Ayer llegó una comitiva de autoridades del municipio de Chipaya para reunirse con el gobernador Santos Tito Veliz, quien aseguró no tener tiempo para recibirlos, informó Germán Condori López, concejal de Chipaya.
Tras el desborde del río Lauca que ocasionó la inundación del municipio de Chipaya, se perdió el 100% de cultivos y varias cabezas de ganado.
El concejal manifestó que tienen muchas necesidades, puesto que son 2.500 personas afectadas, muchas de las cuales están refugiadas a 15 kilómetros aproximados de Chipaya, donde se albergan en carpas.
"La ayuda ha llegado con carpas y alimentos, pero no es suficiente", señaló Condori.
Las necesidades de los comunarios son medicamentos y forraje para los animales que no tienen alimentos, por lo que están muriendo.
También manifestó que no existe asistencia médica, y que sólo les hicieron llegar ración seca y nada de vituallas ni frazadas. Informó que los niños están enfermando con diarreas, en vista de que no existe agua potable y están bebiendo agua turbia.
La ración seca que hizo llegar el Gobierno Autónomo Departamental se distribuyó por familias a 9 kilos de harina, 2 kilos y medio de arroz y azúcar y tres libras de fideo. Esta cantidad no es suficiente, motivo por lo que los comunarios demandan mayor atención del Estado, para paliar la crítica situación que sopesan tras las inundaciones.
martes, 13 de marzo de 2012
lunes, 12 de marzo de 2012
Indígenas del Tipnis definen si hacen marcha
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) inició ayer en Trinidad el análisis de la Ley de Consulta previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que debe definir la construcción o no de una carretera por ese parque nacional, además de la realización de la IX Marcha Indígena.
El presidente la Cidob, Adolfo Chávez, informó que de las 13 regionales están presentes 11. Explicó que representantes de la organización Orcaweta están retrasados, mientras que no se conoce la posición de los delegados de la Asamblea del Pueblo Guaraní.
En el encuentro se observó la presencia del defensor del Pueblo, Rolando Villena, del diputado indígena Pedro Nuni y de asambleístas departamentales del sector indígena.
Después de ceder la palabra a algunos dirigentes del movimiento indígena de tierras bajas, el presidente de la Cidob propuso iniciar el encuentro con el informe de las comisiones que viajaron al Tipnis para socializar los alcances de la ley corta que protege esa reserva natural.
Penetración. La presidente de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Bertha Bejarano, dijo que ese sector atraviesa serias dificultades porque, a su juicio, el Gobierno no frena su penetración al Tipnis con comisiones que partieron los pasados días, pero que encontraron resistencia en la zona.
"Los pueblos indígenas del Beni estamos firmes, al menos nosotros como moxeños siempre hemos estado firmes y vamos a estar firmes, de pie, para hacer respetar nuestros territorios", afirmó.
Bejarano dijo que los indígenas no están dispuestos a tener patrones "porque están cansados de llevar un yugo sobre sus espaldas".
El presidente la Cidob, Adolfo Chávez, informó que de las 13 regionales están presentes 11. Explicó que representantes de la organización Orcaweta están retrasados, mientras que no se conoce la posición de los delegados de la Asamblea del Pueblo Guaraní.
En el encuentro se observó la presencia del defensor del Pueblo, Rolando Villena, del diputado indígena Pedro Nuni y de asambleístas departamentales del sector indígena.
Después de ceder la palabra a algunos dirigentes del movimiento indígena de tierras bajas, el presidente de la Cidob propuso iniciar el encuentro con el informe de las comisiones que viajaron al Tipnis para socializar los alcances de la ley corta que protege esa reserva natural.
Penetración. La presidente de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Bertha Bejarano, dijo que ese sector atraviesa serias dificultades porque, a su juicio, el Gobierno no frena su penetración al Tipnis con comisiones que partieron los pasados días, pero que encontraron resistencia en la zona.
"Los pueblos indígenas del Beni estamos firmes, al menos nosotros como moxeños siempre hemos estado firmes y vamos a estar firmes, de pie, para hacer respetar nuestros territorios", afirmó.
Bejarano dijo que los indígenas no están dispuestos a tener patrones "porque están cansados de llevar un yugo sobre sus espaldas".
Compran una reserva a indígenas en Brasil
Una empresa irlandesa compró a líderes indígenas, por 120 millones de dólares, los derechos sobre el uso de unos 23.000 kilómetros cuadrados de una reserva de la tribu mundurucu por los próximos 20 años, en el estado brasileño de Pará, en la región amazónica.
Lo reveló el diario O Estado de Sao Paulo, que afirma que la empresa irlandesa Celestial Green Ventures, con sede en Dublín, compró las tierras en el marco de su política de negocios dentro del mercado mundial de créditos de carbono.
El contrato fue firmado por la empresa irlandesa con la Asociación Indígena del municipio de Jacareancanga, en Pará.
El contrato, que dividió a los indígenas mundurucu, es objeto de análisis de varios entes del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que advirtió que ese tipo de negocios puede impedir el desarrollo de la región y abrir camino a la biopiratería.
Es que en el contrato los indígenas se comprometieron a no talar árboles y ni plantar alimentos durante 30 años. “Tenemos que evitar que oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad se conviertan en acciones de biopiratería”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
El contrato otorga a la empresa todos los derechos sobre las ganancias obtenidas en créditos de carbono, mecanismo creado entre las medidas de combate al calentamiento global. Este comercio es una forma de compensar el efecto de la emisión abusiva de gases contaminantes por parte de empresas y países.
El área total es de 2.381.795 hectáreas.
Lo reveló el diario O Estado de Sao Paulo, que afirma que la empresa irlandesa Celestial Green Ventures, con sede en Dublín, compró las tierras en el marco de su política de negocios dentro del mercado mundial de créditos de carbono.
El contrato fue firmado por la empresa irlandesa con la Asociación Indígena del municipio de Jacareancanga, en Pará.
El contrato, que dividió a los indígenas mundurucu, es objeto de análisis de varios entes del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que advirtió que ese tipo de negocios puede impedir el desarrollo de la región y abrir camino a la biopiratería.
Es que en el contrato los indígenas se comprometieron a no talar árboles y ni plantar alimentos durante 30 años. “Tenemos que evitar que oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad se conviertan en acciones de biopiratería”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
El contrato otorga a la empresa todos los derechos sobre las ganancias obtenidas en créditos de carbono, mecanismo creado entre las medidas de combate al calentamiento global. Este comercio es una forma de compensar el efecto de la emisión abusiva de gases contaminantes por parte de empresas y países.
El área total es de 2.381.795 hectáreas.
domingo, 11 de marzo de 2012
Defensa Civil evacuará a 350 familias de Chipaya, en Oruro
Un avión de las Fuerzas Armadas realizó ayer un sobrevuelo a la zona afectada por las lluvias, para verificar la situación de los comunarios que pidieron la intervención del Gobierno.
“En el sobrevuelo se ha evidenciado en Chipaya que la población está incomunicada y rodeada de agua. Sólo está protegida por un defensivo de dos metros de alto y un metro de ancho. El agua ya está filtrando a las casas y las que están fuera de la circunvalación están inundadas”, dijo la autoridad gubernamental.
Hace tres días, el jilacata (autoridad) mayor de una de las comunidades afectadas, Santiago López, señaló que Chipaya se encuentra totalmente incomunicado porque no existe acceso a los caminos. "Estamos sufriendo inundaciones, no existe acceso desde el puente, los caminos están tapados, estamos dentro un lago, se tiene que entrar en un bote", sostuvo.
El almirante Vega informó que ayer se envió ayuda humanitaria al sector, consistente en alimentos y vituallas, y para hoy se tiene prevista la evacuación de los afectados. “Se instalarán carpas en una zona alta a 20 kilómetros de Chipaya. El lugar se llama coincidentemente Carpa y la gente deberá estar en el lugar hasta que las aguas bajen”, explicó.
A diferencia de lugares como el Chapare o Pando, donde los ríos se desbordan pero las aguas bajan, en Chipaya el efecto tardará más, porque las “aguas del río Lauca no tienen a dónde bajar”, dijo la autoridad.
Temporal. Desde ayer, algunas familias iniciaron su traslado al campamento, con ayuda de efectivos militares, pero en esta jornada se realizará el operativo final. “Se trata de una inundación, no es la destrucción de las viviendas, por lo que la evacuación será temporal. Es una previsión, porque el agua recién está empezando a filtrar”, dijo Vega.
Otra de las preocupaciones de las autoridades locales y nacionales es la de conseguir alimento para el ganado ovino, que está a expensas de la crecida del río; y de embarcaciones, para que los comunarios puedan trasladarse por el río Lauca.
En el municipio de Chipaya se encuentra asentada la Nación Indígena Uru Chipaya, que al ser un colectivo humano está organizado en el sistema de ayllus, compartiendo identidad cultural, idioma uru, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión.
En el Censo 2001, la población del municipio alcanzó a 1.814 habitantes, de los cuales, 1.791 corresponden a la población indígena.
Región. En tanto, el viceministro de Defensa Civil indicó que se hizo un sobrevuelo a los municipios de Chipaya, El Choro y Toledo de Oruro, donde los desbordes del río Lauca y Desaguadero dejaron afectadas a centenares de familias.
"Hicimos un sobrevuelo por estos municipios afectados por los ríos Lauca y Desaguadero, el más afectado es el de Chipaya, hemos tomado acciones concretas para hacer llegar ayuda humanitaria a las familias", informó Cabrera.
En el caso de El Choro y Toledo, el almirante Vega informó que las casas de las dos zonas no han sido afectadas, pero sí los animales. “Ellos piden el dragado del río Desaguadero, que se desbordó en la zona Tres Cruces”, acotó.
Alertan sobre nuevo desborde del río Acre
El nivel de las aguas del río Acre, en Pando, se incrementó en un metro en las últimas horas, razón por la que autoridades piden a los habitantes de Cobija y demás poblaciones a tomar sus precauciones para evitar daños.
El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, y el gobernador de Pando, Luis Flores, informaron ayer sobre la inminencia de un nuevo desborde del río"Tenemos conocimiento que nuevamente el río Acre ha aumentado, ha crecido el río y ha aumentado su caudal. Es una alerta que se tiene que tomar en cuenta", informó Cabrera a ANF.
"No hay que alarmar mucho, lo más importante es que la población pueda actuar oportunamente para tomar sus previsiones", dijo el viceministro. Hasta la fecha, son un total de 1.481 familias afectadas en este departamento.
En tanto, el gobernador de Pando, Luis Flores, en contacto con radio Panamericana, señaló que el turbión podría afectar a los barrios más bajos de la capital pandina. “Hay que estar alertas, ya que en 24 o 30 horas el agua llegará a Cobija. Se está previniendo a toda la gente para que desalojen esas zonas de la ciudad”, dijo.
El 18 de febrero, el desborde del río Acre provocó que el municipio de Bolpebra desapareciera y otros, como Cobija, quedaran completamente inundados.
“En el sobrevuelo se ha evidenciado en Chipaya que la población está incomunicada y rodeada de agua. Sólo está protegida por un defensivo de dos metros de alto y un metro de ancho. El agua ya está filtrando a las casas y las que están fuera de la circunvalación están inundadas”, dijo la autoridad gubernamental.
Hace tres días, el jilacata (autoridad) mayor de una de las comunidades afectadas, Santiago López, señaló que Chipaya se encuentra totalmente incomunicado porque no existe acceso a los caminos. "Estamos sufriendo inundaciones, no existe acceso desde el puente, los caminos están tapados, estamos dentro un lago, se tiene que entrar en un bote", sostuvo.
El almirante Vega informó que ayer se envió ayuda humanitaria al sector, consistente en alimentos y vituallas, y para hoy se tiene prevista la evacuación de los afectados. “Se instalarán carpas en una zona alta a 20 kilómetros de Chipaya. El lugar se llama coincidentemente Carpa y la gente deberá estar en el lugar hasta que las aguas bajen”, explicó.
A diferencia de lugares como el Chapare o Pando, donde los ríos se desbordan pero las aguas bajan, en Chipaya el efecto tardará más, porque las “aguas del río Lauca no tienen a dónde bajar”, dijo la autoridad.
Temporal. Desde ayer, algunas familias iniciaron su traslado al campamento, con ayuda de efectivos militares, pero en esta jornada se realizará el operativo final. “Se trata de una inundación, no es la destrucción de las viviendas, por lo que la evacuación será temporal. Es una previsión, porque el agua recién está empezando a filtrar”, dijo Vega.
Otra de las preocupaciones de las autoridades locales y nacionales es la de conseguir alimento para el ganado ovino, que está a expensas de la crecida del río; y de embarcaciones, para que los comunarios puedan trasladarse por el río Lauca.
En el municipio de Chipaya se encuentra asentada la Nación Indígena Uru Chipaya, que al ser un colectivo humano está organizado en el sistema de ayllus, compartiendo identidad cultural, idioma uru, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión.
En el Censo 2001, la población del municipio alcanzó a 1.814 habitantes, de los cuales, 1.791 corresponden a la población indígena.
Región. En tanto, el viceministro de Defensa Civil indicó que se hizo un sobrevuelo a los municipios de Chipaya, El Choro y Toledo de Oruro, donde los desbordes del río Lauca y Desaguadero dejaron afectadas a centenares de familias.
"Hicimos un sobrevuelo por estos municipios afectados por los ríos Lauca y Desaguadero, el más afectado es el de Chipaya, hemos tomado acciones concretas para hacer llegar ayuda humanitaria a las familias", informó Cabrera.
En el caso de El Choro y Toledo, el almirante Vega informó que las casas de las dos zonas no han sido afectadas, pero sí los animales. “Ellos piden el dragado del río Desaguadero, que se desbordó en la zona Tres Cruces”, acotó.
Alertan sobre nuevo desborde del río Acre
El nivel de las aguas del río Acre, en Pando, se incrementó en un metro en las últimas horas, razón por la que autoridades piden a los habitantes de Cobija y demás poblaciones a tomar sus precauciones para evitar daños.
El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, y el gobernador de Pando, Luis Flores, informaron ayer sobre la inminencia de un nuevo desborde del río"Tenemos conocimiento que nuevamente el río Acre ha aumentado, ha crecido el río y ha aumentado su caudal. Es una alerta que se tiene que tomar en cuenta", informó Cabrera a ANF.
"No hay que alarmar mucho, lo más importante es que la población pueda actuar oportunamente para tomar sus previsiones", dijo el viceministro. Hasta la fecha, son un total de 1.481 familias afectadas en este departamento.
En tanto, el gobernador de Pando, Luis Flores, en contacto con radio Panamericana, señaló que el turbión podría afectar a los barrios más bajos de la capital pandina. “Hay que estar alertas, ya que en 24 o 30 horas el agua llegará a Cobija. Se está previniendo a toda la gente para que desalojen esas zonas de la ciudad”, dijo.
El 18 de febrero, el desborde del río Acre provocó que el municipio de Bolpebra desapareciera y otros, como Cobija, quedaran completamente inundados.
sábado, 10 de marzo de 2012
Violencia y alcoholismo preocupan a niños de 22 pueblos indígenas
El crecimiento de violencia y alcoholismo en ciudades y poblaciones intermedias y las peleas en fiestas y familias, por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, son la principal preocupación de los niños indígenas del país.
Aproximadamente 100 niños y adolescentes de 22 pueblos indígenas del país se reunieron ayer en la ciudad de La Paz y, en actividades espontáneas, intercambiaron sus mayores preocupaciones para ser escuchados por los adultos y, en especial, por las autoridades del Estado.
Llegaron participantes de los pueblos indígenas Yuracaré, Tsimán, Caniche, Itonama, Movima, Guarayo, Moré, Mojeño-Trinitario, Sirionó, Ayoreo, Chiquitano, Guarani, Quechua y Aymara al evento organizado por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y Unicef, entre otros.
Aproximadamente 100 niños y adolescentes de 22 pueblos indígenas del país se reunieron ayer en la ciudad de La Paz y, en actividades espontáneas, intercambiaron sus mayores preocupaciones para ser escuchados por los adultos y, en especial, por las autoridades del Estado.
Llegaron participantes de los pueblos indígenas Yuracaré, Tsimán, Caniche, Itonama, Movima, Guarayo, Moré, Mojeño-Trinitario, Sirionó, Ayoreo, Chiquitano, Guarani, Quechua y Aymara al evento organizado por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y Unicef, entre otros.
viernes, 9 de marzo de 2012
Mujeres indígenas denuncian que el Gobierno quiere amedrentarlas
"El gobierno nos quiere amedrentar al querer cambiar el tipo penal de secuestro al canciller David Choquehuanca a tentativa de homicidio y lesiones graves”, afirmó Justa Cabrera, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
Manifestó que el presidente Evo Morales es insensible con las mujeres indígenas del país, ya que está afanado en que se las enjuicie para impedir la realización de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Aseguró que las mujeres indígenas no tienen miedo y anunció que se presentarán a declarar las veces que requiera el Ministerio Público.
“No tenemos miedo, nunca hemos cometido ningún delito, sólo nos agarramos de los brazos del Canciller para poder pasar el bloqueo de los cocaleros en Yucumo”, aseveró.
Justicia subordinada Por otra parte, Justa Cabrera, presidenta de las Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), lamentó que la justicia del país esté subordinada al Órgano Ejecutivo, puesto que por un lado da celeridad al caso del Canciller y, por otro, hay retraso en las investigaciones sobre la violenta represión a los indígenas de la VIII marcha en la localidad de Yucumo en septiembre de 2011.
“No hay independencia de poderes, la justicia está manejada políticamente por el presidente Evo Morales. Es lamentable la actitud del Ministerio Público, que se puede esperar de los fiscales, son serviles al gobierno nacional”, concluyó.
Manifestó que el presidente Evo Morales es insensible con las mujeres indígenas del país, ya que está afanado en que se las enjuicie para impedir la realización de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Aseguró que las mujeres indígenas no tienen miedo y anunció que se presentarán a declarar las veces que requiera el Ministerio Público.
“No tenemos miedo, nunca hemos cometido ningún delito, sólo nos agarramos de los brazos del Canciller para poder pasar el bloqueo de los cocaleros en Yucumo”, aseveró.
Justicia subordinada Por otra parte, Justa Cabrera, presidenta de las Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), lamentó que la justicia del país esté subordinada al Órgano Ejecutivo, puesto que por un lado da celeridad al caso del Canciller y, por otro, hay retraso en las investigaciones sobre la violenta represión a los indígenas de la VIII marcha en la localidad de Yucumo en septiembre de 2011.
“No hay independencia de poderes, la justicia está manejada políticamente por el presidente Evo Morales. Es lamentable la actitud del Ministerio Público, que se puede esperar de los fiscales, son serviles al gobierno nacional”, concluyó.
El TIPNIS es intangible mediante decreto
La norma prohíbe los asentamientos ilegales, el aprovechamiento forestal con fines comerciales y proyectos que provoquen impactos ambientales en la región. Reconoce la gestión compartida con los indígenas.
El Gobierno promulgó el viernes 24 de febrero el Decreto Supremo 1146 que reglamenta la Ley 180, que define el carácter intangible del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y además prohíbe la ejecución de megaproyectos.
EL DECRETO CONTRADICE LA LEY 222. El mencionado documento fue promulgado 14 días después de que el presidente Evo Morales promulgara la Ley de Consulta 222, para que sean los mismos indígenas quienes definan si permitirán la construcción de una carretera, como demandaron con una marcha los habitantes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes forman parte del polígono 7, pero que no son propietarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS.
En sus considerandos, la mencionada norma emana del deber que tiene el Estado de respetar los “derechos de gestión territorial de los pueblos indígenas”, en las áreas de doble condición, área protegida y territorio indígena, rango que tiene precisamente el TIPNIS. Se recuerda, además, la vigencia del artículo 385 de la Constitución, que establece que estos territorios son “un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país”, y respeta las áreas protegidas.
Se RECONOCE LA AUTONOMÍA INDÍGENA. La Ley 180 fue promulgada después de una marcha de más de 60 días que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas del país, encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. La movilización fue reprimida el 25 de septiembre, pero no se logró frenarla y llegó a la sede del Gobierno el 19 de octubre en medio de una multitudinaria presencia de pobladores de La Paz.
La marcha demandó, principalmente, que se respete el territorio indígena y se suspenda la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, planificado para cruzar por el centro del TIPNIS.
El Decreto 1146 establece que su objetivo es reglamentar la Ley 180, que fue promulgada el 24 de octubre de 2011, y además reconoce la doble condición (área protegida y territorio indígena) de la que gozan los pueblos indígenas yuracaré, tsimane y moxeño-trinitario, que residen en esa área natural.
Esta doble condición, dice la reglamentación, “no impide el acceso a la condición de autonomía indígena”, pero principalmente, destaca, en el artículo tercero, la declaración de intangibilidad, y garantiza “el uso tradicional no comercial de los recursos renovables por parte de los tres pueblos indígenas que la habitan. “La intangibilidad —dice— se aplica a actores internos y/o externos en virtud a la necesidad de conservar los valores naturales y culturales excepcionales, y garantizar la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS”.
Se prohíben los asentamientos humanos u ocupación ilegal de tierras, el aprovechamiento forestal con fines comerciales, y ejecutar “megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos” en la región.
En el artículo quinto se reglamenta la “gestión compartida del área protegida del TIPNIS”, entre el Estado y los indígenas.
60 días es el tiempo en que se debe aprobar una norma para ejecutar proyectos económicos no prohibidos.
180 días es el plazo para ejecutar un plan de recuperación de los recursos afectados en el área protegida.
El DECRETO QUE PROTEGE
El Decreto 1146 consta de 12 artículos y su objetivo es el de reglamentar la ley que demandaron los indígenas del TIPNIS con una marcha.
DECRETO 1146
El decreto reconoce la doble condición del TIPNIS; como área protegida y como territorio indígena, sin negar el acceso a la autonomía indígena.
Prohíbe asentamientos, comercio forestal y obras que pudieran ocasionar impactos ambientales, “cambios socioeconómicos y culturales negativos”.
Los emprendimientos económicos no prohibidos se ajustarán a un procedimiento mediante una “norma técnica consensuada”, que debe ser elaborada y aprobada en un plazo de 60 días.
La norma reconoce la necesidad de “recuperación de las áreas deforestadas por el cultivo de coca y otros productos comerciales, debiendo iniciar su implementación en los siguientes 180 días”.
Los asentamientos ilegales pueden ser denunciados ante el Ministerio de Gobierno para que la fuerza pública proceda al desalojo de los invasores.
El Gobierno promulgó el viernes 24 de febrero el Decreto Supremo 1146 que reglamenta la Ley 180, que define el carácter intangible del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y además prohíbe la ejecución de megaproyectos.
EL DECRETO CONTRADICE LA LEY 222. El mencionado documento fue promulgado 14 días después de que el presidente Evo Morales promulgara la Ley de Consulta 222, para que sean los mismos indígenas quienes definan si permitirán la construcción de una carretera, como demandaron con una marcha los habitantes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes forman parte del polígono 7, pero que no son propietarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS.
En sus considerandos, la mencionada norma emana del deber que tiene el Estado de respetar los “derechos de gestión territorial de los pueblos indígenas”, en las áreas de doble condición, área protegida y territorio indígena, rango que tiene precisamente el TIPNIS. Se recuerda, además, la vigencia del artículo 385 de la Constitución, que establece que estos territorios son “un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país”, y respeta las áreas protegidas.
Se RECONOCE LA AUTONOMÍA INDÍGENA. La Ley 180 fue promulgada después de una marcha de más de 60 días que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas del país, encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. La movilización fue reprimida el 25 de septiembre, pero no se logró frenarla y llegó a la sede del Gobierno el 19 de octubre en medio de una multitudinaria presencia de pobladores de La Paz.
La marcha demandó, principalmente, que se respete el territorio indígena y se suspenda la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, planificado para cruzar por el centro del TIPNIS.
El Decreto 1146 establece que su objetivo es reglamentar la Ley 180, que fue promulgada el 24 de octubre de 2011, y además reconoce la doble condición (área protegida y territorio indígena) de la que gozan los pueblos indígenas yuracaré, tsimane y moxeño-trinitario, que residen en esa área natural.
Esta doble condición, dice la reglamentación, “no impide el acceso a la condición de autonomía indígena”, pero principalmente, destaca, en el artículo tercero, la declaración de intangibilidad, y garantiza “el uso tradicional no comercial de los recursos renovables por parte de los tres pueblos indígenas que la habitan. “La intangibilidad —dice— se aplica a actores internos y/o externos en virtud a la necesidad de conservar los valores naturales y culturales excepcionales, y garantizar la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS”.
Se prohíben los asentamientos humanos u ocupación ilegal de tierras, el aprovechamiento forestal con fines comerciales, y ejecutar “megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos” en la región.
En el artículo quinto se reglamenta la “gestión compartida del área protegida del TIPNIS”, entre el Estado y los indígenas.
60 días es el tiempo en que se debe aprobar una norma para ejecutar proyectos económicos no prohibidos.
180 días es el plazo para ejecutar un plan de recuperación de los recursos afectados en el área protegida.
El DECRETO QUE PROTEGE
El Decreto 1146 consta de 12 artículos y su objetivo es el de reglamentar la ley que demandaron los indígenas del TIPNIS con una marcha.
DECRETO 1146
El decreto reconoce la doble condición del TIPNIS; como área protegida y como territorio indígena, sin negar el acceso a la autonomía indígena.
Prohíbe asentamientos, comercio forestal y obras que pudieran ocasionar impactos ambientales, “cambios socioeconómicos y culturales negativos”.
Los emprendimientos económicos no prohibidos se ajustarán a un procedimiento mediante una “norma técnica consensuada”, que debe ser elaborada y aprobada en un plazo de 60 días.
La norma reconoce la necesidad de “recuperación de las áreas deforestadas por el cultivo de coca y otros productos comerciales, debiendo iniciar su implementación en los siguientes 180 días”.
Los asentamientos ilegales pueden ser denunciados ante el Ministerio de Gobierno para que la fuerza pública proceda al desalojo de los invasores.
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