“Sacha Llorenti ordenó reprimir a indígenas”

El informe libera de culpa al Presidente por la intervención de la marcha por el TIPNIS.

El exministro de Gobierno Sacha Llorenti ordenó la intervención policial el 25 de septiembre contra la marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), dice el informe titulado “Violación de los Derechos Humanos en la Marcha Indígena”, presentado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
“En el caso que ocupa al presente informe, según la información recabada, la mañana del 24 de septiembre del año en curso, el titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorenti, decide que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena. A tal efecto, instruye al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, constituirse en el lugar y coordinar con el mando policial el citado operativo”.
Asimismo, las conclusiones del reporte dan cuenta de que la intervención policial en San Lorenzo se caracterizó por la represión violenta e indiscriminada a los marchistas. “La Policía Boliviana realizó una represión violenta e indiscriminada contra bebés, niñas, niños, familias, mujeres gestantes y madres, así como a personas adultas mayores. De esta manera, (hubo) actos de coacción brutales contra seres humanos indefensos”.
Los participantes. En la parte de las conclusiones del informe se menciona que la marcha del TIPNIS era legítima, pero ésta fue intervenida en cumplimiento de la orden impartida por Llorenti y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien se desplazó hasta Yucumo, donde lo esperaba el director de Régimen Interior, Boris Villegas, ambos se reunieron con la plana mayor policial, integrada por el general Edwin Foronda, el coronel Óscar Chávez, además de otros nueve oficiales.
Según la descripción, en la cita, Farfán dijo a los jefes y oficiales policiales que se tramitó un requerimiento fiscal por secuestro y tentativa de homicidio contra el Canciller y un policía herido, y que, en cumplimiento de ese requerimiento, existía la orden superior de intervenir la marcha al amanecer del día siguiente.
Los indígenas y la fiscalía. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que no se puede liberar al presidente Evo Morales, porque no puede haber funcionarios intermedios que sobrepasen su autoridad.
Entretanto, según la gubernamental ABI, el fiscal José Ángel Ponce, quien investiga los hechos, expresó que no se descarta convocar al exministro Sacha Llorenti y a las autoridades policiales, con el fin de que ofrezcan declaraciones sobre los hechos ocurridos el 25 de septiembre.

La frase

“Un juez es el que tiene que ver las pruebas para determinar si realmente el Presidente tiene o no responsabilidad. El Defensor se adelantó a definir un criterio, no debió opinar”.

Fernando Vargas / DIRIGENTE INDÍGENA

EL INFORME SEÑALA QUE EL COMANDANTE DE la FUERZA AÉREA, BOLIVIANA, general Róger Tito Gandarillas, dispuso de bienes del Estado, como aeronaves y combustible, además de personal para trasladar a los marchistas arrestados ilegalmente. El Defensor del Pueblo afirmó que el oficial militar se prestó para asumir una acción de cooperación directa en un hecho antijurídico que implica la violación de los derechos humanos.

FUNCIONARIOS del MINISTERIO de gobierno participaron, según la Defensoría del Pueblo, en la violación de los derechos humanos. Citó a Ramiro Delgado, jefe de Gabinete; Karolina Vértiz, consultora en línea; Edwin Contreras, responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, auxiliar; los miembros del equipo de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro.

LOS DETALLES DE LA INTERVENCIÓN A LA MARCHA

LA INTERVENCIÓN
Los policías usaron términos discriminatorios y estigmatizantes en contra de los movilizados.
NO COLABORARON
Las instituciones que no colaboraron en el informe son: el Ministerio Público y la Policía, por su informe parcial. LA INVESTIGACIÓN
El Defensor pidió que la Fiscalía amplíe la investigación de la represión, e incluso la profundice.

Pueblos indígenas del Beni denuncian la no reglamentación de la denominada Ley Corta para el TIPNIS

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Pedro Vare, lamentó que el gobierno no haya iniciado la reglamentación de la Ley Corta que declara zona intangible al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pese a que ellos ya presentaron una propuesta.

Explicó que esta era una formalidad que el gobierno se había comprometido a cumplir una vez promulgada la norma, puesto que los 16 puntos demandados por la VIII Marcha Indígena fueron atendidos en un día.

"Se suponía que la reglamentación era simplemente un tema de mera formalidad, donde se iba a imponer los aspectos técnicos, legales, operativos, lo que no iba ser objeto de mayor burocracia", afirmó Vare citado por la Agencia Plurinacional de Comunicación.

El dirigente expresó su malestar, porque el tema se sigue dilatando, mucho más ahora que el gobierno decidió suspender la licencia a las empresas que operaban en el TIPNIS después de muchos esfuerzos realizados para poner en marcha iniciativas productivas.

Argumentó y puso en claro su punto de vista respecto a que son la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, los entes fiscalizadores, en coordinación con las comunidades, por tanto no es cierto que haya aprovechamiento de recursos naturales al margen de la ley.

El fondo indígena financia Bs 5,79 mm

Con el propósito de mejorar la conservación de pastos nativos y bofedales en el municipio de Curahuara de Carangas, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originarios y Comunidades Campesinas financia diez proyectos, que tienen un presupuesto que asciende a 5,793 millones de bolivianos.
El mallku de Curahuara de Carangas, Marcelino Núñez, destacó la importancia de la ejecución de proyectos, que beneficiarán a los productores de camélidos de ese municipio.
“Estamos muy agradecidos por el financiamiento del Fondo Indígena porque ahora vamos a cubrir varias de nuestras necesidades, ahora tenemos que trabajar todos para mejorar nuestras condiciones de vida”.
La inauguración de la ejecución de los proyectos se efectivizó en conmemoración al sexagésimo aniversario de creación de la provincia Sajama, que se recuerda el 11 de noviembre.

El ministerio de educación logra un acuerdo en Los Yungas

El Ministerio de Educación suscribió un convenio con el Consejo Educativo Afroboliviano para promover la recuperación y aprendizaje de la lengua y cultura africana a través de la creación del Instituto de Estudio de Lengua y Cultura Afroboliviana, e instalará telecentros en sus

Tipnis: Indígenas amenazan con pedir revocatorio si el gobierno incumple compromisos

Indígenas de tierras bajas amenazaron este domingo con pedir la revocatoria del mandato del presidente del Estado Evo Morales, si el gobierno incumple los compromisos respecto a la preservación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

El diputado indígena, Bienvenido Zacu (MAS) lamentó que en la última semana se hayan escuchado pronunciamientos que piden la carretera por el medio de reserva.

Durante la última semana, movimientos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) plantearon retomar el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a través de la modificación de la ley que declara intangible a la reserva natural. El propio presidente del Estado, en la población beniana de San Ignacio de Moxos, pidió a los indígenas afines a su gobierno exigir la construcción de esta carretera.

"Hay varias posibilidades; se puede apelar internacionalmente o de una vez pedir la revocatoria del mandato, o quizá achicar el mandato, como se hacía con los malos gobernantes. Somos conscientes que unos malos funcionarios están llevando al fracaso a este gobierno que es nuestro", dijo el representante indígena.

Zacu lamentó las declaraciones del gobierno que las calificó como amenazas que buscan el enfrentamiento entre bolivianos y defender "fuertes intereses cocaleros".

En tanto, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro reiteró que existen nuevos pronunciamientos que piden la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y que el gobierno estudia las posibilidades de responder a estas demandas.

"Los actores, es decir los directos beneficiaros no habían estado representado por la movilización como aparentemente se presentó. Hay una ley que es de cumplimento obligatorio y uno de los ejes de cumplimiento es la intangibilidad.

Fue una norma impulsada por los marchista pero no había sido una norma que representaba a los intereses de que quienes viven desde San Ignacio de Moxos a Villa Tunari" dijo Navarro en declaraciones a Radio Panamericana.

Capacitan sobre los derechos indígenas.

La Defensoría del Pueblo de Santa Cruz y la Red Participación y Justicia, capacitaron a los periodistas cruceños sobre derechos indígenas y el desarrollo del periodismo.

Este taller se realizó en la media jornada de ayer en el Hotel Canciller.

Sugieren indemnizar a los indígenas reprimidos

Los partidos políticos Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) coincidieron en denunciar que el Gobierno Central está encubriendo los hechos violentos que se registraron en Yucumo, Beni.

Los indígenas del Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fueron reprimidos por los efectivos policiales el pasado 25 de mayo en esa localidad, cuando realizaban la marcha hacia la sede de Gobierno, en defensa del Tipnis. En la intervención que ejecutaron los uniformados, muchos pobladores resultaron heridos y decenas de niños quedaron perdidos en el monte, debido a que escaparon por los gases lacrimógenos que se utilizaron.

Encubrimiento. Samuel Doria Medina, líder de UN, destacó que solo los mandos medios se encuentran como responsables de los hechos violentos y no así las autoridades máximas, por lo que a su parecer es una acción para encubrir responsabilidades. "Yo veo una estrategia de encubrimiento, lo digo con profunda preocupación y veo lo que pasó en Caranavi, inician la investigación, imputan a mandos policiales medios en el caso de Caranavi, después levantan la imputación y liberan de responsabilidad a los mandos medios, pero nunca afectan a los niveles de decisión, nunca afectan a los niveles de decisión del Órgano Ejecutivo", expresó el empresario cementero.

Por su parte, Juan del Granado, líder del MSM, mencionó que el primer mandatario busca por todos los medios desprestigiar a los opositores con sus acusaciones, para así poder desvirtuar la información y el avance de la investigación a la represión.

Orden del ejecutivo. A casi dos meses de la intervención policial a los indígenas, ya se han citado a varios testigos, para esclarecer quiénes son los responsables.

De acuerdo a las primeras investigaciones, que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado, los testigos coincidieron en señalar que la orden para la intervención salió del poder Ejecutivo.

El pasado jueves declararon en calidad de testigos el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, el ex viceministro de Régimen interior, Marcos Farfán, los diputados indígenas Pedro Nuni y Bienvenido Zacu, y el dirigente del Conamaq Rafael Quispe.

Zacu, mencionó que tiene la confianza en que la justicia boliviana pueda resolver el caso, porque de lo contrario acudirán a instancias internacionales.

Posibles nombres. Tras las declaraciones, hasta el momento solo se dispuso el arresto domiciliario del ex subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, quien habría ejecutado la orden de intervenir la marcha indígena.

El exmayor de la Policía, David Vargas, pidió al general Óscar Muñoz revelar el nombre de la autoridad de gobierno que ordenó la represión contra los marchistas del Tipnis.

Vargas asegura que esta acción mostraría respeto con la institución del verde olivo, a pesar de las presiones políticas.
En el transcurso de la toma de declaración, también se dijo que los periodistas serían citados, debido a su presencia en la represión. Es por ello, que ayer los periodistas de Santa Cruz, realizaron una marcha en rechazo a las citaciones, ya que sostienen que solo cumplieron con su deber de informar. "Rechazamos las citaciones que quieren hacer a los periodistas que estuvieron presentes en la intervención policial a los indígenas", expresó Franz Araúz, periodista independiente.

Criterios. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Julio Salazar, pidió a los políticos no especular sobre los presuntos responsables de la intervención y esperar a que el Ministerio Público finalice la investigación.

30 Personas
Están en la lista de las citaciones, para que colaboren en la investigación de la represión.

25 Mayo
Fecha de la intervención policial a los indígenas del Tipnis en la localidad de Yucumo, en Beni.

Recusan a fiscal por no ser imparcial

El fiscal, marco antonio vargas, fue recusado por no ser imparcial en su determinación contra el general Óscar muñoz, por la represión a indígenas.