Bodas ante la Pachamama se retrasan por falta de recursos

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, informó ayer a La Prensa del retraso en la implementación del proyecto Matrimonios Colectivos del Estado Plurinacional de Bolivia por la falta de recursos económicos relacionados con el Ministerio de Culturas. Este plan debía tener su máximo acontecimiento a fin de año con la boda de 400 parejas aymaras ante la Madre Tierra o Pachamama.

“Tenemos conflictos en el tema de recursos, eso está conflictuando llevar adelante (el proyecto) no sólo este tema de los matrimonios con rituales de identidad, sino otros proyectos también. En esta semana tendríamos que solucionar estos problemas”, manifestó la autoridad.

El plan de Matrimonios Colectivos propuesto por la Unidad de Antropología y la Unidad de Despatriarcalización, según Cárdenas, tiene el objetivo “de contribuir al fortalecimiento de las prácticas rituales del matrimonio de acuerdo a los usos y costumbres, y conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos del ámbito andino del Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia”.

Según EFE, esta implementación debía encontrar su fase final en diciembre, cuando se estimaba que 400 parejas aymaras y quechuas contraerían boda de forma inédita ante la deidad andina Pachamama en el centro ceremonial de Tiwanaku y con la presencia del presidente Evo Morales.

El Viceministro aseguró que su equipo, liderado por mujeres, y la Dirección de Lucha Contra el Racismo y la Dirección de Administración Pública Plurinacional, han avanzado la mitad de la propuesta. “Nuestro Viceministerio aporta al proyecto trabajando con cuatro equipos encabezados por mujeres. Necesitamos aclarar estos temas que garantizarán el incremento de gente y la realización de viajes que todavía son necesarios”, concluyó Cárdenas.

Sindicatos campesinos indígenas se sostienen con ayuda externa

La Razón consultó a líderes de seis organizaciones sociales; de ellos, los vinculados a sindicatos campesinos e indígenas confirmaron que reciben aportes de organismos internacionales, mientras que las asociaciones que tienen como base a trabajadores con una relación obrero patronal funcionan con aportes de sus afiliados.

De hecho, las cinco organizaciones que son parte del “Pacto de Unidad”: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qollasuyu (Conamaq), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), conformaron la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol) que tiene apoyo externo.

Esa Coordinadora está dirigida por Sergio Hinojosa, quien también es la máxima autoridad del Conamaq. El dirigente explicó que “tenemos financiamiento, eso es para hacer talleres, fortalecimiento (institucional), pero todo se maneja bajo facturas y auditorías interna y externa”.

Acotó que uno de los proyectos abarca a las cinco organizaciones “con eso nos financiamos la gasolina porque tenemos movilidades”, que fueron donadas por el gobierno de Evo Morales Ayma.

“Estamos con el financiamiento de Ciemen, PNUD, Veterinarios sin Fronteras”, mencionó el dirigente.

Según su web, Ciemen (Centre Internacional Escarré per a les Minories Étniques i les Nacions, en catalán; Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales, en español), es una asociación cultural, no gubernamental y no lucrativa con sede en Catalunya (España), aunque se creó en Italia en 1974.

Trabaja en la problemática de minorías étnicas y la no aceptación de todos los pueblos y comunidades.

Mientras que Veterinarios Sin Fronteras es una ONG que promueve “desde la cooperación un modelo de desarrollo rural justo en favor de la soberanía alimentaria”.

En el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “es una red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor”, según su web. La entidad confirmó que tiene un programa de apoyo a los sindicatos (ver pág.11).

CSUTCB. El secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, informó de que este ente recibe ayuda de organizaciones internacionales a través de la Coincabol. “Ellos nos apoyan con logística, material de escritorio, gasolina para las movilidades cuando queremos desplazarnos o mantenimiento de movilidades”.

Agregó que se suele recurrir a la cooperación externa para elaborar proyectos, pagar talleres y técnicos.

Actualmente la CSUTCB tiene un programa sobre biodiversidad con la Fundación Protección y Uso Sostenible del Medio Ambiente (PUMA), comentó Machaca; además, busca el apoyo del PNUD para elaborar un proyecto de la década productiva.

El portal de PUMA señala que ésta “es una institución privada (boliviana), sin fines de lucro, administradora y canalizadora de recursos financieros públicos y privados para proyectos productivos que contribuyan a la conservación de los recursos naturales renovables”.

En todo caso, Machaca aclaró que su organización pide “que cualquier convenio que firmamos con ONG, ellos se sometan a nuestra decisión y disposición, es decir, a nuestra visión de la Confederación de Campesinos”.

Salario. El presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, informó que por una resolución de esta organización se determinó que “cada proyecto de cualquier índole se haga (esté a) cargo de algún dirigente” de la entidad.

“Las ciudades son muy caras para vivir para los dirigentes nacionales y departamentales; entonces, lo mínimo que se ha establecido son 500 dólares para adelante. Eso es lo básico, esto pasa por ahora y se lo ha cargado a algunas organizaciones que están apoyando a la CIDOB de una forma transparente”.

Los recursos que perciben los dirigentes son dados mientras dura el proyecto y, según Chávez, son necesarios para que los dirigentes puedan sustentar a sus familias.

En todo caso aseguró que una vez que los diferentes pueblos se fortalezcan económicamente deberán aportar a su organización.

Explicó que se tomó esa determinación porque la cooperación internacional “debe reconocer el trabajo de los dirigentes locales y no sólo usarnos para generar recursos”.

El Pacto de unidad

El Pacto de Unidad nació en Santa Cruz, el 2005 con la CSUTCB, el Conamaq, la Confederación de Colonizadores de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Movimiento Sin Tierra, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Organización del Pueblo Mojeño y la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Los objetivos conjuntos

Esas organizaciones han constituido el Pacto de Unidad, a partir de la necesidad de impulsar conjuntamente sus demandas, como la realización de la Asamblea Constituyente.

También son la base social del MAS.

Septiembre, la ritualidad en los Andes por equinoccio primaveral

Se inicia el ‘Sataw lapaka’, con la siembra en lugares altos en un terreno ya preparado, por tanto fértil; es un periodo sumamente reflexivo para los pueblos altiplánicos.

Edwin Conde Villarreal

El hombre de los Andes, desde la época prehispánica, tuvo la capacidad de identificar los periodos del tiempo, basado en los solsticios y los equinoccios; dividió el calendario agrícola e identificó los movimientos estelares que le permitieron reconocer temporadas de sequía y de lluvia.

Al finalizar el período de julio-agosto, denominado Anta Situwa o Jupha Pawaw Phajjsi, en el que se cumple una serie de rituales dedicados a la Pachamama o Madre Tierra, ella ‘despierta’ de su descanso y está lista para ser nuevamente sembrada. Se prepara la tierra, inicialmente en lugares altos, para dar comienzo a las primeras siembras de papa, oca, quinua y cebada, que dependen de la lluvia, la que llegará en diciembre.

Los investigadores dicen que la cosmovisión andina divide el calendario en dos períodos: el Awtipacha, o tiempo seco, que se identifica con lo masculino, y el Jallupacha, tiempo de lluvias, que se identifica con lo femenino.

“Los calendarios ancestrales nos marcan el inicio de un nuevo ciclo para los pueblos del hemisferio sur, a partir de cada 21 de junio con el solsticio de invierno, cuando el sol inicia un nuevo recorrido”, explicó en una entrevista anterior el director de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional y filósofo andino, Fernando Huanacuni.

Con el equinoccio de primavera, llamado el Sataw Lapaka, el 21 de septiembre, se cumplen también ofrendas y rituales para el festejo de la Koya Raimi, fiesta de la reina, que coincide con algunas celebraciones de vírgenes en la región altiplánica. Septiembre, principalmente, es el mes por excelencia de la siembra y de la esquila de los animales.

Huanacuni considera que el equinoccio de primavera marca una transición importante y que no solamente incumbe a la agricultura o al campo. “Nosotros somos los más grandes agricultores de nuestras vidas”, dice el investigador.

“La parcialidad mujer, o Warmi Pacha, se inicia con el Sata Qallta, el 21 de septiembre, señala el tiempo de la mujer, de lo femenino, de la Pachamama, de la fertilidad, tiempo de lluvia, tiempo de siembra y de cosecha, tiempo de acción”, explica Huanacuni, que proviene de la comunidad Sariri.

El Director de Protocolo considera que esta circunstancia se manifiesta plenamente con los primeros rayos de sol del día 21 de septiembre, que marca la primera siembra sobre terreno ya preparado, y por lo tanto fértil, la que posibilitará que se exprese nuestra naturaleza de ser productivo. “Lo que implica tener claridad de lo que se va a decir, hacer, generar y por dónde se va a caminar, ya que esta siembra en nuestra cotidianidad es el pensar, sentir, e incluso nuestro ‘no hacer’ es una siembra que también tendrá una cosecha que dependerá según lo sembrado”, reflexiona Huanacuni en un mensaje al pueblo.

RITUALES Y OFRENDAS

Esquila. En esta temporada es usual que se corte la fibra de lana de los camélidos y también de las ovejas.

Reflexión. El periodo es reflexivo, por lo que implica tener claridad en lo que se va a decir, hacer, generar y por dónde caminar.

Tiempo. Los pueblos de los Andes, a partir de la era prehispánica, supieron identificar lo diferentes periodos en el calendario agrícola.

“Es el periodo de la Warmi Pacha”

A partir del 21 de septiembre, con el equinoccio de primavera, se inicia la época del Warmi Pacha o parcialidad femenina que durará hasta el 21 de marzo, explica el investigador Fernando Huanacuni.

El 21 de marzo, fecha que marca la transición a Chacha Pacha, la época del varón, de lo masculino, tiempo en que se deja descansar la tierra, es tiempo de mirar las estrellas, tiempo de reflexión, de introspección, para otra vez preparar la nueva tierra y volver a sembrar completando así el ciclo agrícola.

En esta temporada también se cumplirá el Wiñay Pacha, dice Huanacuani, cuando cada familia prepare un lugar para recibir a sus seres queridos que ya han partido hacia el Wiñay Marka o ciudad eterna. La celebración es conocida en las ciudades como Todos Santos.

Plantean que Policía y Fiscalía cooperen a “jueces indígenas”

Deslinde: Un anteproyecto de ley establece sanciones administrativas contra quienes no cumplan el mandato.

La Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán cooperar a las autoridades originarias para investigar los casos tratados por la justicia comunitaria y para hacer cumplir sus fallos, según establece el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional.

El parágrafo I del artículo 15 dispone que “las autoridades judiciales y/o administrativas, Ministerio Público y Policía Nacional deben prestar inmediata cooperación a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y comunidades interculturales para facilitar el proceso de investigación y/o garantizar el cumplimiento de sus decisiones en asuntos sometidos a su conocimiento, en la obtención de medios probatorios, medidas preventivas, cumplimiento de una sanción y otras acciones necesarias para este fin”.

En contacto con La Prensa, José Manuel Gutiérrez, coordinador nacional del Área de Acciones de Defensa Constitucional y Jurisdiccional Indígena Originaria Campesina de la Fiscalía General, aseguró ayer que “cualquier autoridad tiene la obligación de cooperar con los pueblos indígenas originarios campesinos en el marco de sus atribuciones específicas”.

Añadió que la cooperación debe ser recíproca entre las autoridades originarias y de la justicia ordinaria, pues cada fuero debe respetar sus atribuciones.

Un vocero del Comando Nacional de la Policía adelantó que la institución cumplirá lo que fijan las normas.

El artículo 192 de la Constitución Política del Estado sostiene que “toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina”.

Las autoridades indígenas también prestarán cooperación a las autoridades de la justicia ordinaria y agroambiental. Según el mencionado anteproyecto de ley, las autoridades del fuero ordinario o agroambiental podrán requerir ayuda de la jurisdicción comunitaria, cuando un indígena, campesino u originario sea procesado ante los estrados judiciales.

Otro de los parágrafos del mismo artículo dispone que las autoridades ordinarias y agroambientales emitan informes a la comunidad de origen, en caso de que ésta hubiera pasado un caso a los tribunales de justicia.

Al respecto, Gutiérrez aseguró que la idea en este punto “es que se mantenga la información de ambas partes, recíprocamente” para que tanto las autoridades naturales y ordinarias puedan conocer el resultado de esos casos “que en su momento fueron remitidos a conocimiento de otras jurisdicciones”.

Los jueces deberán informar a una comunidad sobre las sentencias aplicadas contra individuos pertenecientes a esa colectividad originaria.

El anteproyecto incluye a las comunidades interculturales, a las que confiere la autoridad para juzgar a aquellos colonizadores transgresores de sus normas internas bajo sus usos y costumbres.

Sin embargo, si algún caso afectara a la región en la que se estableció el grupo proveniente de otras regiones y se presentara un conflicto de competencias, éste sólo podrá ser resuelto por las autoridades de ambas colectividades, sin necesidad de que intervenga un tercer dirimente.

Competencias

Art. 8 Competencia plena, integral

I. La jurisdicción indígena y de las comunidades interculturales tiene competencia plena, integral y colectiva para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que vulneren los derechos de los pueblos.

II. La jurisdicción indígena y de las comunidades interculturales también tiene competencia para conocer y resolver asuntos jurídicos que se produjeren fuera de su territorio, siempre y cuando éstos vulneren los derechos de los pueblos.

III. Será de competencia de la jurisdicción indígena y de las comunidades interculturales conocer y resolver las controversias jurídicas suscitadas entre sus miembros, dentro de su territorio o fuera de él, en cualquier asunto, conflicto o delito, siempre y cuando no alteren el orden establecido en la jurisdicción.

IV. Será de la competencia de la jurisdicción indígena conocer y resolver asuntos jurídicos ocurridos entre personas que no pertenecen a pueblos indígenas que cometan o infrinjan derechos dentro de un territorio originario que produzcan daños a la comunidad.

Art. 9 Competencia intrajurisdiccional

Cuando se trate de conflictos de competencia entre autoridades de la jurisdicción indígena y/o comunidades interculturales, serán resueltos por sus instancias propias.

Art. 10 Competencia interjurisdiccional

Cuando se trate de conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria o la agroambiental y las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, éstos serán resueltos por el Tribunal Constitucional resguardando el respeto y la vigencia de los derechos colectivos e individuales de las naciones.

Opiniones

“El anteproyecto de Ley de Deslinde no se ajusta a las previsiones en la Constitución, no se ha definido el deslinde jurisdiccional, es decir, no se sabe qué materias van a ser conocidas o pueden ser conocidas por la justicia indígena originaria campesina. Al existir esta grave omisión, cómo es posible que se pueda llevar adelante la cooperación y el cumplimiento a las decisiones que se puedan adoptar. Aquí se va a plantear un problema gravísimo, porque vamos a tener constantemente conflictos de competencia que van a tener que ser resueltos por el Tribunal Constitucional. Aquí hay una norma abierta que no define la competencia, ¿qué temas pueden conocer o qué temas no se pueden conocer (la justicia indígena)? Por otro lado, este mismo proyecto vulnera la Constitución Política del Estado o (está) en sentido contrario a la Constitución”.

Bernardo Wayar / Colegio de Abogados de La Paz

Un mallku va a prisión por narcotráfico

El juez 3° de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, resolvió ayer enviar a la cárcel preventivamente al ex alcalde masista del municipio de Catacora (Pacajes-La Paz), Justo Zanga, junto a otras dos personas, una de ellas colombiana, por tráfico de drogas.

“Uno de los imputados es ex alcalde del municipio de Catacora, pero además actualmente funge como Aquirimallku, es decir sería el segundo dirigente campesino a nivel regional”, informó la fiscal adscrita a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Yhilka Hinojosa.

También se detuvo a Justo Kantuta Ticona y Óscar Mauricio Gonzales Zapata, este último de nacionalidad colombiana, agregó.

Según la autoridad del Ministerio Público, el juez determinó la detención preventiva de las tres personas porque se estableció que existen los suficientes elementos de probabilidad de coautoría, como también riesgos procesales.

La aprehensión de los imputados se dio tras un operativo de la FELCN realizado el 30 de agosto en la localidad de Laquinamaya (San Andrés de Machaca), frontera con Perú, en el que se encontró en una camioneta 190 paquetes de cocaína, que tienen un peso de 170 kilos y 335 gramos.

Según Hinojosa, el súbdito colombiano sería el principal autor del ilícito, además tenía en su poder varias identificaciones falsas.

La droga habría sido ingresada al país del Perú, recogida en el hito 28, y estaba siendo internada a la ciudad de La Paz.

El primer caso de un dirigente campesino involucrado con el narcotráfico fue el del amauta Valentín Mejillones, al que se lo sorprendió en posesión de droga líquida en su casa de El Alto, el martes 27 de julio, junto a su hijo Javier y una pareja de súbditos colombianos. Posteriormente se lo encarceló en el penal de San Pedro el 30 de julio, por orden del Juzgado 10° de Instrucción en lo Penal Cautelar.

Pueblos indígenas anuncian reagrupación de bloque oriente

El presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), Diego Faldín, criticó ayer al Gobierno central y a los originarios de Occidente, por lo que anunció la reagrupación de las diferentes organizaciones sociales del bloque Oriente con el fin de tomar protagonismo en el país y realizar acciones propositivas para llevar adelante el proceso de cambio.

“Nosotros siempre hacemos la autocrítica a este Gobierno, no es que seamos serviles, somos autocríticos, nosotros, las organizaciones sociales a nivel departamental, nacional, local y comunal, construimos este proceso de cambio”, declaró Faldín a radio Santa Cruz de la Red Erbol.

De esta forma, criticó a sectores, como los campesinos de Occidente, a quienes acusó de convertirse en funcionales al Gobierno central y olvidarse a dónde pertenecen y con qué proyecciones de cambio trabajan.

“Muchos de los compañeros, entre ellos los campesinos de Occidente, las Bartolinas, respondieron más a la estructura del Estado, pareciera que no hay una propuesta ni una estrategia de su parte para que nosotros los originarios seamos los protagonistas y que ya no sea el Gobierno quien haga todo por nosotros”, puntualizó.

Con el fin de que las organizaciones vuelvan a ser las que apuntalen el proceso de cambio, adelantó que para este fin de semana el bloque de originarios de Oriente sostendrá su reunión en Santa Cruz, en la cual asistirá como ente mayor la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) para reorganizarse y volver con el protagonismo que lo caracterizó.

Faldín enfatizó que el Gobierno nacional, aunque se denomina indígena, no acepta las críticas y menos consulta a las bases originarias para los temas de fondo, motivo por el cual, en la aprobación de cualquier ley, existen esos fracasos y rechazos porque no llega a consensuarse con los sectores involucrados.

“Este Gobierno tienen que entender que somos diversos, un Estado Plurinacional como dice la Constitución Política del Estado, no decimos que estamos en su contra porque nosotros apostamos al cambio que pregonaba el presidente Evo Morales en su elección hace más de un año”, precisó.

La justicia indígena podrá juzgar al narcotráfico y al terrorismo

Propuesta: Según el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, la justicia originaria y la ordinaria conocerán casos especiales.

El Gobierno plantea entregarle a la justicia comunitaria la atribución de juzgar y resolver los delitos de corrupción pública, narcotráfico, violación, contrabando, terrorismo y genocidio. Esto en coordinación con la justicia ordinaria.

La propuesta está contenida en el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional elaborado por el Viceministerio de Justicia Indígena.

El artículo 14 del documento establece que “las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y comunidades interculturales pueden coordinar con las jurisdicciones constitucionales reconocidas para conocer y resolver acciones de corrupción que afecten el patrimonio público, causas sobre sustancias controladas y delitos de violación de niños, niñas y adolescentes, asimismo deben coordinar con la jurisdicción ordinaria los delitos contra la seguridad del Estado, los ilícitos aduaneros y tributarios, los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra”.

La propuesta no determina límites jurisdiccionales para tratar los casos especiales. El director general del Viceministerio de Justicia Indígena, Eddy Burgoa, explicó que “incluso (prevé) extraterritorialidad en los casos en los que se vean afectados los bienes patrimoniales de las comunidades, es decir a la garantía de derecho, por ello en algunos casos, la justicia indígena va a participar en acciones de la justicia ordinaria, aun en elementos que hayan sido producidos en esta otra jurisdicción”.

Jaime Álvarez, presidente de la Red Participación y Justicia, sostuvo que ese artículo debería ser retirado de la propuesta para evitar problemas posteriores.

“Se genera una confusión que permite ver una especie de entrecruzamiento de jurisdicciones (...) Este fenómeno, en lugar de ayudar a delimitar, más bien confunde y esto complicará la implementación de la norma”.

El proyecto propone crear tribunales mixtos para juzgar los casos que por su notoriedad e interés puedan ser conocidos por autoridades originarias.

Opiniones

“Cuando un hecho se ha cometido en una jurisdicción territorial,el hecho debe ser juzgado en esa misma área. Si estamos hablando de una capital de departamento o una provincia donde hay jueces, será de competencia de los administradores de justicia de la jurisdicción ordinaria (...). Pero si el hecho hubiese sido cometido en una comunidad indígena originaria campesina, tendrá que respetarse el fuero y que los hechos se juzguen en esa comunidad, pero podrán derivarlo, en ciertos casos, a la justicia ordinaria”.

Rodolfo Mérida / Consejo de la Judicatura

“La justicia comunitaria debe tener límites en el conocimiento de las causas. A la justicia comunitaria, en la Constitución y en la Ley Orgánica, no se le ha puesto límites porque no puede conocer delitos graves de lesa humanidad o narcotráfico, contra el patrimonio, terrorismo. Eso debe estar reservado a la justicia ordinaria, y la justicia comunitaria tiene como límites los delitos que vayan en contra del patrimonio particular. A través de la justicia comunitaria se puede favorecer a correligionarios políticos”.

Edwin Rojas Tordoya / Colegio Nacional de Abogados

Definiciones

Función judicial

Impartir justicia, en el marco del pluralismo jurídico y diversidad cultural que emana del pueblo boliviano.

Naciones, pueblos indígenas

Colectividades humanas anteriores a la invasión colonial española que históricamente pertenecen a un territorio ancestral.

Derecho propio

Normas basadas en sus valores milenarios, principios culturales, procedimientos y costumbres que regulan la vida social.

Comunidades interculturales

Colectividades humanas que trasladándose de sus territorios ancestrales constituyen identidades de carácter plural.

Comunidad afroboliviana

Colectividades humanas asentadas en el territorio del Estado que históricamente descienden de pueblos africanos.

Jurisdicción indígena originaria

Potestad constitucional que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales.

Autoridad indígena originaria

Instancias de representación y administración de justicia, individual y/o colectiva, legítimamente establecidas de acuerdo a ley.

Deslinde jurisdiccional

Determinación del ámbito territorial de las competencias plenas, integrales y colectivas de la jurisdicción indígena.

Descolonización

Revalorizar las normativas locales orientadas al proceso de reconstitución de sistemas jurídicos según principios propios.