"Tanto los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza son marginados en el momento de priorizar los ingresos económicos que algunas actividades extractivas como la minería y la actividad hidrocarburífera generan", describe Almeida, investigadora y coordinadora de Acción Ecológica de Ecuador, en su visita al país.
Una suma de situaciones. Los citados expertos, coinciden que en los últimos diez años de bonanza económica, los gobernantes, indistintamente su posición ideológica y política, sobre todo de países productores de materias primas y altamente dependientes de la actividad extractivistas del gas, petróleo y la minería, no solo han agravado la “reprimarización” de sus economías, sino que han puesto en serio peligro las conquistas a los derechos de los pueblos y “nacionalidades indígenas”. El argumento esgrimido por estos gobernantes, es al influjo de mayor inversión, mayor actividad extractiva de lo que “emana del suelo” y una política desarrollista contrario al respeto de la madre naturaleza y sus habitantes naturales.
"Como en el caso de Colombia, están obligando a los indígenas a varias preocupaciones y riesgos como aculturación, desterritorialización, pérdida significativa demográfica, anulación de su lengua o idioma y los procesos que se plantean hacia un genocidio sistemático a futuro", informó Vargas, investigador y abogado especialista en Derechos Humanos Internacionales (DIH) de Colombia.
Almeida señala que prácticamente en la última década, los pueblos indígenas del Ecuador han sido muy golpeados por el gobierno de Rafael Correa en varios derechos que los pueblos indígenas tienen garantizado según su propia constitución.
La experta cita como uno de esos ejemplos la “consulta previa”, cuyo mecanismo prácticamente no se respeta y sistemáticamente se halla ignorado. "En los territorios indígenas donde están los recursos naturales como el petróleo, la minería, se desconocen esos derechos. Al contrario, en estos sitios, en donde se hace actividad extractiva, en el accionar cotidiano ese derecho no cumple. En mi país, el derecho a la naturaleza y los indígenas están reconocidos, pero en la práctica se los margina", enfatizó.
La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.
En tanto Marco Antonio Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), señala que en este periodo del gobierno de Evo Morales, además de todo el contexto internacional que asiste y reconoce los derechos de los pueblos indígenas, han sido prácticamente desconocidos y vulnerados. "Solo se impone una visión de no respetar el derecho de los indígenas a menos de un pago en especie de una obra o proyecto que se desarrolla en territorio de estas comunidades.
En una visión retrospectiva. Sarela Paz de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, enfatiza que en los últimos años solo se ha registrado una efervescencia discursiva, basada en un cálculo político de defensa de la madre tierra y la defensa de los pueblos indígenas, que ese fenómeno evita ver el fondo del problema.
En ese contexto la investigadora señala que hasta el 2006 hubo un ascenso de una acumulación de demandas indígenas que provienen de las décadas '80 y '90 del siglo XX, inherentes a aspectos relevantes como la primera marcha indígena de tierras bajas del oriente a la ciudad de La Paz en 1989, las grandes marchas campesinas e indígenas de 2002 y 2005.
Además, destaca que la llegada del MAS es en realidad “un conjunto de aspectos que tienen que ver con núcleos bien específicos a partir del sindicalismo campesino en los años '80 y el sindicalismo cocalero de los años '90. "Todo eso, con el devenir de los años, le permitió unir esas demandas y subirse el 2006 a la cresta de la ola, constituyendo a la vez, como el arribo a un punto culminante de demandas hasta el 2005", señaló.
Entonces, Paz remarca que en este periodo de diez años de gobierno de Evo Morales, se convierte lamentablemente en una época de cercenamiento de los derechos indígenas. "Cuando se asume el gobierno, se dan cosas como la Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los Hidrocarburos y la instauración de un nuevo Estado plurinacional, porque tenía que darse. Pero revisando los datos, uno encuentra que el 2008 ya hay decretos que empieza a cercenar derechos indígenas", argumenta.
Punto de sinceramiento. Si Paz remarca que la década de gobierno de Evo Morales, fue un retroceso en la consolidación de demandas y fortalecimiento de los derechos indígenas; Gandarillas señala que el 2011 con la marcha de los indígenas del Tipnis, en lugar de resultar siendo un punto de inflexión en la política gubernamental, se da un punto de sinceramiento con respecto a este sector.
El Gobierno, al buscar afanosamente imponer la construcción de una carretera por el Parque Isiboro Sécure, se ve obligado a mostrar su verdadera política contraria a los derechos indígenas y, sin que haya antes una consulta previa, pretende materializar una vía troncal. "Con todo el derecho internacional que asiste a los pueblos indígenas, el Gobierno viola todos esos mecanismos de salvaguarda. Y si hizo la consulta, fue al final sin modificar el interés de llevar su proyecto original, pero fuera de todo el marco", señaló.
Específicamente en lo referente a la consulta previa, según Paz, el Gobierno desconoce cumplir con ese derecho y opta por la figura de compensación anclada en los dos decretos 2298 de mayo 2015, vulnerando no solo la consulta, sino se reducen a la mínima condición el respeto a los derechos.
"La marcha del Tipnis es una muestra de una posición de parte del Gobierno, donde refleja un conjunto de acciones posteriores con la emisión el 2015 de tres decretos, en dos de ellos se ignora y se agrava este panorama", añadió.
En ese contexto, esas normativas al que refiere Gandarillas y Paz, tienen que ver con la ampliación de la frontera agrícola, los perdonazos a los que deforestaron bosques, entre otros, señalan que tienen que ver con escenarios de acecho a los derechos de los pueblos indígenas.
"Por ejemplo, se permite realizar actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país. Todo ello, si asumimos ese enfoque interpretativo, se tiene que no hay contradicción del Gobierno, dado que no hay nuevos ciclos de políticas públicas que se hayan registrado a favor de los pueblos indígenas. Fue una década de cercenamiento de los derechos de los pueblos indígenas", finalizó Paz. Esta situación es similar en las políticas públicas de Colombia y Ecuador, remarcan Vargas y Almeida, respectivamente.
Punto de vista
'Nuestros pueblos están amenazados al exterminio'
Fernando Vargas
Analista De Derechos Colectivos
“Nuestros países están viviendo una alerta muy grave de desaparición de pueblos indígenas. Más del 60% de pueblos de 102 existentes en Colombia, por ejemplo, se encuentran afectados por el desplazamiento forzado por las diferentes actividades extractivas como ser la minería.
Esta situación es una muestra de lo que sucede en otros sitios de los países latinoamericanos, donde estos pueblos son sometidos a una marginalización radical, a un proceso de urbanización sin su consentimiento y alejados de todos sus derechos que en justicia les corresponde. El poder institucional lamentablemente le está dando más preponderancia al capital internacional, en desmedro de la única reserva moral e histórica que representan nuestros pueblos. Es una alerta que nos llama a reflexionar".
'Ahora los derechos están penalizados'
Entrevista: Alexandra Almeida
Investigadora Social del Ecuador
EI contacto con El Día, Alexandra Almeida señaló que en el actual gobierno de Correa, las protestas de pueblos indígenas han caído en el extremo de ser penalizados y judicializados. La experta hace referencia al momento actual que viven los pueblos indígenas.
P. ¿Los indígenas pasan un mal momento?
A. A: En los últimos diez años, los derechos indígenas han sido muy golpeados, pese a que en este periodo se ha aprobado una Constitución, cuyo contenido reconoce como sujetos de derechos no solo de las nacionalidades, sino a la propia naturaleza o la pachamama.
P. ¿En qué momento no se reconoce?
A. A: En el momento que se priorizan normativas y leyes, esos derechos son marginados, donde prevalece el factor económico en desmedro del reclamo, la protesta de los pueblos indígenas, que se ha sobredimensionado criminalizándolos, penalizándolos y finalmente encarcelándolos a los líderes.
P. ¿En qué casos, por ejemplo?
A. A: A la hora de llevar adelante un proyecto orientado a la actividad extractiva como el petróleo y la actividad minera, sucede esta situación, donde además, el Gobierno se ha dedicado a dividir creando organizaciones paralelas a los indígenas.
P. ¿Qué pasa en términos de consulta previa?
A. A: Si bien está establecida la consulta constitucional, emancipando el derecho a ser consultado que tienen los pueblos indígenas, este no es posible con la implementación de nuevos reglamentos decretados por el Gobierno, en el que no se toma en cuenta la opinión de esas comunidades.
P. ¿Cómo ven a Bolivia desde su país?
A. A: Una cosa es oír desde afuera y otra cosa es ver la realidad. Con esa salvedad, se ve a Bolivia con un gobierno todavía protegiendo esos derechos otorgados al movimiento indígena, aunque se sabe que hay divisiones y medidas negativas hacia ellos.
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