La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado boliviano responder en 15 días, a partir del 23 de enero de este año, al recurso de medidas cautelares presentado por el pueblo Tacana II Río Madre de Dios y otras instituciones, a favor de un pueblo no contactado, presuntamente en peligro de etnocidio como consecuencia de las actividades de exploración petrolera en la Amazonía.
Según el presidente de la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (Citrmd), Rolando Justiniano, la denuncia ante la CIDH cuenta con todos los fundamentos sobre la existencia de “pueblos no contactados” en el área de trabajo de exploración sísmica y que esta información es de conocimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero que, pese a esa situación, persisten las actividades que atentan en contra de la integridad de la gente que vive aislada.
El pedido cautelar demanda: paralizar toda actividad de prospección sísmica en el área Nueva Esperanza y en los bloques petroleros definidos en esas zona de la Amazonía, establecer la prohibición absoluta de ingreso de personas ajenas al territorio de los aislados en la zona de las áreas de vida y/o eventos de los aislados que están siendo impactada por el proyecto.
Bajo esta perspectiva, Justiniano manifestó que el pueblo Tacana II defenderá a los habitantes del pueblo no contactado e incluso advirtió sobre posibles acciones que podrían tomar los afectados por la invasión de su territorio.
“La situación es preocupante, este pueblo no contactado que se encuentra en la parte central entre los pueblos Tacana II y los Araona pueden asumir acciones que inclusive pondrían en riesgo la vida de los trabajadores que realizan la exploración sísmica”, dijo.
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