Después del cuarto intermedio al bloqueo realizado por los indígenas de la Comunidad Tacobo Mora, éstos indicaron que no renunciarán a la indemnización de 1 millón de bolivianos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), les adeuda por motivo de incumplimiento a la consulta previa para la explotación de 211 hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) guaraní.
“Al presidente de YPFB, Carlos Villegas, le indicamos que nosotros tenemos un documento que en su momento fue firmado por ese entonces, gerente Nacional de Plantas, Gerson Rojas, documento que estipula que YPFB Corporación honrará la indemnización de la suma de un millón de bolivianos por concepto de daños, perjuicios y vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por cuanto el presidente de YPFB, está mal informando a la población, porque una cosa es la compensación y otra es la indemnización”, manifestó Higinio Coca, Gran Capitán de Tacobo Mora.
También, comentó que no sería la primera vez que YPFB habría incumplido los contratos con esta Capitanía, situación que los comunarios de Tacobo Mora habrían dejado de lado anteponiendo el desarrollo del país a las necesidades de la comunidad guaraní.
“El señor Villegas quiere confundir a la sociedad al manifestar que ya nos habrían compensado con 7 millones de bolivianos, cuando la realidad es otra, puesto que ese monto económico corresponde a la consulta realizada en una primera etapa al pueblo guaraní para que cediéramos parte de nuestras tierras para la realización de proyectos de explotación. Ellos, aprovechando este pacto procedieron al desmonte de 211 hectáreas que no estaban estipuladas en las actas y que en ningún momento fueron llevadas a la consulta con la Capitanía, como lo estipula la ley”, expresó Coca.
Además, comentó como producto de la falta de disposición que mostraron para el diálogo por parte del presidente de YPFB y el Gobierno, los indígenas de Tacobo Mora procedieron nuevamente a bloquear el ingreso principal a la Planta Separadora de Líquidos Rio Grande y YPFB Andina.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, indicó que al fenecer el cuarto intermedio que brindaron los indígenas de Tacobo Mora para que el gobierno se manifieste sobre esta problemática, procedieron nuevamente a retomar el bloqueo del ingreso principal de la Planta Separadora de Líquidos Rio Grande y YPFB Andina.
“Toda vez que el presidente de YPFB o el Gobierno no se manifestó sobre el justo pedido que realiza la Capitanía de Tacobo Mora, estos procedieron nuevamente a bloquear el ingreso de la planta Río Grande y no descartan la toma pacífica del pozo Río Grande”, manifestó Chávez.
Asimismo, indicó que ellos no cesarán con su reclamo y si la fuerza policial intenta intervenir en el bloqueo, se enfrentarán, responsabilizando directamente al Comandante Departamental, Guido Arroyo.
“Señor Arroyo, usted va hacer un arroyo de sangre de la Capitanía Tacobo Mora, que están dispuestos inclusive a dar su vida para que la justicia indemnice las hectáreas que YPFB taló y que actualmente esta utilizando para su proyecto”, añadió Chávez.
Ante esta situación, el analista y consultor en hidrocarburos, José Luis Padilla, manifestó que el pedido que realiza la Capitanía Tacobo Mora a YPFB es justo, puesto que la empresa hidrocarburíferas estatal habría explotado TCO sin haber realizado una consulta.
“El pedido de un millón de bolivianos por parte de los indígenas de Tacobo Mora, se justifica puesto que ellos reclaman esta indemnización por predios que no fueron llevados a la consulta mutuamente, obviando procedimientos y registros que son estipulados por ley, además con este accionar YPFB a atentado contra el equilibrio ambiental de la zona, poniendo en riesgo toda forma de vida que este en el radio de la zona en conflicto”, comentó Padilla.
También, añadió que si bien esta demanda es justa por parte de la Capitanía Tacobo Mora, no se puede dejar de lado las pérdidas económicas que causa la medida radical que los indígenas optaron para hacer su reclamo.
“YPFB pierde diariamente 350 mil dólares, debido a que la obra de la planta Río Grande está paralizada y surge retraso en la entrega que estaba fijada para el 10 de mayo, por lo cual es recordable que el presidente de YPFB, baje hasta la zona en cuestión y converse con los afectados y no se cierre solo en discursos mediáticos que no solucionan las problemáticas de ambas partes”, añadió Padilla.
DATOS
- La Capitanía Tacobo Mora pide que YPFB los indemnice con Bs 1 millón, por el desmonte y explotación de TCO que no fue llevada a consulta.
- YPFB pierde diariamente 350 mil dólares, debido a que la obra de la planta Río Grande está paralizada.
viernes, 22 de marzo de 2013
miércoles, 20 de marzo de 2013
Campesinos inician bloqueos y terminan aislando a La Paz
El bloqueo iniciado la mañana de hoy por campesinos terminó aislando a La Paz de gran parte del resto del país porque la terminal de buses suspendió sus operaciones debido al incremento del número de puntos de bloqueo en la vía hacia Oruro y otros destinos. Los campesinos también interrumpieron el tráfico vehicular hacia Viacha, en El Alto, según reporte de la Policía Caminera.
La Federación de Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz inició hoy una serie de medidas de presión que buscan cercar a La Paz en demanda de atención a un pliego de 90 puntos que, aseguran, no fue atendido desde junio de 2012.
Los campesinos instalaron la mañana de hoy el bloqueo en Pocota y Villa Remedios, en la vía a Oruro, en la que también hay otros dos puntos de bloqueo protagonizados por vecinos que reclaman seguridad ciudadana y padres de familia que exigen la libertad de un dirigente detenido por la muerte de un supuesto delincuente.
“Hasta el momento, las movilizaciones se realizan en tres puntos del departamento: en Pocota y Villa Remedios, cerca a la tranca de Achica Arriba, y en Chacoma, cerca a Viacha”, informó a La Razón Digital el policía Israel Limachi de la Policía Caminera.
En la Terminal de La Paz informaron que fueron suspendidas desde las 00.00 de hoy todas las salidas de buses hacia los diferentes destinos del país debido a las medidas de presión en la carretera hacia Oruro, desde donde se conecta a otros destinos del país.
El secretario ejecutivo de la Tupac Katari Fernando Choque informó a la Red Uno que la sede de Gobierno será cercada con bloqueos en la carretera a Oruro, Copacabana, Viacha, los Yungas e incluso el paso desde el centro paceño hacia la zona Sur.
En calle 17 de Obrajes, punto estratégico de conexión hacia la zona Sur, está apostado un contingente policial ante la eventualidad de un bloqueo en la zona.
Hasta las 10.17 sólo se tenía el reporte oficial de un bloqueo hacia Viacha, mientras que la vía a Yungas, desde se conecta con el norte del país, estaba expedita.
El paro indefinido en Oruro impidió desde ayer el servicio de transporte desde La Paz hacia Oruro y Potosí, mientras que en Cochabamba fueron suspendidos los viajes a Oruro, La Paz y Potosí; en tanto que desde Potosí no hay viajes a La Paz y Cochabamba.
martes, 19 de marzo de 2013
La CSUTCB pide la individualización de sus títulos Interculturales recibieron más tierra que el sector campesino
La tenencia de tierras en los campesinos interculturales (colonizadores) llegó a 14 millones de hectáreas en el país, mientras que se desconoce la cantidad que poseen los campesinos indígenas, considerados principales productores de alimentos agrícolas.
El presidente de la Comisión Agropecuaria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Ricardo Miranda, afirmó que su sector aún vive en el microfundio y además lamentó que hayan sido relegados por la falta de un censo agropecuario, pese a que son uno de los brazos que garantizan la producción agrícola en el país.
“Nosotros vivimos en áreas alejadas, donde sólo se llega a pie. Nuestro territorio está extendido por comunidades, aún seguimos con el microfundio, en tierras que son del tamaño de nuestra palma, pese a eso igual necesitamos la regularización de los títulos y una redistribución equitativa”, afirmó.El vicepresidente Álvaro García Linera mencionó el domingo que, desde que Evo Morales asumió la Presidencia, los campesinos interculturales poseen 14 millones de hectáreas (...).
“A los interculturales que migran de lugar en lugar no nos vamos a referir porque sería entrar en un conflicto sobre la cantidad de tenencia de tierras, es un tema que debe ser resuelto por nuestras directivas”, afirmó Miranda.
Censo
También consideró que con un censo agrícola se podrá saber cuántos tienen tierras, qué producen y qué cantidad de extensiones necesitan para erradicar la pobreza y garantizar la soberanía alimentaria en el país.
Mencionó además que les urge una individualización de los títulos de sus parcelas, debido a que cuatro hermanos comparten el mismo derecho, otorgado por la herencia de sus abuelos.
“No pedimos saneamiento, porque consideramos que es una forma de acaparar nuevos terrenos que ahora son aprovechados por algunos sectores que lucran”, indicó. Agregó que el campesino originario de las áreas rurales, cantones y provincias nunca fueron en busca de tierras, por eso es que no hay un dato oficial de la cantidad de campesinos que tienen sus parcelas.
El presidente de la Comisión Agropecuaria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Ricardo Miranda, afirmó que su sector aún vive en el microfundio y además lamentó que hayan sido relegados por la falta de un censo agropecuario, pese a que son uno de los brazos que garantizan la producción agrícola en el país.
“Nosotros vivimos en áreas alejadas, donde sólo se llega a pie. Nuestro territorio está extendido por comunidades, aún seguimos con el microfundio, en tierras que son del tamaño de nuestra palma, pese a eso igual necesitamos la regularización de los títulos y una redistribución equitativa”, afirmó.El vicepresidente Álvaro García Linera mencionó el domingo que, desde que Evo Morales asumió la Presidencia, los campesinos interculturales poseen 14 millones de hectáreas (...).
“A los interculturales que migran de lugar en lugar no nos vamos a referir porque sería entrar en un conflicto sobre la cantidad de tenencia de tierras, es un tema que debe ser resuelto por nuestras directivas”, afirmó Miranda.
Censo
También consideró que con un censo agrícola se podrá saber cuántos tienen tierras, qué producen y qué cantidad de extensiones necesitan para erradicar la pobreza y garantizar la soberanía alimentaria en el país.
Mencionó además que les urge una individualización de los títulos de sus parcelas, debido a que cuatro hermanos comparten el mismo derecho, otorgado por la herencia de sus abuelos.
“No pedimos saneamiento, porque consideramos que es una forma de acaparar nuevos terrenos que ahora son aprovechados por algunos sectores que lucran”, indicó. Agregó que el campesino originario de las áreas rurales, cantones y provincias nunca fueron en busca de tierras, por eso es que no hay un dato oficial de la cantidad de campesinos que tienen sus parcelas.
Indígenas de Takobo Mora rechazan oferta de Bs 100.000
El conflicto entre los indígenas de la Capitanía Takobo Mora y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el pago de un millón de bolivianos por concepto de indemnización por daños y perjuicios provocados por un desmonte realizado en el predio Andina, sin contar con la licencia ambiental correspondiente.
La semana pasada se reunieron Jorge Márquez y Mario Soliz, ejecutivos de YPFB, con los capitanes de Takobo Mora, a quienes les ofrecieron pagar Bs 100.000 por la indemnización y tres de los seis monitores ambientales exigidos por la capitanía para que sigan el proceso de construcción y operación de la Planta Separadora de Líquidos Río Grande.
Esta propuesta fue rechazada por los capitanes, quienes insisten en que YPFB cumpla.
Adoptarían medidas
Ante la negativa de YPFB de cumplir con sus pedidos, los capitanes de Takobo Mora se reunieron ayer y hoy darían a conocer qué posición adoptarán y si adoptarán medidas de presión exigiendo atención a sus demandas.
En principio, los ejecutivos de YPFB pidieron hasta el miércoles para dar una respuesta a sus demandas, situación que fue rechazada de plano. Tampoco respondieron a las consultas de El Deber
Controversia por el Tipnis repercute en NNUU y OEA
La Cidob en defensa del Tipnis.
El conflicto por la aparente contradicción de las leyes 180 de intangibilidad y 222 de consulta fue expuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA); asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por la dilatación del conflicto que involucra a los pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
A su retorno de Washington, la comitiva del Tipnis, conformada por el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, y el presidente de la Subscentral Tipnis, Fernando Vargas, aseguraron que la CIDH preguntó a los representantes del Gobierno central las características de ambas normas, sin obtener una respuesta jurídica clara.
Según Chávez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quedó “mal parado” y no supo responder ante el cuestionamiento sobre las leyes 180 y 222, demostrando que el Estado boliviano no respetó a la octava marcha en defensa del Tipnis y fomentó otra norma que viabiliza la construcción de la carretera en medio de la reserva natural.
“Se ha pedido que se proceda a la anulación de la Ley 222 así como todos sus antecedentes y se aplique la Ley 180, además que se retire inmediatamente los efectivos militares que han sido desplazados por el Tipnis”, declaró en Santa Cruz.
La 147 audiencia de la CIDH se celebró por una hora el 15 del presente y por el lado de la administración de Evo Morales participó el ministro Romero además de la presidenta de la Cidob paralela, Melva Hurtado, el presidente de la Subcentral Sécure, Carlos Fabricano y el presidente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, quien además encabezó la contramarcha que logró la Ley 222 de consulta.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno respondió sobre las declaraciones de los dirigentes indígenas, asegurando que no hubo ninguna violación a la Ley 180 de intangibilidad, porque hubo otra marcha, la del Conisur, que demandó realizar una consulta previa, establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales. “Se demostraba que la demanda de aprobación de esa norma no fue producto del consenso de las comunidades del Tipnis”, cita el comunicado y agrega que la comitiva gubernamental “recordó que durante la octava marcha del Tipnis los dirigentes de esa movilización expusieron en su pliego petitorio el interés de comercializar los créditos de carbono y bonos de la biodiversidad que fomentan el capitalismo verde”.
El caso también fue motivo de preocupación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el informe 2012, donde la Acnudh en Bolivia expresó sus observaciones por la no aplicación efectiva de la sentencia constitucional que exigió consenso pleno para desarrollar el proceso de consulta, que fue efectivo por el Ejecutivo entre abril y diciembre del año pasado.
“Acnudh-Bolivia ha manifestado en reiteradas ocasiones que la realización de una consulta en el Tipnis, a través de un diálogo permanente en el marco de los estándares del derecho internacional, era el procedimiento más adecuado para satisfacer los reclamos de todas las partes”, cita NNUU.
Ante este panorama, el presidente Evo Morales afirmó que está analizando “seriamente” la posibilidad de retirar a Bolivia de la CIDH debido a que “no aporta nada” y sólo beneficia al “imperialismo”.
“Estoy pensando seriamente retirarnos del CIDH, qué aporta, imagínense, tiene una oficina en EEUU y EEUU no ratifica ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos, son tratados internacionales, (pero) ninguno (ratifica), porque Estados Unidos los financia”, señaló.
lunes, 18 de marzo de 2013
Sistema de agua potable instalado en comunidad Guaraní beneficia a más de 300 familias indígenas
El sistema de agua potable inaugurado en la comunidad indígena Guaraní del departamento de Santa Cruz beneficiará a más de 300 familias, informó el lunes el director de Agua Potable del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Bernardo Nina.
'Beneficia a más de 300 familias quienes podrán contar con conexiones domiciliarias de agua potable', indicó citado en un boletín de prensa de ese despacho. La obra fue entregada el pasado fin de semana en conmemoración del trigésimo cuarto aniversario de creación de la comunidad Guaraní.
El Director agregó que el sistema cuenta con una inversión de 1.110.793 bolivianos, y forma parte del programa Mi Agua, que impulsa el Gobierno. 'Los servicios de agua potable y saneamiento son un derecho fundamentalísimo, por lo que este programa es un claro ejemplo de cómo nuestro hermano presidente realiza la planificación y la priorización de los proyectos directamente con los alcaldes y las comunidades, demostrando que se pueden hacer grandes cosas', manifestó.
Por su parte, el alcalde del municipio de San Julián, Faustino Copa, agradeció el esfuerzo del Gobierno en realizar estas obras. 'Tenemos que dar las gracias a nuestro presidente a nuestros ministros que vienen trabajando día a día por mejorar la calidad de vida de toda la población del país, este sistema de agua potable ha sido gracias al programa Mi Agua que viene llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y el FPS con la contraparte del municipio de San Julián esta obra de seguro mejorara la calidad de vida de esta comunidad', sostuvo el burgomaestre.
'Beneficia a más de 300 familias quienes podrán contar con conexiones domiciliarias de agua potable', indicó citado en un boletín de prensa de ese despacho. La obra fue entregada el pasado fin de semana en conmemoración del trigésimo cuarto aniversario de creación de la comunidad Guaraní.
El Director agregó que el sistema cuenta con una inversión de 1.110.793 bolivianos, y forma parte del programa Mi Agua, que impulsa el Gobierno. 'Los servicios de agua potable y saneamiento son un derecho fundamentalísimo, por lo que este programa es un claro ejemplo de cómo nuestro hermano presidente realiza la planificación y la priorización de los proyectos directamente con los alcaldes y las comunidades, demostrando que se pueden hacer grandes cosas', manifestó.
Por su parte, el alcalde del municipio de San Julián, Faustino Copa, agradeció el esfuerzo del Gobierno en realizar estas obras. 'Tenemos que dar las gracias a nuestro presidente a nuestros ministros que vienen trabajando día a día por mejorar la calidad de vida de toda la población del país, este sistema de agua potable ha sido gracias al programa Mi Agua que viene llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y el FPS con la contraparte del municipio de San Julián esta obra de seguro mejorara la calidad de vida de esta comunidad', sostuvo el burgomaestre.
NNUU expresa preocupación por extenso conflicto indígena
El informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca la reducción de la pobreza en Bolivia, sin embargo, expresa su preocupación por el largo conflicto indígena en torno al proyecto de construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y los hechos de feminicidio.
El informe de la ONU, de la gestión 2012, indica que si bien el Gobierno comenzó un proceso participativo de elaboración de un proyecto de ley general de consulta a los pueblos indígenas, la consulta sobre el proyecto de carretera en el Tipnis generó tensión prolongada entre el Gobierno y algunas comunidades indígenas. Dos marchas en torno a la controversia del Tipnis se registraron, así como otras protestas sociales.
Sin embargo, “al momento de redactarse el presente informe, preocupaba a Acnudh-Bolivia que el proceso de consulta no hubiese podido incluir a todas las comunidades del Tipnis, ya que algunas se opusieron al proceso. Al no alcanzar un acuerdo sobre su realización con todas las comunidades residentes en el territorio, no fue posible aplicar a cabalidad la sentencia constitucional antes referida. (Por ello) Acnudh-Bolivia ha manifestado en reiteradas ocasiones que la realización de una consulta en el Tipnis, a través de un diálogo permanente en el marco de los estándares del derecho internacional, era el procedimiento más adecuado para satisfacer los reclamos de todas las partes”, señala el documento.
Por tanto, la Acnudh-Bolivia recomienda que el Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional redoblen sus esfuerzos para adoptar una ley general sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, conforme a los estándares internacionales aplicables y mediante un proceso participativo; y que el Ejecutivo y los sectores indígenas concernidos abran espacios de diálogo permanentes que propicien la construcción de acuerdos duraderos sobre el desarrollo del Tipnis.
Naciones Unidas destaca la reducción de la pobreza en el país. En el documento, se indica que en 2012 se ha confirmado la tendencia registrada en las últimas gestiones, tal es así, que los indicadores macroeconómicos evolucionaron positivamente.
“Según datos oficiales1, hay una perspectiva de crecimiento de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, y un aumento de la inversión pública programada que, en 2012, ascendió a más del doble del promedio registrado entre 2006 y 2010. Esta situación, sumada a la continuación de programas de transferencia monetaria, tuvo repercusiones positivas también sobre el goce de los derechos humanos, como evidencian la ulterior reducción de los índices de pobreza y de pobreza extrema 2 y el continuo incremento del salario mínimo, entre otros”, señala.
El informe resalta que datos oficiales indican que durante el primer semestre de 2012 se reportaron 61.251 denuncias de violencia en contra de las mujeres, que representan más del 90% del total de las registradas en 2011 (64.450 denuncias)
En cambio, la policía registró 137 casos de muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2012.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), basándose en un monitoreo de prensa y en otras fuentes, registró 97 casos de muertes violentas en los primeros nueve meses de 2012, identificando de estos casos 62 feminicidios y 35 asesinatos por inseguridad ciudadana
El Defensor del Pueblo señaló en un informe presentado en octubre que solo 27 de 335 casos de feminicidio reportados entre 2008 y 2011 concluyeron con una sentencia penal.
Por ello, Acnudh-Bolivia recomienda que los Órganos Ejecutivo y Legislativo ejecuten con urgencia medidas efectivas para implementar las leyes ya en vigencia para poner fin a la violencia contra las mujeres, y continúen fortaleciendo la legislación a favor de los derechos de las mujeres, en particular en la penalización del feminicidio.
Pero, a la ONU le preocupa que no haya avances en la actualización de datos del Sistema de Información de Violencia Intrafamiliar por parte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Tal es así, que continúa a la espera de que la integración de dicho sistema al nuevo sistema integral elaborado por el Viceministerio en 2012 para responder a la violencia de género permita la futura actualización de datos.
El informe de la ONU, de la gestión 2012, indica que si bien el Gobierno comenzó un proceso participativo de elaboración de un proyecto de ley general de consulta a los pueblos indígenas, la consulta sobre el proyecto de carretera en el Tipnis generó tensión prolongada entre el Gobierno y algunas comunidades indígenas. Dos marchas en torno a la controversia del Tipnis se registraron, así como otras protestas sociales.
Sin embargo, “al momento de redactarse el presente informe, preocupaba a Acnudh-Bolivia que el proceso de consulta no hubiese podido incluir a todas las comunidades del Tipnis, ya que algunas se opusieron al proceso. Al no alcanzar un acuerdo sobre su realización con todas las comunidades residentes en el territorio, no fue posible aplicar a cabalidad la sentencia constitucional antes referida. (Por ello) Acnudh-Bolivia ha manifestado en reiteradas ocasiones que la realización de una consulta en el Tipnis, a través de un diálogo permanente en el marco de los estándares del derecho internacional, era el procedimiento más adecuado para satisfacer los reclamos de todas las partes”, señala el documento.
Por tanto, la Acnudh-Bolivia recomienda que el Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional redoblen sus esfuerzos para adoptar una ley general sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, conforme a los estándares internacionales aplicables y mediante un proceso participativo; y que el Ejecutivo y los sectores indígenas concernidos abran espacios de diálogo permanentes que propicien la construcción de acuerdos duraderos sobre el desarrollo del Tipnis.
Naciones Unidas destaca la reducción de la pobreza en el país. En el documento, se indica que en 2012 se ha confirmado la tendencia registrada en las últimas gestiones, tal es así, que los indicadores macroeconómicos evolucionaron positivamente.
“Según datos oficiales1, hay una perspectiva de crecimiento de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, y un aumento de la inversión pública programada que, en 2012, ascendió a más del doble del promedio registrado entre 2006 y 2010. Esta situación, sumada a la continuación de programas de transferencia monetaria, tuvo repercusiones positivas también sobre el goce de los derechos humanos, como evidencian la ulterior reducción de los índices de pobreza y de pobreza extrema 2 y el continuo incremento del salario mínimo, entre otros”, señala.
El informe resalta que datos oficiales indican que durante el primer semestre de 2012 se reportaron 61.251 denuncias de violencia en contra de las mujeres, que representan más del 90% del total de las registradas en 2011 (64.450 denuncias)
En cambio, la policía registró 137 casos de muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2012.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), basándose en un monitoreo de prensa y en otras fuentes, registró 97 casos de muertes violentas en los primeros nueve meses de 2012, identificando de estos casos 62 feminicidios y 35 asesinatos por inseguridad ciudadana
El Defensor del Pueblo señaló en un informe presentado en octubre que solo 27 de 335 casos de feminicidio reportados entre 2008 y 2011 concluyeron con una sentencia penal.
Por ello, Acnudh-Bolivia recomienda que los Órganos Ejecutivo y Legislativo ejecuten con urgencia medidas efectivas para implementar las leyes ya en vigencia para poner fin a la violencia contra las mujeres, y continúen fortaleciendo la legislación a favor de los derechos de las mujeres, en particular en la penalización del feminicidio.
Pero, a la ONU le preocupa que no haya avances en la actualización de datos del Sistema de Información de Violencia Intrafamiliar por parte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Tal es así, que continúa a la espera de que la integración de dicho sistema al nuevo sistema integral elaborado por el Viceministerio en 2012 para responder a la violencia de género permita la futura actualización de datos.
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