Los pobladores de la organización social y campesina Ponchos Verdes de Aramasí, que el pasado 19 de noviembre se enfrentaron por tierras en un conflicto que cobró la vida de una persona, consolidaron ayer un acuerdo para pacificar la zona con la mediación del viceministro de Tierras, Jhonny Cordero, según informó el Instituto de Reforma Agraria (INRA).
“Siendo una preocupación para las autoridades los recientes problemas suscitados a raíz de conflictos por tierras en esta zona, llegando incluso a lamentar el deceso de un ciudadano, decidimos encarar en primera instancia la pacificación”, dijo el Viceministro de Tierras.
Después de la reunión en el INRA Cochabamba, se logró un acuerdo. En primera instancia los servidores públicos, autoridades de organizaciones sociales, dirigentes y representantes del polígono 15 (zona de Blanco Rancho - Aramasí) se comprometieron a evitar enfrentamientos y garantizar una pacífica convivencia en toda el área de saneamiento y evitar de esta manera enfrentamientos.
Asimismo, el Ministerio Público hará las investigaciones sobre las denuncias de tráfico de tierras, avasallamientos y otros delitos denunciados tanto por el INRA Cochabamba y el Viceministro de Tierras.
El director del INRA en Cochabamba, Víctor Hugo Claure, informó que el proceso de saneamiento del polígono 015 se encuentra con un recurso jerárquico en la Dirección Nacional del INRA y se espera que esta instancia emita la resolución dentro el plazo establecido en la normativa agraria vigente.
miércoles, 31 de diciembre de 2014
Los Tacana III aprovecharon el lagarto
La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana III, situada en el municipio de Rurrenabaque, aprovechó este año un total de 4.900 cueros de lagarto, según informó la responsable del área en la Gobernación del Beni, Verónica Rodas.
“Hemos visto los problemas que han tenido este año, principalmente con el transporte de sus cueros porque no cuentan con una movilidad para traerlos”, indicó.
De la misma manera, los originarios de esa parte de la provincia Ballivián aprovecharon un total de seis toneladas de carne de lagarto, pese a la distancia que existe para traer el producto a los centros de acopio establecidos en Trinidad.
Rodas informó que los beneficiarios aprovechan el producto en el río Beni y en los lagos de la zona.
Para la gestión 2014 el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizó un cupo de 33 mil cueros que fueron distribuidos a 10 Territorios Comunitarios de Origen, ocho comunidades campesinas y 24 comunidades indígenas del Beni.
“Hemos visto los problemas que han tenido este año, principalmente con el transporte de sus cueros porque no cuentan con una movilidad para traerlos”, indicó.
De la misma manera, los originarios de esa parte de la provincia Ballivián aprovecharon un total de seis toneladas de carne de lagarto, pese a la distancia que existe para traer el producto a los centros de acopio establecidos en Trinidad.
Rodas informó que los beneficiarios aprovechan el producto en el río Beni y en los lagos de la zona.
Para la gestión 2014 el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizó un cupo de 33 mil cueros que fueron distribuidos a 10 Territorios Comunitarios de Origen, ocho comunidades campesinas y 24 comunidades indígenas del Beni.
lunes, 29 de diciembre de 2014
Cinco etnias en peligro de extinción en La Paz
Según Unidad de Antropología Promoción de Saberes y Conocimientos Ancestrales del Viceministerio de Descolonización, los pueblos originarios y sus lenguas están en peligro de extinción en el departamento de La Paz, donde cinco culturas se encuentran sin ninguna posibilidad de contacto por la lejanía y las dificultades de acceso a las zonas donde habitan.
La información fue proporcionada por el técnico de Promoción de Saberes y Conocimientos Ancestrales, Leonardo Mollo Conde, quien manifestó que se inició un proceso de investigación y recuperación sobre la vida de estos pueblos.
De acuerdo a Mollo, uno de los pueblos que aún sobrevive es el de los Tacana, ubicada al norte del departamento de La Paz, en los municipios de Ixiamas, Tumupasa y San buenaventura, de la provincia Abel Iturralde. Su organización político social se evidencia en su sistema de autoridades que fuera implantada por la orden religiosa de los franciscanos: corregidor, cacique, policía, etc.
Su economía gira en torno a la agricultura, caza, pesca, recolección y artesanía. En la religiosidad existen reminiscencias todavía de su antigua religión que, actualmente, se practica con muchos elementos reservados.
Otra comunidad son los Esse Ejja, que también habitan en la provincia Abel Iturralde de La Paz, en las comunidades de Portachuelo Alto y Portachuelo Bajo. La organización político social tiene que ver mucho con la primera autoridad del pueblo, quien es el “capitán”, cargo que ostenta por ser el más hábil en las actividades productivas y de beneficio común.
La fuente de su economía es fundamentalmente la caza, pesca y recolección, generando un autoabastecimiento y la venta hacia comunidades más cercanas.
También está el pueblo Cavineño, que se encuentra en las provincias Abel Iturralde y Ballivián, cuyos asentamientos se encuentran en las comunidades de Buen Destino, Misión, Cavinas y Carmen Alto. Aún se investiga cuál fue su organización política social, debido a que gran parte de su existencia sufrieron explotación bajo un régimen de esclavitud, principalmente en la industria gomera.
Sus pobladores trabajan como obreros en la industria de la goma y en la ganadería. Su religión está basada en creencias como espíritus del monte y las aguas.
La población de Araona, es otro de los pueblos más conocidos, ubicado al norte del departamento de La Paz, habitan en la comunidad de Puerto Araona, donde la organización político social contempla un grupo de contacto reciente, no existe un factor de poder que recaiga en una persona, no existe un líder. En lo económico son dedicados a las actividades agrícolas, sin producción de excedentes. Creen en los espíritus.
El pueblo Mosetén, ubicado en la provincia Sud Yungas, vive por las comunidades de Covendo, Muchanes y Santa Ana. La organización político social contempla el cacicazgo, policías, etc. Mantienen autoridad tradicional, llamado “Konsasiki” y el chamán reproduce la identidad cultural. La economía se centra en la pesca y la agricultura, que es comercializada, hacia las ciudades más cercanas. La religión tiene una relación inseparable entre la vida material y espiritual.
La información fue proporcionada por el técnico de Promoción de Saberes y Conocimientos Ancestrales, Leonardo Mollo Conde, quien manifestó que se inició un proceso de investigación y recuperación sobre la vida de estos pueblos.
De acuerdo a Mollo, uno de los pueblos que aún sobrevive es el de los Tacana, ubicada al norte del departamento de La Paz, en los municipios de Ixiamas, Tumupasa y San buenaventura, de la provincia Abel Iturralde. Su organización político social se evidencia en su sistema de autoridades que fuera implantada por la orden religiosa de los franciscanos: corregidor, cacique, policía, etc.
Su economía gira en torno a la agricultura, caza, pesca, recolección y artesanía. En la religiosidad existen reminiscencias todavía de su antigua religión que, actualmente, se practica con muchos elementos reservados.
Otra comunidad son los Esse Ejja, que también habitan en la provincia Abel Iturralde de La Paz, en las comunidades de Portachuelo Alto y Portachuelo Bajo. La organización político social tiene que ver mucho con la primera autoridad del pueblo, quien es el “capitán”, cargo que ostenta por ser el más hábil en las actividades productivas y de beneficio común.
La fuente de su economía es fundamentalmente la caza, pesca y recolección, generando un autoabastecimiento y la venta hacia comunidades más cercanas.
También está el pueblo Cavineño, que se encuentra en las provincias Abel Iturralde y Ballivián, cuyos asentamientos se encuentran en las comunidades de Buen Destino, Misión, Cavinas y Carmen Alto. Aún se investiga cuál fue su organización política social, debido a que gran parte de su existencia sufrieron explotación bajo un régimen de esclavitud, principalmente en la industria gomera.
Sus pobladores trabajan como obreros en la industria de la goma y en la ganadería. Su religión está basada en creencias como espíritus del monte y las aguas.
La población de Araona, es otro de los pueblos más conocidos, ubicado al norte del departamento de La Paz, habitan en la comunidad de Puerto Araona, donde la organización político social contempla un grupo de contacto reciente, no existe un factor de poder que recaiga en una persona, no existe un líder. En lo económico son dedicados a las actividades agrícolas, sin producción de excedentes. Creen en los espíritus.
El pueblo Mosetén, ubicado en la provincia Sud Yungas, vive por las comunidades de Covendo, Muchanes y Santa Ana. La organización político social contempla el cacicazgo, policías, etc. Mantienen autoridad tradicional, llamado “Konsasiki” y el chamán reproduce la identidad cultural. La economía se centra en la pesca y la agricultura, que es comercializada, hacia las ciudades más cercanas. La religión tiene una relación inseparable entre la vida material y espiritual.
Espacios de accionar indígena están contaminados por intereses políticos
El informe anual de la Defensoría del Pueblo destaca que el proceso de construcción de escenarios participativos de las naciones y pueblos indígena, originario-campesinos, se ha distorsionado totalmente por la contaminación de intereses políticos al interior de sus comunidades, ayllus, markas y suyus.
Asegura también que el ejercicio de los derechos de los indígenas originarios y campesinos a cinco años de su reconocimiento en el actual texto constitucional, se halla aún invisibilizado en las políticas públicas del nivel central, departamental y municipal.
Observando esta realidad la representación departamental de la Defensoría del Pueblo, realizó acciones concretas con esta población, específicamente en el tema de seguimiento a la práctica de sus formas propias de administración de justicias sujetas a la normativa constitucional y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional.
Durante la gestión se ha trabajo en encuentros al interior de sus organizaciones, particularmente con el suyu Jatun Killakas, Asanajaqis, que involucra a tres provincias concretas del Sur del Departamento: Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera.
Además se facilitó y promovió espacios de diálogo intercultural entre operadores de la justicia ordinaria y la Justicia Indígena, Originaria y Campesina, para la plena vigencia del pluralismo jurídico, con la participación de vocales del Tribunal Departamental de Justicia y el Ministerio Público así como la identificación de dificultades y avances del tema. En diferentes reuniones, la Defensoría expresó su preocupación por actos irregulares en la práctica de la justicia por autoridades originarias, que de manera recurrente han ido vulnerando derechos y garantías constitucionales, así como las acciones de violencia de las cuales son objeto particularmente adultos mayores y mujeres, quienes son privados y coartados en el ejercicio del derecho a la tierra, cuya vulneración afecta otros derechos, toda vez que sus economías se sustentan en la producción agrícola.
"Va a ser muy importante continuar incidiendo en estas acciones que realiza la Defensoría del Pueblo, donde también es importante remarcar las acciones realizadas a favor de las naciones y pueblos indígenas de alta vulnerabilidad, siendo identificados histórica y ancestralmente como tales a los pueblos urus del lago Poopó y los Uru Chipaya. Cada uno con diferentes contextos, realidades y problemáticas propias que motivaron nuestra intervención", refiere el informe anual de la Defensoría del Pueblo.
Asegura también que el ejercicio de los derechos de los indígenas originarios y campesinos a cinco años de su reconocimiento en el actual texto constitucional, se halla aún invisibilizado en las políticas públicas del nivel central, departamental y municipal.
Observando esta realidad la representación departamental de la Defensoría del Pueblo, realizó acciones concretas con esta población, específicamente en el tema de seguimiento a la práctica de sus formas propias de administración de justicias sujetas a la normativa constitucional y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional.
Durante la gestión se ha trabajo en encuentros al interior de sus organizaciones, particularmente con el suyu Jatun Killakas, Asanajaqis, que involucra a tres provincias concretas del Sur del Departamento: Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera.
Además se facilitó y promovió espacios de diálogo intercultural entre operadores de la justicia ordinaria y la Justicia Indígena, Originaria y Campesina, para la plena vigencia del pluralismo jurídico, con la participación de vocales del Tribunal Departamental de Justicia y el Ministerio Público así como la identificación de dificultades y avances del tema. En diferentes reuniones, la Defensoría expresó su preocupación por actos irregulares en la práctica de la justicia por autoridades originarias, que de manera recurrente han ido vulnerando derechos y garantías constitucionales, así como las acciones de violencia de las cuales son objeto particularmente adultos mayores y mujeres, quienes son privados y coartados en el ejercicio del derecho a la tierra, cuya vulneración afecta otros derechos, toda vez que sus economías se sustentan en la producción agrícola.
"Va a ser muy importante continuar incidiendo en estas acciones que realiza la Defensoría del Pueblo, donde también es importante remarcar las acciones realizadas a favor de las naciones y pueblos indígenas de alta vulnerabilidad, siendo identificados histórica y ancestralmente como tales a los pueblos urus del lago Poopó y los Uru Chipaya. Cada uno con diferentes contextos, realidades y problemáticas propias que motivaron nuestra intervención", refiere el informe anual de la Defensoría del Pueblo.
sábado, 27 de diciembre de 2014
Chipayas se unen para las elecciones subnacionales 2015
Los habitantes de los ayllus Aransaya, Manasaya, Aiparavi y Vistullani del municipio de Chipaya se unieron para llevar a un solo candidato a las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015.
Aquel hecho fue oficializado, tras recibir del Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), la personería jurídica de su agrupación ciudadana Movimiento Uru-Chipaya por la Libertad (Muchil).
El candidato de esta agrupación política, Elías Paredes Mamani, indicó que irán a las elecciones municipales con la sigla Muchil que pertenece a Chipaya, municipio que se encuentra en la provincia Sabaya, del departamento de Oruro.
"El objetivo no es ir a interés personal, sino que la población nos ha dado ese aval para ir adelante en las elecciones municipales 2015, porque el pueblo de Chipaya ha sufrido los cinco años recientes, no hay proyectos, no hay obras y hasta el 2014, todas las autoridades ediles eran del Movimiento Al Socialismo (MAS), han hecho sufrir a la niñez y nuestra ejecución presupuestaria fue del cero por ciento", dijo.
Ante esos antecedentes, Paredes manifestó que se organizaron y pidieron un "verdadero proceso de cambio".
"Si bien se apoya a nuestro tata Evo Morales, algunas personas se adueñaron de éste partido político. Por eso estamos obligados de sacar esta agrupación ciudadana, pero tampoco queremos participar con la derecha. Ante esa exigencia el Órgano Electoral nos dio la personería jurídica para participar en las elecciones", afirmó.
Argumentó que de los ayllus Aransaya, Manasaya, Aiparavi y Vistullani irán como candidatos para el Concejo Municipal de Chipaya con sus respectivos suplentes.
CAMPAÑA
Respecto a su campaña, el candidato pidió el apoyo de todos los habitantes de Chipaya para salir adelante en las elecciones subnacionales 2015 e ir en contra del partido en función de gobierno.
Aquel hecho fue oficializado, tras recibir del Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), la personería jurídica de su agrupación ciudadana Movimiento Uru-Chipaya por la Libertad (Muchil).
El candidato de esta agrupación política, Elías Paredes Mamani, indicó que irán a las elecciones municipales con la sigla Muchil que pertenece a Chipaya, municipio que se encuentra en la provincia Sabaya, del departamento de Oruro.
"El objetivo no es ir a interés personal, sino que la población nos ha dado ese aval para ir adelante en las elecciones municipales 2015, porque el pueblo de Chipaya ha sufrido los cinco años recientes, no hay proyectos, no hay obras y hasta el 2014, todas las autoridades ediles eran del Movimiento Al Socialismo (MAS), han hecho sufrir a la niñez y nuestra ejecución presupuestaria fue del cero por ciento", dijo.
Ante esos antecedentes, Paredes manifestó que se organizaron y pidieron un "verdadero proceso de cambio".
"Si bien se apoya a nuestro tata Evo Morales, algunas personas se adueñaron de éste partido político. Por eso estamos obligados de sacar esta agrupación ciudadana, pero tampoco queremos participar con la derecha. Ante esa exigencia el Órgano Electoral nos dio la personería jurídica para participar en las elecciones", afirmó.
Argumentó que de los ayllus Aransaya, Manasaya, Aiparavi y Vistullani irán como candidatos para el Concejo Municipal de Chipaya con sus respectivos suplentes.
CAMPAÑA
Respecto a su campaña, el candidato pidió el apoyo de todos los habitantes de Chipaya para salir adelante en las elecciones subnacionales 2015 e ir en contra del partido en función de gobierno.
miércoles, 24 de diciembre de 2014
Postergan ley de yuquis por observaciones
La Asamblea Departamental postergó el tratamiento de la ley de protección del pueblo indígena yuqui hasta el 2015 debido a observaciones realizadas por los propios indígenas que más que una ley declarativa piden acciones para salvar a su población.
El asambleísta por esta región Abel Iaira informó que se requiere un programa integral en salud, educación y producción.
Explicó que esta propuesta de ley con cuatro artículos fue socializada con la población yuqui, pero fue observada porque no define un presupuesto.
Además, aseguran que la ley debe hablar en presente y no en futuro. “El artículo tres habla de implementará proyectos, pero queremos que se cambie por el termino implementar, debido a que las acciones de atención deben ser urgentes”, dijo.
Esta determinación fue tomada en la última sesión del año de la Asamblea Departamental, la misma será retomada el 15 de enero del 2015. Las modificaciones a esta propuesta de ley serán tratadas cuando la Asamblea Departamental retorne de sus receso de fin de año.
El asambleísta dijo que hace unos seis años, el pueblo contaban con un programa que les prestaba ayuda integral en las áreas de salud, educación y producción. En salud tenían un seguro que cubría los gastos de los enfermos que eran atendidos en el hospital Viedma.
Explicó que con la transición de Prefectura a Gobernación este programa y su seguro de salud fueron suspendidos por observaciones que hizo la Gobernación al funcionamiento de este programa. “Requerimos que se restablezca este programa y el seguro debido a que cuando tenemos gente enferma no tenemos con que pagar las cuentas y tenemos que pedir ayuda”, añadió.
La semana pasada, 20 yuquis acompañados de 40 niños viajaron hasta Santa Cruz para pedir ayuda a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y a la Gobernación cruceña. Varios comenzaron a ser atendidos y tratados contra la tuberculosis.
Población en peligro de extinción
El censo de población y vivienda estableció que existen 217 yuquis en la comunidad de Via Recuaté, ubicada entre los municipios de Puerto Villarroel y Chimoré. A ello se suma que cada año muere el 2 por ciento de la población yuqui por enfermedades como la micosis pulmonar y la tuberculosis. También son afectados por parasitosis y anemia. El asambleísta Marco Carrillo informó que este año murieron cuatro indígenas, por lo que la población está en peligro de extinción.
El asambleísta por esta región Abel Iaira informó que se requiere un programa integral en salud, educación y producción.
Explicó que esta propuesta de ley con cuatro artículos fue socializada con la población yuqui, pero fue observada porque no define un presupuesto.
Además, aseguran que la ley debe hablar en presente y no en futuro. “El artículo tres habla de implementará proyectos, pero queremos que se cambie por el termino implementar, debido a que las acciones de atención deben ser urgentes”, dijo.
Esta determinación fue tomada en la última sesión del año de la Asamblea Departamental, la misma será retomada el 15 de enero del 2015. Las modificaciones a esta propuesta de ley serán tratadas cuando la Asamblea Departamental retorne de sus receso de fin de año.
El asambleísta dijo que hace unos seis años, el pueblo contaban con un programa que les prestaba ayuda integral en las áreas de salud, educación y producción. En salud tenían un seguro que cubría los gastos de los enfermos que eran atendidos en el hospital Viedma.
Explicó que con la transición de Prefectura a Gobernación este programa y su seguro de salud fueron suspendidos por observaciones que hizo la Gobernación al funcionamiento de este programa. “Requerimos que se restablezca este programa y el seguro debido a que cuando tenemos gente enferma no tenemos con que pagar las cuentas y tenemos que pedir ayuda”, añadió.
La semana pasada, 20 yuquis acompañados de 40 niños viajaron hasta Santa Cruz para pedir ayuda a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y a la Gobernación cruceña. Varios comenzaron a ser atendidos y tratados contra la tuberculosis.
Población en peligro de extinción
El censo de población y vivienda estableció que existen 217 yuquis en la comunidad de Via Recuaté, ubicada entre los municipios de Puerto Villarroel y Chimoré. A ello se suma que cada año muere el 2 por ciento de la población yuqui por enfermedades como la micosis pulmonar y la tuberculosis. También son afectados por parasitosis y anemia. El asambleísta Marco Carrillo informó que este año murieron cuatro indígenas, por lo que la población está en peligro de extinción.
lunes, 22 de diciembre de 2014
La contaminación obliga a emigrar a los Weenhayek
El pueblo Weenhayek se está viendo obligado a dejar sus tierras originarias próximas a Villa Montes por la contaminación del río Pilcomayo. En los últimos años 150 familias han tenido que emigrar debido a la mala salud que goza este río, cuya contaminación está acabando con las especies de peces que habitan en él y lapidando la fuente de subsistencia de este pueblo que desde sus orígenes se ha destacado por su carácter pescador.
Ante esta situación, cerca de 150 familias Weenhayek han optado por dejar sus tierras ancestrales y marcharse a la vecina República Argentina para tratar de sobrevivir. Allí, por su condición de indígenas, reciben una pensión y una canasta alimentaria con la que alimentar a sus familias, según recoge el diario La Razón. Se estima que el pueblo Weenhayek está conformado por 5.670 familias
Este diario ha denunciado en numerosas ocasiones la contaminación del río Pilcomayo y el alto contenido de residuos tóxicos procedentes principalmente de las minas de Potosí, Oruro y los excesos de las empresas mineras para con el río.
Sin embargo, la situación de la cuenca del río Pilcomayo es cada vez más grave. Un análisis realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) pone en evidencia el alto grado de toxicidad del río y sus afluentes potosinos, Tarapaya y La Ribera.
Según dicho estudio, estos ríos tienen unos niveles de arsénico mil veces superior a lo señalado por la Ley de Medio Ambiente y 5.000 veces mayor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este mismo estudio revela que un total de 20 ingenios mineros botaban cada día más de 1.200 toneladas de desechos contaminantes a los ríos.
Es por todo esto que el pueblo Weenhayek, ante la pasividad de las empresas y las autoridades, han tenido que hacer las maletas y abandonar la tierra que habitaron durante 500 años, dejando atrás sus prácticas ancestrales de pesca que han sido su modo de vida durante todos estos años.
Ante esta situación, cerca de 150 familias Weenhayek han optado por dejar sus tierras ancestrales y marcharse a la vecina República Argentina para tratar de sobrevivir. Allí, por su condición de indígenas, reciben una pensión y una canasta alimentaria con la que alimentar a sus familias, según recoge el diario La Razón. Se estima que el pueblo Weenhayek está conformado por 5.670 familias
Este diario ha denunciado en numerosas ocasiones la contaminación del río Pilcomayo y el alto contenido de residuos tóxicos procedentes principalmente de las minas de Potosí, Oruro y los excesos de las empresas mineras para con el río.
Sin embargo, la situación de la cuenca del río Pilcomayo es cada vez más grave. Un análisis realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) pone en evidencia el alto grado de toxicidad del río y sus afluentes potosinos, Tarapaya y La Ribera.
Según dicho estudio, estos ríos tienen unos niveles de arsénico mil veces superior a lo señalado por la Ley de Medio Ambiente y 5.000 veces mayor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este mismo estudio revela que un total de 20 ingenios mineros botaban cada día más de 1.200 toneladas de desechos contaminantes a los ríos.
Es por todo esto que el pueblo Weenhayek, ante la pasividad de las empresas y las autoridades, han tenido que hacer las maletas y abandonar la tierra que habitaron durante 500 años, dejando atrás sus prácticas ancestrales de pesca que han sido su modo de vida durante todos estos años.
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