guarayos.
Al pasar por San Francisco, Urapuca, con nostalgia, dijo que esa zona era el territorio de la mara. Ahora son áreas de producción agrícola y ganadera, producto de las ocupaciones.
Copnag versus Copnag
En Ascensión de Guarayos, sede de la Copnag, dos bandos se disputan el poder de representación de la organización.
El proyecto de decreto de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de reconversión de las reservas forestales Choré y Guarayos en ‘Reservas Integrales de Bosques’ profundizó la división y activó un duelo de acusaciones entre Daniel Yaquirena y Eladio Uraeza.
El primero acusa a Ureza de haber firmado un convenio con los interculturales, a espaldas del pueblo guarayo, para apoyar dicho proyecto que, desde su perspectiva, alentará nuevos asentamientos en áreas de la reserva forestal y la TCO.
Yaquirena acusó a Uraeza de vender y parcelar el territorio guarayo en el municipio de El Puente, donde reside. “Él es un traficante de tierra. Se encarga de traer personas de Chapare, Montero, Cuatro Cañadas, San Julián y Yapacaní, les cobra y posesiona las comunidades”.
En la otra vereda, Uraeza descalificó las acusaciones de Yaquirena y lo sindicó, junto a su entorno, de negociar y certificar, por dinero, entre 2005 y 2007, el asentamiento de comunidades campesinas en el polígono tres (El Puente). “Hemos pedido al Gobierno que se respete la titulación y los planes de manejo forestal en el territorio guarayo”, puntualizó.
A decir de Uraeza, el proyecto de reservas integrales no afectará los 64 planes de manejo forestales vigentes ni las 1.473.000 hectáreas tituladas que engloba la TCO Guarayos y que la propuesta es reconocer asentamientos en tierras fiscales.
Área de manejo forestal
Según el presidente de la Asociación Forestal Indígena Guarayos (AFIG), Alfredo Moirenda, en la TCO Guarayos hay 62 Planes de Manejo Forestal Indígena (MAFI) aprobados y vigentes. Detalló que en los últimos cinco años, de las 1.300.000 hectáreas bajo manejo sostenible -no dieron baja al ciclo de corte-, casi 50.000 ya fueron tomadas por las organizaciones forestales comunitarias Yotaú, San Martín y 4 de Octubre.
Análisis gubernamental
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó que en Guarayos hay pugnas de poder dirigencial en la Copnag y habló de tráfico de tierras.
Desde la dirección nacional del INRA, Beatriz Yuque indicó que las reservas forestales son tierras fiscales no disponibles y que no se reconocerán los asentamientos porque sería ir en contra de la ley. Habló de desalojo de los asentamientos.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Jacinto Herrera, señaló que no se puede hablar de desalojo porque son alrededor de 15.000 familias de 60 comunidades asentadas en tierras fiscales disponibles, sin contar las que están metidas en la TCO Guarayos. En su criterio, hay que buscar la forma de planificar una restauración integral del bosque no desafectando a las comunidades.
Del tráfico de tierra, Herrera manifestó que se da en el territorio de las TCO porque hay algunos dirigentes indígenas que han vendido, previo pago de certificación, planes de manejo forestal a comunidades enteras. Esto es un engaño porque no transfieren un título de propiedad y la certificación solo renonoce la posesión y el uso del área para un aprovechamiento forestal y para desarrollar actividades agrícolas o pecuarias. “Guarayos se ha convertido en una tierra de nadie”, puntualizó.
Desde la perspectiva de Herrera la problemática y el tráfico de tierra deben ser investigados a fondo
Ven afán de premiar a invasores de reservas
La Gobernación de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) creen que detrás del proyecto de decreto supremo se pretende instaurar un nuevo régimen denominado reservas integrales Guarayos y Choré y cuya intención del Gobierno, a través de la ABT, es legalizar y premiar a los tomatierras que de manera ilegal han incursionado en el patrimonio natural.
Aclaran que las reservas fueron creadas con un propósito de acuerdo con su capacidad de uso y con fines de aprovechamiento forestal sujetas a autorizaciones de autoridades competentes. La Gobernación y la CFB acusan a los invasores de desarrollar actividades agropecuarias sin respetar la capacidad y uso forestal de las reservas Guarayos y Choré.
No hay comentarios:
Publicar un comentario